10 de Enero 2012
La decisión del Gobierno estadounidense, que ha sido evaluada durante dos años, no cancela los proyectos en marcha o aprobados con anterioridad.
Foto: Los Obama, durante una visita al Gran Cañón del Colorado (Arizona) en agosto de 2009


El secretario del Interior estadounidense, Ken Salazar, ha firmado una moratoria de 20 años para evitar explotaciones mineras de uranio y otros minerales en un millón de acres de terrenos públicos del Gran Cañón del Colorado.

En un acto en la National Geographic Society en Washington, Salazar ha señalado que se trata de un paso «serio y necesario» para preservar el Gran Cañón del Colorado, «pieza de incalculable valor del paisaje estadounidense», y el río que lo atraviesa.

Michael Brune, director ejecutivo del club medioambientalista Sierra Club, ha celebrado la decisión del Gobierno de Estados Unidos, ya que, «además, de dañar lugares sagrados de los indígenas americanos y amenazar la vida silvestre, la extracción de uranio podría contaminar de forma permanente la capa freática y los manantiales de la cuenca del Río Colorado».

La medida protege las áreas colindantes al Gran Cañón y la cuenca fluvial del río Colorado, que abastece a los 25 millones de personas de los cuatro estados colindantes que dependen del río para tener agua potable y de riego.

Los republicanos de Arizona se oponen

El secretario del Interior estadounidense destacó el valor turístico del lugar, al que acuden más de cuatro millones de personas cada año. El Gran Cañón del Colorado aporta 3.500 millones de dólares a la economía de Arizona cada año. Los empleos vinculados al sector turístico, además, son muy superiores a la pérdida potencial de empleo vinculado a la minería, uno de los argumentos principales de los que se oponen a la medida.

La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, ha lamentado en un comunicado que «la prohibición de 20 años se produce a expensas de cientos de empleos bien remunerados y, aproximadamente, 10.000 millones de dólares para la economía de Arizona».

La decisión, que ha sido evaluada durante dos años y que ha sido rechazada por la industria minera y la mayoría de los políticos republicanos en Arizona, no cancela los proyectos en marcha o aprobados previamente.