Colombia

Filtran video que evidencia campaña de estigmatización de Minesa contra ambientalistas

El Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán compartió ayer un video filtrado que muestra a Santiago Urdinola, presidente de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), detallando una estrategia mediática para impulsar la solicitud de licencia ambiental que presentaron para la construcción de Soto Norte, un proyecto minero de extracción de oro que, según organizaciones ambientalistas,  afectaría nocivamente al Páramo de Santurbán.

En este video de una reunión privada de Minesa, se ve a Urdinola hablando de una estrategia de comunicaciones que tiene como prioridad tener «tranquilos» a las autoridades competentes en Bogotá, durante el proceso de la solicitud de la licencia ambiental, esto a pesar de las manifestaciones públicas de las comunidades en contra de este megaproyecto. «Si yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien«, sostuvo.

El presidente continúa, diciendo que la manera indicada de minimizar las voces contradictorias a la mina es desarrollar una narrativa que presenta a los manifestantes como militantes de la oposición, vinculados a los movimientos políticos del Senador Gustavo Petro, al Partido Verde, al Polo Democrático y a algunos élites de Bucaramanga, que estarían buscando a través de estas manifestaciones tumbar el Gobierno del Presidente Iván Duque. (Le puede interesar: «Páramo de Santurbán nuevamente amenazado por solicitud de Minesa«)

Mayerly López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, señala que este video filtrado confirma las denuncias que los ambientalistas organizados en contra de este proyecto habían publicado por años y que es la empresa la que emprende en una campaña de estigmatización para deslegitimar a los manifestantes señalándolos como politiqueros de izquierda, por el solo hecho de que algunos contradictores son integrantes de partidos políticos.

El Comité también compartió otro video de la misma reunión en que el presidente afirma que el proyecto minero Soto Norte, al ser aprobado, estaría desplazando a 50 familias, «de sus territorios donde han vivido por 100 años porque están en la huella del proyecto».

Frente estos hechos, el Comité planea mandar una denuncia a la ANLA para que este video se tenga en consideración al tomar una decisión frente la solicitud de licencia ambiental que presenta la empresa y esperan que las autoridades competentes investiguen los procederes de la empresa. Adicionalmente, el Comité realizará una marcha el próximo 10 de mayo para presionar a las autoridades a rechazar la solicitud de Minesa.

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/filtran-video-que-evidencia-campana-de-estigmatizacion-de-minesa-contra-ambientalistas/?fbclid=IwAR3H3Peo3eT5akPdi9gYjjWyt-VzXrPH4edo9v7T0RYzZhWCgcHwO744-qM

Colombia

Colombia: dos geoportales revelan los conflictos entre megaproyectos y ecosistemas estratégicos

  • Son más de 2400 alertas por grandes proyectos mineros, de hidrocarburos, energéticos y viales que se cruzan con áreas prioritarias de conservación en Colombia.
  • Solo cuatro departamentos del país concentran el 54 % de las alertas: Antioquia (497), Santander (327), Tolima (258) y Meta (220).
  • En los ecosistemas de páramo del departamento de Cundinamarca existen 245 proyectos de alto impacto.

La ley de Transparencia y Acceso a la Información en Colombia pone los datos públicos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones. Sin embargo, esto no siempre se cumple, mucha información no se actualiza, se encuentra fragmentada en diferentes instituciones y llegar a ella suele ser un trabajo dispendioso y hasta especializado.

Todos estos problemas se juntan cuando las comunidades desean obtener información sobre megaproyectos mineros, energéticos, de hidrocarburos o viales. Cuatro sectores priorizados por el Plan Nacional de Desarrollo y cuyas obras, muchas veces, solo llegan a conocimiento de las personas cuando se dan los procesos de socialización o cuando están a punto de entrar en operación.

La noticia es que a principios de abril se dieron a conocer dos geoportales de libre acceso, uno donde los colombianos pueden identificar todas estas actividades en el país y cruzarlas con áreas prioritarias de conservación y otro donde se dan a conocer los proyectos que tendrían gran impacto sobre los páramos de Guerrero, Chingaza y Sumapaz en el departamento de Cundinamarca. Esto permite a las personas solicitar información adicional a las entidades competentes y estar enterados en tiempo real sobre las decisiones que se toman en sus territorios.

Miles de megaproyectos en Colombia

 

Al ingresar a www.ecosistemasenalerta.info ─creado por la organización Ambiente y Sociedad─ se pueden visualizar, en un solo mapa, los sitios donde hay grandes megaproyectos y añadir capas que permiten identificar los lugares en que las actividades se cruzan con áreas de gran valor ambiental, e incluso ─con información oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y de Global Forest Watch─ saber si coinciden con focos de deforestación en el país.

El departamento con más alertas es Antioquia (497), seguido por Santander (327), Tolima (258) y Meta (220). Sin embargo, estas cifras solo incluyen los proyectos legales y hay informaciones oficiales que están desactualizadas. Entidades como el Catastro Minero no entregaron la información más reciente a pesar de que los creadores del portal la solicitaron a través de un derecho de petición ─mecanismo jurídico en Colombia con el cual toda entidad que trabaje con datos públicos está obligada a dar respuesta a las solicitudes─.

Hernando Ovalle, coordinador general del proyecto y desarrollador del sistema de información geográfica (SIG), asegura que algunos proyectos les llamaron la atención debido a los grandes impactos que generarían.

Uno de ellos está relacionado con el sector hidrocarburos. El Oleoducto al Pacífico tiene un corredor aprobado de 780 kilómetros que pasaría por cuatro departamentos colombianos: Valle del Cauca, Tolima, Huila y Meta y atravesaría las tres cordilleras de los Andes (Oriental, Central y Occidental).

El proyecto busca conectar de manera más eficiente los bloques de producción de la región de los Llanos Orientales con la región Pacífica, en otras palabras, unir las zonas productoras de petróleo con la salida al mar para ser más competitivos con futuros mercados asiáticos.

De acuerdo con Ovalle, con este proyecto habría afectación a resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes donde ya se han venido adelantando las consultas previas. “En un momento el proyecto cruzaba un Parque Nacional por lo que tuvieron que presentar una nueva alternativa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Aun así, pasará por zonas de bosques que están relativamente bien conservadas”, asegura.

Y es que, según dice, esta obra no solo se limita a darle paso a un tubo, sino que busca unir varios oleoductos existentes y eso trae consigo la construcción de vías que aumentarían la deforestación en esas zonas. Ovalle además ve con preocupación lo que viene sucediendo con la Amazonía, sobre todo en el sector noroccidental donde los proyectos de hidrocarburos están ejerciendo mucha presión sobre los departamentos de Putumayo y Caquetá.

El geoportal también llama la atención sobre proyectos en etapa de construcción u operación. Es el caso del polémico Hidroituango, en el departamento de Antioquia, que ha estado en el ojo del huracán, entre otras cosas, por la inundación que provocó en mayo de 2018 en el sector de Puerto Valdivia o cuando Empresas Públicas de Medellín (EPMretuvo el río Cauca durante una semana en febrero de este año, generando impactos ambientales que aún no se conocen con exactitud.

Esta hidroeléctrica se encuentra sobre bosques naturales y vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes, una de las áreas prioritarias de conservación establecidas en el libro ¿Qúe y Dónde Conservar? publicado en 2011 por Germán Andrade y Germán Corzo en un ejercicio de investigación de Parques Nacionales Naturales de Colombiay donde uno de sus objetivos era identificar los tipos de ecosistemas sin representación en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Este libro fue la base para establecer las áreas prioritarias de conservación que se reflejan en el geoportal.

De hecho, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a inicios de abril pidió acciones inmediatas para frenar la crisis ambiental que desató Hidroituango en el ecosistema del río Cauca y que afecta la vida de cerca de 60 000 personas.

Fábricas naturales de agua en amenaza

 

Los páramos son ecosistemas estratégicos para Colombia y de ahí que ─después de la gran ola invernal de 2010-2011 que causó grandes estragos─ su delimitación y protección fueran una tarea de primer orden para el gobierno nacional, que destacó su importancia para la mitigación y adaptación al cambio climático dada su enorme importancia como fuente de agua.

Precisamente el segundo geoportal: Páramos y proyectos de gran impacto (www.cuidemoslosparamos.info), también creado por Ambiente y Sociedad, se centra en este ecosistema en el departamento de Cundinamarca. Ahí se identificaron 328 proyectos de gran impacto en los páramos de Sumapaz, Chingaza y Guerrero: 272 títulos mineros, 41 viales, 10 de hidrocarburos, 2 de represas y 3 de tendidos eléctricos. De estos, 245 fueron caracterizados y mapeados, y pueden ser visualizados y consultados en el geoportal.

“Se diseñó como una herramienta que le permitiera a diferentes actores, que conviven y trabajan en estos territorios de alta montaña, conocer los proyectos de desarrollo que se están implementando en sus espacios de vida y consultar, de forma fácil y rápida, información precisa sobre dichos proyectos”, señala Andrea Prieto, geógrafa en la Asociación Ambiente y Sociedad y co-coordinadora de la investigación.

Quizás el proyecto que mayor impacto podría generar sobre los páramos es Chingaza II, que busca proveer más agua para Bogotá y que a pesar de estar suspendido actualmente, es probable que se reactive en el futuro. Abarca 500 000 hectáreas en la cuenca del río La Playa, río Guatiquía y río Guavio; y además incluiría el trasvase ─paso del agua de un afluente a otro─ de la cuenca del Orinoco a la cuenca del río Bogotá, con el aumento del caudal de los ríos Fucha, Tunjuelo y Soacha.

“El proyecto está dentro del Parque Nacional Natural Chingaza. Páramo Chingaza. Requiere la totalidad de las aguas de los ríos: i)La Playa, ii)Frío, iii) Chuza, y demás vertientes tributarias de dicha olla. Afectación posible a la cuenca la quebrada Blanca que abastece a la cabecera municipal de San Juanito y la vereda El Carmen”, se lee en el geoportal.

Allí también se indica que, en términos generales, el desarrollo del proyecto altera los ecosistemas naturales, reduce caudales, altera vías migratorias de aves y peces, genera contaminación de las aguas, afecta humedales aguas abajo, reduce el aporte de nutrientes y sedimentos aguas abajo y puede producir desecamiento de áreas inundables, además de pérdida de vegetación paramuna y fragmentación de hábitats.

En 2015, un análisis geoespacial de la Universidad Nacional de Colombia determinó que el embalse afectaría directamente el 11,33 % del valle del río La Playa (la biodiversidad de 638 hectáreas). Además, el pasado 22 de marzo, día del agua, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro Wolff, reactivó la polémica sobre el proyecto cuando indicó “la necesidad de Chingaza II para el abastecimiento de agua potable para Bogotá y la sabana, para adaptarse al cambio climático y sus veranos más intensos”.

Otros proyectos polémicos en los páramos son: la ampliación de la Vía Perimetral de Oriente y el tendido eléctrico Nueva Esperanza, “que ya existe pero preocupan los impactos indirectos, principalmente por cuenta de las radiaciones que emiten las líneas de alta tensión y que cruzan algunos de los páramos”, dice Hernando Ovalle.

Así mismo, le preocupa en general el impacto de la sinergia de un gran número de proyectos mineros en la parte norte y que están en el límite del páramo de Guerrero. “Los bosques altoandinos de ahí para abajo prácticamente desaparecieron en esa zona y aunque están en los límites del páramo, pueden afectarlo. Toda esa minería es a cielo abierto lo cual genera mayores presiones”, dice.

Luisa Vargas, antropóloga que ha trabajado durante varios años con las comunidades en los páramos, considera que se deben analizar en profundidad los proyectos pero cree que lo que más impacta a estos ecosistemas, paradójicamente, es su delimitación, la cual “se viene realizando con criterios meramente ecológicos y técnicos, desconociendo los criterios sociales y de participación. A esto se sumó la restricción de la producción agrícola tradicional arraigada en la cultura campesina. Si bien hay que realizar acciones de protección, estas deben estar basadas en acuerdos concertados con los campesinos y las comunidades locales”.

Transparencia y acceso a la información

 

Cada vez que un proyecto se traslapa con un área prioritaria de conservación se genera una alerta. Según dice Hernando Ovalle, estas “alarmas” fueron agrupadas por departamento y por municipio. “Al dar click sobre cada proyecto puedes ver quién lo genera; la información de quién lo ejecuta; el número de expediente para que la gente pueda ubicarlo rápidamente si, por ejemplo, necesita información en la Anla; y el tipo de ecosistema que se estaría impactando con el proyecto”, asegura.

El objetivo es que todo se pueda encontrar en un mismo lugar, sin necesidad de buscarlo en otras páginas. “Para nosotros es muy importante el derecho al acceso a la información para tener una verdadera participación y justicia ambiental”, comenta Margarita Flórez, directora de Ambiente y Sociedad.

Para ella, los geoportales dan un sentido de la gran cantidad de proyectos que hay en las regiones y de su impacto acumulado. “Para una mejor toma de decisiones necesitamos mayor información sobre lo que existe”.

El gran reto es mantener actualizados los datos de los proyectos. En el caso de ecosistemasenalerta.info, Global Forest Watch seguirá dando un soporte técnico y las licencias para utilizar los mapas, pero lo más difícil será obtener la información. “Lo del acceso a datos abiertos es muy bonito en el papel, pero no se cumple en Colombia”, dice Ovalle. A pesar de esto, el objetivo está en actualizar la información por lo menos dos veces al año.

Jessica Webb, gerente senior de Compromiso Global de Global Forest Watch, asegura que “las personas más afectadas por los megaproyectos de infraestructura son los últimos en enterarse de que se van a realizar. Una vez que se dan cuenta del proyecto, ya es demasiado tarde para poder expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones sobre su implementación”.

Webb considera que no es suficiente con este espacio abierto en internet. Cree que es necesario tener un plan para interactuar y conectar con los usuarios, para apoyarlos en entender cómo se puede utilizar la información que contienen los mapas.

La expectativa ahora está en la utilidad que tengan los geoportales en las comunidades. El desafío es lograr su apropiación, garantizar una actualización de la información y con ella generar participación y diálogo para enfrentar los conflictos socioambientales que no cesan en Colombia.

*Imagen principal: La minería de carbón es una de las principales actividades en el páramo de Pisba y una de las que quedará prohibida con la delimitación. Foto: Daniel Reina Romero-Semana Sostenible.

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/04/megaproyectos-y-ecosistemas-estrategicos-geoportales-colombia/

Colombia

Cajamarca, el municipio que le dijo no a la minería

Hoy Cajamarca, el mismo municipio de entrada al mítico Alto de la Línea, se proyecta como un destino ecoturístico con atractivos como el páramo de Anaime y el volcán Cerro Machín.

El 26 de marzo de 2017 el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, le dijo NO a la minería de oro, mediante una consulta popular.

Ese día 6.241 personas salieron a votar para decidir si aceptaban o no el desarrollo de un proyecto minero en Cajamarca, sólo 76 dijeron que sí. El proyecto minero de una multinacional buscaba extraer oro a cielo abierto en una mina llamada La Colosa que de haberse dado, hubiera sido la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica.

¿Qué camino tomó Cajamarca desde entonces?

Agricultura limpia y responsable así fue la apuesta de esta comunidad que hoy es uno de los grandes productores de arracacha del país. Actualmente, cerca de 1.500 bultos salen de este municipio cada día con destino a las otras regiones.

La inconquistable Cajamarca

El Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA) es una de esas organizaciones que después del NO empezaron a fortalecer su trabajo en el territorio.

“Nosotros, los jóvenes, estamos plenamente convencidos de que Cajamarca es para producir comida, que somos la despensa agrícola del país”, relata Robinson Mejía, líder de colectivo COSAJUCA.

Junto a Robinson, nos desplazamos hasta la vereda La Tigrera a la finca Bella Vista, donde conocemos a la familia de Bernaín Vargas, un cultivador de arracacha, quien nos cuenta su día a día y cómo con mano en azadón se saca este tubérculo de la tierra y cómo fue la lucha que dieron él y las demás familias de Cajamarca contra la explotación minera.

“Una de las formas de defendernos era seguir produciendo el oro de esta tierra que es la arracacha”, cuenta Bernaín.

De hecho, una de las estrategias que usaron fue buscar alianzas con grandes restaurantes del país quienes vieron en la despensa agrícola de Colombia una oportunidad para alimentar las mesas de sus comensales.

Así fue como la arracacha se convirtió en el nuevo “oro” de Cajamarca.

 

Fuente:https://canaltrece.com.co/noticias/cajamarca-tolima-mineria-arracacha-consulta-popular-referendo/

Colombia

Más allá de Santurbán

Vivimos en la era de las noticias falsas, la manipulación de las redes y el populismo que exacerba las emociones para buscar votos a como dé lugar. Poco importa el conocimiento y la búsqueda de la verdad; basta acomodar la información para defender prejuicios. Hoy, uno de los temas más proclives a caer en esta peligrosa mezcla de desinformación, tergiversación y cruce de intereses es el medio ambiente.

En muchas ocasiones, la preocupación por el cambio climático, la mala calidad del aire o el agua termina en disputas radicales donde el consenso y las soluciones no existen. En la mitad quedan expuestos los ciudadanos que no dominan asuntos técnicos y que algunos, con cálculo, convierten en banderas políticas o, peor aún, politiqueras.

Cuento esto porque bajo ese contexto se debate la agenda ambiental del país y porque sorprende un doble rasero en Santander. Es taquillero y da votos hablar del páramo de Santurbán y la minería. Pero no da votos y nadie habla, con la misma vehemencia, de las alertas por el aire en Bucaramanga; de la contaminación del río de Oro; de las cuencas que van por los barrios, convertidas en basureros; o de la arborización, el reciclaje y el Carrasco.

¿Algún candidato se ha rasgado las vestiduras porque, durante marzo, la ciudad sobrepasó los límites permitidos de emisiones contaminantes del aire? ¿Algún candidato ha visitado al río de Oro, sumido en el olvido, con unas plantas de tratamiento que no cumplen con sus objetivos?

Evidentemente no. Ya lo advirtió Leonidas Gómez, favorito para ser el próximo Gobernador de Santander, quien reveló que su “principal contrincante” en la contienda electoral será Minesa, la firma interesada en el proyecto de minería en California y Suratá. Leonidas lo sabe a la perfección: ahí están los votos.

Esperemos, en todo caso, que la campaña a la Gobernación vaya más allá de Santurbán y su delimitación, una discusión que por cierto debe darse con altura y responsabilidad. Los políticos también deben ocuparse de otros temas ambientales, a lo mejor poco taquilleros y sin suficientes votos, pero que vienen deteriorando seriamente la calidad de vida de miles de personas.

Dato de cierre: Todos coinciden en que el ingeniero Juan Carlos Cárdenas no despegó como candidato a la Alcaldía. ¿Qué pasó ahí?

 

Fuente:https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/yesid-lancheros/mas-alla-de-santurban-DE723072

Colombia

“No estigmaticemos a los líderes sociales”

El jefe de la Defensoría del Pueblo denuncia el asesinato de 462 activistas y defensores de derechos humanos en Colombia desde 2016.

“El defensor del pueblo de Colombia viaja como viajan los ciudadanos”, en mula o en lancha si hace falta, declara con orgullo Carlos Negret (Bogotá, 1962). La entidad que encabeza desde 2016 este abogado desempeña un papel clave, entre otras, para la implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre las FARC y el Gobierno, pues acompaña a las víctimas y denuncia amenazas de violencia. “Es una maravilla poder recorrerse este país para poder transmitirle al Gobierno Nacional, a la cooperación internacional, las necesidades que tiene la gente. Y las necesidades de Colombia son muy grandes”.

Miembro de una tradicional familia política del Cauca, Negret ha decidido ejercer una Defensoría del Pueblo (Ombudsman) itinerante, alejada de Bogotá y volcada a los territorios. Marzo es un ejemplo ilustrativo. En la primera mitad del mes viajó al Bajo Cauca antioqueño y al sur de Córdoba, un corredor de cultivo y producción de coca, en visitas al terreno que ha convertido en su sello. Recita sin esfuerzo los nombres de los municipios remotos que ha recorrido y las problemáticas con las que se ha encontrado. También estuvo en Ginebra, Suiza, para oficializar su nombramiento como presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), que congrega a más de cien países. Y en la capital colombiana atendió, entre otras, reuniones para apoyar los reclamos laborales de las futbolistas y a la comunidad transgénero.

Un miércoles de este mes de marzo, en una de sus inusuales jornadas de corbata en su despacho, atendió esta entrevista. Aunque poblado, su cabello todavía estaba más corto que su barba luego de que el pasado 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, decidió donarlo después de haber batallado contra un linfoma de Hodgkin en el ejercicio de su cargo que ya da por superado.

Lugares como Tumaco y Buenaventura, y departamentos como Cauca y Chocó, son focos de conflicto debido a que “las personas en los sectores rurales en Colombia están sembrando coca porque les toca, no porque quieren”, apunta. “Si el país no mira al sector rural, no va a haber paz, porque los dos negocios que son la coca y la minería ilegal son una maquina de hacer dinero muy grande. La gente no quiere seguir sembrando coca ni estar en la minería ilegal sino que quiere tener una posibilidad de vida. El interés en las zonas rurales no es ser ricos, es tratar de mejorar su vida, poder tener una educación, poder abrir una llave de un grifo y que salga agua. Hay unas inequidades que si no trabajamos como Estado y como sociedad, va a ser muy difícil salir adelante”.

Pregunta. ¿Cuál es el panorama de derechos humanos en Colombia?

Respuesta. El conflicto social en Colombia subsiste, y eso genera mucha violación de derechos humanos. Como consecuencia del conflicto social, en Colombia desde el primero de enero de 2016 hasta febrero hay 462 líderes sociales asesinados. Yo controvertí con el Gobierno anterior y con este en lo que tiene que ver con los líderes sociales, por el número. El problema no es el número, es que en Colombia no se puede asesinar a ningún ciudadano por ser líder social o defensor de derechos humanos. Y no podemos olvidarnos tampoco de casi noventa miembros de las FARC que han sido asesinados en sus regiones. Es muy grave que en un proceso de paz no hayamos podido cubrir la seguridad de noventa ciudadanos. En las zonas donde estaban las FARC es donde han ocurrido la gran mayoría de los asesinatos, pero además por otra razón: es donde están los dos factores de economías ilegales en Colombia: el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal.

P. ¿Por qué están asesinando a los líderes sociales?

R. El señor fiscal [Néstor Humberto Martínez] ya dijo en el mes de enero que hay una sistematicidad pasiva. Los líderes asesinados son los que pertenecen a acción comunal, indígenas, campesinos. ¿Dónde los están asesinando? Donde subsisten estas economías ilegales. Los que las manejan son los mandan asesinar a nuestros líderes sociales y nuestros defensores de derechos humanos. El fiscal, en su órbita, tendrá que decirnos quienes son los que están asesinando.

P. Usted es del Cauca, uno de los lugares más críticos

R. El departamento del Cauca tiene el deshonroso primer lugar de líderes asesinados. Le digo porqué. Allí confluyen tres factores. El cultivo de hoja de coca, el cultivo de la marihuana Creepy, que es una nueva variedad que la cultivan las partes altas de los municipios de Toribio, Corinto, Caldonó (…). Segundo, la minería ilegal en la costa del Pacífico, en el sur y en el norte del Cauca. Y un tercero que es el tema de la tierra. Muchos líderes no quieren sembrar coca, no quieren sembrar marihuana. Por eso hay más de cien homicidios de líderes en el Cauca.

P. ¿Qué debe hacer Colombia para detener estas muertes?

R. El Gobierno está respondiendo a las alertas tempranas. ¿Qué debemos hacer? No estigmatizar a los líderes sociales, ni a los defensores de derechos humanos. Si nosotros logramos impregnar en la sociedad que ser líder social y ser defensor de derechos humanos es un orgullo, no es un karma, este país va a poder cambiar. Ser defensor de derechos humanos no debe tener color político. El llamado es a que no estigmaticemos.

P. Usted acaba de asumir como presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri). En su discurso destacó el tema de la migración, y Colombia afronta la llegada masiva de venezolanos

R. La Defensoría del Pueblo fue a Ginebra en junio del 2017 y le advirtió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas que si no había recursos de la Unión Europea y de USAID el problema de los ciudadanos venezolanos era grandísimo. Porque nosotros nos recorremos los 2.200 kilómetros [de línea limítrofe], y entre colombianos y venezolanos no hay frontera porque somos hermanos. Sabíamos lo que estaba pensando mi hermano del lado de allá, escuchamos a los venezolanos. El flujo hoy es casi un millón y medio de venezolanos. Creería que el flujo más grave en el mundo es el de Colombia, pero no el único. Este es un mundo de migrantes, todos venimos de algún lado. Pero repito la palabra anterior: tenemos que trabajar mundialmente para no estigmatizar al migrante. Como lo han dicho los economistas, la llegada de los venezolanos nos va a afectar el PIB, pero en un par de años esa nueva sangre, esa nueva cultura, le va a significar un potencial a Colombia. Hay que trabajar por la dignificación del migrante.

Fuente:https://elpais.com/internacional/2019/03/29/colombia/1553877746_152510.html
Colombia

Yurumanguí: un río que se resiste a la coca y la minería

El consejo comunitario de ese afluente en Buenaventura se ha enfrentado a los grupos armados, al Estado y a quienes quieren depredar el terriorio con cultivos de coca o minería mecanizada. Hoy, sus líderes siguen adelante, a pesar de las amenazas y las presiones de sus propios vecinos.

Al llegar a la comunidad de San Antonio, ubicada en la margen izquierda del río Yurumanguí (Buenaventura, Valle del Cauca), hay un mural que reza “Yurumanguireño que se respete no consume ni cultiva coca. Somos población civil no al conflicto armado”. Esa imagen es apenas un reflejo de la lucha que han dado los afrodescendientes que habitan esa región para mantener a raya a la minería mecanizada y la coca, una causa que les ha acarreado amenazas de muerte.

Los negros asentados a orillas del Yurumanguí han vivido en medio de opresiones de diverso origen. Llegaron a esa región en 1676 traídos por el esclavista español Pedro Agustín de Valencia, quien los puso a trabajar en las minas de oro que hay en la parte alta del río. Luego, durante décadas, el Estado ignoró sus derechos sobre el territorio. Fue con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que se expidió la ley 70, que los reconoció como dueños de las tierras que habían habitado durante siglos. Pero fue hasta el año 2000, que el Estado, a través del Incora, les otorgó el título colectivo.

El río fue escenario de guerra. En los años 90, el Frente 30 de las Farc empezó a controlar el Yurumanguí, pero se encontró con una comunidad organizada que, a pesar de las amenazas,les impuso condiciones. Líderes de la comunidad cuentan que sostuvieron reuniones con los comandantes del grupo armado en las que les dijeron que si bien no los podían sacar del territorio debido a su poder armado, la autoridad eran los negros, los dueños del territorio. “Esa es la fortaleza de nosotros, el diálogo”, asegura Arbey Díaz, secretario general de la Asociación Popular de Negros Unidos del río Yurumanguí (Aponury), organización de base que inició la lucha por el reconocimiento de sus derechos a inicios de los 90. Las tensiones con la guerrilla fueron constantes y marcaron la historia de la comunidad, durante años ese grupo impidió la entrada de funcionarios estatales que debían delimitar el territorio colectivo.

La confrontación armada dejó marcas indelebles en el río. El 29 de abril del 2001 llegaron hasta la vereda El Firme integrantes del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Masacraron, decapitaron y descuartizaron a ocho personas, robaron pertenencias de los habitantes y violaron a una mujer. Ese día desapareció la comunidad debido al desplazamiento forzado que generó la masacre. Tras 18 años, El Firme sigue siendo un pueblo fantasma.

Las fuerzas estatales también afectaron a los yurumanguireños. Las denuncias tienen que ver con perjuicios en medio de combates, por ejemplo, vuelos a baja altura de helicópteros de las Fuerzas Militares generaron afectaciones en algunas viviendas. Por los daños que ocasionó la guerra, el consejo comunitario fue reconocido como víctima del conflicto por parte de la Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras, del Tribunal Superior de Cali.

A pesar de esos sucesos, las comunidades no han perdido la autoridad sobre su territorio y la han utilizado para mantener el río saludable. En las veredas de la parte alta del afluente practican minería para extraer oro, lo hacen de manera artesanal, sin maquinaria pesada, pero se han opuesto a la entrada de la minería mecanizada por las consecuencias que esta tendría sobre la riqueza ambiental de esa zona selvática de Buenaventura. En ocasiones han llegado personas que tienen familiares en la región con la intención de ingresar máquinas para extraer oro a gran escala. Provienen de municipios como Guapi (Cauca) o de ríos aledaños como el Cajambre. Por ejemplo, en el 2014 arribó un foráneo con un elevador, equipo que se usa para separar el agua del oro, pero sólo pudo llegar hasta Veneral, en la zona media del río. En diciembre de ese año el consejo comunitario hizo una asamblea extraordinaria para evaluar esa situación y decidieron decomisar el elevador. Desde esa época, el equipo se encuentra retenido.

Fuente:https://www.elespectador.com/seguimos-adelante/yurumangui-un-rio-que-se-resiste-la-coca-y-la-mineria

Colombia

Más de 180 toneladas de mercurio han sido vertidas a los ríos y cuerpos de agua del país

Estudio de MinAmbiente señala que Bolívar es uno de los departamentos más afectados por la minería ilegal.

Una de las actividades ilícitas más dañinas para el medio ambiente y en especial para los ríos y otros cuerpos de agua, es el uso del Mercurio. Según el más reciente estudio Nacional del Agua, revelado por el Ministerio de Ambiente, en los últimos tres años, los grupos armados ilegales y otras organizaciones criminales han vertido 183 toneladas de este elemento a los ríos y quebradas del país.

El reporte, entregado a propósito del Día Mundial del Agua, señala que esta actividad ilícita se adelanta actualmente en 154 municipios colombianos de 17 departamentos.

En la Costa Caribe sobresale Bolívar con un 7% de extracción ilegal de oro y otros metales.

El departamento líder en esta materia es Antioquia, con un 41%. Le siguen Chocó y Nariño con un 24 y un 15%, respectivamente.

El informe del gobierno señala que el Río Magdalena es el más damnificado por este tipo de actividades criminales.

Otros afluentes son el río Guaítira, el Mira, el Río Iscuandé, y el Telembí, en el sur del país.

Grupos armados organizados como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y en su momento las FARC, han incursionado en el negocio de la minería ilegal.

Según el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, «se sigue presentando presencia de actividades ilícitas de extracción de minería en regiones como el occidente de Antioquia en el sur del departamento de Bolívar o en la región sur del país en nariño y en el Pacífico colombiano, en Chocó».

Otras amenazas

El informe también da cuenta de que fenómenos como El Niño, la deforestación la mala utilización del recurso, y el riesgo de desabastecimiento de agua están atentando contra la población colombiana.

«El tráfico ilegal de Maderas, el tráfico ilegal de especies, el acaparamiento de tierra, la provocación de incendios forestales para apropiarse de los terrenos, la ganadería de uso ilegal o el uso del mercurio, todas estas actividades ilegales son las que han hecho que nuestro territorio se vea afectado», sostuvo el ministro Lozano.

Lozano hizo especial énfasis en las 200.000 hectáreas de árboles que se están talando cada año en el país, ya que esto atenta contra el biosistema colombiano.

Fuente:https://www.elheraldo.co/colombia/mas-de-180-toneladas-de-mercurio-han-sido-vertidas-los-rios-y-cuerpos-de-agua-del-pais

Colombia

En revisión, acuerdo que busca prohibir actividades mineras

Aunque el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, sancionó el acuerdo, no se pronunció al respecto.

El acuerdo promovido desde el concejo de Salento, por medio del cual se prohíbe el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala, se encuentra en la dirección de asuntos jurídicos de la gobernación del Quindío, para revisión de constitucionalidad y legalidad. Así lo informó la secretaria jurídica departamental, Cielo López Gutiérrez, quien confirmó que el documento ya fue radicado.

No a la minería

El proyecto, promovido por la concejal Orfa Liliana Correa, busca garantizar la defensa del territorio y tiene un componente ambiental de protección que va más allá del ‘Municipio Padre’. “Es importante destacar que no solo Salento se beneficia, sino todo el departamento”.

La cabildante explicó que en donde las concesiones mineras buscan intervenir, son lugares en los que se encuentran los nacimientos de agua. “Así que no es tanto el tema minero, sino de conservación de las fuentes hídricas”, aclaró Correa.

Sobre la etapa en que va el proceso del acuerdo, la concejal expresó que se siente muy positiva frente al visto bueno del gobernador, ya que él ha estado muy comprometido con este tipo de causas.

Agregó que el proyecto ya fue sancionado por la administración municipal y que en estos momentos espera que la gobernación dé el concepto.

Se puede demandar

Aunque hasta el momento el panorama pinta positivo, Correa señaló que como todo acuerdo puede ser demandable y tanto el ministerio de Minas como una multinacional podrían llevar a cabo esa acción, “pero tenemos mucha confianza en que todo estará a favor de la defensa del territorio”.

Alcalde no se pronunció

Aunque el alcalde de Salento, Juan Miguel Galvis, sancionó el acuerdo, no se pronunció al respecto.

 

Fuente:https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en-revision-acuerdo-que-busca-prohibir-actividades-mineras-cronica-del-quindio-nota-128470

 

Colombia

Comunidades votaron en 10 consultas populares mineras desde el 2013

La Corte Constitucional dijo el año pasado que las consultas populares ya no se pueden frenar la minería.

La Corte Constitucional en 2016 estableció que los municipios podían prohibir los proyectos mineros a través de consultas populares, sin embargo, el año pasado tumbó dicha ley estableciendo que estos mecanismos ya no podrán vetar proyectos extractivos de minería e hidrocarburos.

 

“En 2016 la Corte abrió la puerta a las consultas populares, pero en 2018 la cerró, ahora las consultas populares se pueden seguir haciendo para cualquier otra cosa, menos para actividades mineras”, explicó Rodrigo Negrete Montes, consultor legal ambiental.

 

 

Por su parte, Marcela Bayona, abogada senior, socia M&M Estudio Jurídico Ltda, indicó que “la Corte ha dejado claro que los temas relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, escapa a la órbita de los entes territoriales y no podrán prohibir la actividad, sin embargo, señala que son varias tareas pendientes para el Gobierno Nacional y todas las autoridades involucradas, insistiendo en la concurrencia y la coordinación de la nación con el territorio”.

Mientras estuvo vigente la ley de consultas populares se realizaron 10 votaciones en departamentos como Tolima, Casanare, Santander, Cundinamarca, Quindío y Meta, en todos ganó la opción que se niega a hacer minería en el departamento o municipio.

Aunque la norma ya no está vigente, las comunidades ya tienen un plan B. Según Negrete actualmente los municipios están acudiendo a los acuerdos municipales como solución. “Ya van 43 municipios que han prohibido la minería mediante acuerdo municipal en defensa de la naturaleza y de la cultura”, dijo el abogado.

Así mismo, debido a los fallos de las altas cortes colombianas la Agencia Nacional de Minería está realizando concentraciones con las autoridades locales para definir las zonas susceptibles para la actividad minera.

“En Colombia hoy sí es posible conciliar los intereses de las partes involucradas para la realización de actividades mineras y la concreción de proyectos mineros. Desde la ANM hemos visto esto como una oportunidad de hacer la minería cómo se debe hacer en los territorios”, señaló la entidad.

Es por ello que, la ANM diseñó e implementó un Programa de Relacionamiento con el Territorio, que tiene como objetivo principal lograr una relación eficaz, oportuna y permanente con los actores estratégicos involucrados en el desarrollo de proyectos mineros, previo al otorgamiento de un título minero.

Gracias a ello, la Agencia ha logrado concertar a la fecha con más de 200 autoridades locales y ha realizado 47 audiencias públicas de participación, otorgando 87 contratos de concesión minera.

 

Poblaciones no quieren la minería

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería durante el 2017 se realizaron siete consultas populares, dos en Cundinamarca, dos en Santander, una en Quindío, otra en Meta y una última en Tolima. Por otro lado, en 2013 se realizaron dos consultas en Piedra, Tolima y Tauramena-Casanare y el año pasado se realizó solo una en Fusagazugá. “De las consultas 10 consultas populares que se han hecho de 2013 a la fecha, en todas las comunidades han dicho que no, entonces esto se vuelve vinculante”, señaló Rodrigo Negrete.

Colombia

Voluntarios se unen a campaña contra minería en Santurbán

La tragedia de Brumadinho (Brasil), ocurrida en enero de este año, fue la inspiración de un creativo bumangués, York Frederick Ardila, para comenzar a convocar voluntarios que se unieran a la causa para evitar que la ANLA le de la licencia minera a Minesa para el proyecto en zona aledaña al páramo de Santurbán.

Para esa misma época, Minesa volvió a radicar el Estudio de Impacto Ambiental en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, hecho que prendió las alarmas y dio paso a que un fotógrafo, Yiyo Mendoza, y su cuñada, la maquilladora Carolina Saavedra, se unieran a la causa y comenzaran el montaje de la escenografía sin cobrar un solo peso.

«la gente no se muere por falta de oro, pero sí se puede morir por falta de agua»

“Buscábamos crear una campaña que generara conciencia de protección ambiental para que los santandereanos se dieran cuenta que no podemos jugar con nuestros recursos naturales y no podemos permitir que esto llegue a una tragedia  de tal magnitud. Era cuestión de actuar desde ya, porque en un caso extremo la gente no se muere por falta de oro, pero sí se puede morir por falta de agua, entonces no podemos poner en riesgo la vida del páramo que suministra más del 70 por ciento del agua en nuestra región”, aseguró York Frederick Ardila, quien es además contratista en materia de publicidad de la Alcaldía de Bucaramanga, entidad que ha manifestado su postura en contra de la minería.

“Por eso creía que debíamos hacer algo que generara un impacto, tanto en la comunicación como en la estética de la campaña. De ahí tomamos la idea del barro, pero con una puesta en escena más atractiva, que generara inquietud y curiosidad, y que fuera algo alusivo a la publicidad de un spa pero con rostros de tristeza o tragedia, con un lenguaje visual bastante artístico. De ahí surgió el mensaje principal de campaña: ‘Esto no es un spa, es lo que podría pasar si explotan el páramo’, añadió Ardila.

Los modelos fueron los familiares de estos tres jóvenes; sin embargo, llamaron a influenciadores de la ciudad como Julián Díaz, creador de la marca Lolos More Life, quien gratuitamente se unió a la causa y se llenó de barro para decirle no a la minería en Soto Norte.

“Es una campaña muy linda y nuestro verdadero oro es el agua, protegerla es la función de todos los santandereanos sin importar donde vivamos. Cuando fui invitado a formar parte de la campaña la vi como algo educacional y por eso se puede ver que mis fotos son con un libro, porque la idea es que la gente no tenga que ver el páramo en las fotos, en los libros, sino que lo puedan disfrutar y, sobre todo, proteger el agua”, aseguró Julián Díaz.

Una de las fotografías que más llamó la atención fue la del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien lleno de barro posó para el lente de Yiyo Mendoza y su imagen ha logrado un alcance considerable, siendo la foto con interacciones en el perfil personal del mandatario santandereano.

El hecho de que el creativo de la campaña sea contratista de la Alcaldía ha generado que los contradictores de la administración la tilden de política; sin embargo, Julián Díaz,asegura que no se trata de política, sino de una unión ciudadana en pro de proteger un recurso como el agua, “al principio todos creían que era de la Alcaldía la campaña, pero yo soy totalmente apolítico y yo soy amigo del que protege el agua».

La campaña ha logrado tanta acogida que, según York Fredrerick Ardila, mucha gente ha manifestado su interés de vincularse a la campaña como modelos, por lo que están considerando hacer otra sesión de fotos para expandir el mensaje.

 

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/voluntarios-se-unen-a-campana-publicitaria-contra-mineria-en-santander-338780