Honduras

Resistencias comunitarias sanan la tierra arrasada. Diario de viaje en Honduras

Una crónica de viaje en primera persona desde territorios defendidos por sus propios habitantes. Una serie de relatos fragmentados acerca de las defensoras de las tierras, los cuerpos y las ideas en Honduras.

Día 1

Esta vez será diferente, me prometo antes de salir de Guatemala. Esta vez seremos ¡50 activistas!, entre periodistas y defensoras de los territorios y los derechos de las mujeres. Estas son las notas y reflexiones mentales que amasé durante mi participación de la misión ‘El abrazo’, coordinada por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.

El viaje reúne entre el 22 y 26 de enero a 52 activistas, entre ellas periodistas, sanadoras y defensoras de los derechos humanos. Con objetivos humanitarios mezcla, como un caldo nutritivo, a representantes de por lo menos 28 organizaciones sociales, feministas, campesinas, indígenas y negras y de la comunidad LGTBI+ de 13 países que recorren los territorios que muestran focos de resistencia, desobediencia civil y defensa de la vida en este país de nueve millones de habitantes. La caravana se dividió en dos grupos que tomaron diferentes rutas y que tuvieron diversas vivencias, todas aunadas por la aproximación a las defensoras del territorio y la constatación de la represión que se vive en Honduras.

En la cabina de conducción de la van viaja una chamana que, según dicen, nos abrirá los caminos en el concreto hondureño, para evitar los controles militares a los lados del camino. Al finalizar el trayecto confirmamos que a nuestra caravana no la detuvieron los hombres de negro armados que vigilan el movimiento en Honduras. El grupo que viaja rumbo norte sufre el acoso del Ejército.

En este país la institucionalidad comenzó en 2009 un proceso de quiebre que afecta directamente a los derechos humanos de la población. Por poner un ejemplo: la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE), cuya prohibición el expresidente Mel Zelaya había vetado, fue cooptada por el Gobierno militar encabezado por Roberto Micheletti, quien prohibió la promoción, divulgación y utilización de la PAE. Hasta el momento vigente.

La militarización se expandió así como los permisos para que las empresas extractivistas sigan exprimiendo de las fuentes de riqueza natural hondureñas. La criminalización de movimientos sociales y feministas y una mayor injerencia de Estados Unidos en la política interna son notables. Son comunes las propuestas legislativas cargadas de dogmas religiosos que violan el derecho al libre culto, la igualdad, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía tomando en cuenta el sexo y orientación sexual.

Antes de salir se reparten libros para las visitantes: informes de violaciones de derechos humanos a las defensoras. Tomo uno de los libros: ‘Defender para vivir. Informe sobre la situación de las defensoras en Honduras 2016/2017’. A contracorriente de lo que podría esperarse, el informe comienza con una canción y cierra con una poesía. No somos números, no somos estadísticas. Nos atraviesan historias, sentimientos, deseos. Y los politizamos.

Este es mi territorio
Si alguien tiene que irse no soy yo
Que se vayan toditos
Los que roban y matan sin dolor.

Cierro el libro y me recuerdo que todas estamos aquí por el derecho a defender derechos. Y en esa frase que en principio suena cacofónica se revela una cadena de protección infinita. Somos todas gotas del mismo río.

Nuestra primera parada es en Chinda, Santa Barbara, donde nos esperan con café orgánico, elotes y unas torrejas inolvidables. Las mujeres más pobres, lo son sólo en término de recurso económico pues ostentan generosidad en las comidas, justeza en sus palabras y calidez en los abrazos que ellas nos dan a nosotras.

Hacemos una ronda informativa acerca de los atentados que viven cada día. Las mineras las atacan, las hidroeléctricas quieren avanzar más allá de lo acordado. Sus tristezas, sinceridades y actos políticos me ayudan a no perder la esperanza en la especie humana que cuida el medio ambiente como un ser fundamental en nuestras vidas. La vida de ellas pende de un hilo y no puedo más que usar mi grabador y estas palabras que escribo. El verde nos abraza. Los árboles son discretos confidentes de la lucha.

Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), señala que las mujeres en esta región son, principalmente, constructoras de vida. “Son las mujeres las que están dando la cara en la defensa. Como movimiento de mujeres somos parte del MAS que es mucho más visible que la red de mujeres, hay agendas mixtas que demandan los problemas ambientales. Se están violentando áreas protegidas. Tenemos una lucha muy grande ante el sistema legal. Las empresas instaladas en nuestra zona se encargan de ejercer el control, el miedo, el poder y la desmovilización”.

Día 2

Dormimos en un extraño hotel situado entre las montañas. El dueño, un judío-hondureño con al contextura de un oso, secundado por un perro-caballo y un arma escondida en el sótano, no duda en explayarse sobre “las mujeres y todo eso”. Comentario que lo confirma: el mejor plan es partir. A las 5 de la mañana estamos todas, calor humano mediante, subidas a la van.

Aún puedo sentir el aroma del día de ayer. En una ronda, antes de plantar árboles en las orillas del río Ulúa, nos perfumamos con una pócima, un aceite delicado con tantos ingredientes que de los que solo recuerdo la canela, y unas hierbas que según nuestra chamana se llaman “seguime” “quereme”. ¡Con esos nombres cómo no querer rociarse! Es una compañera afro colombiana la que lo comparte. Al momento de frotarnos unas gotitas del óleo se nos habla del amor como fuerza revolucionaria. El amor como respuesta a los enemigos. Estoy mareada: a veces no sé desanudar lo que siento frente al concepto de “amor”.

Para mí, en cualquier caso, la expresión más amorosa es la mujer parada a mi lado que, a sus 26 años,carga tres hijas y las ideas bien puestas: reclama controles vinculados a salud sexual y reproductiva para todas las mujeres de su comunidad. María Magdalena Ruiz pertenece a Chinda y en su defensa de los derechos reclama el acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres. “En Chinda muchas mujeres padecen de cáncer de mama. Muchas, debido a que no tienen la capacidad para hacerse un examen, han muerto de cáncer en la matriz. Las alcaldías sí hacen la citologías pero luego no les dan seguimiento. Nosotras como red de mujeres nos sentimos desprotegidas. Lo quieren privatizar todo”, había contado en la ronda una joven madre de dos hijas.

El abrazo, el amor, el apoyo, o como sea que lo nombremos, es dado a esas mujeres amenazadas por querer caminar libres las sendas de sus pueblos. Es compartir contención con esas madres que crían a sus hijes solas y luchan por la salud de todas. Paradas en la cima de sus creencias, gritando sus verdades, organizando sus resistencias y desplegando sus rebeldías.

Día 3. Copán

Las mujeres mayas abrazan nuestra visita a las ruinas de su cultura ancestral. Hoy son ellas el testimonio del despojo. Las puertas del lugar sagrado, el más visitado de Honduras, son privadas para ellas también. Solo a cambio de pago, tal como lo pueden hacer solo las turistas, acceden visitar las raíces de su cultura.

Se presentan bajo la sombra de los árboles. Llegaron en camionetas y algunas recorrieron más de cinco horas para encontrarse con nosotras. También nos dan la bienvenida los pájaros hondureños. Un torogozostenta su belleza y nos sacude la atención desde una rama lejana. Guacamayas rojas, amarillas y multicolores nos seducen desde lo alto.

Copán es un lugar sagrado y sus ruinas lo demuestran a cada paso. Un templo de una cultura que tuvo su esplendor antes de que la primera colonización la atacara. Aquí los templos son testimonios de piedra que relatan cómo eran los espacios donde tomaban las grandes decisiones comunitarias. En esos mismos espacios las mujeres eran reconocidas como las creadoras de la vida. Hoy aún quedan rastros de una cultura que creó arquitectura, magia, ciencia, astronomía, medicina y tecnologías soberanas, sustentables, en armonía con la naturaleza.

El presente político de Copán se dibuja con un trueno: el de la amenaza de la mina cerniéndose sobre la población que hizo que las mujeres y sus familiares pasaran a la acción directa. Amenazas, judicialización y persecución son algunas de las consecuencias para quienes luchan. Madres solteras, mujeres que se enfrentan sin muchos recursos a la justicia, otras que simplemente apoyan acompañando a los juzgados, con una llamada telefónica, un asesoramiento legal.

En Copán hacemos un ritual sagrado liderado por nuestra chamana abre caminos que se llama Margarita. Protegidas por árboles milenarios Margarita llama, convoca, conecta con abuelitos y abuelitas. Se prenden candelas que cargan nuestras intenciones. Se riega guaro en nuestros cuerpos y en el fuego. Nosotras descruzamos brazos, piernas, mentes y dedos. Acariciamos con nuestros pies la alfombra verde. Nos bañamos con la sombra de los árboles. Reconocemos en una reflexión murmurante nuestros errores. Acto seguido nos concentramos las energías que nos permita sembrar, cultivar y cosechar la fuerza para sostenernos en pie. Nos estrechamos las manos, nos cobijamos y el abrazo es este mismo hogar que nos prestan las aves coloridas.

De este lugar me llevo el privilegio de la visita a un lugar sagrado. No obstante cargo conmigo el reclamo de las mujeres defensoras quienes, además de denunciar las arbitrariedades de las empresas extractivistas en estos territorios, señalan la dificultades que aparecen en las organizaciones mixtas a la hora de cuestionar los liderazgos de los varones que ocupan puestos de poder desde tiempos inmemoriales.

Rode Murcia, defensora de los derechos humanos en esta región, así lo explica: “La mayoría de las que estamos enfrente de esas organizaciones somos mujeres, algunas estamos sufriendo el patriarcado y el machismo dentro de las mismas. Y cuando nosotras decidimos tratar de llevar proyectos a las comunidades, los mismos hombres nos ponen tropiezo, nos quieren difamar. Nos están difamando en la zona, y algunas están siendo judicializadas por defender la tierra, sin ninguna prueba en realidad. Pero como mujeres creemos que, como decimos acá, tenemos los ovarios bien puestos”.

Día 4

Llegamos al COPINH (Coordinadora General del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) cortando camino por un paisaje de tapices verdes, cadenas montañosas y montes frondosos como sueños.

Así es La Esperanza – Intibucá, que además tiene un mercado bien nutrido y bullicioso como corresponde a los mercados en Centroamérica. Llegar a la casa de Berta Cáceres y que nos reciba un cartel amarillo “Bienvenidas al Copinh” refuerza la emoción que nos da estar en esos territorios. De conocer a las personas tercas por vivir una vida sin opresiones, que reclaman con el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los territorios. Pese a las balas y las intimidaciones, en el COPINH se siguen jugando la vida por la defensa de una vida digna y libre de extractivismos.

Las activistas de ‘El abrazo’ arribamos a esta casa del pueblo lenca, la casa donde vivió Berta por muchos años y en donde “las energías que dejó son para todas y en donde las energías que las recién llegadas traen se reparten”. Así nos augura la abuelita que enciende las velas y ofrendas reunidas en torno a una foto de Berta. Ella nos mira desde una foto, en la imagen me imagino la mitad sus piernas danzando en el agua del río Blanco. Disfrutándolo, cuidándolo, conectando con los seres del río.

Son horas de compartir historias, de escuchar las violaciones que las mujeres defensoras resisten. De conocer la forma en que le dan la vuelta al ataque y cómo, pese a las balas e intimidaciones, se mantienen firmes y vivas en las luchas. Marleny Lemus Parada, una integrante activa de la organización, cuenta cómo han sido los días que siguieron al asesinato de Berta Cáceres y el intento de desarticulación del COPINH: “No ha sido fácil pero sin embargo ahí estamos en la lucha en defensa del bosque, de los ríos y la tierra, y de tantas cosas por las que tenemos que luchar aquí para que no nos invadan. Por todo eso fue el pleito para que ellos nos mataran a Berta. Ellos creyeron que matando a Berta mataban a la organización y creyeron que ya no íbamos a hacer nada nosotras”.

La lucha sigue y sigue. Al día siguiente nos muestran orgullosas el espacio de huerta orgánica que recrea el COPINH y que produce para locales con la idea de poder vender en un mercado de precios justos. Nos hablan de la dedicación que le otorgan a las capacitaciones en comunidades, a la vez que hacen un monitoreo local y constante de la situación de las empresas extractivistas en el territorio hondureño para denunciarla.

Visitar Honduras tiene que ver con el abrazo y en ese acto no bajar los brazos en ninguna circunstancia. Este país de diversos verdes violado hasta el cansancio sobrevive por la terquedad de su gente que, enfrentándose con ideas a los palos, se opone activamente al saqueo.

Esta vez ya no tendré pesadillas. Esta vez siento que los movimientos feministas, periodistas, activistas y sanadoras que llegamos a esta tierra honramos la memoria de las mujeres cuyas vidas han sido apagadas. Hay chamanas que nos guían y nos cuidan. Nosotras cuidamos a las demás y tejemos una cuerda invisible de apoyo y solidaridad en este desierto de violencia.

En Honduras los aportes de las luchas de campesinas, lencas, garífunas, mayas Ch’orti’ nos enseñan sobre el enfrentamiento directo al despojo y la política del terror. Damos el abrazo final a las compañeras hondureñas que están en la defensa de los derechos. Estamos atentas, vigilantes y en alerta permanente frente a la represión, criminalización, persecución y violencia que enfrentan.

Fuente: https://movimientom4.org/2019/04/resistencias-comunitarias-sanan-la-tierra-arrasada-diario-de-viaje-en-honduras/

Honduras

Proyecto minero desplaza familias enteras en Colón

Salir huyendo de casa nunca lo imaginó. Irse fue la decisión más difícil que tuvo que tomar, porque creció pensado que era privilegiada al nacer en Guapinol; un pedazo de tierra tropical bajo la falda del imponente y codiciado parque nacional Carlos Escaleras, en el departamento de Colón, zona nororiental de Honduras.

Pero ella, no fue la única en irse. Antes lo hicieron cinco familias más por las mismas razones, aunque bajo circunstancias de violencia. Pareciera que la llegada del supuesto desarrollo que promueven las autoridades significara el desplazamiento forzado de las comunidades, comentaba mientras armaba una pequeña maleta que la acompañarían en un viaje que desconoce si tiene retorno.

Meses antes se le vio participar en el campamento de Guapinol, en las protestas de las calles y a las afueras de un tribunal con jurisdicción nacional donde 12 de sus vecinos y compañeros eran criminalizados por oponerse a la instalación de una minera. El Estado de Honduras y la empresa Inversiones Los Pinares, acusó a delegados de la palabra de Dios y líderes comunitarios de daños, usurpación y asociación ilícita.

A los líderes ambientalistas se les dictó sobreseimiento definitivo a inicios de marzo de 2019, porque la fiscalía no pudo sustentar las pruebas que los incriminaban; un organigrama de “inteligencia” de la Policía Nacional, donde se ve a los ambientalistas bajo la denominación “La Banda de la Aldea de Guapinol”.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que, el Ministerio Público utiliza el derecho penal para acusar de usurpación y hasta del delito de asociación ilícita a la ciudadanía que está defendiendo su territorio, ante la instalación de proyectos extractivistas.

A pesar que Guapinol geográficamente está inserto en una región de conflicto agrario y de presencia de narcotráfico, para ella (a quien llamaremos únicamente así), y los suyos es un paraíso terrenal. Sabe que la falta de institucionalidad le da poder al crimen organizado y los terratenientes para matar y robar la tierra a los campesinos. O para comprar la justicia y protegerse bajo el uniforme militar.

Ella cuenta que en el Aguán los días calurosos se calman con un buen chapuzón en el río; acompañada de gente amada, frutas de temporada y una buena dosis de risas. ¡Así la vida es bonita! El río Guapinol abastece de agua a la comunidad y otros sectores aledaños que lo utilizan para el consumo humano, aguar el ganado y regar los cultivos.

También dice que la gente con orgullo se describe como trabajadora y emprendedora. Varias familias se alimentan de los ingresos que produce el monocultivo de la palma africana, otras de lo que deja la ganadería y la siembra de granos básicos, y la mayoría de las familias viven producto de las remesas que reciben de sus familiares que emigraron a Estados Unidos y España.

En cada palabra que pronunciaba sobre su pueblo trata de explicar el por qué es necesario arriesgar hasta la vida por esa tierra, sobre todo contar cómo las mujeres están viviendo la implantación de un modelo económico extractivo que las criminaliza, persigue y desplazada forzosamente, cuando debería de ser el Estado quien les garantice el goce pleno de sus derechos.

La libertad de sus compañeros y compañera criminalizada significó una enorme alegría, el pueblo lo celebró a lo grande, pero ella es consciente que las amenazas siguen latentes. La empresa sigue con los trabajos en la zona gracias a la seguridad que recibe de la Policía Nacional y Militar. A través de redes sociales se ha denunciado que los militares en pleno abuso de poder impiden que la gente permanezca en el río.

Ella denunció en repetidas ocasiones que a la comunidad llegaron personas ajenas que, además de trabajar con la minera se dedican a hostigar a la ciudadanía que públicamente se ha pronunciado contra la mina. “A dormir como las gallinas”, dijo entre risas y lamentos, porque las mujeres que tuvieron que huir les tocó dejar abandonadas hasta las gallinitas y otros animales que eran el sustento de sus familias. También tuvieron que irse defensores de derechos humanos y comunicadores, amenazados por los uniformados y los allegados a la empresa.

Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), establecen que durante el 2018 más de 950 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por causas asociadas a la violencia. Organizaciones ambientalistas aseguran que esa violencia está muchas veces relacionada con los conflictos que viven las comunidades por la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.

 

La concesión: el conflicto

Corría la fiesta de San Isidro Labrador en Tocoa cuando el pueblo comenzaba a indignarse. El agua del río era color chocolate y olía mal. Don Reinaldo, uno de los líderes criminalizados cuenta que les tocaba bañarse así; no había de otra, cuando el cuerpo se secaba quedaba pegajoso por la cantidad de lodo o sedimento que el agua llevaba.

Desde 2012 se conocía que la montaña Escaleras estaba destinada para la explotación minera de óxido de hierro. Hasta ese entonces únicamente sabían que la concesión minera pertenecía a la familia Rivera Maradiaga “Los Cachiros”, una banda de narcotraficantes encarcelada en Estados Unidos. Nadie podía hablar de la minera porque el miedo de ser asesinado era real.

La montaña lleva el nombre de Carlos Escaleras, fruto de una demanda internacional contra el Estado de Honduras por el asesinato del ambientalista en octubre de 1997. Veinte años después del crimen, mediante un acto público el Estado reconoció su responsabilidad y pidió perdón. Pero no evitó que se desgranara un conflicto socio ambiental por las concesiones que ha otorgado.

De acuerdo a los análisis e investigaciones del Comité Municipal en Defensa del Agua de Tocoa, Colón y la Coalición Contra la Impunidad, el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 252 – 2013 dictaminado, discutido, aprobado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República. Este decreto dio luz verde para concesionar la zona núcleo del parque nacional.

Además, la comunidad asegura desconocer como la concesión fue a parar a manos del empresario Lenir Pérez, yerno del terrateniente fallecido Miguel Facussé, señalado de obtener grandes cantidades de tierra de forma irregular. Las comunidades han denunciado que las autoridades municipales están al servicio del empresario.

Pérez es un joven dedicado al rubro de la construcción, quien ha logrado posicionarse gracias al renombre de su familia política; abriendo puertas para entablar negocios con el Estado. En el sector Florida en Tela intentó extraer óxido de hierro, pero las comunidades organizadas lo evitaron. Aunque algunos afirman que la amenaza de explotar la mina sigue latente.

Una Honduras en pedazos

El reciente informe “Territorios en Riesgo II, minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras”, elaborado por Oxfam, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), refleja que en el 65 por ciento del territorio de Honduras hay concesiones mineras y de generación de energía.

El estudio especifica que la minería se extiende sobre 156 municipios y la generación de energía sobre 100, mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos. Asimismo, 32 concesiones mineras y 10 proyectos de energía hidroeléctrica se encuentran dentro de micro cuencas.

Mientras el gobierno nacionalista de Juan Orlando sigue impulsando proyectos extractivos en las comunidades, las familias enfrentan la ruptura del tejido social que los expone a las amenazas a muerte, criminalización y desplazamiento forzado.

Ella salió de su comunidad fuera de Honduras. Su gente asegura continuará la lucha para evitar que la mina se instale, de eso dependiente la oportunidad de contar con agua no contaminada, comunidad sin conflictos y familias más consciente que lucharon por un bien común que les llama a no dejarlo arrebatar.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/proyecto-minero-desplaza-familias-enteras-en-colon/?fbclid=IwAR2SUFp5Ti4ZMKf93Os79nM_-OhRYk7KDBEEJ-CE-bHuZc7_MGiVhT10nw4

Honduras

Los bienes comunes naturales: La actual disputa socio-política en las comunidades de Honduras

A manera de introducción

Estamos ante una sociedad de la que no se sabe con claridad si es que no entiende lo que acontece alrededor de las concesiones de recursos naturales y territorios, o simplemente no le importa el tema. Lo cierto es que los conflictos socio-territoriales que se han registrado en los últimos dos años en Honduras (y que han dejado asesinatos, heridos, desalojados, mujeres y hombres perseguidos y acusados de delincuentes), no han sacudido la cimiente de una sociedad que, en su mayoría, aún se muestra apática y lejana al tema.

Poco a poco los recursos naturales se han convertido en el “nuevo botín” detrás
del cual van empresas nacionales y transnacionales, arropadas por el modelo de acumulación neoliberal que comenzó a implementarse con más fuerza en la década los años noventa, con la puesta en marcha de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economía, también conocido como ajuste estructural. De igual forma con la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que consistió en la eliminación de muchos de los artículos a la Ley Agraria de 1975, principalmente los que tenían que ver con la función social de la tierra. Son modificaciones que han favorecido la expropiación de las tierras y su acaparamiento por parte de los grandes terratenientes, agroexportadores y de las transnacionales (Sosa, 2017).

En este corto texto retomamos, de forma breve y reflexiva, el tema “el extractivismo y las concesiones en Honduras”, el que sigue potenciándose como un mecanismo de apropiación de los recursos naturales y la moderna lucha política por las riquezas verdes del país.

 

La “ofensiva extractivista” en América Latina

En términos prácticos, la “ofensiva extractivista consiste en un ciclo profundo y acelerado de expropiación, mercantilización y depredación de los bienes comunes naturales, es decir, aquellos que pertenecen a toda la sociedad. Algunos ejemplos de esa práctica son las concesiones para la agroindustria, la minería a gran escala, la industria forestal, megaproyectos turísticos y la construcción de megaproyectos de infraestructura. En Honduras, esta modalidad, al igual que en el resto de Latinoamérica, también está presente (Seoane, 2012).

Los últimos dos gobiernos nacionalistas (Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández), han impulsado fuertes procesos de modificación de la normativa jurídica existente para propiciar la concesión de territorios y recursos naturales.

La nueva ley de minería, la Ley para la Promoción de la Inversión Público Privada, la Ley para la Promoción y la Protección de las Inversiones, Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), son algunas normativas que han permitido la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, así como la construcción de represas (ERIC, 2016).

Con base en datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en Honduras se registran aproximadamente 76 concesiones hidroeléctricas y 363 mineras, con la presencia de este tipo de concesiones en 17 de los 18 departamentos del país.

De forma precisa, la modalidad extractivista consiste en la explotación y apropiación de los bienes naturales comunes. Por lo tanto, esta actividad económica tiene efectos devastadores para el medio ambiente y para la biodiversidad, y están sustentados por las políticas de “desarrollo” creadas para propiciar las super ganancias de las élites políticas y económicas en alianza con el capital transnacional.

Pese al discurso que hay alrededor de este modelo, en la práctica genera y potencia conflictos territoriales en zonas agrarias-campesinas y en comunidades indígenas y negras. Esto explica porque para su plena implementación se ha recurrido, desde el 2013, a la re-militarización del Estado, en el marco de la creación nuevas unidades militares-policiales en Honduras, tales como:

  1. La Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA)
  2. La Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES)
  3. La Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras (PMOP). Estas unidades han desempeñado un papel central en los desalojos violentos y en la criminalización de las y los defensores de los territorios (Irías, 2017).

 

La invisible y silenciosa corrupción detrás de la explotación de los bienes comunes naturales en Honduras

Probablemente es porque el tema ha sido poco estudiado, porque es difícil documentarlo y porque a los medios de comunicación no les interesa abordarlo por la confabulación que persiste entre ellos y el sector empresarial hondureño que está siendo beneficiado con las concesiones, que el tema de la corrupción detrás de las concesiones de territorios y de recursos naturales, es invisible.

Al estudiarse la relación entre redes de corrupción y los procesos de entrega de
concesiones, se identifica un sistema que opera con múltiples e interconectadas
redes, cuya operación está sustentada en actos ilícitos para maximizar los beneficios entre los miembros. La complejidad de esta alianza es tal, que implica la intersección de tres sectores: el sector público, el privado y de las estructuras criminales externas (Chayes, 2017). Esto constituye una situación de mayor riesgo para el respeto de los derechos humanos de las comunidades y los liderazgos sociales en conflicto con proyectos de explotación de recursos naturales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/los-bienes-comunes-naturales-la-actual-disputa-socio-politica-en-las-comunidades-de-honduras/

Honduras

Aura Minerals/MINOSA (minera Canadiense-Estadounidense) y policía hondureña atacan a la comunidad de Azacualpa

Boletín de prensa: Aura Minerals/MINOSA (minera Canadiense-Estadounidense) y policía hondureña atacan con bala viva y gas lacrimógeno a la población, cortando y quemando ilegalmente al bosque a la par del cementerio y comunidad de Azacualpa

Esta tarde (30 marzo 2019), agentes policiales hondureñas reprimieron con bala viva y gas lacrimógeno a los pobladores de Azacualpa, quienes ejercían su derecho y deber de defender a su territorio, incluyendo a su cementerio. Rights Action reenvía este resumen en base a informaciones y pobladores de Azacualpa, defensores de territorio, la madre tierra y de los derechos humanos.

Aura Minerals/MINOSA, minera Canadiense-Estadounidense, ha estado operando ilegalmente a su mina de oro – incluyendo exhumiendo ilegalmente a cadáveres del cementerio y cortando ilegalmente a árboles alrededor de la aldea de Azacualpa.

Aproximadamente 50 personas, entre ellos miembros del comité ambiental, patronato y demás vecinos llegaron al lugar cerca de las nueve de la mañana exigiendo que se les mostrara los permisos para las operaciones que realizaban en la zona. Ante la renuencia de los agentes y empleados a cooperar, los pobladores comenzaron a discutir y grabar el conflicto con sus celulares. Los pobladores saben que hay un amparo impidiendo la operacion minera y que no se puede talar árboles “a placer”. Los policías se dedicaron también a intimidar a varios comunitarios por grabar el suceso.

Entre las discusiones se apersonaron dos agentes de la policía rural y el comisionado de la policía de Santa Rosa de Copán. Los agentes aseguraban que Aura Minerals/MINOSA tenia el permiso, pero no lo mostraban.

Les aseguraron a los agentes y al comisionado que en una asamblea se había determinado que no era permitido tirar arboles ni levantar cercos en esa zona. Rodrigo (no dieron apellido) de la empresa de seguridad SESSER, comenzó a cuestionar e intimidar a los pobladores, mientras el comisionado amenazaba con arrestar a los pobladores que violaban sus “medidas”.

Se agendó una reunión entre Aura Minerals/MINOSA, el comisionado y el patronato para el siguiente lunes, acuerdo tras el que los pobladores se retiraron a sus casas.

A pesar de esto, un tractor entró cerca de las tres de la tarde (30 marzo) a devastar el bosque lo que produjo la reacción de los defensores del territorio, quienes pretendían detener la maquinaria.

A raíz de esto llegaron cerca de 16 agentes policiales quienes agredieron con disparos y gas lacrimógeno incluso a mujeres y niños. “Éramos como 70 y después llegaron como 50 mas,” relata un miembro de la comunidad.

La policía disparó a todas las personas y las bombas lacrimógenas provocaron un incendio en una loma que se le nombre Los Botaderos. Luego de provocar el incendio, los agentes policiales se retiraron.  Varios comunitarios quedaron apagando el fuego en el bosque de la loma. No se reportaron heridos graves, pero si daños por el gas lacrimógeno y heridas superficiales. Lograron sacar la maquinaria.

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COPAN, AZACUALPA: DIGNIDAD VERSUS SERVILISMO Y CORRUPCIÓN OFICIAL

Hoy, la gente de Azacualpa, Copán, a pesar de todos los atropellos y la imposición histórica de MINOSA [subsidiaria de la minera Aura Minerals] y todos los funcionarios de gobierno, hartos salieron a defender sus derechos, su territorio, su cementerio. Hasta allá llegó la Policía Nacional a lucirse como aparato de seguridad y represión de MINOSA. Sus bombas no solo afectaron la salud de la gente, también provocaron incendio de la zona.

Cuánta corrupción y servilismo. Ojalá un día no muy lejano, logremos un levantamiento en todos los territorios y nos libremos de tanto saqueo y normalizada corrupción e impunidad.

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Comunicarse con
Aura Minerals
Rodrigo Barbosa, President and CEO
Monty Reed, General Manager, San Andres Mine, Honduras
[email protected]
[email protected]
www.auraminerals.com

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/aura-minerals-minosa-minera-canadiense-estadounidense-y-policia-hondurena-atacan-a-la-comunidad-de-azacualpa/

Honduras

Guapinol: ¡Se ganó una batalla, pero la lucha sigue!

Hasta mediados del año 2018, Guapinol era una aldea completamente desconocida. La concesión de los ríos San Pedro y Guapinol (mismo nombre que la aldea) puso a la comunidad en el escenario público tras iniciar una lucha para detener a la Minera Inversiones Pinares.

Sin embargo, Guapinol cobró vigencia internacional luego que el Ministerio Público llevara a los tribunales a 12 de los líderes de la lucha ambiental, en medio de un proceso judicial lleno de vicios y arbitrariedades, que ha dejado una serie de lecciones y evidencias históricas sobre cómo opera el sistema de justicia de Honduras, cuando se colude con el poder.

Un baño con lodo en Guapinol

Para entender lo que viven la población de Guapinol, quizás sea necesario cerrar los ojos e imaginarse esto: “desde que abrieron la calle el sedimento cayó al río. Estuvimos tres meses bañándonos con lodo; no se podía lavar ni un plato porque era el vivo lodillo que llegaba a las llaves y las pilas”. Esa expresión no es una invención, es parte de la narración que nos hizo Juana Zúñiga, uno de tantos días en los que estuvo en las afueras del Juzgado en materia de Extorsión, en Tegucigalpa, espera de la resolución sobre las acusaciones que se presentaron en contra de 12 de sus compañeros de lucha.

Agregó, “para bañar a los niños teníamos que comprar botellones de agua y por eso nos levantamos, por eso nos oponemos a la minera y por hacerlo, nos criminalizan. El delito que cometemos es defender la vida, el agua y por eso acusaron a los compañeros”, dijo Ana, de forma sencilla pero tan profunda para ejemplificar el por qué un pueblo se levantó en Honduras en contra de una empresa minera.

La voz de Juana no es la única que se alzó contra la minera Inversiones Los Pinares. Hoy, 20 comunidades resisten y exigen que la minera salga de la zona. Pero, por emprender la lucha, 12 pobladores (11 hombres y 1 mujer) fueron llevados a los tribunales hondureños. Sin embargo, estas 12 personas son parte de los 31 líderes y lideresas que fueron procesados. Su delito: defender el agua, los recursos, su territorio y la vida. Pero por defender esos bienes, el Ministerio Público los acusó de usurpación y daños, robo, privación injusta de la libertad, asociación ilícita e incendio agravado.

¿Cómo surge el conflicto?

Guapinol es una zona donde habitan 4, 500 pobladores. El lugar se transformó con el ruido de la maquinaria que llegó irrumpiendo la tranquilidad del poblado. La apertura de calles fue el primer movimiento que despertó las sospechas en los habitantes. Mientras, en la montaña, la empresa comenzaba a trabajar y tras hacer las consultas, la alerta movilizó a las comunidades.

Ese pueblo está convencido que la minería debe salir y que el Gobierno debe cancelar esas dos concesiones que les están destruyendo la montaña. Por eso se organizaron, buscaron apoyo de organizaciones.

“Estamos en lucha no sólo para defender el río Guapinol, sino el río Tocoa, Zamora, Taujica que son nuestros afluentes de agua en Colón”, dice Orbelina Flores Hernández, Miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, mientras agrega, “el agua es vida y por defenderla nos están criminalizando a los compañeros. Están en juego intereses millonarios y nos están condenando a estar sin agua y eso, no lo vamos a permitir, hasta la muerte vamos a seguir luchando”.

A las comunidades nunca se les informó que la empresa llegaría al lugar. Nunca se les dijo que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), dio los permisos para la explotación de la montaña. Estaban desinformados y el único camino que les quedó fue impedir que las máquinas continuarán destruyendo la zona. Pese a la oposición de la población, ha habido contubernio de las autoridades que han permitido que la empresa opere.

Los afectados

Son unos 100 mil habitantes, los que serán afectados en el departamento de Colón con la explotación. No sólo se trata del municipio de Tocoa, también el impacto alcanza a los municipios de Santa Fe, Trujillo, Balfate, Sabá y Bonito Oriental. Ante la amenaza, como medida, los pobladores han denunciado a sus municipios libres de minería, una declaratoria que los blinda por tres años. Tienen claro, por experiencias registradas en otras zonas de Honduras, que, si la minería continúa, en poco tiempo el paisaje verde, con frondosos árboles, desaparecerá y tendrán una zona desértica. Lo que menos quieren los habitantes es que la mina avance y acabe con lo poco que va quedando en el lugar y por eso siguen en lucha.

“Vivimos en zozobra. Todos los familiares de los que fueron acusados por defender los recursos naturales y pobladores, estamos apoyando la lucha. La familia Facussé llegó a Colón a hacer estragos y han causado mucho sufrimiento a las familias en Colón. Quieren a toda costa trabajar la minería y el gobierno se los permite. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en el caso de mi hermano, su pecado fue estar al frente de la lucha, ser presidente de los bienes municipales en Colón”, dijo con contundencia Melvin Espino, hermano de Juan López, uno de los que fue detenido y quien, además, es el Coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Obligados a salir de su propia tierra

En Ceibita, poblado aledaño a Guapinol, varias familias han tenido que huir. Las presiones los han obligado a dejarlo todo. Kevin Esquivel, contó al equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), que desde octubre viven un calvario. Denuncia que les han mandado personas “encapuchadas” para advertirlos que si no se van pagarán con su vida.

“La última vez fueron cuatro individuos fuertemente armados con Akas (AK-47). Nos presionaron. No nos quedó más y salimos un 28 de octubre del 2018 de la aldea La Ceibita en Tocoa, Colón. Salimos sólo con la ropa que andábamos puesta. Dejamos nuestra casa. Fueron 49 años de esfuerzo de mi padre, toda una vida. Atrás quedó todo, atrás quedó botada la casa”, dijo en su relato Kevin, hijo de José Eugenio Esquivel, uno de los 12 líderes requeridos por el Ministerio Público.

El proceso en contra de las y los líderes de Guapinol

Marco Tulio Ramos, Reinaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George, José Adalid Cecilio Mendoza, y Lourdes Elizabeth Gómez Rocías, se entregaron de manera voluntaria.

Este problema se origina con un decreto que sometió a consideración ante el Congreso Nacional, un diputado del Partido Nacional del departamento de Colón, para que se concesionara la zona núcleo del parque nacional Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras”, explicó Adilia Castro, del Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.

Lo anterior, pese a que el Congreso Nacional declaró esa montaña como área protegida en el mes de agosto del 2012. En ese entonces, la zona tenía 23 mil 223 hectáreas, pero al año siguiente (2013), el propio Congreso Nacional modificó la cantidad de tierra con un nuevo decreto, emitido el 16 de diciembre del 2013. A la zona núcleo le quitaron 217.34 hectáreas. A los diputados no les importó otorgar el área protegida para que la minera explotara a sus anchas la montaña.

Esa irregularidad fue detectada por la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que pese a las limitantes encontradas para obtener información, fue la que constató en los decretos legislativos la modificación y alertó a las comunidades para evitar la destrucción. “Apoyamos a las comunidades en la búsqueda de información. Ellos no podían acceder a la información completa; cuando se constató la disminución de la zona núcleo se organizaron. Las comunidades se auto-convocaron, hicieron asambleas sectoriales, declararon los municipios libres de minería, hicieron asambleas populares y hasta tomas permanentes frente a la municipalidad en Tocoa. Fue así como se estableció un campamento por la vida y seguimos luchando con el pueblo”, expresó Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez.

El proceso de la ilegalidad fue descubierto. Pero las concesiones ASP 1 y ASP 2 ya se habían emitido, utilizando 100 hectáreas cada una, en la zona núcleo. Es decir, la cantidad que redujeron los diputados es ahora la zona donde la empresa hará la explotación.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se ubican en la zona de Guapinol, San Pedro y La Ceibita. La empresa tiene el permiso para explotar la montaña por 10 años.

Días de detención y de angustia

Desde el mes de octubre del 2018, el Ministerio Público (MP) urdió la acusación en contra de los líderes.  Pero se hizo de conocimiento público en el mes de enero del 2019. Fueron Edy Tabora, Omar Menjívar, Efraín Ramírez, Kenia Oliva, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y Mario Rojas, los abogados que conformaron la defensa de los pobladores de Guapinol. El cuerpo de abogados sugirió a los pobladores presentarse voluntariamente y así fue, pero allí comienza la serie de irregularidades.

Fueron 10 días de detención. La angustia y la desesperación arroparon a las familias de los 12 líderes, quienes, desde su captura, enfrentaron con valentía un proceso que se dirimió en Tegucigalpa, pese a que correspondía al caso, la jurisdicción de Tocoa, Colón, norte de Honduras.

Su conciencia estaba tranquila y el equipo de abogados creyó en su inocencia, se blindó de sus conocimientos y luchó para desvirtuar cada delito que les formuló a la “banda criminal de la aldea”, tal como la denominó el Ministerio Público de Honduras. Ese ente estatal hasta presentó un organigrama para sustentar el delito de asociación ilícita, en el que se incluyó la ficha de dos pobladores que fallecieron hace cuatro años.

Las acusaciones

La acusación por usurpación y daños en contra de los 31 líderes de Guapinol, se registró en el expediente 148-2018, mientras que en el expediente 22-2019, se les acusó de asociación ilícita, portación ilegal de armas, incendio agravado y privación injusta de la libertad. Estos son delitos que el Ministerio Público en último momento acreditó para los pobladores.

Al filo de las dos de la madrugada del lunes 4 de marzo, con un resultado a favor de los acusados, en las afueras de los Tribunales en materia de Extorsión (adonde se desarrolló la audiencia en Tegucigalpa desde el jueves 28 de febrero) un “SÍ SE PUDO”, estalló.

En medio de la alegría de familias y pobladores, surgieron abrazos, lágrimas, oraciones y gritos. La justicia dejaba en libertad a los defensores de Guapinol. “Lo logramos”, gritaban.

“Demostramos que los delitos por los que los acusaban no existieron. Vemos con mucha preocupación las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público. El Poder Judicial el día de hoy emitió una resolución apegada a los derechos fundamentales”, dijo Tábora, uno de los abogados defensores.

Y es que, para los abogados defensores, el requerimiento fiscal formulado por el MP en contra los habitantes de Guapinol, se basó en el “derecho penal del enemigo”. La Fiscalía consideró a las comunidades como enemigas y eso es algo que preocupa tanto a los apoderados legales, como a los defensores del ambiente.

“Alrededor de esa concepción del derecho penal la Fiscalía construye pruebas. Afortunadamente hoy demostramos que fue una prueba construida, que Fiscales no tienen las más mínimas intenciones de apegarse a lo que dice el Código Procesal Penal y la Constitución de la República”, cuestionó Tábora.

En indefensión, comunidades que luchan por sus recursos naturales

Lo ocurrido con Guapinol dejó en evidencia muchas situaciones que merecen documentarse. Por un lado, las comunidades que determinan defender sus recursos naturales se enfrentan a: amenazas, hostigamiento, ataques por parte de los cuerpos policiales y militares que asisten a las empresas extractivas; agresiones físicas y en el peor de los casos, asesinatos.

Por otro lado, con Guapinol quedó claro que el sistema de justicia hondureño, lejos de propiciar investigaciones contundentes, profundas, creíbles y a favor de quienes defienden los derechos humanos de la población, decide adoptar el papel de defensor de los grupos de poder que, en este y otros casos, están representados por quienes detentan las concesiones de ríos y territorios para explotar sus recursos de forma inconsulta y arbitraria.

El cuerpo de abogados que defendió a los líderes de Guapinol, afirma que la institucionalidad del Estado se utiliza para criminalizar a las poblaciones que defienden sus territorios, sin tomar en cuenta aspectos claves como la consulta libre, previa e informada.

Guapinol ganó una batalla, no la guerra: la concesión sigue vigente

“La verdad y la justicia reinó. Ganó el pueblo, ganó la vida y ganaron nuestros ríos. La lucha sigue y no se para”, dijo Esly Banegas, lideresa de COPA y defensora del ambiente en Colón. Sin embargo, los pobladores no desconocen que este es el gane de una batalla, no de la guerra.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se prevé  va a continuar. La empresa tiene permiso para explotar la zona por 10 años. Es decir, la concesión finaliza en el 2024.

Tabora afirma que la situación se mantiene en alerta, pero dice que, a partir de hoy, “debemos exigir que ese Ministerio Público, que se convierte en instrumento de criminalización para los que defienden sus territorios, cambie, y que actúe con imparcialidad”.

Con el sobreseimiento de los líderes y lideresas apenas se cierra un capítulo. Sin embargo, la sociedad hondureña continuará atenta al final de una trama que comienza a replicarse en otras zonas del país, en donde otras comunidades se levantan para defender sus bosques y ríos.

 

Fuente:https://cespad.org.hn/2019/03/04/guapinol-se-gano-una-batalla-no-la-guerra/

Honduras

Declaran sobreseimiento definitivo a favor de ambientalistas de Guapinol

La madrugada de este lunes 04 de marzo, el juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, resolvió decretar sobreseimiento definitivo para los 12 ambientalistas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol de la amenaza que representa el proyecto minero Inversiones Los Pinares.

 

El Ministerio Público y la acusación privada trataron a toda costa de deslegitimar la defensa de la vida y el derecho al agua, a través de los delitos de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares y la seguridad interior del Estado hondureño.

Sin embargo, el juez Víctor Méndez consideró que la Fiscalía y la acusación privada no presentaron medios que evidenciarán la participación de los defensores y defensoras en los delitos imputados.

En ese sentido, el abogado Edy Tábora, integrante de la defensa técnica de los ambientalistas, señala que el Ministerio Público ha actuado arbitrariamente, por tanto, demuestra que basa sus requerimientos fiscales en el derecho penal del enemigo y se convierte en instrumento de criminalización en contra de las personas que defienden derechos fundamentales.

Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, comenta que la resolución y la libertad absoluta para los 12 defensores y defensoras del agua demuestran que hay una leve esperanza de justicia para todos los luchadores sociales.

Esquivel deja claro que el objetivo de las comunidades es declarar el municipio de Tocoa, departamento de Colón, libre de minería y lograr la cancelación de los proyectos que ya están instalados en la zona.

Por su parte, Kevin Esquivel, en medio de la alegría que provocó la decisión del juez, manifiesta que lograron darle a conocer al pueblo hondureño que la lucha de su padre, Eugenio Esquivel, y los demás ambientalistas es justa, una lucha que seguirán y nadie la detendrá.

En representación de la delegación estadounidense, que estuvo observando el proceso contra los ambientalistas, Claire White, asociada de las Hermanas de San José en Boston, expresó que el caso de Guapinol demostró cómo deberían de ser las defensas ante la pobreza del Ministerio Público.

Para el sacerdote jesuita, Gregorio Vásquez, a través de la justicia para los ambientalistas de Guapinol es un signo de esperanzas para otras comunidades como Reitoca, Pajuiles y Azacualpa en las que los defensores están criminalizados por defender los bienes naturales.

Apunta que las comunidades deben de seguir luchando de manera organizada, firme y pacífica para ´defender la casa común.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/declaran-sobreseimiento-definitivo-a-favor-de-ambientalistas-de-guapinol/

Honduras

Delegación de EE.UU. denuncia que su país respalda conflictos ambientales en Honduras

-Una delegación de ciudadanos estadounidenses denunció y lamentó este domingo que su país respalde a “un gobierno ilegítimo” y a los intereses económicos que provocan conflictos en Honduras como el del proyecto minero de Guapinol.

Los conflictos ambientales en Honduras han dejado varias víctimas mortales, entre estas el emblemático asesinato de la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres.

Durante una conferencia de prensa brindada este mediodía en las afueras de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, la delegación que se encuentra en el país dándole seguimiento al proceso judicial contra los ambientalistas de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, dio lectura a un comunicado que establece lo siguiente:

La Delegación de Estados Unidos vinimos de forma urgente para observar los procesos legales en contra de los 12 defensores medioambientales, quienes han sido criminalizados por proteger el ambiente y el agua de un proyecto minero en Guapinol.

Reiteramos nuestra profunda preocupación por la estrategia de criminalización de la defensa de la vida y del medioambiente por parte del Estado de Honduras y la actuación del poder judicial y del Ministerio Público, siendo su máximo responsable el Fiscal General Óscar Chinchilla, que ha contado con el apoyo firme de la  embajada de los Estados Unidos.

Hemos sido testigos de que 12 medioambientalistas son procesados como si fueran terroristas o parte del crimen organizado. El Estado de Honduras ha utilizado diferentes tácticas para ello, entre ellas, la aplicación de delitos como la asociación ilícita, y la jurisdicción de tribunales que juzgan a la criminalidad organizada.

También constatamos la decisión del Ministerio Público de identificar a este grupo de defensores una “banda organizada”, construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas, violando las garantías de los defensores.

Repudiamos que el gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional, como es en este caso, en el que concesiones mineras ilegales y  un decreto inconstitucional que reduce la zona protegida del parque Carlos Escaleras  para poder llevar a cabo estos proyectos, han provocado daños ambientales y altos riesgos  a la vida de los defensores.

La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras  de derechos humanos y del medioambiente,  y no  un gobierno  ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños  son  de la misma familia  dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol.

La delegación de estadounidenses está integrada por, Claire White, doctorada de la universidad de Harvard, profesora y asociada de las Hermanas de San José de Boston, hija del luchador de los derechos humanos, el embajador Robert White y por Pastora Kathleen McTigue, directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de los EE.UU., dedicado a la defensa de los derechos humanos.

Fuente:https://criterio.hn/2019/03/03/delegacion-de-ee-uu-denuncia-que-su-pais-respalda-conflictos-ambientales-en-honduras/amp/
Honduras

Libertad a Defensores y Defensoras del Río Guapinol

CISPES se solidariza con la lucha de los/as defensores/as del Rio Guapinol y hacemos eco al llamado de inmediata libertad para los 12 Defensores del rio en Honduras.
San Salvador, 26/02/2019
Aquí compartimos el pronunciamiento de nuestros aliados en la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) quienes forman parte de la Alianza Centro Americana Frente a la Mineria (ACAFREMIN), donde hacen un llamado de solidaridad internacional con defensores/as de agua en Honduras.

Libertad a Defensores y Defensoras del Río Guapinol

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, se suma a las manifestaciones de repudio por la arbitraria detención de 11 defensores y una defensora de los bienes comunes en el Departamento de Colón por parte de las instituciones judiciales del gobierno hondureño encabezado por Juan Orlando Hernández -JOH-.

Según testimonios del Comité en Defensa de los bienes Comunes y Naturales de Tocoa, 32 defensores y defensoras del medio ambiente han sido requeridos por el Ministerio Público hondureño con cargos fabricados de privación injusta de libertad, robo en perjuicio de Santos Hernández Corea, incendio agravado en perjuicio de la Empresa los Pinares, y asociación ilícita en perjuicio de la seguridad del Estado Hondureño.

Las denuncias que líderes y lideresas ambientales han hecho es contra la Empresa Los Pinares y al gobierno municipal de Tocoa por permitir el inicio de operaciones sin consulta previa a las comunidades afectadas y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por la ley, para determinar un acuerdo con dicho proyecto. También han denunciado que, en octubre de 2017, el Congreso Nacional de Honduras, reformó el decreto No. 127-2012, que declara al Parque Nacional «Montaña de Botaderos» como área protegida, con la finalidad de reducir su zona núcleo y ampliar la zona de amortiguamiento para beneficiar la expansión del proyecto minero.

La persecución judicial por parte del Ministerio Público pone en evidencia la campaña sistemática de descalificación pública, violencia y represión ejecutada por políticos y empresarios locales, cuerpos de la policía y unidades militares en complicidad con la seguridad privada de la empresa minera Inversiones los Pinares contra aquellos que se oponen el proyecto minero Buena Vista I, propiedad del empresario Lenir Pérez.

La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la inminente destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Tinto, Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo y Rio Chiquito; fuentes hídricas que alimentan de agua potable a las regiones de Tocoa y La Abisinia.

Como organización que buscan avanzar el interés público y la defensa de los bienes comunes, repudiamos los procesos irregulares en la obtención de licencias, el rompimiento del orden constitucional al reformar una ley para aprovechamiento de bienes comunes por intereses privados, el abuso del poder judicial y las violaciones a los derechos desatadas contra defensores y defensoras ambientales del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa.

Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería:

Demandamos la inmediata libertad de defensores y defensoras: Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Leonel George , José Adalid Cedillo Mendoza, Lourdes Elizabeth Gómez Rodas.
Hacemos al gobierno de Juan Orlando Hernández, las autoridades Judiciales de Honduras responsables por la integridad física y moral de defensores y defensoras detenidos.
Nos solidarizamos con las comunidades y las familias de defensores y defensoras ante esta campaña de criminalización judicial.
Exigimos un cese a la criminalización sistemática de defensores y defensoras de territorios y sus bienes naturales y el cumplimiento por parte del gobierno hondureño a las recomendaciones emitidas por distintas instancias internacionales que garantizan la labor por defensa de derechos.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por los derechos humanos y organizaciones sociales a emitir expresiones de solidaridad y estar vigilantes por el cumplimiento de la Justicia.
San Salvador, 26 de febrero de 2019

Honduras

Conflicto de Guapinol se origina por ilegal concesión a minera Los Pinares

26/02/2019
Por: Redacción CRITERIO, [email protected]
Tegucigalpa.- La diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón ha manifestado este martes que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

En su comunicado resaltan que el Congreso Nacional concedió a ese parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

Hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También hacen un llamado al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

La Iglesia Católica de la diócesis de Trujillo, Honduras. C.A. a la comunidad local, nacional e internacional, ante el encarcelamiento y juicio en contra de 13 personas, entre ellas cuatro Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia católica, a causa de la defensa del derecho a la vida, el agua y el ambiente sano en el municipio de Tocoa, Colón, Honduras, por el conflicto de las concesiones mineras a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, comunicamos lo siguiente:

El conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional mencionado. Resaltamos que el Congreso Nacional concedió a este parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

El año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió el dictamen técnico DAP-031-2014, declarando que el proyecto minero no era factible por estar ubicado dentro de la zona núcleo de un área protegida y recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental.

Ante este conflicto, pobladores de la zona, haciendo uso de su legítimo derecho, se han manifestado en contra del proyecto, aglutinados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, por lo cual 18 personas fueron criminalizadas. El pasado viernes 22 de febrero se presentaron voluntariamente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, 13 de esas personas criminalizadas por los delitos de usurpación y daños ante el juez de jurisdicción nacional Carlos Irías de León; según la Constitución y las leyes de la República, los juzgados de jurisdicción nacional son inconstitucionales porque violan el derecho a la legítima defensa.

En la misma audiencia arbitrariamente el Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal o acusación por 4 delitos más: asociación ilícita, incendio agravado, privación injusta de libertad y robo. Al tipificar el delito de asociación ilícita, la intención oculta es enviarlos a la cárcel. Además se amplió la acusación a 14 personas más. Por esa razón se canceló la audiencia de presentación de acusados y se trasladó a la ciudad de Tegucigalpa, que se realizó el sábado 23 de febrero, donde el juez de Jurisdicción nacional Víctor Méndez decretó detención judicial o cárcel para estas personas. El juicio continúa el 28 de febrero de 2019.

defensores de Guapinol

El delito de asociación ilícita fue tipificado para atacar el crimen organizado y los grupos como maras y pandillas. De aquí se deduce que además de ser una acusación de delitos no cometidos, no hay imparcialidad en la aplicación de justicia por parte de la fiscalía y de los juzgados de jurisdicción nacional, quedando erosionado la institucionalidad del Estado en la administración de justicia y la protecciòn de sus ciudadanos.

También se deduce la intención del Estado de criminal izar o acusar a las personas defensoras de la vida y de los derechos humanos. Así como de presentarlas como responsables de hechos de alto impacto delictivo y con ello frenar las acciones en defensa de los bienes naturales y comunes. De esta manera, estas personas encarceladas, acusadas y con orden de captura, se convierten en presos y perseguidos políticos.
Llamamos a las comunidades eclesiales, católicas y no católicas, a orar, reflexionar y decidir acciones justas, firmes y pacificas en solidaridad con estos hermanos presos y perseguidos políticos, así como en defensa de la vida y el agua y demás derechos fundamentales.

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También llamamos al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

Afirmamos nuestro compromiso por la vida y el derecho al agua. Asumimos las palabras del papa Francisco: ”Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida ( … ). Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo” (LS 207 y 13).

Trujillo, Colón, Honduras, 27 de febrero de 2019

https://criterio.hn/2019/02/26/conflicto-de-guapinol-se-origina-por-ilegal-concesion-a-minera-los-pinares/

Honduras

Sigue vivo conflicto minero en Azacualpa

La Unión, Copán, 27/02/2019
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Desde el 2013, las comunidades del municipio de La Unión, Copán iniciaron una lucha para denunciar los daños provocados por las excavaciones que realiza la empresa Minerales de Occidente, S.A, en su misión de extraer el oro de la zona.

A mediados del 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un recurso de amparo interpuesto por el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, en favor de los habitantes de la comunidad.

Mediante el recurso se ordenó cesar de inmediato las exhumaciones de cadáveres en el cementerio comunitario porque violenta a los pobladores y pobladoras su derecho a la soberanía comunitaria, a la cultura, la integridad personal, física, psíquica y moral, y el derecho a la familia y del resto de las habitantes de la comunidad de Azacualpa.

Camino a la agudización
Sin embargo, la problemática lejos de resolverse se agudiza. Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog, expresa que la empresa Minerales de Occidente S.A, Minosa, después de varios meses de mantener suspendidos los trabajos, reanudó la operación el pasado lunes 18 de febrero.

Lara detalló que la explotación minera continúa en áreas donde no existen personas enterradas, sin embargo explica que la municipalidad de la Unión otorgó permisos a la empresa para explorar otros sectores.

Ramiro Lara señala que la ciudadanía está alarmada porque recientemente el Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, a través de un comunicado, detalló que la empresa Minerales de Occidente S.A, Minosa, solicitó más de 3 mil hectáreas de terreno para la exploración y posterior explotación.

“Estas concesiones abarcan los municipios de San Agustín, Cucuyagua, Santa Rosa y se amplía para el municipio de la Unión”, dijo Ramiro Lara.

Explicó que las comunidades temen que la empresa, en complicidad con autoridades locales y nacionales, amplíe su área de explotación. El ambientalista aseguró que la lucha de oposición de la ciudadanía ha dejado al menos 19 personas con procesos judiciales.

Datos irrefutables
Una investigación realizada por el Madj, revela que 13 fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y otras están contaminadas con los químicos que usa la empresa Minosa en la extracción del oro.

En Santa Rosa de Copán, una de las ciudades principales del occidente hondureño, toman agua del río Higuito que se alimenta del río Lara, zona de descarga de agua con cianuro de la empresa según la investigación del Madj en coordinación con Asonog.

Producto de la grave contaminación, en el municipio de La Unión existen 37 casos documentados clínicamente, donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas.

Juan Mejía, investigador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, explicó que las aguas del Río Higuito presentan contaminación por metales pesados como el mercurio, además de cianuro, por lo que no pueden ser utilizadas para el consumo humano porque significaría la muerte.

Señaló que el Estado Hondureño es responsable por dos razones; primero por ser la máxima autoridad en un país por lo que debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, y concretamente el derecho a la vida, y es lo que se violenta en estas comunidades.

Y segundo, la complicidad porque sabiendo de las contaminaciones que se generan, el Estado guarda silencio y no deduce responsabilidades a la minera analizó Mejía.

Habla Minosa
Ante el rechazo y las acusaciones por parte de la ciudadanía que se opone a la extracción de minerales en la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, Mario Alberto España, supervisor de Proyectos Comunitarios de Minosa, en una entrevista concedida a Radio Progreso, dijo que están llevando todo en orden y en respeto a la ley y a los Derechos Humanos por lo que no entienden las razones por las que la ciudadanía se opone.

El directivo negó los señalamientos que realizan las comunidades y organizaciones defensoras del ambiente en torno a la contaminación que dicha empresa está generando en la zona.

“Minerales de Occidente S.A está enfocada en el crecimiento responsable y sostenible, y lo hace por medio de los más rígidos estándares de seguridad y medio ambiente nacionales e internacionales, interactuando siempre de una manera socialmente responsable”, argumentó el representante de la empresa.

El conflicto en Azacualpa, es reflejo de todas las arbitrariedades y abusos que comenten las empresas extractivas. Según datos del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, en Honduras existen 364 proyectos mineros aprobados. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros y se está promoviendo la adjudicación de al menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero.