6 de Abril 2011
Compañías dejaron de pagar en dos años L 32 millones

Tegucigalpa,Honduras.

La Procuraduría General de la República, PGR, interpuso 87 demandas en contra de seis mineras que dejaron de cancelar impuestos debido a exenciones que recibieron entre 2006 y 2007 amparadas en un artículo de la Ley de Minería que había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

Las compañías que evadieron la cancelación del arancel son: Entremares, Agregados del Caribe, Minerales de Occidente, Eurocanteras, American Pacific y Cerros del Sur. Estas sociedades importaron maquinaria y sustancias químicas para la explotación minera sin cancelar los gravámenes correspondientes. Lo que el Estado perdió por esa condonación ronda los 32 millones de lempiras.

En las demandas se pide que, además de que se reconozca el pago de los tributos, también se retribuya cierta cantidad de dinero en intereses por el daño patrimonial que ese impago generó al Estado. En abril de 2010, la Secretaría de Finanzas emitió las 87 dispensas, luego de que la Dirección de Fomento a la Minería, Defomin, emitiera dictámenes a favor de perdón del pago de impuestos. El 4 de octubre de 2006 la CSJ declaró inconstitucional 13 artículos de la Ley General de Minería, incluyendo el numeral 74, que permitía la emisión de ese tipo de dispensas. Pese a ello, las empresas invocaron el artículo derogado para recibir la dispensa que el gobierno pasado les concedió.

Responsables

El ex director de Defomin, Roberto Elvir Zelaya, fue el funcionario que firmó los dictámenes a favor de las exoneraciones. De igual manera, el ex secretario general de Finanzas, Allan Ricardo Pineda, debe responder por esa evasión, ya que él firmó las dispensas.

Luego de trascender la emisión irregular de exoneraciones, la Secretaría de Recursos Naturales, de quien depende Defomin, determinó anular los dictámenes, y luego Finanzas procedió a hacer lo propio con las dispensas. Previo a la interposición de las demandas, la

PGR también dictaminó que correspondía la anulación de las dispensas. Ninguna de las compañías mineras involucradas en este escándalo se pronunció, aunque se supo que habían tenido acercamiento con el Gobierno para expresar su interés de cancelar esos impuestos.