El 28 de julio de este año, durante el discurso por Fiestas Patrias, el presidente Alan García fue contundente respecto al caso de Doe Run Perú, señalando que se le retiraría la licencia. Muchos entendieron que ello equivalía al anuncio de un cierre inmediato de operaciones de una empresa que ha incumplido todos sus compromisos ambientales con el país.
Sin embargo, los hechos ocurridos en los días posteriores confirmaron que el anuncio presidencial era en realidad una de las ya conocidas poses para las tribunas y las cámaras. La realidad era distinta.
Un representante del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), señalaba que la empresa tiene un plazo total de 20 meses para terminar con su PAMA. Una revisión detallada de la norma permite confirmar una vez más que se sigue desinformando al país sobre este caso.

En efecto, la norma establece diversos plazos que debe cumplir la empresa. El plazo que venció el 27 de julio, sólo se refería a la obtención de financiamiento y el reinicio de operaciones y su incumplimiento no lleva el cierre del complejo metalúrgico, sino a la ejecución de las cartas fianza y garantías. La norma sólo prevé el cierre total o parcial cumplido un plazo total de 20 meses.

En estos días el futuro de la empresa se define en las instancias de INDECOPI, en la que los acreedores podrían determinar una reestructuración de la empresa o la liquidación de la misma. Mientras tanto los pobladores de La Oroya seguirán esperando.