05 de Julio 2011
Hoy 05 de julio, he recibido una comunicación de la CIDH donde me informan que otorgó al Gobierno de Guatemala un mes más para pronunciarse sobre nuestra respuesta a su informe en contra de la demanda que presentamos.

La demanda de miembros del pueblo maya sipakapense y del pueblo maya mam de San Miguel Ixtahuacán contra la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que declara que la consulta comunitaria de buena fe sipakapense no es vinculante fue presentada en diciembre de 2007.

El primero de febrero de 2008 la CIDH envió al Gobierno de Guatemala nuestra petición de Medidas Cautelares, iniciando el procedimiento cautelar que el 20 de mayo de 2010 concluyó con las Medidas Cautelares donde la CIDH le solicita al Estado de Guatemala, suspender las operaciones de la mina Marlin, descontaminar las fuentes de agua, implementar programas de salud en contra de la contaminación ambiental, y proteger la vida e integridad física de 18 comunidades mayas de ambos municipios, un aproximado de veinte mil personas según los censos oficiales.

El Gobierno ha incumplido sistemáticamente las Medidas Cautelares, iniciando la CIDH el procedimiento de admisibilidad de nuestra demanda en septiembre de 2010.   El Gobierno respondió la demanda a través de Ruth del Valle de la COPREDEH, expresando que "es inadmisible, infundada e improcedente".  Nosotros enviamos nuestro Informe a la respuesta del Estado en marzo de este año, el cual pude consultarse en: http://pluriculturalidadjuridica.blogspot.com/2011/03/comunicacion-la-cidh-en-respuesta-al.html

La CIDH envió nuestra respuesta al Gobierno del Presidente Colom para que se pronuncien al respecto, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido el Gobierno ha solicitado la prórroga de un mes más a partir del 30 de junio, así que a más tardar el 30 de este mes el Gobierno tendrá que responder para que la CIDH decida si adopta el Informe de Admisibilidad de la demanda del 2007.

El Gobierno del Presidente Colom ha tenido los cuatro años de su período presidencial para restablecer el Estado de Derecho suspendiendo las operaciones de la Mina Marlin, sin embargo, ha priorizado los intereses económicos transnacionales contra los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas guatemaltecos.

El Vicepresidente de la República, el Procurador General de la Nación, y el Ministro de Energía y Minas, nos informaron recientemente que no suspenderán las operaciones de la Mina Marlin, pero como lo informamos, esto no ha terminado.