Argentina, Chile

Conforman el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos

Actores diversos, unidos por la sustentabilidad ecológica, social y cultural de los salares, conforman el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. —————

Ramón Morales Balcázar, Director Fundación Tantí / Miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, Máster en Estudios Internacionales Esp. Desarrollo Agrícola Sustentable – Université Paris XI

Con la realización del I Seminario Internacional: “Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios” el día 15 de febrero en San Pedro de Atacama, se realizará el lanzamiento oficial del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Este observatorio, de carácter ciudadano y plurinacional, reúne y canaliza los aportes de diversos actores del mundo comunitario indígena, campesino, académico y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Chile y Argentina.

Los salares andinos, en tanto que reservas de agua y biodiversidad, constituyen la base para la existencia de una biodiversidad única y la supervivencia de comunidades originarias a lo largo y ancho de toda la Puna Atacameña1. Esta región, dividida hoy por las fronteras nacionales, ha llegado incluso a ser bautizada en diversos medios como el “triángulo del litio”, en una clara señal de que para ciertos sectores lo que importa de los territorios siguen siendo los “recursos” que podemos extraer de ellos. Frente a la expansión del extractivismo2 del litio, impulsado principalmente por el mercado de la electromovilidad y el consumo de aparatos electrónicos desechables3, ha surgido la necesidad de acompañar y vigilar, desde una mirada crítica e independiente de todo interés económico y político, tanto los procesos de otorgamiento de permisos de exploración y explotación de salares, como las prácticas de los estados y empresas operando en estos territorios.
El caso del litio y los impactos socioambientales de su extracción, tanto a partir de salmueras como de rocas, es particularmente complejo. Si bien en países como Chile y Argentina se han logrado ciertos avances en la sensibilización respecto a este fenómeno, éste se ha dado principalmente en los territorios directamente afectados o a través de redes de organizaciones conformadas por personas relativamente sensibilizadas respecto de los impactos de la mega minería. Al mismo tiempo, los gobiernos de las economías del norte global4, están apostando abiertamente por la “transición energética” como un mecanismo para reducir su huella de carbono. Sin embargo, esta forma de lucha contra el cambio climático ignora que la demanda de grandes cantidades de litio, especialmente para consolidar el mercado de los autos eléctricos, conlleva serios impactos en los países del sur.
Son justamente estos factores los que se han convertido en los principales objetivos del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos: ser un puente para el conocimiento y valorización de los ecosistemas de los salares, convirtiéndose en una herramienta tanto para la visibilización de los conflictos en los territorios como para el análisis de la industria misma del litio y sus mitos.
Con la conformación de este Observatorio se consolida una red, y se amplían los horizontes para un mensaje que, sin duda, llegará cada vez lejos, tanto en los territorios y países afectados por este fenómeno como en la comunidad internacional.

Chile

Barrick tendrá que devolver US$783 millones en impuestos por suspensión de Pascua-Lama

La minera sinceró sus cifras y reveló que, además, tendrá que compensar parte de un acuerdo de venta adelantada de plata, la que totaliza unos US$253 millones.
Proyecto Pascua Lama. Foto: Rayen Luna-MCH
15 de febrero del 2019
(El Mercurio) La nueva administración de la canadiense Barrick tras la fusión con la sudafricana Randgold tendrá que seguir desembolsando fondos ligados al fallido proyecto minero Pascua Lama, el cual mantiene las obras paralizadas desde 2013 y que posteriormente fue clausurado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Según informó ayer la compañía, en sus estados financieros, al cierre de 2018, arrastra una deuda con el Estado chileno por unos US$ 443 millones producto de reembolsos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que suman US$ 340 millones en intereses.

Se trata de una operación común en este tipo de casos, en el que -según explican expertos tributaristas- las empresas se acogen al artículo 27 bis con el que se puede pedir al Estado que devuelva el IVA al adquirir productos y servicios que se realizan, en este caso, durante la construcción del proyecto.

Sin embargo, este dinero debe ser devuelto posteriormente por el contribuyente en operaciones en la que se cobre IVA; por ejemplo, en la extracción y venta de cobre. El problema para la minera es que esto no ocurrirá, ya que Pascua Lama se encuentra clausurado, a pesar del interés que hay en reactivarlo.

“En virtud del acuerdo actual, este monto debe reembolsarse si el proyecto no evidencia exportaciones por un monto de US$ 3.538 millones dentro de un plazo que expira el 31 de diciembre de 2026”, se consigna en los estados financieros, en donde se detalla que el acuerdo es aplicable a un diseño de mina a cielo abierto o subterráneo.

Y este no es el único compromiso financiero que mantiene la compañía, ya que en los mismos documentos se detalla un acuerdo de venta adelantada del 25% de la producción de plata del proyecto a la firma Wheaton Precious Metals Corp.

“La fecha de finalización de Pascua Lama fue originalmente el 31 de diciembre de 2015, pero posteriormente se extendió hasta el 30 de junio de 2020”, se explica. Sin embargo, si los requisitos de la garantía no se han cumplido en la fecha establecida, el acuerdo puede ser terminado por Wheaton. Esta tendría derecho a la devolución de la contraprestación en efectivo, por adelantado, pagada, menos el crédito por la plata realmente entregada, monto que al 31 de diciembre de 2018 se calcula en unos US$ 253 millones e incluye compromisos de entrega de otras tres faenas de la canadiense.

Todas estas obligaciones se suman al monto que realmente desembolsó Barrick en un proyecto que en sus inicios, hace casi 20 años, costaba unos US$ 950 millones, pero que terminó con un sobrecosto por sobre los US$ 8.000 millones. Fuentes de la industria señalan que el gasto real de la compañía alcanzó los US$ 5.000 millones a la fecha en que se suspendieron las obras.

Chile sale del mapa

Otro punto que llamó la atención de la presentación de Barrick tiene que ver con la reorganización que está impulsando la compañía, que significó la redistribución de distritos, en el que se definió el de Veladero-Lama para referirse a los proyectos que podrían desarrollarse en Chile.

Todo esto, tras eliminar el puesto de director ejecutivo en el país, lo que implicó la salida de la empresa de René Muga a comienzos de mes.

Y a pesar de que en sus primeras palabras, tras asumir en el cargo, el nuevo CEO mundial de Barrick, Mark Bristow, aseguró que el mensaje para Chile y Argentina es que la minera “estaba de vuelta”; al parecer, esto ocurre solo del otro lado de la cordillera.

Según informan en la propia página web de la minera, a 15 días de asumir en el cargo, la plana mayor de Barrick realizó un recorrido por el continente, en el que solamente incluyó visitas a Perú y Argentina, donde se reunieron con autoridades locales.

Barrick tendrá que devolver US$783 millones en impuestos por suspensión de Pascua-Lama

Chile

Dirección General de Aguas de Atacama impone su mayor sanción histórica a una minera

Entidad dispuso la multa por extracción irregular de agua en el sector cordillerano de la comuna de Tierra Amarilla.

Fotografía: Caserones
Publicado el 14 de febrero del 2019

(El Mercurio) La multa más alta de su historia, y una de la más grandes a nivel nacional, cursó la Dirección General de Aguas (DGA) de Atacama -organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- a la minera SCM Lumina Copper Chile, vinculada al proyecto Caserones. La entidad sancionó con un pago de $325 millones (6.748 UTM) a la empresa por extracción irregular de agua.

El seremi de Obras Públicas de Atacama, Alfredo Campbell, indicó que la principal razón de la multa es la extracción de agua natural en pozos (puntos de captación) no autorizados por la DGA. “Se pudo establecer la extracción irregular de aguas subterráneas en 7 pozos al interior de la denominada Quebrada La Brea, comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó. La empresa tiene derechos suficientes para explotar el agua, pero lo hizo desde puntos distintos a los autorizados”, detalló.

Según los antecedentes del MOP, esta sería la multa más alta que la DGA ha cursado a nivel regional en su historia, luego de que el año pasado se le entregaran mayores poderes sancionatorios.

La autoridad enfatizó que la multa “marca un hito” en el correcto ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, “estableciendo fuertes multas a quienes utilicen pozos ilegales”.

Por su parte, desde Caserones indicaron que “la sanción recae sobre pozos que fueron construidos por una necesidad técnica ambiental y que son parte de una barrera hidráulica (línea de pozos). La necesidad de su construcción y operación fue informada por la empresa a las autoridades de manera proactiva, y con anterioridad a que se iniciara el proceso sancionatorio que oficia la DGA”.

Puntualizó que la extracción de agua natural de Caserones es -en el área de la infracción- de 13 l/s, “caudal que se encuentra significativamente por debajo de los derechos con que cuenta la empresa para similar propósito, ascendente a 28 l/s, a metros de los pozos objeto de la infracción”.

La DGA explicó que se deben remitir los antecedentes a la Tesorería General de la República para dar curso al cobro de la multa, pero ello dependerá de las acciones que la empresa decida llevar a cabo en materia de reclamación ante los tribunales competentes.

Precisamente, Caserones informó que “está estudiando las acciones a seguir conforme al marco normativo vigente”.

Dirección General de Aguas de Atacama impone su mayor sanción histórica a una minera

Chile

“Por una Patagonia sin mineras”: Illapu protesta en pleno concierto en Aysén

El grupo se presentó el pasado viernes en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez y criticó la ofensiva minera “avalada por el Gobierno”.

Diario Uchile

Lunes 11 de febrero 2019
Illapu y Mensaje en el escenario

Una fuerte crítica a la instalación de proyectos mineros en la región de Aysén realizó el grupo Illapu el pasado viernes, durante su presentación en el Festival Voces del Viento, que se realizó en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez.

Durante la actuación, el vocalista del grupo, Roberto Márquez, cuestionó los proyectos planificados en la zona: “Hemos gozado de este viaje, sobretodo lo que vimos desde Balmaceda para acá, la hermosura de esta Patagonia, que es una reserva de vida que hay que cuidar y defender, más aún cuando está recibiendo una ofensiva bien fuerte, que es avalada por este Gobierno, porque se pretende tomar territorios de áreas protegidas para destinarlos a la minería”, dijo.

En ese sentido, el músico destacó “la importancia que tiene la movilización social, sobre todo cuando se une un pueblo, para luchar contra intereses que muchas veces son muy fuertes, que tienen que ver con dinero, con cosas que definitivamente no respetan la palabra pueblo, a quienes se está pasando a llevar”.

Illapu llamó al público a manifestarse “por una Patagonia sin mineras” e interpretó la canción “La fuerza del glaciar”, grabada luego de las movilizaciones que la región de Aysén vivió en 2012.

“Por una Patagonia sin mineras”: Illapu protesta en pleno concierto en Aysén

Chile

Expertos advierten riesgos de contaminación por relaves mineros debido a lluvias

Producto de las precipitaciones, el agua podría comenzar a movilizar gran cantidad de desechos tóxicos hacia cuerpos hídricos como ríos y lagunas.
Publicado el 12 de febrero del 2019

(El Mercurio de Antofagasta) Cerca de Calama se ubican tres relaves mineros. Uno de ellos activo. Los otros dos, aparecen como “Abandonados” en los datos oficiales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Con las intensas precipitaciones que siguen potencialmente activas en la provincia de El Loa, estos desechos tóxicos representan un potencial peligro que debe ser fiscalizado y monitoreado, explican expertos.

Noticia completa en: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2019/02/12/full/cuerpo-principal/4/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=5

Chile

Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamación de vecino contra RCA de proyecto Cerro Colorado

Judicatura resolvió la nulidad parcial de la RCA, ordenando a la autoridad ambiental y al titular hacerse cargo del impacto en la recuperación hídrica del humedal Pampa Lagunillas, incorporando escenarios de cambio climático.
Chile, Negocios e industria

11/02/2019
Minería Chilena
El Tribunal Ambiental de Santiago resolvió acoger parcialmente una de las reclamaciones interpuestas en contra del Comité de Ministros, asociada al proceso de evaluación ambiental que culminó con la aprobación del proyecto “Continuidad operacional Cerro Colorado”, ubicado en la Región de Tarapacá, y de propiedad de BHP.

Con esta decisión, la RCA se anula en aquella parte viciada, retrotrayéndose a la fase de evaluación ambiental sólo respecto de dicho aspecto.

“Que, al respecto, este Tribunal no comparte la conclusión del Comité de Ministros al validar que las medidas y condiciones aprobadas sean ‘apropiadas’ para hacerse cargo del impacto en comento, puesto que, de su sola adopción, sin mediar una debida evaluación técnica, no es posible establecer en qué proporción se produciría la esperada reducción en los tiempos de recuperación del ecosistema Pampa Lagunillas, dejando un impacto residual incierto. Por ello, estos Sentenciadores entienden que la resolución reclamada, en este punto, no se encuentra suficientemente fundada, ya que las condiciones impuestas y que estaban dirigidas a reducir los tiempos de recuperación debieron ser evaluadas en sus efectos”, dice la sentencia, según consigna la nota publicada por el Tribunal.
Efectos ambientales

Respecto de la reclamación acogida, los ministros consideraron como un antecedente ineludible, al momento de resolver la causa, el contexto previo en que se desarrolló el proyecto minero, cuya continuidad fue sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Detallan, en primer lugar, las circunstancias que derivaron en la aplicación de una sanción en contra de la minera, debido a los efectos de su operación en los descensos de los niveles freáticos del acuífero de Pampa Lagunillas, los que a su vez provocaron la afectación del bofedal suprayacente y, en segundo término, las condiciones impuestas previamente por la autoridad ambiental de la época para recuperar ese patrimonio ambiental, las que se establecieron en la Resolución Exenta No 67/2011, de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá.

El fallo explica que dicha situación de afectación constatada y la necesidad de lograr la recuperación de los niveles freáticos del acuífero, constituyen elementos esenciales en una adecuada evaluación ambiental de cualquier proyecto que pretenda afectar de algún modo los recursos naturales en una zona de recuperación ambiental, como sucede en este caso.

“A juicio del Tribunal, la observación ciudadana relativa al impacto ambiental que tendrá en la recuperación de los niveles de aguas subterráneas del acuífero de Pampa Lagunillas, la continuidad operacional del proyecto en comento no ha sido abordada de manera completa, precisa y suficiente durante el proceso de evaluación ambiental, no habiéndose, por tanto, considerado debidamente la observación según lo mandata la ley, lo que justifica acoger la reclamación en este punto (…)”, puntualiza la sentencia.
Criterios de conservación ambiental

El fallo discurre sobre el deber de observancia tanto del titular como del SEA respecto de la recuperación del acuífero que alimenta el bofedal afectado. Ello, a la luz de la aplicación de los principios preventivo y el que contamina paga, y de los conceptos de desarrollo sustentable, protección del medio ambiente, conservación del patrimonio ambiental y preservación de la naturaleza que están definidos en la Ley No 19.300.

“Que, en efecto, habiéndose inspirado dicho acto administrativo en la tutela de componentes ambientales -acuífero y bofedal- que habían sido objeto -al menos- de afectaciones ambientales relevantes por causa de la extracción de aguas asociada a la faena minera, el plazo de recuperación de los niveles freáticos del acuífero, que a su vez sustenta el bofedal de Pampa Lagunillas -año 2050 en el Pozo LA-2- no resultaba disponible al titular para proponer, ni a la autoridad ambiental para aprobar algo distinto sin consideraciones ambientales idóneas. En efecto, los objetivos de protección y recuperación ambiental que subyacen a la Resolución Exenta No 67/2011 imponían que su eventual modificación no se fundara únicamente en consideraciones económico-productivas de extensión de la vida útil del proyecto asociado”, señala el fallo.
Cambio climático

Asimismo, los ministros reflexionaron respecto del cambio climático y los efectos que éste tendrá en la recarga de los acuíferos a escala global, debido a la alteración de los patrones de precipitación y temperatura. En el caso específico del altiplano chileno -detalla la sentencia- las predicciones indican un aumento de entre 0.5 a 1.5°C en las temperaturas medias y una disminución de 5 a 15% de las precipitaciones anuales al año 2040.

Con estas consideraciones por delante y tras analizar las pruebas presentadas durante el proceso de reclamación del proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado, los ministros observaron que “las simulaciones llevadas a cabo para evaluar los efectos tanto del bombeo de agua subterránea, como de las medidas y/o condiciones establecidas para su control, no consideraron la influencia del cambio climático sobre la recarga del acuífero y, por ende, sobre los tiempos de recuperación esperados”. Situación -dijeron- que debe ser enmendada.

“En conclusión, al momento de cumplir con lo dispuesto en esta sentencia, la autoridad ambiental deberá evaluar el efecto sobre el ecosistema Lagunillas de la extracción de agua subterránea para la actividad minera de CMCC, considerando los escenarios de cambio climático utilizados por los expertos en la materia”, señala la sentencia.
Reclamación indígena

La sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago rechazó la reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca, ya que sus alegaciones se apartaron de lo que esta había observado en el proceso de consulta indígena.

Ambas partes acudieron al Tribunal Ambiental de Santiago una vez que la autoridad ambiental rechazó los recursos que habían interpuesto cuestionando la RCA que aprobó el proyecto, pues -aseguró en su momento- que las observaciones presentadas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto fueron debidamente consideradas.

Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamación de vecino contra RCA de proyecto Cerro Colorado

Chile

Los Pelambres suspende intención de sondajes en Millahue Sur

A través de una declaración pública la Minera afirmó que ‘”no existe ningún proyecto de depósito de relaves que se encuentre presentado o que se vaya a presentar al menos en veinte años más”

De acuerdo a su modelo de relacionamiento -declara-, “que privilegia el diálogo temprano y transparente con las comunidades, Minera Los Pelambres respondiendo a una invitación del Concejo, expuso el pasado lunes 4 de febrero al Concejo Municipal de Canela, un plan de trabajo preliminar de sondajes exploratorios que la Compañía está analizando como alternativa para la construcción de un futuro depósito de relaves en 20 años más. Según se aclaró al Concejo, esta opción requiere aún de análisis y estudios que se deben realizar antes de tomar cualquier decisión, la que materializaría no antes de dos décadas”.

Explica que el lugar donde se realizarían estos sondajes se emplaza en una zona privada denominada Millahue. La ejecución de este plan implicaba actividades en terrenos de privados. Sin embargo, “la empresa actuó y seguirá actuando de acuerdo a los principios que desde hace varios años guían su forma de vincularse con el territorio, considerando la comunicación a toda la comunidad y autoridades locales”.

Agrega que como ya se expuso, Minera Los Pelambres ratifica que “no existe ningún proyecto de depósito de relaves que se encuentre presentado o que se vaya a presentar al menos en veinte años más, e informa que se ha suspendido indefinidamente el plan de sondajes al que se hace referencia al principio de esta declaración”.

Carta compromiso

Cabe señalar que los vecinos de Huentelauquén Sur, se tomaron el pasado lunes la Ruta 5 Norte en ambos sentidos, en rechazo a la iniciativa.

En la ocasión fue el propio Gobernador de Choapa, Juan Pablo Galvez, quien a través de una carta compromiso firmada ante los manifestantes, asumió la tarea de conformar una línea de trabajo que permita conocer la inquietud de los pobladores, en los momentos en que la Compañía anuncia el desistimiento de las obras.

Los Pelambres suspende intención de sondajes en Millahue Sur

Chile

Se toman ruta 5 Norte en rechazo a proyecto de tranque de relaves en Huentelauquén

Ejecutivos de Minera Los Pelambres, tal como lo diéramos a conocer a través de Davidnoticias.cl, expusieron los fundamentos técnicos del proyecto que busca su eventual factibilidad a través de sondajes previos en el sector de Millahue Sur.

La información que fue canalizada través de este medio, provocó revuelo en diferentes organizaciones sociales y ambientalistas, que llegaron a la sesión del Concejo Municipal de Canela para estar presentes y escuchar los planteamientos de la Compañía Minera.

En la reunión equipos técnicos de la minera expusieron por cerca de 7 minutos para dar paso luego a diversas intervenciones de los dirigentes.

En general quedó claro en la asamblea el rechazo al proyecto, según concordaron en señalar expresamente en el encuentro, al mismo tiempo que el alcalde Bernardo Leyton con el Concejo en pleno, manifestó su compromiso de apoyar las inquietudes de la gente con la finalidad de hacer prevalecer ante todo la calidad de vida de las comunidades.

Concluido la sesión, un grupo de manifestantes de Huentelauquén Sur se tomaron la ruta 5 Norte a la altura de esta localidad de la comuna de Canela, manteniéndose cortado el tránsito en ambos sentidos en los momentos en que se dialogaba con Carabineros, provocándose una congestión vehicular por varios kilómetros.

Finalmente la toma fue depuesta pacíficamente a las 22:30 horas tras el diálogo de los manifestantes con el Gobernador de Choapa, Juan Pablo Galvez, quien llegó al lugar. Se procedió a la firma de una carta compromiso ante los manifestantes para conformar una mesa de trabajo con participación ciudadana con una primera reunión fijada para este jueves 7 de enero a las 19 horas en Huntelauquén Sur.

Se toman ruta 5 Norte en rechazo a proyecto de tranque de relaves en Huentelauquén

Chile

Gobierno detecta 37 relaves mineros abandonados que presentan peligro para la población y el ambiente

08 de agosto de 2012, Minera Valle Central, ubicada en Requinoa, VI Region, dedicada a la extracción de relaves y recuperacion de cobre y molibdeno. Foto: Juan Carlos Recabal Diaz / MCH

A fin de año la autoridad espera fijar la obligación de monitorear los 101 tranques que están activos y generar alertas tempranas, para evitar una tragedia como la de hace unos días en Brasil. Inicialmente se estima que a la industria esto podría llegar a costarle hasta US$ 900 millones.

Chile, Negocios e industria
Publicado el 4 de febrero del 2019
Enviar por email Imprimir Suscribirse a newsletter Notas al editor
(El Mercurio) Con el ritmo actual de producción minera en Chile, cada 36 horas se depositan relaves equivalentes a un cerro Santa Lucía. Un volumen anual de 600 millones de toneladas -estimado con datos a 2014- ubica al país como el tercer mayor acumulador de estos desechos tras China y Estados Unidos. La proyección de incremento de la producción podría implicar que a 2035 la cantidad de relaves se duplique.

Este aumento que es inevitable preocupa a mineras y autoridades porque además se da en un ambiente de rechazo creciente por parte de las comunidades a este tipo de depósitos. El daño que podría provocar el colapso de una de estas estructuras alimenta los temores y la suspicacia. Tragedias recientes, como la de la mina de cobre Mount Polley en Canadá el 2014 -donde el vertimiento afectó severamente a dos lagos- o la de un año después en Brasil, donde la liberación de material residual de hierro de una operación de la minera Samarco (BHP y Vale) en el distrito de Mariana cobró 19 víctimas, en nada ayudan a mejorar la percepción social, pese a que la minería a nivel global resintió el impacto de estos sucesos. Las compañías revisaron sus tranques y contrataron asesorías para mejorar sus estándares de manejo y monitoreo de seguridad, comenta el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández.

De más está decir que el colapso hace unos días de otra instalación ligada a la brasileña Vale, el tranque Brumadinho, en Belo Horizonte, pone una nueva cuota de incertidumbre.

Como principal productor de cobre, Chile no se quedó al margen. Empresas de la gran minería en forma individual y en conjunto con entidades como la Fundación Chile, el programa Alta Ley o Corfo tienen planes para elevar y en alguna medida estandarizar sus sistemas de seguridad y alerta ante este tipo de emergencias. Lo complejo es que estas iniciativas apuntan a los 101 tranques que están activos, lo que representa solo el 14% de un total de 740.

Pese a que entre los 639 depósitos restantes que están inactivos (469) y abandonados (170) están los que potencialmente podrían ser más riesgosos, hasta ahora es poco lo que se ha hecho. Con esto en mente, el año pasado el Ministerio de Minería lanzó una iniciativa para agrupar en una política nacional todas las acciones en materia de relaves que están en ejecución para, eventualmente, en el mediano y largo plazo tratar de aplicarlas a todos los depósitos, sin importar su estado.

El ministerio sacará al mercado los relaves abandonados
Un primer paso fue identificar que entre los relaves abandonados, es decir, los que no tienen propietario identificado, hay 37 -distribuidos entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso- que según explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, revisten “a lo menos un riesgo significativo” para la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente y actividades económicas, ya sea porque están muy cerca de zonas pobladas, son muy antiguos o evidencian inestabilidad (ver mapa).

El Gobierno está caracterizando estos depósitos, lo que implica establecer su nivel de riesgo, ubicar a sus dueños, aclarar su estatus de permisos y determinar el volumen y los minerales que contienen. En paralelo, dice Terrazas, preparan cambios normativos para elevar las atribuciones de la autoridad para exigir a los propietarios que se hagan cargo de sus desechos y los contengan. Para esto se considera, incluso, la vía judicial a través del Consejo de Defensa del Estado.

El ajuste en evaluación permitiría también que el Estado pueda “poner en el mercado” los relaves que definitivamente no tienen dueño identificado. Esto implica, por ejemplo, simplificar los permisos para el traspaso o el traslado de estos materiales.

Esta última es la parte más novedosa del plan, añade el subsecretario, porque todas las ideas que se han planteado para remediar estos pasivos ambientales han chocado con la falta de recursos públicos. Esto será diferente ahora, dice Terrazas, porque el plan es que sean los privados quienes financien esta limpieza, reprocesando los relaves para sacar los metales que contienen y trasladando lo que quede a depósitos que cuenten con permisos.

La otra alternativa, para la que ya habría dos importantes mineras disponibles, es una fórmula al alero del Sistema de Evaluación Ambiental que permitirá a las empresas que tramiten proyectos compensar parte de sus emisiones por la vía de remediar algún relave abandonado que esté en la misma región del proyecto. Tras varias prórrogas, el convenio entre el ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental se firmaría en marzo, y ahí se liberarían las guías que establecerán las equivalencias entre emisiones y volúmenes de relaves.

“Este sistema no implica una carga mayor de recursos para la industria, porque se sustituyen otras compensaciones que se han vuelto más complejas, como la compra de terrenos para hacer reservas naturales, pero tampoco será un costo mayor para el Estado”, asegura Terrazas y añade que no fijarán de antemano lo que las empresas podrán hacer con estos relaves, sino que “dependerá mucho de la creatividad o de las distintas fórmulas que desarrollen las empresas”.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que la industria rescata el espíritu de estas propuestas con miras a avanzar hacia el mejoramiento continuo en materia de relaves. “Estamos disponibles para trabajar en conjunto”, adelanta, mientras que el titular de la Sonami asegura que la opción de remediar relaves abandonados como forma de compensación para proyectos nuevos “puede ser una iniciativa inteligente”, aunque plantea que no en todos los casos será posible reprocesar o dar otro uso a los desechos, y ahí es importante que entre las alternativas se considere el financiamiento de obras para estabilizar los tranques y habilitar monitoreo para reducir el riesgo asociado.

Programa piloto para futura norma de monitoreo costó casi US$ 10 millones
Otro de los ejes de la Política Nacional de Relaves es hacer obligatorio el monitoreo de la estabilidad física y química de los tranques y el acceso de la población a esos datos, para lo cual se realizará una nueva modificación al decreto que hace cuatro décadas regula la construcción de estos tranques.

La normativa surgió tras el colapso de seis tranques de relaves producto del terremoto de magnitud 7,4 Richter que en 1965 tuvo epicentro en La Ligua. El vertimiento provocó la muerte de 200 personas. Entre ese año y 2010 el país tuvo diez episodios. El último fue en El Maule y dejó cuatro muertos.

La base de este plan de medición e información es el denominado “programa Tranque”, iniciativa diseñada por la Fundación Chile con la colaboración de empresas, organismos públicos y otras entidades especialistas del sector, y funciona a partir de una plataforma centralizada que dependerá del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y recibirá la información, que será procesada para mejorar y agilizar las decisiones de operación y la reacción ante eventuales emergencias, explica Cecilia Vidal, subdirectora del programa.

El piloto de la iniciativa está en el tranque de relaves El Mauro de la mina Los Pelambres, faena propiedad de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Se optó por este depósito, porque ya contaba con instalaciones adecuadas para estos fines.

Según datos del Ministerio de Minería, la habilitación de este sistema tuvo un costo cercano a los US$ 10 millones. Si se considera que, según Cecilia Vidal, solo 23 de los tranques de relaves activos tendrían instrumentos de un nivel más desarrollado, porque pertenecen a faenas de la gran minería, en un escenario de obligatoriedad la inversión para instalar este tipo de monitoreo en los 101 depósitos que están activos podría acercarse a los US$ 900 millones, de acuerdo con estimaciones iniciales de la industria.El subsecretario Terrazas agrega que estas pruebas en condiciones y escala real tomarán todo este año e irán a la par del ajuste normativo que preparan.

Entre 1965 y 2010 hubo 10 accidentes de tranques de relaves en el país. Seis fueron consecuencia del terremoto de 1965. Después de eso la construcción de estas estructuras se reguló.

Gobierno detecta 37 relaves mineros abandonados que presentan peligro para la población y el ambiente

Chile

Gobierno apunta a administración Bachelet por Parque Nacional Patagonia

El Ministerio de Bienes Nacionales explicó la redefinición de límites del Parque Nacional Patagonia, en la Región de Aysén, luego que se denunciara la reducción en casi 5.000 hectáreas de su territorio, a favor de la empresa australiana Equus Mining, que sondea yacimiento de oro y plata en la zona.

De acuerdo a un comunicado, antes de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bacheletfirmó el decreto que creaba el parque de 302.335 hectáreas, pero dejó en su interior terrenos particulares que se habían considerado como fiscales.

Además, la cartera aclaró que la superficie del parque, tras la decisión del Consejo de Ministros realizado en octubre de 2018, creció en 2.192 hectáreas si se compara con lo aprobado en el gobierno anterior en 2017, llegando a 304.527,75 hectáreas.

El Ministerio de Bienes Nacionales detalló que “se trabajó también en responder a las necesidades productivas de la zona y la incorporación de terrenos fiscales que no habían sido considerados en la propuesta anterior”.

Al respecto, el jefe de la cartera, Felipe Ward, afirmó que “heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor”.

El citado proyecto de exploración estaría a cargo de la división sudamericana de Equus Mining, Southern Gold, compañía que no se ha referido a la supuesta entrega de terrenos, publicada por el medio digital Interferencia.

Aunque el propio Ward, a través de Twitter, calificó como “fake news” el reportaje, la nota de prensa del ministerio no hace mención alguna a estas cerca de 5.000 hectáreas cuestionadas.

 

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-aysen/gobierno-apunta-a-administracion-bachelet-por-parque-nacional-patagonia/2019-01-29/125829.html