10 de Diciembre de 2011
PROTESTA. En agosto de este año se desplegó una gran bandera contra la Ley Minera en el parque de El Arbolito, en Quito.
Exfuncionarios del Gobierno de PAIS,  exasambleístas constituyentes,  legisladores en funciones y dirigentes políticos, agrupados en la Coordinadora  Plurinacional por la Unidad de la Izquierda, calificaron ayer de “retrograda” la política oficial en derechos humanos y minería.

El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta; y  el exministro de Gobierno, Gustavo Larrea,   criticaron en la Asamblea la “imposición de una mega minería que afecta los derechos de la naturaleza” y denunciaron la entrega “de manera  inconsulta las concesiones mineras a transnacionales en comunidades de Quimsacocha, Morona Santiago,  Bolívar, Selva Alegre”.

“Se incumplió el derecho a la consulta previa y consulta prelegislativa”, afirmó Gerónimo  Yantalema, de Pachakutik, y  advirtió que  las actividades mineras han destruido importantes zonas de recarga hídrica. “En un estado de derecho, es terrible y brutal  obligar al  desplazamiento de los territorios ancestrales”, afirmó.  Este domingo se realizará movilizaciones de las poblaciones que han sido desplazadas y desalojadas como consecuencia de esta actividad.

Despidos

Mientras tanto, exigieron a la Corte Constitucional un pronunciamiento para que declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo  que cesó en sus funciones a cerca de 4 mil empleados públicos, que, según el Gobierno, fueron separados por supuestos actos de corrupción.  “¿Si son corruptos, qué indemnización cabe?”,  preguntó Larrea

EL DATO
Esta semana el Gobierno cerró un acuerdo con la canadiense Kinross para la extracción de oro en la selva.