Argentina

Medio ambiente Ley de glaciares: el fallo que prepara la Corte y puede complicar la industria minera

El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.

La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.

Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.

Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.

Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.

Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.

El mapa de los glaciares en el país: casi 8.500 kilómetros cuadrados cubiertos de hielo

La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.

La cuenta regresiva

En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.

No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín– están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.

A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.

“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.

Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.

“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.

Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.

 

Fuente:https://www.clarin.com/sociedad/ley-glaciares-fallo-prepara-corte-puede-complicar-industria-minera_0_wu3gqRozJ.html
Argentina

Se espera el fallo de la corte por la Ley de Glaciares

A raíz de una presentación de la minera Barrick Gold, el máximo tribunal de la nación debe decidir sobre la constitucionalidad de la ley que protege el agua del pueblo.

La ley de protección de los glaciares y del ambiente periglacial tiene como misión preservar las reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, la protección de la biodiversidad y como atractivo turístico.

Fue muy resistida por las empresas mineras, por los gobernadores de algunas provincias y hasta fue vetada en 2008. Pero la presión social logró su sanción en 2010 y su reglamentación en 2011. Fue entonces cuando Barrick Gold cuestionó su constitucionalidad y ahora la Corte Suprema de Justicia debe expedirse.

Enrique Viale, abogado ambientalista, afirma que si se declara inconstitucional la ley de glaciares porque podría derrumbarse el ordenamiento jurídico en términos ambientales y quedar sin efecto la ley de bosques, la ley general del ambiente y todas las leyes que se puedan aprobar en algún futuro, como la ley de humedales.

«Hay dos intereses en juego: el agua de todos los argentinos y el oro de una empresa minera que quiere destruir glaciares en territorio argentino. Los glaciares son la fábrica de agua del país y nutren todos los ríos. Ellos quieren hacer minería bajo esas zonas: para hacerlo no hay otra forma que destruir el glaciar», enfatizó Viale.

A su vez Gonzalo Strano, vocero de Greenpeace, señaló: «El fallo es importantísimo. Si asegura la constitucionalidad de la ley de Glaciares pondría un freno definitivo a la actividad minera. Caso contrario, pondría en jaque al sistema jurídico ambiental en su conjunto porque deberían reverse todas las leyes ambientales que se aprobaron en nuestro país, lo que sería una locura».

El periodista ambiental Sergio Federovisky, presidente de la Fundación Ambiente y Medio, sostiene que  «El fallo de la Corte permitiría confirmar si la Argentina tiene vocación de tener una normativa conjunta de todo su territorio en materia ambiental, una política ambiental de la totalidad de su geografía, y seguir pensando la idea de que las provincias sean las dueñas de los recursos convierte a la Nación y a sus habitantes en rehenes de las cajas o las condiciones feudales de algunos regionalismos».

El agua dulce es el bien común imprescindible para la vida en el planeta y las asambleas ciudadanas venimos dando una pelea sin tregua en su defensa desde hace años.  Esperamos con atención el pronunciamiento de la CSJ en acuerdo con el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y a la vez recordamos que los ríos trascienden las fronteras provinciales y que Barrick Gold es responsable por el mayor derrame tóxico en cinco ríos argentinos.

La vida no se negocia.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42749-se-espera-el-fallo-de-la-corte-por-la-ley-de-glaciares

Argentina

UN AMIGO DE ORO Rosenkrantz comparte negocios mineros con el presidente Maurizio Macrì

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, quien no se excusa y vota en causas de los clientes del estudio que compartió con el abogado Gabriel Bouzat, tiene también relaciones de negocios que llegan hasta el presidente Maurizio Macrì y su socio brasileño, Marcelo Odebrecht. Ellas lo convierten en un amigo de oro del presidente.

Las sociedades

Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macrì (Socma). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión, uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo.

En 2011, el Blackwood Group informaba que sus integrantes eran:

  • la constructora brasileña Odebrecht;
  • Sofinter, un grupo de empresas especializadas en el sector de generación de energía;
  • Sideco Americana;
  • Grupo Galileo, de tecnología en gas natural comprimido;
  • Minera Geometales, que realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
  • Litsa SA, especializada en la construcción operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía.
  • Civilia Engenharia LTDA, que administra rutas en Brasil;
  • Qualix SA Environmental Services, de recolección y tratamiento de residuos.

Todos esos socios de Odebrecht (salvo quizás Sofinter), forman o formaron parte del Grupo Macrì y una de esas empresas, Minera Geometales fue beneficiada con una decisión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tal vez por eso se permite poner en duda la candidatura de Macrì sin caer fulminado por las invectivas de Elisa Carrió y los trolls de Marcos Peña Braun.

 

Geometales y Oromin

Una de esas empresas, Minera Geometales, fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macrì, a quien su primogénito pronunció corrupto diez días después de su muerte. En 2016 inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes.

En cuanto asumió la presidencia Maurizio Macrì se apresuró a ponerlos en venta. Sería útil saber quién los adquirió. Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia. Despiadados para los negocios, pero sin perder la ternura.

En 2014, el gobierno mendocino de Paco Pérez, cuyo valedor nacional era Diego Bossio, le quitó a los Macrì por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca, en el distrito minero 2, de Malargüe. La razón fue una serie de incumplimientos como los que acostumbra el Grupo Macrì, entre ellos la omisión de denunciar el descubrimiento. Minera Geometales explora pero no explota los yacimientos. Los descubre y los vende a otras firmas.

Su apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida, cuando Macrì ya daba exhibiciones de baile desde el balcón de la calle Balcarce y Rosenkrantz lo representaba en la Corte. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.

Pulisich es el eslabón perdido entre Macrì y Rosenkrantz. Cuando Macrì lo designó como comisionado del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz entregó una lista parcial de los clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá.

La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema. Esa grosería fue corregida por el Enmendero Principal del Gobierno, Micky Vanilla, quien como jefe del bloque mayoritario en el Senado hizo saber que si no se seguía el procedimiento constitucional, ni Rosenkrantz ni Horacio Rosatti, creado juez en la misma lechigada judicial, podrían sentarse en el salón de acuerdos de la República Autónoma del Cuarto Piso . Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía.

 

Y la Barrick también

El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold.

Además de Barrick Exploraciones Argentinas SA, también lítiga Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. El Otro de la carátula es la provincia de San Juan, que durante la gobernación de José Luis Gioja también pidió la inconstitucionalidad de la ley protectora. Por eso es un caso federal y la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad.

El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó. Poco después la Barrick presentó una ampliación de fundamentos (cosa que no sería admisible en un recurso extraordinario o de queja). En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos.

 

El expediente de Barrick en la vocalía de Rosenkrantz

 

En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados.

 

De barro

Rosenkrantz fue quien avisó a los medios y al gobierno que los otros cuatro miembros de la Corte habían acordado solicitar al Tribunal Oral Federal 2 el expediente de la causa Vialidad, en la que se acusa a la ex presidente CFK. Lo hizo por medio de su desmesurado colaborador Federico Morgenstern. La desembozada presión del propio Presidente, del jefe de gabinete de ministros y del ministro de Justicia sobre la Corte Suprema de Justicia, en declaraciones personales de cada uno de ellos respecto de una presunta impunidad, sumada al alud de barro periodístico arrojado sobre el tribunal, disuadió al TOF 2 de postergar el comienzo del debate público fijado para el martes 21, motivó el comunicado más confuso difundido en un siglo por la Corte Suprema (amen del blooperde su publicación inicial en borrador, que es un pecado menor), y dejó abiertas todas las posibilidades.

Otro que por correr tan de prisa llegó desnudo a la meta fijada por Macrì fue el procurador fiscal a cargo en forma interina del Ministerio Público, Eduardo Casal, quien hizo algo sin precedentes. En apenas una línea, sin tener el expediente a la vista ni haber recibido una solicitud de opinión por parte de la Corte, se dirigió al tribunal para solicitar, en apenas una línea, que no suspendiera la iniciación del juicio contra Cristina.

Militantes peronistas plantearon una movilización sobre los tribunales para acompañar a Cristina el martes 21, pero ella los desalentó. “Ya fuimos una vez a Comodoro Py. No vamos a levantarle el precio a esta jugada, con la que intentan distraer la atención de los graves problemas que padece el país”, dijo. El gobierno tendrá la foto que anhela y comprobará que no amengua en nada el repudio generalizado a sus políticas. Al día siguiente Macrì estará más débil, mientras el Peornismo Federal y la UCR seguirán sondeando la posibilidad de repetir una fórmula conjunta, invocando el Perón-Balbín que no fue en 1973 y olvidando las dos fórmulas mixtas que fracasaron: Cristina-Cobos y Lavagna-Morales, ambas en 2007. Una se impuso pero resultó no positiva, la segunda ocupó una cómoda tercera posición, muy al estilo PRO actual.

Pero más allá de las palabras, el mero hecho de haber solicitado los autos implica que el tribunal consideró consistentes las alegaciones de la defensa de la ex Presidente y de los demás procesados. Si la Corte, luego de iniciadas las audiencias, decidiera abrir la queja, con efecto suspensivo, el debate debería interrumpirse hasta que el tribunal se pronunciara.

No se formularon objeciones menores:

  • Cristina es juzgada por la obra pública en Santa Cruz, cuando no era funcionaria provincial. Con ese criterio, quien presida la Nación será responsable de cada acto que realice hasta el último funcionario;
  • Durante la instrucción, el juez Julián Ercolini de Kenny no aceptó peritar ni una de las 51 obras realizadas por Lázaro Báez en Santa Cruz, sobre un total de 83, como pidió la defensa.
  • Ya este año, el Tribunal Oral aceptó auditar cinco licitaciones, elegidas ni siquiera al azar sino de acuerdo a la discreción del juez y los fiscales, allí donde creen que les será más fácil probar alguna infracción.
  • Tampoco se aceptó comparar esas obras con las realizadas por otros contratistas del Estado. Por un lado se afirma que las empresas de Báez obtuvieron un tratamiento preferencial, por otro el Tribunal Oral rechaza cualquier medida de prueba que permita controvertirlo.
  • El Tribunal Oral sólo admitió el 20% de la prueba ofrecida, rechazó decenas de medidas fundamentales propuestas por la defensa, en particular aquellos puntos a peritar, fundamentales para conocer la verdad de los hechos enjuiciados, por ejemplo si las obras investigadas presentan o no deficiencias constructivas;
  • “Aunque cueste creerlo, una prueba de descargo esencial reclamada por mi parte será producida por uno de los acusadores (el Poder Ejecutivo, que es querellante en la causa a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera) , sin que las defensas cuenten siquiera con la posibilidad de controlar el desarrollo de esa experticia, como lo prevé expresamente la ley procesal”.

El Tribunal Oral resolvió que esos cinco estudios periciales no podrán evaluar:

  • Si las eventuales demoras advertidas en la finalización de las obras asignadas a las empresas de Báez son similares a las constatadas en otras jurisdicciones del país;
  • Si los pagos recibidos por las empresas constructoras de Báez son congruentes con los precios de plaza y con los efectuados en licitaciones similares realizadas en otras provincias;
  • Si la supuesta práctica de cotizar por encima del 20% de los presupuestos oficiales era una característica exclusiva de las obras asignadas a las empresas de Báez o si esta supuesta actividad irregular también se daba en otras provincias de la Argentina.

En consecuencia, concluye Beraldi, “aquí no se desarrollará un verdadero juicio ante la ausencia de pruebas básicas, elementales y dirimentes para la suerte del pleito”.

 

Con ayuda de un filósofo

Si por encima de los apasionados alineamientos políticos de estos años, alguien opuesto a mis opiniones leyera estas líneas, lo invito a ponerse una mano en el corazón y responderse a sí mismo, sin contármelo a mí o a otros repulsivos kirchneristas, si no se justifica una revisión del tribunal superior desde el punto de vista de los derechos y garantías básicas de un sistema que merezca el nombre de judicial.

Tal vez lo ayude la opinión de un conocido filósofo del derecho, que al hablar ante la conferencia sobre delitos transnacionales de la Asociación Internacional de Abogados dijo que “hay que ser extremadamente cuidadoso con la tentación de establecer excepciones, ni siquiera cuando pueda pensarse que dichas excepciones son necesarias para la realización de objetivos colectivos valiosos como, por ejemplo, incrementar la seguridad o disminuir el daño que puede causar la comisión de ciertos delitos», ya que aunque esas excepciones fueran supuestamente justificadas «está siempre latente la tendencia peligrosa de poner al otro en el lugar del enemigo, de alguien que no cuenta y que, por ello, no merece el mismo trato”. Quien el viernes suscribió este razonamiento se llama Carlos Fernando Rosenkrantz.

O repite sin entender conceptos ajenos (de Luigi Ferrajoli, por ejemplo) o tiene dosis elevadas de macrismo en sangre.

 

La minoría automática

Las publicaciones sobre el rol de Rosenkrantz como juez y parte, realizadas aquí y por Irina Hauser en el diario Página/12, han sembrado preocupación en el estudio y entre sus clientes, por temor a verse expuestos en casos de corrupción que tienen además un costado político. Rosenkrantz ha logrado convertirse en la minoría automática de la Corte Suprema que nominalmente preside, pero donde ha perdido todo poder de decisión. En algunos casos la antipatía fue inmediata. Es el caso del juez cordobés Juan Carlos Maqueda, que no ha hecho en su vida otra cosa que servicio público, en los tres poderes de su provincia, en la Convención Reformadora de la Constitución y en la Corte Suprema. El Pato Maqueda se indignó el primer día, cuando Rosenkrantz preguntó cuál era el sueldo de bolsillo y al saberlo se lamentó por cuánto dinero perdería. También se le atragantó a Rosatti, un constitucionalista y profesor que tuvo como clientes principalmente a municipios y universidades, estatales y privadas.

La odiosidad de Lorenzetti con Rosenkrantz tiene menos que ver con valores e ideas.

Estos sentimientos se intensificaron cuando Rosenkrantz dijo que la referencia para el sueldo de un ministro de la Corte debía ser la de un abogado de un gran estudio y se renovó con su descargo ante Irina Hauser cuando adujo que si debiera excusarse en todas las causas de quienes fueron sus clientes, “el universo de causas en que podría decidir sería irrazonablemente acotado. Por ejemplo, bastaría haber sido abogado del Estado Nacional para no poder intervenir nunca más en causas donde el Estado es parte» (sic). Es ostensible que no percibe la diferencia entre representar a una gran empresa que litiga contra el Estado o a la organización política del interés general. Tal vez porque cuando su cliente fue el Estado (la provincia de Santa Fe, en tres casos impositivos, por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP) lo logró en sociedad con otro radical de los más progresistas, como Ricardo Gil Lavedra. Fue por contratación directa, pese a que la Fiscalía de Estado tenia 150 abogados, y con la expectativa de obtener un porcentaje sobre los 60.000 millones de pesos en juego, cuestión que está por resolver la propia Corte. Según el concejal justicialista de Santa Fe Eduardo Toniolli, por la ley 21839 esos honorarios deberían fijarse entre 11 y 20 % del monto del proceso. Esto quiere decir entre 6.600 y 12.000 millones de pesos, algo inconcebible en este momento del país, que difícilmente el resto de la Corte dejaría pasar, si el cálculo de Toniolli fuera el correcto.

La página web del estudio ya no dice Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, sino BRYAS, que es su sigla, e incluye la foto del juez, informando a los clientes que ahora es juez de la Corte Suprema, como un argumento persuasivo de venta. Esta falta de recato y pudor es calificada por la Real Academia de la Lengua como impudicia.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial define la imparcialidad del juez en estos términos:  “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. Igual que Rosenkrantz, pero al revés.

 

Otra Mega Causa

Para el presidente de la Corte ni su amistad íntima con el director de YPF, Fabián Rodríguez Simón, ni el encuentro en la boda de la hija de su amigo con el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, fueron motivos para inhibirse en varios casos que conciernen a la compañía, algunos ya expuestos aquí. Pero la semana pasada, un nuevo episodio revolucionó a la República Autónoma del Cuarto Piso, con la causa de la compañía Mega contra la AFIP por cobro de impuestos. Mega es una empresa constituida por YPF (que, con el 38%, es su accionista principal), Petrobras y Dow Argentina.

 

 

Según su página institucional, su negocio es “agregar valor al gas natural a través de la separación y el fraccionamiento de sus componentes ricos. Recupera el etano, que constituye una de las principales materias primas de la industria petroquímica argentina, y aprovecha el resto de los componentes líquidos (propano, butano y gasolina natural) para otros mercados”. Fue uno de los expedientes más complicados en la Corte, porque los cinco jueces no se ponían de acuerdo y debieron recurrir al inusual método de resolver por cuestiones, de a una, al modo del antiguo Código de Justicia Militar.

El lunes 13 de mayo, el secretario Gustavo Naveira informó que ya estaban los votos listos y que se llevarían al día siguiente al acuerdo. Pero antes de comenzar, Rosenkrantz envió a su principal letrado, Sebastián Elías, a informar que retiraba su voto de la causa en la que había fallado en soledad en favor de la empresa de YPF y en contra del fisco. El borrador ya estaba firmado por todos los ministros.

El 31 de julio del año pasado murió Noemí González Hayes, la madre de Rosenkrantz. El diario La Nación publicó una dolorida participación de Alejandro y Bettina Bulgheroni quienes “acompañan a Carlos y familia en este triste momento, elevando una oración a su memoria”.

Es otra razón por la que Rosenkrantz debió haberse excusado en la causa ESSO (hoy Axion, de los Bulgheroni) vs Municipalidad de Quilmes, antes de pedir los autos y su remisión a la Procuración General.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/un-amigo-de-oro/?fbclid=IwAR3Jz1kT8YZ4TCeBRr-qQVjlEGwa1PzRDMW4eSK0F4P_K1Sm6Lu5oHULWKM

Argentina, Litio

Las comunidades movilizarán el 24 de mayo

La Asamblea de Guayatayoc realizó el IX encuentro de Salinas Grandes, Guayatayoc y el Consejo de Comunidades de Cochinoca en Casabindo, donde determinaron que el día 24 de mayo presentarán un petitorio en Casa Belgrano por la realidad que viven las comunidades en cuanto a la megaminería.

En la jornada del último sábado analizaron la situación de la región y también plantearon estrategias creativas para la zona y articularon los pasos a seguir, es por ello que el 24 de mayo se convocaron en la rotonda del Barrio Ciudad de Nieva a las 10 con carteles.

Lo que determinaron las comunidades es defender el agua, y recordar que tras el conflicto con la instalación de los proyectos mineros en la Laguna de Guayatayoc está resuelto que “no permitirán que se explote la minería”. Lo repitieron varias veces, ya que en esta instancia el estado provincial agotó los canales de diálogo, ya que las comunidades lo habían invitado meses atrás a qué suba a las salinas a dar a conocer el proyecto respetando el derecho indígena a la consulta previa, libre e informada.

Varias comunidades recalcaron los alcances de ese derecho que asiste a las comunidades y que el estado no garantiza.

As también establecieron fechas para próximos encuentros para seguir luchando y defendiendo los recursos naturales.

Fuente: http://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/las-comunidades-se-movilizaran-el-24-de-mayo-45816?fbclid=IwAR1gdeEFWHR-gSoq2AnWaFEY3IwxrQJyWGVpQi27r2PwLK7_ZmEhn7UAwVI#.XN3l3iljDHU.facebook

Argentina

Como rata por tirante

En el marco de la semana de la minería,  funcionarios nacionales del Gobierno de Cambiemos y personalidades del mundo del espectáculo  participaron de una reunión para avanzar sobre el proyecto minero Agua Rica.  La convocatoria sin embargo, se les fue de las manos a los organizadores por lo que funcionario del PRO y un humorista invitado pasaron un muy mal momento durante el panel minero.

Del evento predominantemente minero participaron Pablo Bereciartua (Secretario de Recursos Hídricos), Mariano Lamothe (Subsecretario de Minería), Alejandro Rozitchner (Asesor presidencial), Nicolás Bareta (vicepresidente de Yamana), Mario Hernández (presidente Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la RA), el empresario Hugo Diamante e incluso el actor y humorista Juan Acosta. Estaban invitados también Rodolfo Micone (Secretario de Minería de Catamarca) y Sergio Saracho (presidente de la comisión de Minería en Diputados). El panel debió levantarse abruptamente porque los ánimos de los presentes se caldearon frustrando el objetivo de la reunión. Al lugar llegaron camionetas y combis pagadas por la empresa Yamana Gold para trasladar a los invitados que regresaron con más dudas que certezas. En particular hubo malestar por la presencia del humorista Acosta que nada tenía que ver con el debate minero.

Otro dato es la visita de diputados y senadores a la zona minera. La mayoría aceptó el convite a excepción de Hugo Ávila y Macarena Herrera por considerar que faltaba información y entender que aceptando la invitación se legitimaba de alguna manera el proyecto minero. De todas formas, los que llegaron hasta la mina en ciernes no se acordaron de preguntar por los diques de contención de sólidos que la empresa Yamana Gold no hizo para evitar que las lluvias arrastren material suelto que luego afecta el agua que consume la sociedad (publicamos en El Intransigente sobre el agua cobriza que no pudo ser tratada en la planta potabilizadora). Un paseo gratis o costeado por la empresa privada sin que tampoco eso signifique trabajar en el sentido correcto.

Entretanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en una resolución que tiene que hacerse un nuevo Informe de Impacto Ambiental y, además, que ese informe se debe «aprobar o desaprobar», no «aprobar con condiciones o reservas». Asimismo indicó la necesidad de trabajar en el concepto de «participación social». Efectivamente, la participación social (sobre la que no hay reglamentación) no debe confundirse con licencia social, Responsabilidad Social Empresaria, reuniones informativas o difusiones de interés. Dicho con otras palabras, si no hay una normativa trabajada por los legisladores catamarqueños que garantice la participación social, el proyecto Agua Rica se judicializará otra vez paralizando una inversión que, por supuesto, en minería se estima en millones de dólares.

El encuentro se desarrolla en medio de muchas  tensiones en Catamarca:

  • En Andalgalá hacen marchas todos los fines de semana para que no se active el proyecto minero Agua Rica. Se contabilizan a la fecha 500 caminatas.
  • El Concejo Deliberante del departamento Andalgalá aprobó una ordenanza de Monitoreo y controles periódicos de los parámetros indicadores de calidad de agua.
  • Esta Ordenanza desató una nueva polémica pues la provincia reclama esa potestad.

¿Es esa Ordenanza el camino apropiado para obligar a las empresas mineras a trabajar correctamente o significa un guiño del oficialismo municipal para desarrollar, en un futuro no muy lejano, Agua Rica con más controles y canalizar el reclamo del Foro de desocupados? ¿Hay una negociación para que no se toque el Aconquija a cambio de explotar Agua Rica?

Nación y Provincia se equivocan con reuniones que resultan inútiles pues discuten un anteproyecto que ya no tiene validez, apuestan a que la falta de trabajo sea la llave para que la comunidad pida a gritos por Agua Rica. Desde el ámbito más técnico y profesional sostienen que el proyecto es viable pero caro si se lo hace bien, por ejemplo, se podría llevar «todo» el material vía cintas transportadoras para que sea tratado en las instalaciones de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) donde la empresa Glencore opera Bajo la Alumbrera. Es decir, no dejar «nada» en la zona de Agua Rica que pueda implicar un futuro desplazamiento. Los ambientalistas aseguran que no hay manera ni tecnología que haga posible la explotación de la polémica mina y sostienen que al margen de los «desesperados» hoy por trabajo, se puede estar peor en Andalgalá. A la pobreza habrá que sumarle enfermedades y consecuencias ambientales que podrían significar una catástrofe de dimensiones inconmensurables.

Los ambientalistas sueñan con ponerle una traba judicial para siempre pero la política tiene sus resortes dentro del ámbito judicial que devuelven el tema al ámbito del Ejecutivo nacional, provincial y municipal. Por lo pronto hay muchas cosas a medias, entre ellas el miedo a trabajar con arsénico en un ambiente periglaciar para lo cual aún la empresa no tiene respuesta. De cualquier manera, Yamana está totalmente abocada al negocio financiero de la especulación internacional minera: con proyectos como Agua Rica, vendió «oro a futuro» de una mina parada y que ni siquiera está en construcción mientras los funcionarios del Ejecutivo aceptan poner la cara.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/42696-como-rata-por-tirante

Argentina, Litio

Comunicado de prensa de la «Asamblea de Organizaciones de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y el Consejo de Comunidades de Cochinoca»

Compartimos el comunicado de prensa de la «Asamblea de Organizaciones de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y el Consejo de Comunidades de Cochinoca» quienes reafirman la lucha en defensa del agua y el territorio ancestral, permaneciendo en alerta y movilización ante el posible avance de cualquier proyecto extractivista de Litio y Megamineria.

«Comunicado de la Asamblea de Organizaciones de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y Consejo de Comunidades de Cochinoca.

Casabindo, 11 de mayo de 2019

Reafirmamos el NO A LA MEGAMINERIA, SI AL AGUA Y A LA VIDA , y ratificamos el documento realizado el 21 de febrero de 2019, firmado en Saladillo, cuyos puntos principales son:
-Declaración de la Cuenca de Salinas grandes y Laguna de Guayatayoc, como PATRIMONIO NATURAL ANCESTRAL Y CULTURAL de los Pueblos originarios , solicitando la legalizacion de esta declaración a nivel nacional y provincial, con el fin de preservar el trabajo de la sal, agricultura , ganadería y otros trabajos artesanales que sustentan económicamente a nuestras comunidades.
– Ninguna comunidad, comunero, particular, ni institucion, está autorizada a aprobar, ni autorizar, ni mantener negocios vinculados a mineria de litio, megamineria o actividades que afecten negativamente al territorio,con el gobierno o empresas.
-Decimos a la población de Jujuy, a los medios, y a todos los que se solidarizan con nuestra lucha, que NOS MANTENEMOS EN PIE DE LUCHA HACE MAS DE 500 AÑOS como PUEBLO NACION KOLLA preexistentes al estado argentino. Ahora y siempre defenderemos nuestro territorio.
-No permitiremos el ingreso de empresas, el saqueo y contaminación fomentado por el Gobierno en otras localidades.
Permanecemos en alerta y ante cualquier actividad o movimiento sospechoso de proyectos de litio o mega minería en el territorio, nos convocaremos en el lugar y expulsaremos a la empresa, haciendo valer nuestros derechos y lo decidido en asamblea.
– Ante la reciente declaración de las Salinas Grandes como una de las 7 Maravillas Naturales de la Argentina, decimos que gracias a nuestro modo de vida como pueblos ancestrales habitando este territorio, se ha conservado y protegido, desde hace miles de años, a la Mamita Salina, para que todos hoy podamos disfrutar de su belleza natural.Con mayores fundamentos seguiremos protegiendola.
-Debido a no tener solución a nuestras demandas, ni respeto a nuestros derechos, PERMANECEMOS EN ALERTA Y MOVILIZACION, dando a conocer próximamente acciones a seguir.

JALLALLA PUEBLO NACION KOLLA!
EL AGUA Y LA VIDA VALEN MAS QUE EL LITIO

NO A LA DESTRUCCION DE LA PACHAMAMA»
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Colectivo Radio Pueblo

Argentina

Se confirmó que la Barrick contaminó 5 ríos en San Juan

Luego del  polémico derrame de solución cianurada de la Mina Veladero en la localidad de Jachal. El peritaje que realizó la Policía Federal confirmó que la empresa Barrick Gold contaminó los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en San Juan.  El informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) aseguró que el derrame de cianuro en la mina Veladero afectó las cuencas hidráulicas de la provincia y que la empresa no cumplió con la ley de residuos peligrosos, la Ley 24.051. La causa se encuentra se encuentra en el juzgado de Sebastián Casanello y no solo tiene en mira a los responsables de la Barrick Gold, sino que apunta a investigar la responsabilidad de algunos funcionarios públicos que debería controlar la actividad minera. El informe, publicado por La Nación, afirma que el peritaje fue presentado a fines de 2015. Desde la empresa canadiense niegan conocer este documento que confirma la contaminación. «Todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total», relata la evaluación de la Policía. No es la primera vez que la Barrick niega no conocer. En octubre del año pasado, gracias a los vecinos de Jáchal, trascendió que uno de los caños por los que circulaba cianuro se había roto. En un principio fue negado tanto por la empresa como por el gobierno de la provincia.  Tuvieron que pasar cuatro días para que la Barrick asuma la responsabilidad del derrame de «solución cianurada» y calculando el horario en el que se detectó y hasta que se detuvo, fueron 224 mil litros. Sin embargo, la fuga se descubrió el domingo a las 10 de la mañana y el último control habría sido el sábado por la tarde. Es decir, la fuga de cianuro podría ser mayor de lo confirmado por la minería. Hasta el momento, la resolución de la Justicia sanjuanina, a cargo del Juez pablo Oritja, fue imputar a 9 empleados de Veladero.

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/sociedad/se-confirmo-que-la-barrick-contamino-5-rios-en-san-juan-0223-0034.phtml?fbclid=IwAR1TLTS6fNoK5Z6XQpCezNrlIglEy1f6Zoi2OnIZ5OzIYxLiqyQ04BNas2s

Argentina

GRAN MARCHA EN GAIMAN JUNTO AL VALLE, LA MESETA Y LA COSTA

Vecinos y vecinas de Gaiman marcharon junto a asambleas de Chubut en una tarde memorable de abrazo al Río Chubut, en defensa del Agua y la Vida.

Este sábado la población de Gaiman protagonizó una gran marcha y abrazo simbólico al Río Chubut junto a la Asamblea en Defensa del Medio Ambiente del VIRCh, integrantes de comunidades originarias y de distintas asambleas de vecinos de localidades de la Costa.

La actividad tuvo el objetivo de expresar una vez más el sostenido y contundente NO a la megamineria y la zonificación minera en Chubut, y se convocó desde las 17 horas en plaza Julio A. Roca.

Además en la calle del Arte se presentaron al aire libre espectáculos artísticos a cargo de las agrupaciones artísticas Fuego Negro, Grupo Carileufú, Brian Pedrero, Murga Los Desakatados y el taller de Folklore de extensión de la universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco. También hubo un rincón literario y de artes visuales.

Junto a los vecinos y vecinas de la Asamblea de Vecinos de Gaiman en Defensa del Medio Ambienteparticiparon grupos de motoqueros, generándose una gran caravana desde Trelew.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42680-gran-marcha-en-gaiman-junto-al-valle-la-meseta-y-la-costa
Argentina

Cinco siglos con la misma política

  De la plata de Potosí en el Siglo XVI a Barrick Gold y Glencore-Xstrata (Minera Alumbrera) en 2019. De la explotación de caucho a la soja de Bayer-Monsanto y las promesas de Vaca Muerta. De La Forestal a la pastera UPM-Botnia. América Latina centra su economía y política en la exportación de productos primarios, desde que era colonia hasta la actualidad. Académicos, activistas e indígenas recuerdan que ningún país se desarrolló en base al extractivismo y afirman que se trata de un modelo que asegura dependencia y atraso. En año de elecciones, ningún candidato plantea alternativas a la explotación de bienes naturales.

El presidente Mauricio Macri inauguró en febrero la “Mesa Nacional de la Soja”, para potenciar el avance del cultivo. Un día después, el Gobierno aprobó una nueva variedad transgénica, de la empresa Indear-Bioceres, con uso de los agrotóxicos glifosato y glufosinato de amonio. El 8 de marzo recibió a las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, en Olivos. Visitó Expoagro (la feria del agronegocio de Clarín y La Nación). Inauguró en Jujuy la “Mesa del litio”, para facilitar la llegada de empresas y, en petróleo, exhibe Vaca Muerta como promesa de dólares y progreso. El futuro de la economía, y del país, atado a la exportación de materias primas.

Jenny Luján es parte de la Asamblea por la Vida de Chilecito, donde expulsaron a cuatro mineras del Cerro Famatina. Explica que desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) hace años reflexionan sobre el lugar en el mundo que asigna el extractivismo a los países de la región. “Desde el descubrimiento de América, Abya Yala para nosotros, todo este territorio fue considerado como fuente de riqueza para sostener a los imperios del Norte. Eso se llama extractivismo, robo, saqueo”, grafica.

A la avanzada actual de empresas y gobiernos la llama “recolonización”, cita los ejemplos de las mineras en La Rioja, San Juan y Catamarca, con visto bueno de los distintos colores políticos. “En 200 años de República, de Nación, no ha cambiado nada. Se profundizó el saqueo que comenzó con el robo de las tierras y genocidio a los pueblos originarios. Y el poder sigue protegiendo a los saqueadores. La riqueza se la llevan, aquí queda contaminación y destrucción. Tenemos cinco siglos de pruebas de ese accionar criminal”, explica Luján.

Más al sur, Vaca Muerta se presenta como la gran reserva de petróleo y gas no convencional (con la peligrosa técnica del “fracking” –fractura hidráulica–). Su explotación es política de Estado.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aclara que no tienen ninguna expectativa en que algún candidato frene el modelo de explotación de bienes naturales. “La clase política intenta mostrarle a la sociedad que el extractivismo puede ser una solución, cuando sabemos que es todo lo contrario. Ni el peronismo de derecha ni el peronismo progresista y menos el Gobierno actual difieren en este sentido”, afirma Nahuel.

Recuerda que desde hace un siglo se explota petróleo en Neuquén y nunca trajo beneficios reales para acabar con la desigualdad y la pobreza. “Las trasnacionales llegan con promesas de bienestar y felicidad, pero profundizan el saqueo y la contaminación”, definió Nahuel y recordó el rol protagónico que tiene el extractivismo en el cambio climático: “Estamos caminando hacia un abismo y debemos ponerle freno”.

Horacio Machado Aráoz es investigador del Conicet y parte del colectivo Sumaj Kawsay. Explica que a lo largo de la historia las economías primarias-exportadoras han tenido ciclos de crecimiento muy espasmódicos, altas tasas de crecimiento seguidas de crisis, que tienen relación con los ciclos de auge y caída de la demanda mundial de materias primas.

Destaca que la crítica al extractivismo cruza a la derecha y a la izquierda política, que minimizan o desprecian la afectación ecológica-ambiental, pero al mismo tiempo deja de lado tres características centrales: “El modelo extractivista afecta las posibilidades de desarrollo autónomo, sostenible y de largo plazo. Perpetúa la desigualdad social, porque es un modelo con una estructura de clase oligárquica, de concentración de la tierra, de corporaciones que deciden sobre los territorios. Y, en términos de democracia, el extractivismo erosiona los derechos de las poblaciones y aleja la posibilidad de una soberanía popular”.

Hersilia es una localidad de 3000 habitantes en el noroeste de Santa Fe. Allí vive Fernando Albrecht, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocadods y de la Universidad Trashumante (experiencia de educación popular con ejes en la autonomía y la horizontalidad). En una rápida clase de historia repasa las matanzas de pueblos indígenas, la colonización con familias de Europa, las grandes estancias, La Forestal (empresa inglesa de corte feudal, que explotó obreros y arrasó los montes de quebracho durante medio siglo), el avance ganadero, la industria láctea y el agronegocio (de base transgénica y de agrotóxicos), que implica “la acumulación de dinero y territorios en pocas manos”.

Relata lo ilógico que, en un pueblo rodeado de campo, haya pobreza y que los alimentos lleguen procesados desde las grandes ciudades. Tras el mito de que “Argentina produce alimentos para 400 millones de personas”, recuerda que la mayor parte de la cosecha es para alimentar chanchos y aves de Asia y Europa, no se trata de comida para los argentinos. En Hersilia y Ceres lograron ordenanzas que alejen las fumigaciones con agrotóxicos y trabajan con productores en 3000 hectáreas para abandonar los transgénicos y avanzar en la agroecología.

“Cuestionamos al agronegocio porque, además del impacto en la salud y el ambiente, es un modelo injusto, donde solo buscan rentabilidad, es un modelo decidido por la Bolsa de Chicago y mercados de China”, asegura.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/191895-cinco-siglos-con-la-misma-politica?fbclid=IwAR2x0cIcQ-daSlPmwXEYvCJw_kXR11OR1oyvUO0tv55DZxlgisyk6O7ATHo

Argentina

BARILOCHE CONTRA LA MINERÍA CONTAMINANTE

  Vecinos y organizaciones de la provincia de Río Negro sostienen el reclamo por la ley que los protegía del cianuro y la megaminería, derogada por el ejecutivo provincial a fines de 2011. Adelantan también que los días 4 de cada mes llevarán adelante nuevas acciones populares.

Integrantes de la organización ecologista Piuke, comunidades mapuche y vecinos autoconvocados colocaron este sábado un cartel en una de las rotondas del alto y entrada desde el sur de Bariloche con la leyenda: “No a la Mina. Ingkaleiñ Taiñ Ko” (estamos defendiendo nuestra agua).

“Estamos reunidos en defensa de la vida, del agua, del territorio y de la autodeterminación, y en contra de la contaminación y del saqueo, construyendo la resistencia contra el modelo extractivo destructivo que gobiernos y corporaciones intentan imponer en nuestro territorio. Los promotores de este modelo de maldesarrollo insisten que la megaminería se puede controlar y le abren el paso a corporaciones que cuentan con mucho dinero y poder, que manejan funcionarios y medios que repiten sin cesar los supuestos beneficios. Sin embargo, se cuenta con muchos ejemplos para sostener que la megaminería con control es una mentira. Ya van varias décadas de este método de extracción de minerales y son demasiados los accidentes como para ocultarlos”, advirtieron los referentes ambientalistas que colocaron el cartel en la rotonda donde se bifurcan las Ruta 40 Sur y Circunvalación..

Desde la asociación ecologista Piuke señalaron que “en muchos lugares del mundo hay comunidades y ecosistemas contaminados por accidentes graves de derrames, que incluyen zonas devastadas, ríos contaminados y poblaciones enteras en peligro. Se pueden contar muchos accidentes sólo en continente americano, como el reciente accidente en Brasil. Otro caso paradigmático es lo que sucede en San Juan, con la mina Veladero. En los últimos años hubo al menos cinco derrames y las poblaciones de Jachal e Iglesia tienen su territorio y sus aguas contaminadas”.

“Reclamamos que devuelvan al pueblo rionegrino la llamada Ley Anti Cianuro N° 3981, derogada el 29 de diciembre de 2011, que protegía a las comunidades de la explotación de la megaminería y sus peligrosas consecuencias. Seguiremos manifestándonos los 4 de cada mes para rechazar el avance de proyectos de minería de uranio, oro y plata en la región”, manifestaron.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/42672-bariloche-contra-la-mineria-contaminante-2?fbclid=IwAR0W2V7bGQaAmcvilU1QUiru407_-vmon_wHQOhN_wanLcM31TaQ8_cK7Gs