Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina https://www.ocmal.org OCMAL Fri, 14 Dec 2018 02:10:58 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 15 años de minería: Perú más vunerable y no sostenible https://www.ocmal.org/15-anos-de-mineria-peru-mas-vunerable-y-no-sostenible/ Fri, 14 Dec 2018 02:02:27 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43466 URGE CAMBIO HACIA UNA ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y SOSTENIBLE DESDE LAS REGIONES

 Juan Aste Daffós – Ingeniero economista, especialista en gestión ambiental, minería, y manejo de conflictos socioambientales.

Lima, 18 de noviembre 2018

Las últimas dos décadas, 1999-2018, dan cuenta de un problema más profundo y de mayor dimensión de la economía de los principales países industrializados de los cuales depende la actividad minera, generándose una preocupación sobre las condiciones en las cuales se van a implementar la exploración y explotación de los grandes proyectos hacia el 2030, por lo que la SNMPE viene desarrollando su campaña “Minería de Todos” y el Ministerio de Energía y Minas con el respaldo del Presidente Vizcarra ha creado el Grupo de Alto Nivel con representantes de las empresas mineras, el Estado, la sociedad civil (ong) y el sector académico para consensuar una hoja de ruta hacia el 2030 en el objetivo de “lograr una minería sostenible, inclusiva, con una verdadera contribución que nos lleve al cierre de las brechas que existen, y así lograr mejorar el nivel de vida de todos los peruanos”.

Lo cierto es [...]]]> URGE CAMBIO HACIA UNA ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y SOSTENIBLE DESDE LAS REGIONES

 Juan Aste Daffós – Ingeniero economista, especialista en gestión ambiental, minería, y manejo de conflictos socioambientales.

Lima, 18 de noviembre 2018

Las últimas dos décadas, 1999-2018, dan cuenta de un problema más profundo y de mayor dimensión de la economía de los principales países industrializados de los cuales depende la actividad minera, generándose una preocupación sobre las condiciones en las cuales se van a implementar la exploración y explotación de los grandes proyectos hacia el 2030, por lo que la SNMPE viene desarrollando su campaña “Minería de Todos” y el Ministerio de Energía y Minas con el respaldo del Presidente Vizcarra ha creado el Grupo de Alto Nivel con representantes de las empresas mineras, el Estado, la sociedad civil (ong) y el sector académico para consensuar una hoja de ruta hacia el 2030 en el objetivo de “lograr una minería sostenible, inclusiva, con una verdadera contribución que nos lleve al cierre de las brechas que existen, y así lograr mejorar el nivel de vida de todos los peruanos”.

Lo cierto es que se ha abierto el debate entre quienes desde el gobierno y el gremio minero insisten en la minería como eje central del modelo económico y ordenador del territorio y quiénes proponen identificar y/o fortalecer con los actores locales, y la información que sea necesaria, las alternativas de desarrollo local sostenibles y allí ubicar o no la actividad minera bajo ciertas condiciones económicas, ambientales y sociales.

Veamos que ha pasado con la minería en estos últimos 15 años para entender sus limitaciones y posibilidades para aportar al desarrollo sostenible.

¿Qué procesos están acentuando la vulnerabilidad del modelo centrado en la Minería?

La economía mundial muestra una desaceleración general luego de la crisis financiera 2007-2008, que se manifiesta en un crecimiento económico cada vez menor y un proceso de deflación que presenta tasas más reducidas de aumento de los índices de precios al consumidor, al productor y de los activos financieros. Esta situación en EEUU, Japón, Alemania y 12 países de la Eurozona viene desde los años 80s y 90s, mientras China se dinamizó desde los 70s hasta el 2007, pero luego de la crisis financiera citada también ingresó a una desaceleración general hasta hoy (set 2018). A su vez, las cifras favorables de inflación, desempleo y crecimiento de EEUU en el segundo y tercer trimestre del 2018, no implica que se haya superado la tendencia a la deflación.

(ver, Graña,2017, en base a www.sscnet.ucla.edu/issr/cstch/papers/BrennerCeisisTodayOctober2009.pdf) y (https://datosmacro.expansion.com/pib).

 

GRÁFICOS DE LA DESACELERACIÓN 2000-2018

 

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Lo cierto es que el primer proceso es la desaceleración general de la economía mundial y de China en particular, asociada a condiciones de sobreacumulación y sobreproducción, y la guerra comercial que EEUU le ha declarado desde julio 2018, afectan la demanda y el precio del cobre para 2019-2021 y en adelante, y el segundo, es el aumento del costo operativo en la minería debido a la disminución sostenida de la ley del mineral de los yacimientos y por consiguiente al aumento del tamaño de la operación minera, lo que implica un mayor impacto ambiental y social al incrementarse el uso del agua superficial y subterránea, explosivos, reactivos, y en conjunto el área de influencia directa de los proyectos.

El menor costo operativo del cobre en el Perú (centavos US$ 116 la libra) respecto a Chile (144), China (155), EEUU (172) y otros países se debería al menor gasto laboral, energético y ambiental y a una mayor productividad por la mejor ley del mineral. (Flores, 2017, http://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2017/10/Recaudaci%C3%B3n-Fiscal-y-Beneficios-Tributarios…-WEB.pdf, en base a datos de Wood Mackenzie y Cochilco).

Se asume el análisis del cobre porque el 2017 representó el 50.8% de la exportación minera y 30.7% de la exportación total del Perú, cuya producción está controlada en un 76.6% por empresas transnacionales de China (26.5%), EEUU (20.5%), Suiza (14.5%), Canadá (9.0%) y Australia (6.1%), y porque en este mismo año exportaron a China el 59.8% de los concentrados de cobre producidos en el Perú. El oro aportó con el 29.4% de la exportación minera y 17.8% de la exportación total. (MINEM, 2018).

 

GRÁFICO DISMINUCIÓN DEL PRECIO REAL DEL COBRE 1950-2018

 

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GRÁFICO DE DISMINUCIÓN DE LEYES DE YACIMIENTOS VS PRODUCCIÓN COBRE

 

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GRÁFICO DE REDUCCIÓN DEL MARGEN ENTRE PRECIO Y COSTO

 

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Fuente: COCHILCO

Ambos procesos tienden a una reducción de la rentabilidad a mediano y largo plazo, pero también las ETNs mineras, China y los países más industrializados requieren un abastecimiento estratégico de cobre con contratos de venta futura por el período de vida útil de los yacimientos, que en el corto plazo es enfrentada con la demanda a los gobiernos de los países productores de otorgar más facilidades para la exploración en la búsqueda de nuevos grandes yacimientos, menor costo de la energía, desregulación ambiental, aumento intensivo y extensivo del trabajo principalmente eventual, estos dos últimos con el fin de reducir el gasto ambiental y laboral, así como también exigen mantener y ampliar las exoneraciones y devoluciones de impuestos como garantía para la recuperación de los mayores niveles de inversión de los proyectos de exploración, construcción y ampliación de la capacidad de producción.

Debe destacarse que entre el 2010 y el 2016 la inversión china, principalmente estatal, destinada a América Latina creció 260%, pasando de 31,720 a 113,662 millones de dólares, siendo Brasil, Perú y Argentina los principales receptores. La inversión no solo se orientó a la prioridad en materias primas sino también a infraestructura y servicios (El País, 17 junio 2017). Asimismo, China planea invertir 10 mil millones de dólares en 2019-2021 en energía y minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas (Agencia AP, 01 junio 2018).

El consumo de cobre refinado de China en el mundo pasó del 12.2% el 2000 al 47.5% el 2016, es decir, aumentó de 1.85 a 10.7 millones de toneladas métricas finas. (Cochilco, 2017, en base a Wood Mackenzie). El 2017 China adquirió el 36% de las exportaciones mineras del Perú al comprar el 59.8% del cobre, el 23.4% del zinc, el 37.1% del plomo y el 97.5% del hierro. El 20% de la inversión de la cartera de proyectos de construcción de mina del Perú, de acuerdo al MINEM al 1° marzo 2018, corresponde a capitales de China que suman 11,700 millones de dólares y le siguen Reino Unido (19.7%), Canadá (16.7%), México (15.5%), EEUU (9.6%), y otros. (MINEM, 2018)

Hay una dependencia de las compras de cobre de China y una tendencia de la inversión de capitales principalmente de China, hacia un mayor control territorial de la producción de cobre en el Perú y ahora en América del Sur a fin de garantizarse un abastecimiento estratégico, habiendo establecido desde el 2014 que las importaciones que realice de los concentrados de este metal no excedan el 0.5% de arsénico al igual que Japón el 2013 puso este valor máximo en 0.2%.

¿Cómo han enfrentado esta situación de la minería los 5 últimos gobiernos?

Desde el 2001 a la fecha Toledo, García, Ollanta, Kuczynski (28 julio 2016-22 marzo 2018), y Vizcarra (23 marzo hasta oct 2018) han aplicado la política del llamado “Consenso de Washington” de liberalización de los mercados, equilibrio fiscal y presupuestal con promoción de la inversión extranjera, y privatización, que había mostrado su fracaso por lo menos desde el 2001 en Argentina, y que luego el 2007 recién lo reconoció el propio Banco Mundial. Esta política reprodujo el modelo económico con prioridad en la minería.

Toledo (2001-2006), fue ayudado por el inicio del aumento de los precios de los metales (2003-2006), y en un contexto de crecimiento elaboró el primer reglamento de consulta y participación ciudadana para aprobar los EIA y estableció el compromiso previo entre los titulares de los proyectos mineros y el entorno social. El 2004 respalda públicamente el proyecto Las Bambas entregando simbólicamente un cheque por 45.5 millones de dólares como aporte social y el 2005 firma del contrato para construir la carretera interoceánica sur.

García (2006-2011), fue el gobierno con mayor beneficio por los más elevados precios de los metales, aun con el impacto de la crisis financiera de 2007-2008, consiguiendo en el congreso la anulación del proyecto ley del impuesto a la sobreganancia minera, compensándolo con el “óbolo voluntario”. El 2008 crea el ministerio del ambiente y el OEFA a exigencia del BID para facilitar el préstamo para el proyecto Camisea, así como en su gobierno se aprobó el reglamento ambiental de exploración minera y la participación ciudadana en la vigilancia y el monitoreo ambiental, y también el 2007 inició la normativa sobre criminalización de la protesta y el presidente de la república escribió “El Síndrome del Perro del Hortelano” donde reafirma que la minería trae desarrollo a las poblaciones de su entorno mientras que con una agricultura pobre eso no es posible. El 2008 enfrentó el “Moqueguazo” liderado por Vizcarra cuando éste era gobernador que demandaba equidad en la distribución del canon minero. El 2009 el gobierno tuvo responsabilidad en el “Baguazo”.

Ollanta (2011-2016), enfrentó una disminución no drástica de los precios de los metales y un aumento de los conflictos. Desde el inicio intentó concertar con los inversionistas mineros el establecimiento de una ley de consulta previa y la aprobación de un impuesto y gravamen especial a la minería, los que se concretaron en setiembre 2011, sin embargo, su efecto en la defensa de los derechos de las comunidades campesinas se preveía limitado en el primer caso y muy reducido aporte tributario en el segundo.

El 2013 es el inicio de las medidas más permisivas y atentatorias contra el ambiente y los territorios de las comunidades campesinas y poblaciones locales en beneficio de los inversionistas mineros, dado que se aprueban los DS 054 y 060 de la PCM para facilitar el acceso a la exploración en cuanto a la aprobación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y se crea el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para los casos de modificaciones del EIA con impacto no significativo que se aprueba en 15 días hábiles y sin consulta, y se precisa el procedimiento para acortar el plazo de aprobación de los EIA.

El 2014, a propuesta del Ejecutivo, el parlamento aprobó la ley 30230 o “paquetazo ambiental”, iniciando un proceso de desregulación ambiental con el recorte a 45 días hábiles la aprobación de los EIA bajo responsabilidad de los funcionarios, suspende la aplicación de multas del OEFA por 3 años, los sectores promotores de la inversión y el ministerio del ambiente aprueban los LMP y los ECA y se crean las zonas reservadas como paso previo a la aprobación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), las que deben ser aprobadas por el Consejo de Ministros.

El 2015, se aprueba la ley 30327 que establece la certificación ambiental global para aprobar simultáneamente el EIA con los títulos habilitantes de los sectores competentes, los diagnósticos línea base son válidos por 5 años y compartibles con terceros, se fija en 150 días hábiles el plazo de la certificación global, el incumplimiento de los plazos por los funcionarios es bajo responsabilidad, se establece el saneamiento físico legal a fin de expropiar y entregar territorios para proyectos de infraestructura desplazando a las comunidades de sus territorios; se aprueba reglamento ambiental de explotación minera hasta el transporte, y se hacen más permisivos los ECA de agua, y en enero 2014 se aprueba La ley 30151 de criminalización de la protesta e impunidad para militares y policías.

Ollanta fracasa desde el inicio en el manejo de los conflictos, primero en el caso Conga el 2011 (EIA se aprobó en octubre 2010), luego en Espinar (2012) y finalmente con Tía María el 2015 (Segundo EIA se aprobó en agosto 2014), y en el 2015 inicia el estado de emergencia en Las Bambas incluso con una prórroga. La política de diversificación productiva solo quedó en norma y principios, pero sin mayor avance.

Kuczynski (28 julio 2016 al 22 marzo 2018), incorporó las áreas naturales protegidas (ANP) y zonas vulnerables como los nevados y humedales a la exploración en el reglamento de protección ambiental para la exploración minera publicado el 22 de diciembre 2017, modificó el ECA de aire para el dióxido de azufre a fin de posibilitar la venta del complejo metalúrgico de La Oroya y la ampliación de Toquepala con las emisiones de la fundición de Ilo de la Southern (SPCC), y estableció el fondo de adelanto social, completando su política prorrogando el estado de emergencia en el corredor minero Cusco, Apurímac y Arequipa. Finalmente, el congreso de la república aceptó su renuncia a la presidencia el 23 marzo 2018.

Vizcarra (23 marzo a oct 2018), como primer Vicepresidente asume la Presidencia de la República y decide mantener la misma política minera que los anteriores presidentes en un contexto de precios ligeramente al alza, aunque con tendencia no favorable para 2019-2021, pero asume una mayor transparencia en su administración en un marco de incertidumbre frente a la crisis política, apoyando la ejecución del proyecto Quellaveco (Moquegua) e impulsando un referéndum para decidir reformas políticas a las que el congreso no les daba prioridad, como la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. En setiembre 2018 decidió crear un Grupo de Alto Nivel (GAN), que incluye a representantes de las empresas, el Estado, el sector académico y ONGs, para consensuar una “hoja de ruta” que haga que la minería sea reconocida como una actividad que es inclusiva y aporta al desarrollo sostenible, en realidad es para crear condiciones a fin de facilitar la exploración y las operaciones de grandes proyectos mineros hacia el 2030.

¿Qué resultados a nivel macroeconómico ha tenido la política minera 2001-2018?

Elempleo minero directo aumento de un 0.6% de la PEA para 2001-2006 al 1.1% en 2012-2017, alcanzando un promedio de 195,560 trabajadores para enero – junio 2018, siendo un 67.2% trabajadores de contratas. La participación minera en el PBI ha sido del 5.4% en 2001-2006, 9.8% al 2017, mientras el aporte tributario neto ha bajado del 15.8% en 2008-2012 al 3.2% en 2013-2017, y las exportaciones mineras que representaron el 55.7 % de las exportaciones totales en 2001-2006 pasan a ser el 57% en 2012-2017. El efecto multiplicador de la actividad minera en la economía se ha reducido tal como lo muestra el estudio de Távara, Gonzales de Olarte y Del Pozo, “Hacia un Desarrollo Inclusivo. El caso del Perú”(abril 2014), que relativiza los estudios (IPE y Macroconsult) que sobredimensionan la generación de empleos indirectos.

Si se calculara la diferencia entre el ingreso tributario neto de exoneraciones y devoluciones y se le restara el valor del impacto ambiental y social que generan los proyectos mineros, la diferencia sería negativa. Las llamadas externalidades están asociadas al impacto de la contaminación minera sobre los ecosistemas y la salud de las personas y cuyo costo se traslada a la sociedad sin responsabilidad para las empresas.

¿Qué resultados se constatan a nivel territorial?

El alza de precios (2003 -2011) condujo a la expansión minera sin límites a través del aumento del área de concesiones, el aumento de la exploración minera y de la capacidad de producción y a procesar más toneladas tratadas al explotarse zonas con menor contenido fino, aumentando el impacto ambiental, económico y social. ejemplos añadiendo casos donde se usa parte de un territorio sin estar en el contrato de servidumbre. En los casos de evaluación del EIA para exploración o explotación, el Estado no garantiza información adecuada y de fácil acceso a la población respecto al proyecto y no se aplica la consulta previa y menos en base a la alternativa económica, ambiental y social de las comunidades y poblaciones locales en riesgo, por lo que los conflictos se incrementan con la expansión minera que amplía el impacto cuando ingresa a nuevas zonas agrícolas y ganaderas de comunidades y agricultores locales.

La debilidad de la institucionalidad ambiental, agudizada desde el 2014 con la ley 30230, ha acentuado el impacto ambiental, económico y social en las regiones, potenciando los conflictos, cuyo tratamiento en condiciones de asimetría y en su momento de escalamiento crítico, los convierte en permanentes. Los conflictos mineros han ido en aumento pasando del 50% del total de conflictos socioambientales en 2008-2011 al 64% en 2016-2017, generándose en la imposición del acceso a territorios de comunidades para realizar labores de exploración y en otros casos cuando el aumento de la capacidad de producción en mina, planta y relavera se hacen sin consulta previa real a las comunidades, y también se generan cuando hay impacto ambiental a ecosistemas hídricos, a zonas productivas, y cuando hay impacto de la contaminación del aire por micro partículas metálicas debido al transporte minero intensivo y permanente así como por el uso unilateral que hacen las empresas mineras de áreas de las comunidades sin tener contrato de servidumbre y cuando el propio Estado declara vía pública una parte del territorio de una comunidad sin pagar nada.

 

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La disposición de recursos del canon y regalías tiene tres problemas centrales: uno, concentran entre el 55 y el 65% en 4 regiones que hoy son Ancash, Arequipa, La Libertad y Apurímac, dos, una vez redistribuidos por el Estado, no llegan a las comunidades para proyectos de apoyo a la producción porque no se cumplen los presupuestos participativos, y tres, el canon y las regalías están descendiendo desde el 2012 por el aumento del costo operativo y las exoneraciones tributarias y devoluciones de impuestos. En los gobiernos regionales y gobiernos locales estos recursos se destinan a pequeñas obras de infraestructura, salud y educación, con no pocos casos de corrupción, y no van a inversión productiva en comunidades aun cuando la ley de distribución del canon así lo señala.

¿Qué se puede concluir como balance de 15 años de minería?

Hay ahora una mayor vulnerabilidad externa respecto a economía mundial y a China en particular, que tienden a disminuir la demanda y el precio mientras se recorta la brecha precio vs costo, aunque este último es menor en el Perú que en Chile, China y EEUU, por lo que los inversionistas privados y el propio Estado Chino han priorizado el Perú para sus inversiones mineras en cobre, las que no destacan precisamente por su transparencia, condiciones ambientales y laborales.

Los 5 últimos gobiernos en el Perú han apostado a la inversión minera como eje de la economía, facilitando el acceso a la exploración, desregulando las normas ambientales y no interiorizando el gasto por el impacto ambiental, y concediendo exoneraciones tributarias como condición para la realización y recuperación de las inversiones, que por el mayor tamaño de las operaciones dada la menor ley del mineral, se producirá un mayor impacto ambiental y social con un menor aporte tributario y por consiguiente habrá un reducido canon, que además se concentra en .

En los territorios, la expansión del área de concesiones mineras y las facilidades para el acceso a la exploración y explotación va definiendo un ordenamiento minero del territorio que afecta la autonomía y limita o anula alternativas de desarrollo local sostenibles, y las ampliaciones de la producción llevan a mayores niveles de contaminación, pérdidas de ecosistemas hídricos y de la biodiversidad, reducción de la disponibilidad de agua. La actividad minera afecta los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones locales, acentuando la desigualdad económica y social de los que no dependen de la mina, porque el efecto en el empleo directo e indirecto local es muy limitado.

El estado no ha sido garante de derechos ni ha procesado adecuadamente los conflictos desde su fase inicial interviniendo cuando ya está en fase de ascenso y conflicto abierto dilatando las soluciones en las mesas de diálogo más que ayudando a su resolución. de las comunidades.

El estado no ha logrado la ejecución de proyectos productivos en favor de las comunidades e incluso se constata una reducción sostenida de estos recursos hacia las regiones por la decisión política de mantener las exoneraciones y/o devoluciones de impuestos que anulan posibilidades de inversiones para el desarrollo sostenible de las regiones del Perú

¿Qué propuestas y desafíos surgen para lograr el desarrollo local sostenible?

Debe establecerse la prioridad de la diversificación productiva en base a la promoción y apoyo a las alternativas autónomas de desarrollo sostenibles desde los actores sociales de las regiones para ir construyendo participativamente el ordenamiento territorial.

Deben eliminarse las exoneraciones tributarias y redistribuir este ingreso a fin de aportar al desarrollo local sostenible de los pueblos indígenas y las poblaciones locales.

Potenciar la vigilancia comunitaria para mitigar el impacto ambiental de la actividad minera sobre los territorios de las comunidades y agricultores, la disponibilidad del agua y la soberanía y la seguridad alimentaria, con efectos negativos en la salud de las personas, porque de lo contrario, se caerá en una política de mayor confrontación en los territorios.

Proponer el diálogo y el referéndum para derogar la ley de criminalización de la protesta y realizar avances en la lucha contra la corrupción que debería formar parte de las agendas locales. La transparencia, el ordenamiento territorial, y el impulso a las alternativas económicas sostenibles desde las regiones resultan cruciales.

Incidir para que el Estado actúe como garante de derechos y ser muy exigente en el otorgamiento de concesiones las que deben realizarse bajo consulta previa respecto al potencial impacto ambiental, económico y social que pudieran causar sobre las alternativas locales de desarrollo sostenible y también debe aplicarse la consulta respecto al EIA para exploración y explotación minera.

Impulsar que el estado asuma con carácter estratégico la conservación de las cabeceras de cuenca y la biodiversidad, así como la protección del ambiente, siendo estricto en la evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, para lo cual se requiere revisar los LMP y ECA que los han llevado a niveles muy permisivos como es el caso del dióxido de azufre y establecer actualizaciones anuales de los diagnósticos línea base, así como evaluar las condiciones e implicancias de la aplicación del 0.5% y 0.2% de arsénico como máximo en los concentrados de cobre que compran china y Japón.

Esta alternativa se sostiene en que el Perú es un país megabiodiverso, pluricultural y multilingüe, por lo que tiene una base sólida desde los actores locales y sus territorios para la diversificación desde la agrobiodiversidad y el turismo, y no tiene por qué llamarse unilateralmente “país minero”.

Se trata ahora de trabajar y fortalecer alternativas de desarrollo local sostenible o del buen vivir, que refuercen los procesos de empoderamiento desde la autonomía y la formación de capacidades.

Para ello, la tarea es el empoderamiento de los actores sociales en la construcción de agendas locales para el desarrollo sostenible, realizando trabajos de incidencia y comunicación en las ciudades de las regiones y lima, donde debe ser prioridad obtener información y compartirla con la población local, en particular con los jóvenes sobre el rol que ellos pueden tener, y en especial con los hijos de las familias campesinas que estudian en universidades e institutos.

COLOFÓN

 

Los 5 últimos presidentes (2001-2018) han decidido mantener a la minería como prioridad del modelo económico acentuando la desindustrialización, el abandono de la agricultura familiar, la agroforestería, la pesca artesanal, y en general, la pequeña empresa, las asociaciones de productores, y las cooperativas, propiciando la migración y la centralización en Lima y las principales ciudades donde se concentra el comercio, los servicios, la construcción y la banca y las finanzas, por lo que al no generarse nuevos empleos e ingresos, crecen y predominan las economías informal e ilegal que se retroalimentan con la economía formal, reproduciendo círculos de pobreza, desempleo, corrupción, y el aumento de la violencia y la inseguridad. Así, la educación, la salud, la cultura, el empleo digno y el desarrollo sostenible y descentralizado basados en la participación democrática, autónoma y el interés colectivo no son parte de este modelo. Las políticas únicamente orientadas a fomentar la inversión privada, en particular de empresas mineras con grandes proyectos, a través del uso de las exoneraciones tributarias y la devolución de impuestos, postergan indefinidamente los proyectos más importantes para la población de las regiones. En consecuencia, urge el cambio hacia una economía diversificada y sostenible desde los actores locales de las regiones articuladas sinérgicamente en el territorio nacional.

BIBLOGRAFÍA

 

Graña,2017,”Deflación ¿Creación Destructiva?

Flores C., Quiñónez C.,2017, Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero”

Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO), 2017, “Tendencias de usos y demanda de productos de cobre”, DEPP 24/2017

Távara, Gonzales de Olarte y Del Pozo, 2014 “Hacia un Desarrollo Inclusivo. El caso del Perú”

FUENTES

 

MINEM, Anuario Minero, varios años.

MINEM, “Perú: Cartera de Proyecto de Construcción de Mina 2018, Ed 1° marzo 2018.

INEI, PEA, varios años

PBI, (BCRP, varios años)

Modificado por última vez en Miércoles, 12 Diciembre 2018 15:49

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/opinion/item/821-15-anos-de-mineria-peru-mas-vunerable-y-no-sostenible

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Preocupación por calidad de vida en Andacollo e historias de esperanza de El Toro / audio y Nota https://www.ocmal.org/preocupacion-por-calidad-de-vida-en-andacollo-e-historias-de-esperanza-de-el-toro-audio-y-nota/ Fri, 14 Dec 2018 01:51:28 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43459 Las montañas de Andacollo (provincia de Elqui, en la IV Región de Coquimbo), han sido reconocidas tradicionalmente como zonas de fe, de peregrinaje, las que desde hace mas de cuatro siglos se relacionan con la figura de la imágen de la virgen María instalada en este lugar, donde se realiza una de las procesiones de veneración más importantes de Chile, con cientos de miles feligreses que años tras año acuden a este lugar.

Sin embargo este territorio de devoción religiosa, desde el año 2009 está declarada como zona sobre saturada por la contaminación generada a causa la explotación de industrias mineras (Teck y Dayton), donde se han venido realizando una serie de urgentes medidas en planes de descontaminación, sin embargo, según se ha señalado, se han establecido bajo un marco normativo chileno ambigüo y permisivo que está lejos de cumplir con el estándar internacional en la calidad del aire de acuerdo a directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recientemente en Andacollo se ha dado a conocer un estudio de estudiantes de Trabajo Social [...]]]> Las montañas de Andacollo (provincia de Elqui, en la IV Región de Coquimbo), han sido reconocidas tradicionalmente como zonas de fe, de peregrinaje, las que desde hace mas de cuatro siglos se relacionan con la figura de la imágen de la virgen María instalada en este lugar, donde se realiza una de las procesiones de veneración más importantes de Chile, con cientos de miles feligreses que años tras año acuden a este lugar.

Sin embargo este territorio de devoción religiosa, desde el año 2009 está declarada como zona sobre saturada por la contaminación generada a causa la explotación de industrias mineras (Teck y Dayton), donde se han venido realizando una serie de urgentes medidas en planes de descontaminación, sin embargo, según se ha señalado, se han establecido bajo un marco normativo chileno ambigüo y permisivo que está lejos de cumplir con el estándar internacional en la calidad del aire de acuerdo a directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recientemente en Andacollo se ha dado a conocer un estudio de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Chile y de Biotecnología de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) relacionado con la calidad de vida e índices sociales en Andacollo como también sobre la polusión y sus consecuencias en los habitantes. Del mismo modo, se realizó un estudio sobre historias de El Toro, pequeña localidad que es parte de la comuna de Andacollo la que también da un testimonio de esperanza.

Para hablar de estos temas, a continuación las palabras de Luis Pouchucq, profesor de la UTEM y presidente de la organización CODECIAM, quien coordinó los estudios. También con Yimmi Zuleta, vecino y dirigente de El Toro y Paula Uriarte, nueva vecina en Andacollo.

 

Fuente:https://cl.ivoox.com/es/preocupacion-calidad-vida-andacollo-e-audios-mp3_rf_30728516_1.html

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Se puso fin a la mesa de Diálogo de Cotabambas cuando gran parte de su agenda aún está pendiente https://www.ocmal.org/se-puso-fin-a-la-mesa-de-dialogo-de-cotabambas-cuando-gran-parte-de-su-agenda-aun-esta-pendiente/ Fri, 14 Dec 2018 01:39:36 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43455 Mesa de diálogo liderada por, el ahora Presidente, Martin Vizcarra. Año 2016. Foto: Perú 21 El día de hoy, se publicó el Decreto Supremo N 120 – 2018 – PCM, norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros que extingue 55 espacios de distinto tipo ( comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo, consejos […]

El día de hoy, se publicó el Decreto Supremo N 120 – 2018 – PCM, norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros que extingue 55 espacios de distinto tipo ( comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo,  consejos y mesas de diálogo). Además, la norma crea los comités de seguimiento de acuerdos.

En el listado de espacios que dejan de existir formalmente, se encuentra el Grupo de Trabajo denominado Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, creado por la Resolución Ministerial N 263- 2015- PCM.

Esto ha generado malestar en las organizaciones sociales de Cotabambas ya que éstas habían venido exigiendo que la mesa de diálogo que se había instalado el 2016 se reactivara para tratar los puntos pendientes de la agenda [...]]]> Mesa de diálogo liderada por, el ahora Presidente, Martin Vizcarra. Año 2016. Foto: Perú 21 El día de hoy, se publicó el Decreto Supremo N 120 – 2018 – PCM, norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros que extingue 55 espacios de distinto tipo ( comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo, consejos […]

El día de hoy, se publicó el Decreto Supremo N 120 – 2018 – PCM, norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros que extingue 55 espacios de distinto tipo ( comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo,  consejos y mesas de diálogo). Además, la norma crea los comités de seguimiento de acuerdos.

En el listado de espacios que dejan de existir formalmente, se encuentra el Grupo de Trabajo denominado Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, creado por la Resolución Ministerial N 263- 2015- PCM.

Esto ha generado malestar en las organizaciones sociales de Cotabambas ya que éstas habían venido exigiendo que la mesa de diálogo que se había instalado el 2016 se reactivara para tratar los puntos pendientes de la agenda aprobada. Esta agenda planteaba un eje sobre derechos humanos, donde entre otros puntos están las sucesivas prórrogas de la declaratoria del Estado de Emergencia y la celebración de convenios de seguridad entre la policía y la empresa minera. Otro gran tema, son los impactos ambientales de la minería como aquellos que se producen  sobre la calidad y cantidad de agua y los generados por el transporte terrestre de concentrados a través de la carretera que se conoce como corredor del sur.  Otro punto importante de la agenda es el aporte de la actividad minera al desarrollo sostenible de la provincia de Cotabambas. La mesa dejo de reunirse en octubre de 2016, luego que estallara nuevamente el conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas.  Las organizaciones sociales sienten que se les quita un canal de diálogo con el Estado, sin que haya otro para remplazarlo y sin que sus problemas hayan sido resueltos.

La decisión  de extinguir los mencionados espacios de diálogo, es considerada parte del proceso de modernización de la gestión del Estado, consistente en eliminar  aquello que ha perdido razón de ser o cuyo objeto se encuentra ya cumplido. Nos parece, que en el caso de la mesa de diálogo de Cotabambas existe una evaluación no acorde con la realidad, que debió ser conversada con los actores sociales involucrados que han sido parte de ese espacio.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-puso-fin-a-la-mesa-de-dialogo-de-cotabambas-cuando-gran-parte-de-su-agenda-aun-esta-pendiente/

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Enel: “Geotécnia del Túnel Trasandino podría verse comprometida” por proyecto minero Ariana https://www.ocmal.org/enel-geotecnia-del-tunel-trasandino-podria-verse-comprometida-por-proyecto-minero-ariana/ Fri, 14 Dec 2018 01:28:02 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43452 Ayer 12 de diciembre de 2018, CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron el 23° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), correspondiente al segundo semestre del 2018. El reporte alerta sobre proyectos que ponen en riesgo las fuentes de agua que abastecen a Lima y Callao, como el proyecto minero Ariana, situado en el distrito de Marcapomacocha (región Junín), cuya etapa de construcción iniciará en el primer trimestre del 2019.

El proyecto se localiza en la misma zona donde está el Túnel Transandino Cuevas Milloc, que conduce el agua desde la cuenca del Mantaro hacia Lima, y se superpone a importantes lagunas, entre ellas Pucrococha, que es una aportante a dicho túnel.

Sedapal se ha pronunciado al respecto. La presa de relaves “se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel”, ha indicado la empresa de agua y saneamiento responsable de proveer del líquido elemento a más de 10 [...]]]> Ayer 12 de diciembre de 2018, CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron el 23° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), correspondiente al segundo semestre del 2018. El reporte alerta sobre proyectos que ponen en riesgo las fuentes de agua que abastecen a Lima y Callao, como el proyecto minero Ariana, situado en el distrito de Marcapomacocha (región Junín), cuya etapa de construcción iniciará en el primer trimestre del 2019.

El proyecto se localiza en la misma zona donde está el Túnel Transandino Cuevas Milloc, que conduce el agua desde la cuenca del Mantaro hacia Lima, y se superpone a importantes lagunas, entre ellas Pucrococha, que es una aportante a dicho túnel.

Sedapal se ha pronunciado al respecto. La presa de relaves “se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, generando las posibilidades de rotura de la presa y la licuación estática de los residuos mineros y su escape del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por dicho túnel”, ha indicado la empresa de agua y saneamiento responsable de proveer del líquido elemento a más de 10 millones de personas en Lima y Callao.

“Este es un tema que nos preocupa y que pone en agenda de discusión la necesidad de poner en marcha políticas para el ordenamiento del territorio y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental”, afirmó Jose De Echave, coordinador del Observatorio. Además, recordó que la empresa Southern Peaks, titular del proyecto, es la responsable de la emergencia ambiental que se vive en La Libertad por el abandono de la unidad minera Quiruvilca.

Ahora bien, la preocupación también se extiende al ámbito privado. Fuentes del OEFA hicieron llegar a esta revista un documento con fecha del 11 de mayo de este año, en el que la compañía Enel se dirige a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

En el documento sostiene Enel que “la geotécnia del túnel podría verse comprometida”. La organización continua su alegato afirmando que “asimismo por sus características geológicas hay gran cantidad de aportes de agua superficial, subsuperficial y subterránea en las diferentes épocas del año”.

Enel concluye diciendo que “el proyecto debería de considerar la impermeabilización de todo el vaso” para, añade, “evitar la contaminación”. No obstante, admite que este plan “perjudicaría los aportes naturales de agua que actualmente recibe el túnel”.

Para calmar su inquietud, por tanto, en la fecha señalada, Enel solicitó al MEM documentos relacionados con el proyecto minero Ariana, tales como los resultados del monitoreo de calidad de agua de entrada y salida que fluye por el Túnel Trasandino, estudios hidrológicos, hidrobiológicos y geoquímicos para el depósito de relaves del proyecto Ariana y otros más. La carta de Enel es firmada por Silvia Liliana Crudo Vera, apoderada.

El caso es alarmante, según el 23° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, pues a este se suma el de Tamboraque, en el que aún hay 145,000 metros cúbicos de relaves muy cerca del Río Rímac. “El impulso reformista que vimos de parte del Presidente en materia de justicia y el sistema político todavía no llega a los temas ambientales y sociales. Es un tema que está abierto y esperamos que haya una ampliación de este ánimo reformista a estos temas”, agregó De Echave.

Según este mismo reporte, el Poder Judicial dictó una medida cautelar para paralizar el retiro de los relaves de mineral que había ordenado el Osinergmin en la zona del cerro Tamboraque, cercano al río Rímac. El documento indica además que Defensa Civil ha advertido que, en caso de lluvias intensas o de sismos en la zona, declarada en emergencia, los relaves, de propiedad de Great Panther Coricancha S.A., podrían contaminar el río Rímac.

Con todo, la otra preocupación es el desarrollo del proyecto minero Ariana tal y como está configurado. El emprendimiento minero es de Southern Peaks Mining.

Para Sedapal, la construcción y operación del depósito de relaves de la mina, en Junín, es una bomba de tiempo. Alegan que el diseño de la estructura podría producir una rotura en el Túnel Trasandino, que capta agua del río Mantaro y las trasvasa a la cuenca del Rímac.

En setiembre pasado, el gerente general de Ariana Operaciones Mineras SAC, Adolfo Fernando Vera Fernández, indicó que las aseveraciones realizadas por Sedapal son inexactas y carentes de verdad. En una carta enviada a ENERGIMINAS, el ejecutivo explicó que la minera no solo ha dado cabal cumplimiento a todos los requisitos técnicos y legales para la obtención de sus autorizaciones y permisos, sino que durante su tramitación la autoridad ha permitido la participación activa de Sedapal, sin que por más de tres años, manifestara oposición o cuestionamiento alguno que haya quedado pendiente de subsanar, aclarar o definir.

“Catorce días después de que la autoridad minera competente (Ministerio de Energía y Minas) otorgara a nuestra empresa la concesión de beneficio ‘Ariana’, Sedapal remite una extemporánea carta al señor ministro de Energía y Minas. Dicha misiva contiene aseveraciones inexactas y carentes de verdad”, señaló.

Cabe recordar, que el gerente general de Sedapal, Neil Michael Vega, envió una carta al ministro de Energía y Minas (Carta N º1013-2018-GG), Francisco Ísmodes, el 24 de julio de este año, en el que mostró su preocupación por la posible autorización del inicio de la construcción y operación del depósito de relaves del proyecto minero Ariana, al encontrarse colindante al Túnel Trasandino, que suministra de agua a la ciudad de Lima, recomendando someter el estudio del proyecto a una evaluación de riesgos y vulnerabilidad a fin de adoptarse los estándares de seguridad más elevados.

El gerente general de Ariana Operaciones Mineras SAC, Fernando Vera, indicó que Sedapal ha participado desde el año 2015 en los procesos de permisos por lo cual sabía y conocía de la construcción de la relavera y de su exacta locación.

“Ahora con inexactitudes pretende cuestionarla. La relavera, al igual que todos los demás componentes, se construirá y operará con los estándares técnicos y legales exigidos para dichas obras, habiéndose evaluado los riesgos y vulnerabilidades dentro de los procedimientos sectoriales, motivo por el cual el Ministerio de Energía y Minas ya ha otorgado las autorizaciones respectivas”, indicó en aquella ocasión.

Fuente:https://www.energiminas.com/enel-geotecnia-del-tunel-trasandino-podria-verse-comprometida-por-proyecto-minero-ariana/

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Proyectos mineros ponen en riesgo abastecimiento de agua en Lima y Callao https://www.ocmal.org/proyectos-mineros-ponen-en-riesgo-abastecimiento-de-agua-en-lima-y-callao/ Thu, 13 Dec 2018 21:44:10 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43448 Diversos proyectos mineros ponen en riesgo el abastecimiento de agua en Lima y Callao, alertó el 23° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), elaborado por Cooper Acción, Fedepaz y Grufides.

Jose De Echave, coordinador del Observatorio, explicó que uno de los proyectos mineros es el Ariana, situado en Junín, cuya etapa de construcción iniciará en el primer trimestre del 2019 y se superpone a importantes lagunas, entre ellas, Pucrococha, que provee del líquido elemento a más de 10 millones de personas en Lima y Callao.

De igual forma está la situación de Tamboraque en el que aún hay 145 mil metros cúbicos de relaves muy cerca del Río Rímac, que pone en riesgo el abastecimiento de agua.

El informe también revela que la región Áncash sigue encabezando el ránking de conflictividad social, predominando los conflictos socioambientales y los vinculados a la minería.

Cajamarca destaca porque Yanacocha anunció sus intenciones de retomar Conga para consolidar a la región como un “gran distrito minero”.

Mirtha Vásquez, directora de Grufides, dijo que las mineras de los proyectos Michiquillay, Galeno y Conga buscan que [...]]]> Diversos proyectos mineros ponen en riesgo el abastecimiento de agua en Lima y Callao, alertó el 23° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), elaborado por Cooper Acción, Fedepaz y Grufides.

Jose De Echave, coordinador del Observatorio, explicó que uno de los proyectos mineros es el Ariana, situado en Junín, cuya etapa de construcción iniciará en el primer trimestre del 2019 y se superpone a importantes lagunas, entre ellas, Pucrococha, que provee del líquido elemento a más de 10 millones de personas en Lima y Callao.

De igual forma está la situación de Tamboraque en el que aún hay 145 mil metros cúbicos de relaves muy cerca del Río Rímac, que pone en riesgo el abastecimiento de agua.

El informe también revela que la región Áncash sigue encabezando el ránking de conflictividad social, predominando los conflictos socioambientales y los vinculados a la minería.

Cajamarca destaca porque Yanacocha anunció sus intenciones de retomar Conga para consolidar a la región como un “gran distrito minero”.

Mirtha Vásquez, directora de Grufides, dijo que las mineras de los proyectos Michiquillay, Galeno y Conga buscan que se ejecuten los tres a la vez para reducir costos.

claves

  • Alertan que en el 2019 pueden resurgir escenarios de fuerte conflictividad social si no se aborda la agenda pendiente, más aún si el Gobierno pretende insistir con proyectos que causan gran rechazo en la población.

Fuente:https://larepublica.pe/economia/1375134-proyectos-mineros-ponen-riesgo-abastecimiento-agua-lima-callao

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Sin dinero ni salud: mineros jubilados de Autlán https://www.ocmal.org/43469-2/ Thu, 13 Dec 2018 02:06:39 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43469 Pachuca.- A pesar de que la minería es una actividad económica que genera millones de pesos en ganancias, sus trabajadores deben pagar un precio muy alto debido a los bajos salarios, prestaciones injustas y el impacto que genera esa actividad a su salud; además de la grave contaminación que deben afrontar las comunidades aledañas a esos megaproyectos.

En la minera Autlán, en Hidalgo, el personal se retira enfermo y con pagos miserables, porque, de acuerdo con documentos oficiales de la empresa, no existe la jubilación, solo el término “liquidación”, violando así la Ley Federal del Trabajo.

El mineral sobre la vida

Hablar de las personas que dedican sus vidas a las minas significa sufrimiento, enfermedad y pobreza. Para conocer la situación que vive ese sector fueron entrevistados trabajadores de la localidad de Chipoco, municipio de Tlanchinol, cuyos nombres fueron cambiados durante las entrevistas, por temor a represalias..

“Un minero siempre sabe cuándo va a entrar a la mina, pero nunca sabe si saldrá”, dijo Antonio García, trabajador de la minera Autlán, “la verdad, en la mina se gana un poquito más [...]]]> Pachuca.- A pesar de que la minería es una actividad económica que genera millones de pesos en ganancias, sus trabajadores deben pagar un precio muy alto debido a los bajos salarios, prestaciones injustas y el impacto que genera esa actividad a su salud; además de la grave contaminación que deben afrontar las comunidades aledañas a esos megaproyectos.

En la minera Autlán, en Hidalgo, el personal se retira enfermo y con pagos miserables, porque, de acuerdo con documentos oficiales de la empresa, no existe la jubilación, solo el término “liquidación”, violando así la Ley Federal del Trabajo.

El mineral sobre la vida

Hablar de las personas que dedican sus vidas a las minas significa sufrimiento, enfermedad y pobreza. Para conocer la situación que vive ese sector fueron entrevistados trabajadores de la localidad de Chipoco, municipio de Tlanchinol, cuyos nombres
fueron cambiados durante las entrevistas, por temor a represalias..

“Un minero siempre sabe cuándo va a entrar a la mina, pero nunca sabe si saldrá”, dijo Antonio García, trabajador de la minera Autlán, “la verdad, en la mina se gana un poquito más que en superficie, pero es más peligro porque respiras puro humo por los disparos de pólvora”.

De acuerdo al último informe financiero no auditado 2018 de la minera, el balance general reportó ventas netas por más de 116 millones de dólares, lo que representa por segundo trimestre consecutivo las mejores ventas en los últimos 10 años.

En el apartado “Fondos para pensiones y prima de antigüedad”, la compañía no reportó ni un peso destinado para este fin, aunque los trabajadores que están por retirarse reciben una “liquidación”.

Roberto Medina, de 76 años, trabajó 36 años en la mina y se lastimó la columna al operar las máquinas perforadoras, por lo que tuvo que ser operado; aunque la empresa cubrió esos gastos, actualmente está de incapacidad y percibe solo 50 por ciento de su salario; la minera ya no cubre sus gastos médicos que ascienden a 5 mil pesos mensuales y lo puso en proceso de liquidación.

Ante ese panorama, es que para generar un poco de ingresos extras abrió una pequeña tienda en su casa, “estoy gastando arriba de 15 mil pesos cada tres meses por gastos médicos, precisamente por trabajar tantos años en la minera. Yo le diría a mi jefe que me siga dando incapacidad de aquí hasta que me muera, pero la minera siempre busca la manera de zafarse”.

En otro caso, Francisco Gutiérrez, de 47 años y 18 dedicados a la minería, narró que “hace como un año, algunos de mis compañeros que estaban en este proceso de liquidación les dieron a elegir si querían pensión médica o liquidación; como algunos están enfermos necesitan atención médica, entonces no recibieron ningún dinero. Aquí si te llegas a enfermar ya no le sirves a la mina”.

En ese sentido, al buscar la opinión de la delegación en Hidalgo de la Secretaría del Trabajo sobre la regulación de las condiciones laborales en las minas, la dependencia federal no respondió al llamado.

Pulmones de humo

El manganeso es un mineral importante para los seres humanos, pues cumple funciones vitales en el organismo, pero en exceso puede generar efectos negativos en la salud.

Icela Beltrán, doctora en ciencias con especialidad en biotecnología e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, realizó un trabajo en Molango para indagar los niveles de contaminación de manganeso a través del aire y el suelo, y cómo afecta a la población alrededor de la mina.

La catedrática explicó que la manganosis es un trastorno provocado por la exposición al manganeso, sea por aire, agua o suelo, que a pesar de no estar considerada como una enfermedad, consume lentamente a la población hasta llevarla a una muerte “silenciosa” con síntomas tan comunes como desordenes psiquiátricos, conocidos como locura mangánica o manganismo, falta de memoria, alucinaciones, alteraciones del habla, conducta compulsiva y toxicidad aguda, desorientación, dolores de cabeza y estómago, náuseas, fiebre, gripe o tos; en algunas ocasiones llega a confundirse con Parkinson.

El manganeso tiene acceso directo al cerebro y los efectos negativos se ven desde la niñez, especialmente las más vulnerable son las niñas, “de acuerdo con la investigación que realizamos, el municipio de Molango registró mayor retraso cognitivo”, afirmó Icela Beltrán.

Muchas investigaciones realizadas en torno al tema solamente se quedan en papel, “aunque vayas a gobierno o sector salud con los resultados obtenidos, los presupuestos son cada vez más pequeños o simplemente no hay voluntad política para resolver la problemática”.

Historia de la minera Autlán

Hace 58 años, esa minera se estableció en seis municipios hidalguenses; hasta diciembre de 2017 tenía registrados 2 mil 17 empleados. De acuerdo con testimonios recopilados en la localidad de Chipoco, en Tlanchinol, los mineros se retiran con precarias liquidaciones después de varios años laborados.

La empresa fue fundada en 1953, su corporativo se encuentra en San Pedro Garza García, Nuevo León, y cuenta con oficinas en la Ciudad de México. El megaproyecto logró ser reconocido mundialmente y en la actualidad cuenta con tres unidades mineras y tres plantas de ferroaleaciones.

Los mercados a los que se dirige son la industria siderúrgica, la de pilas secas, cerámica, micronutrientes para animales y fertilizantes. En 1960 llegó a Hidalgo e inició la explotación del distrito manganesífero.

 

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/sin-dinero-ni-salud-mineros-jubilados-de-autlan/?fbclid=IwAR1TnNXzPEyaTtgl-nMEhI7efTmVplsL7VBIuNZ0NVmieL9F-rIL-vBzDcg

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Vizcarra elimina “Mesas de Diálogo” a través de un Decreto Supremo https://www.ocmal.org/vizcarra-elimina-mesas-de-dialogo-a-traves-de-un-decreto-supremo/ Thu, 13 Dec 2018 01:51:46 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43462 Días después del Referéndum, este miércoles 12 de diciembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, acaba de emitir el DS N° 120-2018-PCM, que elimina las Mesas de Diálogo que se generaron entre el Estado y las comunidades, producto de la conflictividad social en diferentes lugares de nuestro país, para atender los reclamos que las comunidades han venido planteando a lo largo de los años en defensa de su territorio, a un ambiente sano, y de los derechos económicos, sociales y culturales que se ven afectados por las industrias extractivas como la minería.

El presente Decreto, señala el Gobierno, se emite en el marco del proceso de modernización del Poder Ejecutivo con el objetivo de extinguir las Comisiones, Comités, Grupos y Equipos de Trabajo, Consejos y Mesas de Diálogo de diversos sectores; 55 en total, de los espacios evaluados; entre ellos los relativos a Energía y Minas como la “Mesa de Diálogo Multisectorial para el desarrollo de la Provincia de Casma” con Resolución Ministerial N° 096-2013-PCM, y la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de [...]]]> Días después del Referéndum, este miércoles 12 de diciembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, acaba de emitir el DS N° 120-2018-PCM, que elimina las Mesas de Diálogo que se generaron entre el Estado y las comunidades, producto de la conflictividad social en diferentes lugares de nuestro país, para atender los reclamos que las comunidades han venido planteando a lo largo de los años en defensa de su territorio, a un ambiente sano, y de los derechos económicos, sociales y culturales que se ven afectados por las industrias extractivas como la minería.

El presente Decreto, señala el Gobierno, se emite en el marco del proceso de modernización del Poder Ejecutivo con el objetivo de extinguir las Comisiones, Comités, Grupos y Equipos de Trabajo, Consejos y Mesas de Diálogo de diversos sectores; 55 en total, de los espacios evaluados; entre ellos los relativos a Energía y Minas como la “Mesa de Diálogo Multisectorial para el desarrollo de la Provincia de Casma” con Resolución Ministerial N° 096-2013-PCM, y la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM. Asimismo, los espacios generados con las comunidades amazónicas, víctimas de la contaminación petrolera, también fueron eliminados.

El Ejecutivo señala que en los casos en que se hayan creado Comités de Seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, estos continuarán, como en el caso de la provincia de Cotabambas de la región Apurímac. Sin embargo, las comunidades de Cotabambas han venido exigiendo la reactivación de la Mesa de Diálogo desde fines del 2016 en que el gobierno la suspendió. En la provincia aún no se levanta el Estado de Emergencia que se ha renovado durante estos años; se mantiene el convenio de la empresa minera y la policía para resguardar sus intereses; la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para la comunidad; y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor del sur, continúan.

La fundamentación del Decreto se basa en la necesidad de lograr mayor “eficiencia” en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o superposición de las competencias y funciones. En el sector vinculado a la minería, las mesas que el Ejecutivo está eliminando son las referidas a las “Mesas de Diálogo para el Desarrollo….”. La eliminación de las Mesas de Diálogo no han sido de mutuo acuerdo entre las comunidades y el Poder Ejecutivo; es más, durante estos años ha sido visible que diversas protestas se han reanudado porque el Estado no cumplía con implementar los acuerdos arribados en las Mesas de Diálogo y porque el Estado desarrollaba una lógica de negociación con las comunidades para que el proyecto extractivo vaya sí o sí en sus territorios, generando diversos incentivos de obras de infraestructura y el mejoramiento de servicios públicos. Por estos motivos, el desarrollo de varias Mesas de Diálogo se ha extendido durante meses para llegar a acuerdos, sin contar con la fase de implementación.

Por ello, al parecer este Decreto se emite con el objetivo de que los procesos de diálogo se concentren en la fase de negociación. Con esto lo que se estaría haciendo es generar menos condiciones para un mejor diálogo para la prevención y resolución de conflictos.

Como ya se ha señalado por Red Muqui durante la campaña “Todo está amarrado”, el Estado Peruano no concibe el diálogo como política preventiva y reduce los procesos a una negociación y muchas veces imposición de las condiciones de desarrollo de los proyectos mineros. Bajo las lógicas de eficiencia, el diálogo es concebido como si fuese un costo operativo para las empresas, por lo cual busca reducirse. No se concibe en el diálogo que las comunidades puedan decir NO al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios. Cabe recordar que en la reciente CADE, los grandes empresarios hicieron alusión a la “negociación como método para la resolución de conflictos con las comunidades y el Estado. Señalaron que en la negociación todos tienen que renunciar a “algo” para lograr acuerdos.

Nos preocupan este tipo de lógicas que son contrarias a la defensa de los derechos humanos, donde los procesos de diálogo son parte del derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a la consulta previa y a la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas. Desde Red Muqui señalamos que los derechos humanos no son negociables, son irrenunciables.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/823-vizcarra-elimina-mesas-de-dialogo-producto-de-la-conflictividad-social-a-traves-de-decreto-supremo?fbclid=IwAR3og9A-5I1VDSKxC_QAfr2tdbkHKMrBnEggwcdNyhYeraYgmlVDNEG4dMg

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Morococha: El pueblo despojado por la gran minera china https://www.ocmal.org/morococha-el-pueblo-despojado-por-la-gran-minera-china/ Thu, 13 Dec 2018 01:36:54 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43441 Entre las frías montañas de la sierra central del Perú, a más de 4 mil 700 metros de altura, se congelan los reclamos de los últimos habitantes de la antigua Morococha, una comunidad de 65 familias que se resiste a desaparecer. Desde hace seis años, conviven con las vibraciones, el polvo y el ruido de las detonaciones del megaproyecto minero Toromocho, operado por la empresa china Chinalco, que ha invertido 4 mil 476 millones de dólares en su implementación.

Por estos días, la maquinaria pesada de la compañía estatal china ya casi ha terminado de destruir todas las edificaciones de este poblado, cuyos escombros le dan la apariencia del escenario de una catástrofe. [...]]]>

La gigante minera Chinalco que opera el proyecto Toromocho en Perú, en la sierra central del país, construyó una ciudad para reasentar a la población de Morococha y así poder extraer el cobre que está debajo del suelo donde antes vivieron unos 5 mil habitantes. A seis años del inicio de esta reubicación, la nueva localidad no tiene futuro económico y va camino a convertirse en un pueblo fantasma.

Entre las frías montañas de la sierra central del Perú, a más de 4 mil 700 metros de altura, se congelan los reclamos de los últimos habitantes de la antigua Morococha, una comunidad de 65 familias que se resiste a desaparecer. Desde hace seis años, conviven con las vibraciones, el polvo y el ruido de las detonaciones del megaproyecto minero Toromocho, operado por la empresa china Chinalco, que ha invertido 4 mil 476 millones de dólares en su implementación.

Por estos días, la maquinaria pesada de la compañía estatal china ya casi ha terminado de destruir todas las edificaciones de este poblado, cuyos escombros le dan la apariencia del escenario de una catástrofe. En esta zona de riesgo del Perú, país considerado como el segundo productor mundial de cobre, Chinalco tiene un interés particular: explotar a tajo abierto los minerales que están debajo de los terrenos donde hasta octubre de 2012 vivían más de 5 mil morocochanos. El 96% de ellos ya abandonaron el lugar y varios se han establecido en una nueva ciudad ubicada a 12 kilómetros que fue construida por la propia empresa.

En la antigua Morococha ahora solo han quedado dos bandos en condiciones de desigualdad que protagonizan un conflicto social activo, según la Defensoría del Pueblo. En este territorio, ubicado a 160 kilómetros de Lima, se realizará la ampliación de uno de los proyectos de explotación de cobre más importantes del Perú, con una nueva inversión de 1.355 millones de dólares.

“Es triste vivir acá. No hay nada en mi negocio, no hay nada”, dice entre lágrimas Feliza Alania, una de las últimas habitantes del viejo pueblo, desde el interior de su oscurecida tienda de abarrotes. Antes vendía un promedio de 45 dólares diarios, cuenta. Ahora su familia es la única que consume las mercancías de sus anaqueles empolvados.

Chinalco ha intentado negociar un trato con los moradores que quedan, pero estos aseguran que no aceptarán las mismas condiciones que la transnacional propuso a sus antiguos vecinos. “Nos ha ofrecido unas migajas, te diría”, comenta con molestia el carpintero Máximo Díaz, esposo de Alania y presidente del Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), un colectivo fundado tras el inicio del proceso de reasentamiento.

La compañía no reconoce el derecho de propiedad de los residentes al momento de proponerles un monto de compra por su inmueble, asegura Noé Gamarra, representante de los expropietarios desplazados del lugar. Chinalco -explica Gamarra- solo les cotiza el valor de las edificaciones levantadas sobre la superficie, no el del terreno. Con este criterio, apunta, en las negociaciones se ha ofrecido entre 60 y 100 dólares por el metro cuadrado. Es el precio promedio del mercado, pero no se toma en cuenta que en el subsuelo existe tanto mineral, en especial cobre, como para aumentar la producción diaria de la mina de 117 mil a 172 mil toneladas métricas.

De hecho, la corporación china calcula alcanzar esta capacidad de procesamiento en 2020 cuando finalice la ampliación del proyecto Toromocho, obra aprobada por el Ministerio de Energía y Minas en Perú el 23 de marzo de este año. Es decir, el mismo día en el que el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumía la presidencia del Gobierno nacional en medio de la profunda crisis política que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y anunciaba una renovación total de su gabinete ministerial.

Pocos meses después, en junio, Chinalco anunció el inicio de las obras en una ceremonia junto al propio Vizcarra. “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el actual mandatario. Se espera que luego de culminada la ampliación, el proyecto reporte un valor de producción anual de 2 mil millones de dólares.

El problema es que la compañía no podrá cumplir con esta meta si aún hay pobladores sobre el terreno que ambiciona la gigante Chinalco.

“Si no me arreglan [un acuerdo], que me dejen vivir tranquilo”, reclama Díaz con evidente disgusto. “Las voladuras de la mina sacuden como si fuera un terremoto y en dos oportunidades han fundido el techo de mi taller [con las rocas que caen]”, manifiesta. Es algo que sucede muy seguido.

“Los policías todos los días nos rodean. Vigilantes, a lo que sales te están rodeando. A veces hay disparos [detonaciones]. A todos nos sacan afuera”, lamenta Feliza Alania con gesto de impotencia. “A uno lo tienen al milímetro controlado”, agrega Díaz. No exagera. El equipo periodístico de Convoca.pe y Diálogo Chino pudo constatar cómo la vigilancia privada siguió nuestro recorrido por el antiguo poblado de Morococha. Solicitaron nuestras identificaciones y preguntaron por nuestras actividades.

Como consecuencia, la población ya no confía ni en la ley ni en la autoridad. Elvis Atachahua, vecino de Morococha, advierte que efectivos policiales se trasladan en vehículos contratados por la minera y dan apoyo en las demoliciones que realiza Chinalco en el pueblo sin autorización municipal. En el pasado, un acuerdo de colaboración firmado por la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y la compañía del gobierno chino dio cuenta de los privilegios de los que goza la compañía. Esa es la imagen de inequidad ante la ley que tienen los pobladores de la antigua Morococha.

La minera, por su parte, trata de reforzar la idea de ser una compañía con responsabilidad social ante el mundo. No es para menos: Toromocho es muy importante para la Aluminum Corporation of China, matriz de Chinalco, dado el enorme yacimiento de cobre que cobija y la cantidad de metal rojo que su país demanda. Las reservas de la mina se estiman en 1 526 millones de toneladas. En el primer semestre de 2018, las exportaciones de cobre peruanas alcanzaron un valor de 7 mil 696 millones de dólares, según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. El 61% de los envíos de este metal tenía como destino China.

“Como es sabido por todos, los minerales de cobre son escasos en China”, reconocía Huang Shanfu, entonces presidente de Chinalco en Perú, el 13 de noviembre de 2016 en una entrevista registrada por la cadena internacional CCTV. “A medida que se va poniendo en marcha este proyecto [Toromocho], se afianzará gradualmente una base sólida para la garantía de recursos de cobre de China”, sostenía. Sin embargo, medios chinos como Sina News Finance cuestionaron la decisión de ampliar la mina en un contexto de caída de precios del mineral y pérdidas de la empresa. Las noticias sobre la mina de Toromocho en la página web de Chinalco no han sido actualizadas desde 2013.

Pero Huang Shanfu también insistió en priorizar las necesidades de la población de Morococha: “Consideramos necesario poner de manifiesto el sentido de responsabilidad de nuestra empresa y lograr un desarrollo sinérgico entre la economía y las comunidades locales en sintonía con nuestro lema: primero contribuir al desarrollo de las comunidades locales, después pensar en la realización del proyecto”.

Chinalco ha invertido 4 476 millones de dólares en el proyecto Toromocho. La ampliación costará 1 355 millones de dólares más. Opera a cielo abierto. Foto: Chinalco.

“¡Cuántas veces me han intentado sacar de mi casa!”, exclama con energía Edelmira Artica, inquilina de una edificación cuyo frontis tiene pintado el logo de Chinalco. “Sus vigilantes saben a qué hora entramos, a qué hora salimos (…). Ha venido hasta su abogado diciendo: ‘ya perdiste tu casa de abajo [en la nueva ciudad], no tienes derecho a nada’. ¡Y yo no voy a comer de la casa, lo que queremos es trabajo! Con el trabajo puedo hacerme [algo] mejor que esa casa. Pero tenemos todas las puertas de trabajo cerradas”, reclama.

En Morococha, si se tiene la suerte de tener un empleo, hay que cuidarlo. “Desde el día que ha llegado minera Chinalco nos vienen condicionando con el trabajo. Cuando firmas, te condicionan. Se cumple [el plazo de] tu contrato y ya no quieren renovarte”, dice Rolando Jerónimo, otro vecino de Morococha.

Jerónimo, también dirigente del sindicato único de trabajadores de Argentum, otra empresa minera que opera un distinto yacimiento de plata, plomo y zinc en la misma Morococha, ha sentido presiones a través de su empleadora para dejar su vivienda. Hace tres semanas, comenta, lo llamaron desde el área de recursos humanos de Argentum para tratar con él, otra vez, el tema de su reasentamiento. “Hay que conversar, me dicen, pero qué hay que conversar si el problema es con Chinalco, no con Argentum. Como empresarios se dan la mano. Tienen convenios entre ellos”, sostiene.

La situación de tener vecinos que se rehúsan a dejar sus casas ante un proyecto es tan frecuente en China que hay un término para ellos: las ‘casas clavo’ o ‘dingzi fu’.


  • A dos de los hijos menores de Bertha Alania se les ha encontrado plomo en la sangre. Un médico les ha recomendado seguir una dieta para su desintoxicación. Foto: Marco Alegre/Convoca.

A diferencia de muchos conflictos sociales en los que la población rechaza la minería, Morococha ha convivido por centurias con esta actividad y casi 80 años con la minería a gran escala. En un escenario así, una solución dependería de la disposición que tenga la empresa, el Estado -como facilitador- y la población para encontrar otra zona de reubicación, donde puedan estabilizarse y seguir desarrollando sus actividades económicas.

El problema es que la zona que les ha ofrecido la compañía no los convence.

Cortina de hierro

A 20 minutos del pueblo en ruinas, en el mismo distrito de Morococha, Chinalco ha construido una nueva ciudad de pequeñas viviendas de 54 metros cuadrados, alineadas en largos pabellones silenciosos.

La Nueva Morococha tenía el objetivo de recibir a las más de mil 200 familias de la antigua localidad. El reasentamiento comenzó en octubre de 2012.

Un informe del Ministerio de Vivienda de 2011 advertía que la zona escogida no era la más apta por una serie de riesgos, como el hundimiento del suelo debido a su humedad, las inundaciones y los sismos. Esta área se encuentra entre dos lagunas que podrían desbordarse con algún movimiento telúrico, señalan expertos.

Antes del traslado, la empresa prometió a los moradores algunas mejoras. Ahora el 87% de las viviendas del distrito están fabricadas con cemento y ladrillo, y el acceso a los servicios básicos se ha incrementado de forma notoria, pues el 93% de los hogares tiene agua y el 95%, electricidad, de acuerdo con el último censo nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática de 2017.

Sin embargo, la nueva localidad aún parece una maqueta. Es ordenada, pequeña, vacía e inerte.

Nueva Morococha, construida a 12 km. de la antigua ciudad, carece de oportunidades económicas, reclaman los vecinos. Sus calles se ven vacías. Foto: Marco Alegre/Convoca.

“A veces se ven más perros que gente”, anota Karla Victoria, vecina y presidente de la asociación de comerciantes de esta nueva localidad. “Mire la calle. Es silencio. Y así es todos los días”, relata.

“El gran problema es que esta nueva ciudad no ha terminado de consolidarse como un espacio de vivienda adecuada. La gente está fuera del circuito económico de la zona, muy alejada de [otras] oportunidades económicas”, anota el economista y exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave.

El poco movimiento preocupa a los comerciantes del lugar. Refleja el bajo consumo y los bajos ingresos de los vecinos. Victoria tenía tres restaurantes antes de ser reasentada. Hoy tiene uno. “Nos dijeron que la calidad de vida iba a ser mucho mejor. Nunca nos dijeron que íbamos a empeorar”, dice.

Según un estudio de la Universidad Nacional del Centro (2018), el 80,6% de los habitantes de Nueva Morococha considera que su situación económica era mejor en la antigua ciudad. El 76,2% cree que el comercio ha caído.

¿Qué pensaban antes del traslado? El Instituto Nacional de Salud recogió las percepciones de la población que aún habitaba la antigua Morococha en 2013, poco después de iniciado el proceso de reasentamiento. Su informe apunta que el 52% de los vecinos estaba de acuerdo con el cambio de zona, aunque el 76% aseguraba no haber participado en la mesa de diálogo en la que se decidió esta medida en 2006.

“No puede decirse que está completado el reasentamiento. Nunca se cumplieron todas las pautas establecidas y un tema central era la viabilidad económica de la ciudad”, advierte Javier Jahncke, abogado que acompañó a la comunidad en sus negociaciones con Chinalco a través de la ONG Red Muqui.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Toromocho, elaborado para Chinalco y publicado en 2009, aseguraba que “el campamento de […] operación formará parte de la nueva ciudad de Morococha”. Esta medida contribuiría con su movimiento comercial, pero a seis años de la reubicación sigue siendo una promesa en las mesas de diálogo.

“Construyeron una edificación, pero ahí no hay ningún trabajador”, asegura Jahncke.

“Objetivamente hablando, en el tema del reasentamiento Chinalco estuvo en conversaciones permanentes con las autoridades locales y ofreció concesiones, pero con un proyecto tan grande es difícil no tener algunos problemas remanentes”, advertía al diario chino 21st Century Business Herald una persona que conocía el caso.

Lo cierto es que, en la antigua Morococha, la realidad era muy distinta. Los empleados y subcontratistas de las empresas mineras Volcan, Argentum y Austria-Duvaz vivían en campamentos cercanos y visitaban con mucha frecuencia la localidad. “La dinámica económica que los trabajadores de estas empresas han generado en la [antigua] ciudad con sus compras locales y que da empleo [a] micro y pequeños negocios locales, tampoco se alterará por el desarrollo del Proyecto Toromocho”, aseguraba el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Chinalco.

La nueva ciudad, sin embargo, atraviesa un momento crítico. Karla Victoria advierte que el comercio ahora depende casi de manera exclusiva de la actividad de Chinalco, que -dice- tiene un concesionario de productos y alimentos en su propio campamento, algo que desincentiva el consumo en la ciudad. Tal situación puede incrementar más la asimetría en las relaciones entre la empresa y la comunidad. Sobre todo, si se alza la voz para reclamar.

Karla Victoria, que como representante del gremio de comerciantes reasentados traslada las quejas de estos a Chinalco, afirma haber recibido comentarios de algunos trabajadores subcontratados por la minera. Recuerda testimonios como este: “Señora, ya no le vamos a consumir. Nos han dicho que ya no le consumamos a usted. ¿Motivos? No sé y no le puedo dar más detalles, pero sí nos han dicho que vayamos donde fulano y mengano”

“Y fulano y mengano son los que nunca se quejan, los que nunca reclaman nada, los que siempre están bien y son felicitados”, dice. “No sé cómo interpretarlo”.

De este modo, la dependencia económica ha generado cierta autocensura en los comerciantes y en los aspirantes a los puestos de trabajo.

“Lo que queremos es hacer las cosas con libertad, sin temor a que mañana nos ‘marquen’ o que no nos compren”, reclama Victoria. “Para eso tenemos que estar rodeados, como estábamos arriba, de más empresas mineras. Si no, cada negocio se irá apagando como una velita, como está sucediendo”, añade.

Un ejemplo claro de lo que atraviesa el comercio local es el nuevo mercado de abastos de la ciudad. A las 10 de la mañana de un viernes, los pasillos están oscuros y cubiertos de tierra. No hay clientes ni comerciantes en la gran mayoría de los cien puestos construidos. Solo hay atención en unos diez módulos cercanos a la puerta principal. “Es día de feria”, indican.

El mercado de Nueva Morococha tiene más de 100 puestos construidos, pero la mayoría están desocupados. “Eso es lo que había arriba [en la antigua ciudad], dice Karla Victoria. Foto: Marco Alegre/Convoca.

El desempleo es otro factor que golpea los ingresos y el consumo. Otro de los escenarios que planteaba la minera en el Estudio de Impacto Ambiental era el de “brindar oportunidades de empleo de manera equitativa tanto para hombres como para mujeres en tanto reúnan los requisitos de capacitación necesarios para trabajar en el Proyecto [Toromocho]”.

En 2017, por ejemplo, la desocupación alcanzaba al 52% de la población, según una encuesta hecha por la Universidad Nacional del Centro a 294 viviendas de la nueva ciudad. La falta de empleo estable allí es una de las principales razones para que los habitantes de la antigua Morococha se opongan al traslado.

En retrospectiva, César Reyna, exasesor de la municipalidad de Morococha para el proceso de reasentamiento, cree que fue un error que los vecinos afectados aceptaran la venta de sus viviendas a Chinalco sin haber cerrado antes las negociaciones sobre las condiciones de su reubicación y la viabilidad de la nueva ciudad.

Es decir, el proceso “se dio al revés”: con sus tierras ya transferidas, la comunidad perdió capacidad de presión para exigir a la empresa el cumplimiento de sus compromisos. Esto se hace evidente en la mesa de diálogo que reúne a la población afectada, a las autoridades y a la minera, que comenzó a trabajar en 2008 y aún no alcanza un acuerdo definitivo. Al final, esta situación solo perjudica a los morocochanos.

Mientras tanto, sin términos claros no se avizora un futuro sostenible para la nueva capital distrital. El temor que manifiestan los vecinos es que Nueva Morococha se convierta en un pueblo fantasma.

La mayoría de los que se han ido son mujeres. En 2007, Morococha contaba con 5 mil 397 habitantes: 3 mil 176 eran hombres y 2 mil 122 mujeres, según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática del gobierno peruano. Diez años después, para el censo de 2017, de 5 mil 155 habitantes censados el año pasado, 3 mil 486 eran hombres y solo mil 669, mujeres.

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Antigua Morococha
Nueva Morococha

Foto 1: Ya no quedan autoridades en la antigua Morococha. Foto 2: Los servicios públicos han mejorado en la Nueva Ciudad, pero la actividad económica es mucho menor, aseguran los vecinos. Fotos: Marco Alegre/Convoca.

“Hay una fragilidad muy grande [en la organización de la comunidad] porque a muchos [de los actuales habitantes] no les interesa lo que pueda pasar en el futuro ya que finalmente las casas no son de ellos”, señala el abogado Javier Jahncke, quien resalta que la mayoría de los que habitan la nueva ciudad son trabajadores mineros que viven en casas alquiladas a morocochanos que han emigrado por falta de oportunidades.

¿Qué viabilidad ambiental, social y económica tiene Nueva Morococha?, se pregunta Jahncke. “Es una situación extrema, donde la organización y el tejido social ha sido quebrado, no hay una fortaleza para participar en los espacios de negociación, hay un problema ambiental con una relavera [la laguna Huascocha con desechos tóxicos] y la economía no funciona porque la empresa no cumplió”, relata.

Además, ya empezaron a hacerse evidentes los primeros signos de contaminación ambiental. La dependencia de Emergencias Sanitarias de Atención de Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados del Ministerio de Salud diagnosticó en abril de este año a 27 niños menores de 12 años con intoxicación por plomo.

Las mineras cercanas no destacan por su cuidadosa práctica ambiental. Por ejemplo, en 2014, Chinalco recibió una notificación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por mal uso de agua y debió suspender las operaciones de la mina temporalmente. En una entrevista con el diario económico 21st Century Business Herald, ejecutivos de la empresa sostuvieron que la compañía se comprometía a “cumplir estrictamente con todas la regulaciones y la supervisión local, inmediatamente deteniendo sus actividades mineras, contratando una evaluación científica y tomando todas las medidas para reiniciar actividades de nuevo tan pronto como fuese posible”.

Al final, la inversión del Estado peruano en el distrito de Morococha ha sido reducida. En 2017, se comprometió un presupuesto de apenas 1,5 dólares per cápita para asuntos ambientales, 0,7 dólares para materia económica, 9 dólares para lo social y 160 dólares para lo institucional, según un reporte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del gobierno peruano.

La tierra, el cobre y la ley

Cerca de las seis de la mañana del viernes 7 de septiembre de este año, los efectivos de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional llegaron a la Antigua Morococha en un minibús blanco sin señalización policial. Con escudos, cascos y fusiles, rodearon el deteriorado edificio municipal donde antes había funcionado un albergue de ancianos. Los obreros contratados por Chinalco apoyaron unas escaleras en su muro e iniciaron la demolición a golpe de comba.

Los vecinos les exigieron la autorización de demolición, pero fueron repelidos por el destacamento policial. A raíz de este incidente, 17 de ellos han sido denunciados por supuestos disturbios por un abogado de la compañía, entre ellos una mujer de 80 años, como consta en las notificaciones de la Fiscalía a las que accedió Convoca.pe. La municipalidad, a su vez, también ha puesto una denuncia contra la empresa por usurpación agravada y daño simple debido a la destrucción de esta infraestructura que considera pública.

El albergue, en realidad, es una pequeña parte de un extenso terreno de 34 hectáreas que se ha visto envuelto en un litigio entre la comunidad y la transnacional.

Hasta febrero de este año, el extenso predio era propiedad de la municipalidad distrital de Morococha, que se había comprometido desde 2003 a destinarlo para la titulación de los vecinos posesionarios de la localidad. Sin embargo, las 34 hectáreas están ahora a nombre de Chinalco gracias a una serie de veloces y eficaces gestiones de algunas autoridades peruanas.

“Esto ha sido muy rápido”, advierte Elvis Fuster, vicepresidente del Frente de Defensa de los Intereses de Morococha. El dirigente apunta que los movimientos burocráticos que hicieron que los vecinos de la localidad perdieran sus tierras coincidieron con los últimos meses de gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta poco antes de su renuncia.

Para el sorpresivo cambio de dueño solo se necesitó la entrada en vigencia de dos normas. Y aplicarlas.

La primera, publicada en noviembre de 2017, fue el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones (Ley 30680) que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. La norma fue aprobada por el Congreso peruano en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno climático El Niño Costero, que ese año causó 162 muertes por lluvias e inundaciones, dejó más de 1,3 millones de damnificados y 373 mil viviendas afectadas, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil.

En la práctica, la prohibición de posesiones en estas zonas pondría al margen de la legalidad a cualquier vivienda de antigua Morococha y de cualquier otro sitio de características similares y riesgosas. Como consecuencia, se dispuso que la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) pasaría a custodiar este tipo de tierras.

La segunda norma fue el reglamento de ese mismo artículo 49, que excluye a los propietarios de participar en este tipo particular de expropiaciones. Además, reguló la “declaración de intangibilidad” para fines de vivienda en áreas riesgosas (“zonas de riesgo no mitigable”), de manera que los lugares declarados como tales se vuelven inhabitables. Esta última disposición entró en vigencia el 10 de enero de este año.

Las fechas son claves para entender la celeridad del proceso legal en Morococha.

Un día antes de la entrada en vigor del reglamento, el 9 de enero, se había aprobado la propuesta del Ministerio de Energía y Minas peruano para nombrar a Ricardo Labó Fossa, entonces viceministro de Minas, como presidente de Activos Mineros SAC (AMSAC), compañía del Estado peruano dedicada a la remediación ambiental y la supervisión de proyectos de minería. El 17 de enero, Labó asumió funciones en el directorio. El 18, la gerencia general de AMSAC solicitó la mencionada “declaración de intangibilidad” de las 34 hectáreas de antigua Morococha.

El nombre de Ricardo Labó destaca en esta trama legal. Este economista con larga trayectoria en el sector minero laboró entre 2006 y 2014 en la minera anglo-australiana Río Tinto, que en Perú opera el proyecto de cobre La Granja en el departamento norteño de Cajamarca.

A su vez, Río Tinto tiene entre sus accionistas a una importante empresa china. De acuerdo con su último reporte anual corporativo (2017), la Aluminum Corporation of China – propietaria de la Chinalco que opera en la zona de Morococha- controla el 10,32% del poder de voto en Rio Tinto Group a través de su offshore Shining Prospect Pte Ltd, con sede en Singapur. Ha participado del capital de esta corporación desde 2009: es decir, mientras Labó prestaba servicios en la compañía.

Las gestiones

Los buenos oficios del Gobierno peruano a favor de Chinalco continuaron. El 14 de febrero, el viceministerio de Labó pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros para ser destinado al proyecto de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco. Para entonces, la ampliación de la mina aún no había sido aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, hecho que sólo ocurrió hasta marzo.

Dos semanas más tarde, el 27 de febrero, Activos Mineros envió una carta a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) que custodiaba las 34 hectáreas. En la comunicación, también pidió que se transfirieran a su nombre. Ambas instituciones -el viceministerio de Minas y AMSAC- invocaron el citado artículo 49 de la ley para sustentar su pedido de expropiación.

Ese mismo día, la Superintendencia analizó el caso y lo resolvió de forma afirmativa. Todo este trámite levantó las alarmas de especialistas que cuestionan que la expropiación beneficie a una obra privada como una mina. “Aparentemente se ha aplicado inadecuadamente la ley, que está orientada a facilitar la inversión en infraestructura pública”, advierte José de Echave.

¿Por qué Activos Mineros aparece en esta trama legal como mediador y no se transfirieron las 34 hectáreas de manera directa a Chinalco? Buscamos al exviceministro Ricardo Labó en distintas ocasiones: lo llamamos a su domicilio, le enviamos correos electrónicos y dejamos mensajes a su cuenta personal en una red social. Al cierre de este reportaje, no conseguimos respuesta.

La maniobra legal sobre los terrenos generó malestar, sobre todo, en la antigua Morococha. Carlos Castro Torres, abogado del grupo de morocochanos que ha interpuesto una demanda de amparo para anular esta serie de operaciones que beneficiaron a Chinalco, considera cuestionable el papel que jugó Activos Mineros en esta historia.

Castro observa que la ley de expropiaciones es explícita en señalar que el beneficiario de una propiedad expropiada solo puede ser otra entidad del Estado peruano, nunca un privado. El problema -indica el abogado- es que esas 34 hectáreas expropiadas sobre las que aún viven las familias de Morococha, ya como propiedad de Activos Mineros y fuera del poder de la Municipalidad de Morococha, se transfirieron a Chinalco casi como en una simple operación entre privados. Ese sería el rol de AMSAC en este esquema, indica. Así, esta tierra rica en cobre pasó a manos de la empresa china por 1,8 millones de dólares (5,9 millones de soles), dinero que fue transferido a un “fondo social” coadministrado por la propia compañía. Con este monto, que los vecinos no consideran adecuado, se espera encontrar un terreno de dimensiones similares para seguir reasentando a esta población.

“La misma ley [de expropiaciones] afirma que es nula la transferencia de propiedad de predios en zonas de riesgo no mitigable”, dice Castro, quien en el mismo proceso judicial solicita que se anule la operación entre AMSAC y Chinalco y la expropiación que se hizo a la Municipalidad de Morococha. Asegura que como las tierras estaban comprometidas desde 2003 para ser entregadas en propiedad a los morocochanos, estos serían los dueños legítimos. Con la demanda ya admitida por el juzgado competente de Yauli-La Oroya, los habitantes de Morococha esperan que la justicia peruana resuelva el caso.

Pero esta no es la primera vez que Chinalco ha intentado inscribir las tierras a su nombre. De hecho, en 2014 pretendió adjudicárselas de manera gratuita. En la partida registral del terreno a la que accedió Convoca.pe, consta un embargo a pedido de la minera china que entonces había demandado la “prescripción adquisitiva” del terreno. Este es un conocido mecanismo legal para inscribir como propio el inmueble de otro propietario sin ningún desembolso, siempre que lo haya ocupado por cierto tiempo.

Desde el 26 de octubre hasta el cierre de este reportaje insistimos de manera reiterada por conseguir una entrevista con los representantes de Minera Chinalco Perú SA. Nos comunicamos vía telefónica, enviamos correos electrónicos y reiteramos nuestra solicitud en la Oficina de Prensa. También dejamos mensajes para Álvaro Barrenechea Chávez, gerente de asuntos corporativos y vocero oficial, y una carta en las oficinas de la compañía en Lima con nuestras preguntas. Hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta de la empresa.

Mientras tanto, el conflicto sigue latente en Morococha.

Los hermanos Gianfranco, de cinco años, y Noemí, de 11, tienen que ir hasta Nueva Morococha a estudiar. Su madre, Bertha Alania, espera que Chinalco pueda garantizar un reasentamiento justo. Foto: Marco Alegre/Convoca

“Cuando se dijo que iba a llegar la empresa Chinalco [creíamos] que volverían las épocas de la Cerro de Pasco Copper [Corporation]. La población se alegraba, ¡se alegraba! ¡Por la puerta grande han entrado los señores! No sabíamos que iba a pasar esto”, comenta Máximo Díaz, el carpintero de 66 años que vio crecer en el tiempo a Morococha gracias a la explotación del mineral que este pueblo esconde bajo tierra.

Aunque hoy el megaproyecto Toromocho -que constituye la inversión más grande de su historia- amenaza la supervivencia de su comunidad, Máximo Díaz se mantiene firme y cree en la inversión responsable: “No estamos en contra de la minería, de ninguna manera. El cien por ciento apostamos por ella”. Pero él y los últimos vecinos continuarán exigiendo las condiciones que consideran justas. “No hay nada imposible para nosotros. Estamos haciendo respetar nuestros derechos, no otra cosa”.

fuente:http://operacionchina.convoca.pe/morococha/?fbclid=IwAR1fXjGsWjzVL7-fbqKnIzWLsRWLbKc3p0aY7zKwYx2bspcKayWmZuk-5NA

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#JuegoDePrecios: Los esquemas oscuros de la gran minería para reducir impuestos https://www.ocmal.org/juegodeprecios-los-esquemas-oscuros-de-la-gran-mineria-para-reducir-impuestos/ Wed, 12 Dec 2018 02:46:27 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43432 Convoca.pe revisó un centenar de resoluciones del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas que dan cuenta de complejos mecanismos financieros observados por la entidad recaudadora Sunat así como correos internos del estudio panameño Mossack Fonseca que confirman servicios de abogados para que empresas paguen menos impuestos en Perú por precios de transferencias de bienes y servicios en el exterior.

Entre los documentos del Tribunal, identificamos casos de manipulación de precios de minerales y servicios sospechosos entre compañías mineras del mismo grupo empresarial para reducir el pago de tributos. Al menos cuatro de estos casos revelan operaciones opacas por más de S/.15 millones. Si el Estado recauda menos impuestos, los pueblos de donde se extrae el mineral obtienen menos canon minero para invertir en su desarrollo luego que el oro, el cobre, el zinc o el molibdeno se agote del subsuelo peruano.

 

Un equipo de quince personas entre contadores y abogados que ocupan el segundo piso del edificio El Damero, en la cuadra cinco de jirón Carabaya del Centro de Lima, revisa a puertas cerradas, cientos de papeles con información contable [...]]]>

Convoca.pe revisó un centenar de resoluciones del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas que dan cuenta de complejos mecanismos financieros observados por la entidad recaudadora Sunat así como correos internos del estudio panameño Mossack Fonseca que confirman servicios de abogados para que empresas paguen menos impuestos en Perú por precios de transferencias de bienes y servicios en el exterior.

Entre los documentos del Tribunal, identificamos casos de manipulación de precios de minerales y servicios sospechosos entre compañías mineras del mismo grupo empresarial para reducir el pago de tributos. Al menos cuatro de estos casos revelan operaciones opacas por más de S/.15 millones. Si el Estado recauda menos impuestos, los pueblos de donde se extrae el mineral obtienen menos canon minero para invertir en su desarrollo luego que el oro, el cobre, el zinc o el molibdeno se agote del subsuelo peruano.

 

Un equipo de quince personas entre contadores y abogados que ocupan el segundo piso del edificio El Damero, en la cuadra cinco de jirón Carabaya del Centro de Lima, revisa a puertas cerradas, cientos de papeles con información contable y financiera sobre esquemas opacos de grandes compañías para pagar menos impuestos al Estado. Entre esta documentación, este equipo que forma parte de la Gerencia de Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia de Sunat, detectó que compañías que pertenecen al mismo grupo empresarial modificaron precios de sus transacciones en el exterior por un monto de S/. 600 millones hasta noviembre de 2018.

Pero los nombres de las compañías y sus operaciones comerciales sospechosas de exportación permanecen en secreto debido a la reserva tributaria. La mayoría de las cien auditorías realizadas por este equipo especial de Sunat corresponden a grandes empresas que la institución llama los Prico: Principales Contribuyentes, y entre las cuales aparecen compañías mineras de grupos multinacionales.

Para echar luces sobre estos mecanismos oscuros, Convoca.pe revisó más de cien resoluciones del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Minas, y detectó los mecanismos usados por cinco importantes compañías mineras para reducir el pago de impuestos. Al menos cuatro de estos casos revelan operaciones opacas por más de S/.15 millones.

Entre estos esquemas, figuran supuestos servicios desde el exterior acreditados como gastos para pagar menos tributos, la aparición de factores externos como la humedad o la ‘merma’ (reducción del mineral durante el transporte), para modificar el precio final de venta, el uso de comisiones por transacciones en el exterior entre las compañías del mismo grupo empresarial o préstamos contraídos por la empresa peruana a sugerencia de la casa matriz con comisiones e intereses que reducen la carga tributaria en el Perú.

Algunas de estas operaciones comerciales que fueron cuestionadas por Sunat y llevadas al Tribunal Fiscal corresponde a la minera Southern Perú Copper Corporation, cuya matriz Southern Copper se encuentra en Arizona, Estados Unidos; la Minera Cerro Verde, principal exportadora de cobre que opera en el distrito de Uchumayo, Arequipa;  la empresa minera Los Quenuales, una filial de Glencore Finance que opera las minas de Iscaycruz y Yauliyacu en la sierra de Lima; la compañía minera Doe Run cuyo centro de producción se encuentra en La Oroya, Junín, ahora bajo control de una Junta de Acreedores; Antamina, otra gran exportadora de cobre de propiedad de Glencore cuyo principal centro de operaciones se ubica en el distrito de San Marcos, Ancash.

Las infracciones por malos manejos detectadas por Sunat en contra de Southern Perú Cooper Corporation y Cerro Verde fueron ratificadas por el Tribunal Fiscal. En los otros tres casos, esta instancia decidió a favor de las empresas a pesar de las evidencias presentadas por el ente recaudador, incluido el caso de la cuestionada compañía Doe Run. En cada resolución del Tribunal Fiscal participan tres vocales. En los cinco casos analizados para este reportaje, intervinieron 11 vocales (algunos se repiten en distintos casos). Diez de ellos aún se mantienen en el cargo desde, por lo menos, 2010.

 

Las transacciones de estas compañías observadas por Sunat son descritas en resoluciones del Tribunal Fiscal que datan entre 2009 y 2017, pero que se remontan a hechos que ocurrieron entre 2002 a 2005 debido a que los procesos sancionadores por infracciones tributarias pueden demorar hasta 10 años en resolverse en esta instancia bajo el secreto tributario. Los nombres de las compañías y sus registros únicos tributarios (RUC) son tachados en estas resoluciones. Sin embargo, el cruce de información y proceso de verificación nos permitió identificar los casos y los esquemas oscuros.

Uno de ellos es el caso de Southern Peru Copper Corporation, que opera desde los años noventa en el sur del país. En setiembre de 2009 analistas de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Sunat (Prico) determinaron que la minera había realizado operaciones comerciales sospechosas entre los años 2003 y 2005. Una de ellas era la declaración de pagos efectuados en 2003 por servicios de consultoría y asesoría técnica ofrecidos por una empresa asociada al grupo empresarial Southern domiciliada en México:  SAASA o Servicios de Apoyo Administrativos S.A.

La empresa SAASA tenía como presidente a Germán Larrea Mota Velasco, un magnate minero y actual director ejecutivo del Grupo México, considerado como la corporación minera más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, a la cual pertenece también Southern Copper Corp, matriz de Southern Perú Corp.

Según un contrato firmado, en noviembre de 2000, entre Larrea Mota y el presidente de la filial peruana, Óscar Gonzales Rocha, la mexicana SAASA cobraría un total de siete millones de dólares por servicios de financiamiento y de asesoría legal y corporativa a su asociada.

Los auditores de Sunat establecieron que Southern Perú había entregado documentación genérica que no acreditaba en forma fehaciente el valor real de esos servicios por lo que no justificaba que el monto fijado debía ser deducido de los gastos para reducir el pago del impuesto a la renta.

La observación sobre los servicios ofrecida por SAASA fue llevada al Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas por Southern Perú. La compañía presentó el informe ‘Estudio de Precios de Transferencia’, elaborado por la auditora internacional Ernst & Young, que observó que esos “pagos por concepto de servicios realizado por parte de SAASA cumplían con el principio de libre concurrencia”, es decir, con los principios del libre mercado.

Luego de un año de litigio, los tres vocales del Tribunal Fiscal confirmaron la infracción impuesta a Southern Perú por Intendencia Nacional de Grandes Contribuyentes con una resolución del 21 de julio de 2010.

Dos años antes de que la operación fuera detectada por Sunat, en 2007 funcionarios de la administración tributaria de los Estados Unidos, el Servicio de Rentas Internas (IRS), también objetó el valor de los servicios provistos por la compañía afiliada a la matriz, Southern Copper Corporation. Incluso buscó desaprobar una porción de los honorarios pagados, tal como reconoció la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de ese país.

Campamento de la minera quenuales

Campamento de la minera Los Quenuales, en la sierra de Lima

 

Millones bajo la lupa

Ajustando precios de transacción de acuerdo a sus propios intereses comerciales, las empresas eluden el pago millonario de impuestos, lo que contribuye al enorme forado mundial que llega hasta los US$240 mil millones por año y representa entre el 4% y 10% de la recaudación global, según un análisis publicado a fines de 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta entidad internacional reúne a 34 países y Perú aspira a ser uno de estos miembros.

Para que nuestro país forme parte de OCDE, las autoridades están obligadas a fortalecer la política tributaria para detectar mecanismo complejos de elusión y evasión de impuestos como la manipulación de precios de transferencias de bienes y servicios en el exterior.

El diagnóstico es preocupante. El 6 de diciembre de 2017, el entonces jefe de Sunat, Víctor Shiguiyama fue convocado  a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, para explicar la baja recaudación fiscal: S/. 90 mil millones, la más baja desde hace diez años (Ver https://www.youtube.com/watch?v=yZ7oliAwET4 )

En esa sesión en el Parlamento, Shiguiyama advirtió que se dejó de recaudar S/. 55 mil millones y que una de los principales orígenes se debía a la manipulación de los precios en operaciones efectuadas entre compañías del mismo grupo empresarial.
Victor Shiguiyara

Victor Shiguiyama, jefe de Sunat en 2017 adelantó lo que se viene en control de Precios de Transferencia

Tres años antes, en marzo de 2014, Tania Quispe, exjefa de la Sunat, reconoció que el monto de las operaciones involucradas en precios de transferencia entre 2007 y 2012 llegó a US$370 mil millones, de las cuales el 65% fueron internacionales. Fueron 590 empresas que realizaron estas transacciones, en su mayoría principales contribuyentes (Pricos), según declaró en un foro sobre tributación.

Tania Quispe señaló que había “un universo de 6 mil casos de exportadores de concentrados mineros, con préstamos a países de baja imposición” tributaria.

Diversas fuentes que tienen conocimiento cercano de las actividades de fiscalización de Sunat, informaron a Convoca.pe que mil empresas están en la mira de los auditores de Sunat, entre ellas Cerro Verde, de capital estadounidense; Las Bambas, que opera el proyecto de cobre más importante del Perú y pertenece a la compañía china MMG Ltd., y Gold Fields La Cima, filial peruana de la productora de oro sudafricana Gold Fields Ltd.

Para detectar estas operaciones sospechosas, los analistas de la Gerencia de Fiscalización y Precios de Transferencia se enfocan en las compañías con los siguientes patrones: ingresos millonarios, transacciones de venta de minerales y bienes entre empresas del mismo grupo empresarial o su matriz, además de complejos mecanismos de exportación a través de sociedades domiciliadas en países con baja o nula tributación: los paraísos fiscales.

En la mira de Sunat también están los traders, comercializadores de los metales de las compañías locales, como la multinacional Glencore con sede en Suiza, y los grupos Louis Dreyffus y Trafigura, cuyo negocio es el procesamiento y comercialización a nivel mundial de bienes, entre ellos los minerales de empresas peruanas. Estas multinacionales poseen estructuras offshore y realizan operaciones en diferentes jurisdicciones tributarias adicionales al Perú.

Un trader negocia los ajustes de precio al momento de adquirir el concentrado del mineral como al momento de venderlo, de forma tal que la diferencia le deje un buen margen de ganancia. Debido a que la fuente de la rentabilidad de un trader es la negociación de los ajustes por “gastos de tratamiento” con las compañías mineras a quienes compra el concentrado, Sunat analiza sus operaciones con más detenimiento.

Comisiones fantasmas

Entre las resoluciones del Tribunal Fiscal analizadas, Convoca.pe detectó dos casos relevantes que tienen como protagonista a la minera Cerro de Verde, de capital estadounidense, y Antamina, cuyos principales accionistas son la minera australiana BHP Billiton y la suiza Glencore.

En el caso de Cerro Verde, en 2002 la minera dedujo de su renta $US156 025 mil por “comisiones de venta” pagadas en el exterior a una empresa vinculada. Sunat solicitó que las ventas fueran acreditadas con documentación precisa. Lo que entregaron los ejecutivos de la minera no convenció a los vocales del Tribunal Fiscal, quienes finalmente dieron la razón a los auditores de Sunat porque la compañía no pudo acreditar el pago de la comisión a la empresa vinculada.

Los auditores de Sunat también identificaron un servicio contratado por Cerro Verde a otra empresa del mismo grupo comercial, por un monto de $US 1’380,000, que también fue deducido de la renta de 2002 de la compañía. La máxima autoridad administrativa aseguró también que Cerro Verde no pudo acreditar que el servicio realmente se ofreció y el Tribunal confirmó la resolución de Sunat en contra de la productora de cobre.

Hasta el cierre de la edición, la minera Cerro Verde no había respondido nuestro pedido de información sobre el litigio con Sunat en el Tribunal Fiscal.

Valores antojadizos

En 2007, los inspectores de la  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) durante una de sus inspecciones a la minera Antamina ubicada en el distrito ancashino de San Marcos, detectaron que los minerales extraídos durante 2004 fueron vendidos meses después a empresas del mismo grupo empresarial como  Teck Cominco (Canadá) Metals Ltd y Rio Algom Limited.

Sunat argumentó que el precio de venta final no se ajustaba al valor histórico del momento y que Antamina debió incluir US$ 3 millones 580 mil 475,  monto que no había sido considerado para el cálculo de los tributos de ese año.

Los ejecutivos del área de comercialización de Antamina alegaron que el precio pactado durante la liquidación final era lo que debía tomarse en cuenta. La empresa argumentó que el valor definitivo de la transacción está sujeto a la liquidación final, en el cual influyen otros factores como la humedad. Descontentos con la multa recibida por el ente tributario, la empresa llevó el caso al Tribunal Fiscal.

En 2014, diez años después de la operación observada, una sala del tribunal conformada por dos abogados y un contador dio la razón a la minera, señalando que el precio de transacción objetado por el ente recaudador “no solo estaba sujeto a las fluctuaciones del precio de mercado sino también a los ajustes por factores externos como el peso seco y la humedad”.

En ninguna parte de la resolución, la Sala tuvo en cuenta que las operaciones que fueron motivo de reparo de la Sunat se hicieron entre dos empresas que seguían las directivas de la casa matriz.

 

En respuesta a nuestro pedido, la minera Antamina precisó mediante un correo que fue un proceso que “buscaba precisar la oportunidad de reconocimiento del ingreso gravado. primero un ingreso estimado, y luego el ajuste por el diferencial conforme a la liquidación final”. Según la empresa, la decisión del Tribunal Fiscal  resolvió esa diferencia con Sunat.

Precisó que ese asunto no estuvo vinculado al tema de precios de transferencia porque “recién (estas) fueron emitidas años después del caso” que aborda esa resolución.

Las decisiones y estrategias para manipular precios son adoptadas por la empresa que controla las subsidiarias, según la documentación revisada y las entrevistas con los expertos.  Esto se hace evidente cuando los gerentes financieros o comercializadores de las empresas mineras son citados a la Sunat para explicar las observaciones.

“Ellos no parecen tener idea de porqué se aplicó estos instrumentos en su planeamiento tributario. No tienen capacidad de decisión”, señala un alto funcionario de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes que pidió no ser identificado.

Uno de los recursos empleados por las empresas para planificar su esquema tributario es la utilización de los ‘productos híbridos’, que consisten en contraer una deuda a cambio de la compra futura del mineral.

Desde 2015, Sunat detectó que compañías mineras en etapa de exploración recibieron de su casa matriz, millonarios préstamos a condición de venderles la producción de los siguientes cinco o seis años. La compra se efectúa con un ‘descuento especial’ generando que la venta final de minerales se reduzca en varios millones y por lo tanto una reducción de los impuestos.

Fiscalización limitada

“Se ha hecho muy poco realmente (para enfrentar la manipulación de precios de transferencias), las brechas  son amplias”, señalaron funcionarios de Sunat consultados para este reportaje.

Para enfrentar las sofisticadas ‘estructuras de precios’, las mismas que han provocado un menor impacto en la recaudación de tributos, requieren de más personal capacitado en Sunat para detectarlas.

Un estudio realizado por International Tax Compact y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) en 2013 sobre el desempeño de las entidades tributarias de Latinoamérica, reconocía que Perú aún estaba en un tercer grupo con países que empezaban a fiscalizar estas operaciones, muy lejos de Argentina, México, Brasil y Ecuador. El mismo documento señala que, además de las farmaceúticas, uno de los sectores de mayor riesgo son las operaciones de exportación realizadas por las compañías mineras cuyo monto supera los 27 mil millones de dólares anuales.

En 2016, gracias a las 60 auditoría efectuadas por la Sunat se identificó  manipulación de precios de transferencia por el valor de S/. 400 millones.
Con la nueva reglamentacion vigente desde el año pasado y que fortalece la fiscalización de los Precios de Transferencia, las auditorías de Sunat han sido más consistentes y se han probado casos de manipulación de precios en las compañías. Los casos más emblemáticos, según los millones de dólares evadidos al fisco, serán vistos a mediados de 2019 en los tribunales del MEF.

Conexión Panama Papers

El papel de los estudios de abogados y expertos tributaristas para crear esquemas de elusión se hizo evidente durante la filtración masiva de millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, que reveló múltiples formas ensayadas para burlar los controles de fiscalización de precios de transacción.

Es el caso del abogado Mauricio Muñoz-Nájar, dueño del estudio jurídico Muñoz-Nájar Bustamante y Asociados, cuyo papel de intermediario entre empresas peruanas y el bufete panameño se hizo evidente tras la filtración masiva de documentos conocida como Panama Papers en abril de 2016.

identificó una de las varias de las comunicaciones establecidas entre el director y socio de Mossack Fonseca, Ramsés Owens con Muñoz-Nájar en la que se discuten la forma   para “eludir elegantemente los Precios de Transferencia” en caso realice operaciones entre Perú y una sociedad en territorios de baja imposición tributaria.

“Desafortunadamente, los gastos operativos que genera una LLP de UK (sociedad offshore en Inglaterra) son considerables, pero el beneficio de las mismas está en el ahorro que le genera a nuestros clientes el no pago de impuesto, siempre que se den las condiciones legales para ello”, escribió el panameño en un correo de julio del 2009.

Y Ramsés Owens continuó: “Igualmente, se puede eludir de forma elegante las reglas de transferencia de precios.Por otro lado, una factura que contenga ítems de gastos, podría hacer lograr que las retenciones impositivas sean bastante bajas, lo cual produce ahorro y transferencia de ganancias al extranjero”.

Muñoz Najar optó finalmente por la elección de un esquema offshore en Gran Bretaña para realizar sus operaciones entre Perú y el exterior, persuadido por las gestiones de Mossack Fonseca.

Perú, “jurisdicción potable”

En junio de 2006, Fernando Rizo-Patrón, gerente en Perú del Grupo Rickenbacker Group, una transnacional que ofrece seguros, también buscó al estudio Mossack Fonseca para encontrar un territorio con la más baja tasa impositiva que le sea más conveniente para crear un esquema tributario beneficioso para reducir el pago de impuestos en Perú.

De acuerdo con los correos intercambiados, Ramsés Owens de Mossfon Trust Corporation, le recomendó usar una offshore en los Estados Unidos o Bahamas porque “en Perú ahora hay reglas de ‘transferencia de precios’, en las que hay sanciones para quienes lidian con paraísos fiscales”.

“Al añadir una jurisdicción nueva que no ha sido listada en ninguna lista negra como Nevada, mantiene y mejora el esquema ya planeado para la planificación tributaria de su caso en particular, sobre todo por las ventas que se realizaría a Perú, lugar que además tiene reglas fuertes de “transferencia de precios”, refiere el correo enviado el 6 de junio de 2006.

El ejecutivo de la compañía en Lima accedería finalmente a los consejos del directivo panameño, como consta en las comunicaciones internas de Mossack Fonseca a las que accedió Convoca.pe, como parte del equipo que investigó el caso ‘Panama Papers’, con el liderazgo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Insuficiente control

Debido a las exigencias del OCDE para que el Perú fortalezca la fiscalización internacional, se prevé que el monto de las operaciones detectadas por Precios de Transferencia sea superior a los 600 millones de soles.

Si bien los precios de transferencia son considerados desde 1996 en Perú para fiscalizar los pagos del impuesto a la renta, el concepto recién se aterriza en 2001. Años después, una reglamentación más amplia se incluye en 2006, pero por cuestiones de índole operativo, recién se pone en blanco y negro desde 2017 cuando el Estado peruano aceptó incluir un reglamento sugerido por la OCDE.

Ese reglamento exige que desde octubre de este año más de 3 mil 500 empresas estén obligadas a presentar a la Sunat un Reporte Local, es decir detalles de sus operaciones con empresas asociadas a nivel nacional. Una cantidad similar de compañías con más de mil millones en ingresos deberá también declarar el llamado Reporte Maestro, un detalle de sus operaciones con empresas asociadas que están domiciliadas fuera del país.

De ese universo de empresas, aproximadamente veinte empresas cuya matriz se encuentra fuera del territorio peruano, deberá presentar un “Reporte país por país”. Las declaraciones sobre las operaciones proceden de la información tributaria que pueda comunicar oportunamente a las autoridades tributarias de los países donde la matriz tiene su sede y realiza el control de su filial.

Sin embargo, los montos de dinero detectados en las operaciones que fueron fiscalizadas por Sunat, sólo podrían ingresar a las arcas de Sunat después de cuatro años, cinco o más de tiempo de disputa o litigio.

En 2013, mientras el ente tributario de Argentina había realizado 130 controles, México 87 y Brasil otros 60, en Perú Sunat solo había ejecutado 11 auditorías a empresas exportadoras, seis de ellas pertenecientes a la actividad minera.

Para el próximo año, se espera que los equipos de Precios de Transferencia de la Sunat incrementen sus acciones de control
sobre todo a las empresas que mantienen esquemas financieros complejos como las grandes compañías mineras.

Con la colaboración de los periodistas Anthony Quispe, Jackeline Cárdenas y Gonzalo Torrico.

Fuente:http://convoca.pe/investigacion/juegodeprecios-los-esquemas-oscuros-de-la-gran-mineria-para-reducir-impuestos?fbclid=IwAR2JIGt_dqsx4wqSIg_rhuv5ENhEpiGo9db9eO7vQwBl0ZyV8WKq6pzvocg

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Pobladores de Apurímac piden levantar estado de emergencia del corredor minero del sur https://www.ocmal.org/pobladores-de-apurimac-piden-levantar-estado-de-emergencia-del-corredor-minero-del-sur/ Wed, 12 Dec 2018 02:39:12 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43429 Desde tempranas horas pobladores de Fuerabamba y Cotabambas, en Apurímac, acudieron a Cusco para esperar al presidente Martín Vizcarra y exigirle que levante el estado de emergencia en el corredor minero del sur.

“Estamos recibiendo abusos, nuestra casa ha sido violada por la minera Las Bambas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros y por todos”, exclamó uno de los pobladores.

Desde el 2010 el corredor minero del sur es escenario de conflictos sociales que originaron protestas, bloqueos de carreteras, entre otrosa., por el rechazo de los campesinos a las mineras MMG Limited, dueña de Las Bambas; Hudbay Perú, que explota Constancia; y Glencore, que tiene en sus manos Antapaccay y Coroccohuayco. Todas extraen, principalmente, cobre.

Incluso en los años 2015 y 2016 las huelgas y enfrentamientos con la Policía dejaron cinco fallecidos.

La protesta fue considerada por el Ejecutivo como un conflicto activo en escalada. Por lo que el presidente Martín Vizcarra decidió este año declararlo en estado de emergencia por 30 días en el mes de setiembre. [...]]]> Desde tempranas horas pobladores de Fuerabamba y Cotabambas, en Apurímac, acudieron a Cusco para esperar al presidente Martín Vizcarra y exigirle que levante el estado de emergencia en el corredor minero del sur.

“Estamos recibiendo abusos, nuestra casa ha sido violada por la minera Las Bambas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros y por todos”, exclamó uno de los pobladores.

Desde el 2010 el corredor minero del sur es escenario de conflictos sociales que originaron protestas, bloqueos de carreteras, entre otrosa., por el rechazo de los campesinos a las mineras MMG Limited, dueña de Las Bambas; Hudbay Perú, que explota Constancia; y Glencore, que tiene en sus manos Antapaccay y Coroccohuayco. Todas extraen, principalmente, cobre.

Incluso en los años 2015 y 2016 las huelgas y enfrentamientos con la Policía dejaron cinco fallecidos.

La protesta fue considerada por el Ejecutivo como un conflicto activo en escalada. Por lo que el presidente Martín Vizcarra decidió este año declararlo en estado de emergencia por 30 días en el mes de setiembre. Este plazo fue ampliado sucesivamente.

Además, los pobladores piden ser incluidos como zona de influencia directa y también que se implemente la consulta previa para que los comuneros evalúen si aprueban la explotación en ese nuevo tajo. Al momento, no encuentra una solución.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1371599-martin-vizcarra-pobladores-apurimac-piden-levantar-emergencia-corredor-minero-sur-video?fbclid=IwAR1dMlJ1hWJWoxPrEyjLHWl7qrlnuRSp8Ibd2FIbUhwDrzbZLYOgHuIhYCk

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