Chile, Litio

DECLARACIÓN PUBLICA COMUNIDAD ATACAMEÑA DE COYO

La Comunidad Atacameña de Coyo, manifiesta su RECHAZO a la Solicitud de Pertinencia que presenta la EMPRESA WEALTH MINERALS, en su campaña de exploración de minerales no metálicos, donde pretenden ubicar una plataforma de sondaje sónico (sondeara entre 150 metros a 200 metros de profundidad). Nos preocupa por el impacto que esto genera hacia NUESTRO SANTUARIO DE LA NATURALEZA DE LA LAGUNA DE TEBENQUICHE QUE PERTENECE AL PUEBLO ATACAMEÑO LICKANANTAY. Creemos que se ha transgredido uno de los principales valores enseñados por nuestros abuelos y padres, hablamos de la necesidad de pedir PERMISO, acción que la Empresa no ha realizado, utilizando caminos privados y habilitando un NUEVO CAMINO SIN AUTORIZACIÓN en horarios que generan incertidumbre. Es lamentable que esto ya sea una reiterada práctica de parte de la empresa, y más grave aún que esta vez lo hagan incluso acompañados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Ante esta situación, no queda más que preguntarnos: ¿Por qué querer pasar desapercibidos? La falta de respeto hacia la Comunidad es por NO SOLICITAR AUTORIZACIÓN ya que somos quienes protegen el Santuario de la Naturaleza.
Dentro de su solicitud de pertinencia, la empresa no considera los impactos reales, como:
• El riesgo del valor e interés para la ciencia de nuestra laguna sagrada a nivel mundial inserta en nuestro SANTUARIO DE LA NATURALEZA.
• En su marco legal, tampoco toma en cuenta el CONVENIO 169 y el derecho a Consulta Indígena.
• Impacto en la micro y macro fauna, EXTREMOFILOS presentes.
• La generación de fracturas internas o derrumbes que pueden ser ocasionados por máquina de sondaje de alto tonelaje.
• Tampoco considera medidas de mitigación frente al impacto ambiental de sustancias tóxicas al aire.
Creemos que los antecedentes suficientes que permitan a la autoridad determinar si esta solicitud requiere o no el ingreso al SEIA para su evaluación ambiental en forma para su ejecución, debe ser complementado con antecedentes de las malas prácticas que ha tenido la empresa en reiteradas ocasiones, además de la falta a la verdad que tiene el documento en varios párrafos:
• “No es susceptible de generar impactos ambientales adversos”. FALTA A LA VERDAD; TODA ACCIÓN GENERA IMPACTOS Y EN ESTE CASO SON DESFAVORABLES.
• “Se procurara utilizar huellas y caminos existentes”. FALTA A LA VERDAD; SE HABILITARON CAMINOS SIN AUTORIZACIÓN, IMPACTANDO A UN CAMINO TROPERO EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2019.
• La consulta de pertinencia no tiene relación con el alumbramiento de Aguas Subterráneas. PARA EL PUEBLO ATACAMEÑO LICKANANTAY EN SU COSMOVISIÓN, LAS AGUAS SON UNA SOLA Y LO QUE DENOMINAN SALMUERA ES BASICAMENTE AGUA CON SAL SUBTERRANEA ALUMBRADA, HOY ENCONTRANDONOS CON 2 CALICATAS EN TERRENO.
• La Empresa considera utilizar el sistema de perforación sónico hasta una PROFUNDIDAD DE 150- 200 METROS para tomar muestras de SALMUERA Y MUESTRAS GEOLOGICAS.EL ATACAMEÑO ES EL QUE MEJOR CONOCE SU TIERRA Y LA PROFUNDIDAD de 200 METROS PROVOCARA DERRUMBE O FRACTURA INTERNA ACOMPAÑADO DE UN DAÑO IRREVERSIBLE.
Queremos manifestar que nuestra comunidad llegará hasta las últimas instancias,tomando medidas por el RESPETO que se merece el EQUILIBRIO NATURAL de nuestra laguna. Esta exploración se da en un sitio RAMSAR por lo cual obligatoriamente debe someterse al Sistema de Evaluación Ambiental.

COMUNIDAD ATACAMEÑA DE COYO

Fuente: https://www.facebook.com/ocmal.org/?epa=SEARCH_BOX

Chile

NUEVO EXTRACTIVISMO MINERO AMENAZA A REGIÓN DEL BIOBÍO

El extractivismo en Chile se fortalece día a día, no es suficiente que se produzcan cerca de 1.400.000 toneladas diarias de relaves como consecuencia de la producción de cobre. Ahora en la Región del Biobío la proyección de un nuevo tipo de minería amenaza al ecosistema. Se trata del proyecto minero Biolantánidos, propiedad de la empresa Minería Activa, parte de Larraín Vial. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO.

El proyecto, según su Estudio de Impacto Ambiental, consiste en  “la construcción y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento de maicillo granítico con presencia de Lantánidos – conocidos ampliamente como Tierras Raras-, con una capacidad para procesar hasta 240 toneladas/hora de mineral, para producir de 1.700 toneladas anuales de Concentrado de Tierras Raras”.

¿Qué son las tierras raras?

El profesor del departamento de Geología de la Universidad de Chile, Miguel Ángel Parada,  explica qué son estos elementos y las características de sus yacimientos.

“Las tierras raras constituyen un grupo compuesto por 17 elementos, que se encuentran en la parte baja de la tabla periódica, bajo el nombre de tierras raras. La extracción de tierras raras es algo nuevo en Chile, no hay experiencias de yacimientos anteriores”.

El principal uso que se le da a las tierras raras es para el desarrollo tecnológico y producción de armas. Entre sus múltiples usos destaca: desarrollo de inteligencia artificial, aplicaciones cibernéticas, televisores LED, baterías recargables. desarrollo de aleaciones para fuselajes de aeronaves y vehículos espaciales, fabricación de drones y fabricación de dispositivos bélicos.

Los múltiples productos que dependen de las tierras raras lo han convertido en un elemento estratégico para el desarrollo de potencias mundiales. Dos de los principales productores de tierras raras son China y Estados Unidos.

Litros de problemas

Desde el punto de vista legal el proyecto ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental en diciembre del 2018 y actualmente se encuentra en calificación. Cabe destacar que la misma empresa Rare Earth Extraction UNO,ya había ingresado tres veces un proyecto con similares características bajo el nombre de PROYECTO MINERO EL CABRITO, el cual fue rechazado en una ocasión y desistido en las otras dos. Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, su director Lucio Cuenca, expone lo incompleto del proyecto minero.

“Es un proyecto muy deficiente, incluso los mismos servicios públicos han manifestado que no tienen la información suficiente para que se haga una evaluación del posible impacto social y ambiental del proyecto. Falta mucha información, no están descritos los procesos que se hacen para realizar este tipo de minería”.

Una de las aristas más complejas dentro del proyecto es el consumo hídrico que tendría la empresa, en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), declaró que usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo la empresa solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora. El encargado de comunicaciones de la Coordinadora Penco-Lirquén, Edison Neira, destaca el problema hídrico que significaría la aprobación del proyecto.

“Principalmente afectaciones en lo que son los cauces de agua. Por un lado extaerían grandes cantidades de agua del Estero Penco y del Estero El Cabrito de la comuna. Ellos declaran que esas cantidades de agua serían 35 mil litros por hora, sin embargo tienen derechos de agua por tres o cuatro veces más”.

Una de las principales fuentes de agua para el consumo de la minera provendría el Estero Penco, lo paradójico es que estas aguas están clasificadas por la Dirección General de Aguas como Calidad de Agua excepcional.

¿Qué significa que un cauce sea clasificado como fuente de calidad de agua excepcional?

Según la Dirección General de Aguas, quiere decir que son aguas de extraordinaria pureza y escasez, por lo que forman parte del Patrimonio Ambiental de la República de Chile, ya que no afectan a la salud humana y cumplen los criterios de aceptabilidad del agua potable. ¿Seguirá así después del trabajo de una minera? Esa es la pregunta que se hacen las comunidades.

Bosque nativo en peligro

Otro grave problema que generaría el proyecto minero es el daño que significaría al bosque nativo presente en la zona. Si bien desde la empresa desmienten esta información, las coordenadas entregadas en su EIA coinciden con más de 13 hectáreas de bosque nativo, donde destacan plantaciones de Queule y Pitao, ambas especies han sido declaradas como monumentos naturales por la CONAF.

¿Qué es un monumento Natural?

Según la CONAF: “El monumento naturales un área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural o científicos. Su objetivo es preservar el ambiente natural, cultural y escénico, y en la medida que sea compatible con ello, desarrollar actividades educativas, recreacionales o de investigación”.

Sin duda que la explotación y la destrucción que generan las mineras se ve respaldada por el Estado, desde muchos aspectos. Las leyes mineras preponderan por encima de las demás leyes y queda en las comunidades el rol de defensa de los territorios.

Desde esta misma perspectiva, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, destaca la importancia que han tenido las comunidades en el rechazo de algunos proyectos mineros.

“Aquí juega un factor determinante la acción de la comunidad. Yo creo que en algunos casos se ha podido paralizar o poner límites a la intervención de la minería y eso se ha debido fundamentalmente a la acción de la comunidad. Por un lado la minería tiene un estatus legal protegido desde la constitución, la ley orgánica de concesiones mineras, el código minero, que pone a la minería en un estatus superior a otras actividades que se desarrollan en el territorio”.

Desde las comunidades de Penco y Lirquén trabajan organizadamente buscando detener el avance de esta nueva minería. El deficiente trabajo del Estado y de todas las instituciones responsables del cuidado del ecosistema obligan a las organizaciones a emplear gran parte de sus energías en demostrar las múltiples deficiencias y probables consecuencias de los proyectos extractivistas. El caso de Biolantánidos es particularmente grave porque la construcción de la minera significaría la afectación de los cauces de agua, el daño a bosque nativo y las, por ahora, inimaginables consecuencias de la extracción de Tierras Raras.

Se espera que durante el segundo semestre del 2019 el Servicio de Evaluación Ambiental entregue respuesta a la empresa Minería Activa sobre el Estudio presentado en 2018.

Chile

Preocupación en la Patagonia por perforaciones mineras en el entorno del lago General Carrera

En la región de Aysén se encuentra el lago General Carrera, un magnífico espacio natural rodeado de montañas nevadas y alimentado por los glaciares del Campo de Hielo Norte, que a su vez, es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. En este lugar, además, se encuentra una zona conocida como Quebrada Honda, donde investigadores han descubierto las huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, incluyendo pinturas rupestres que datan de por lo menos, 10 mil años.

“Hay niveles de roca que eran el fondo del Atlántico hace 20 millones de años, ahí estamos encontrando restos de arrecifes de corales, de tiburones y algunas ballenas. Otros niveles están llenos de marcas de hojas, de lo que eran bosques tropicales hace más o menos 45 millones de años”, explica al diario español El País el paleontólogo de la U. de Valdivia, Enrique Bostelmann, quien lidera las excavaciones en la zona.

Pero en paralelo a esta labor científica, hay otras personas que están buscando riquezas en el suelo de esta zona. Se trata de la minera australiana Eqqus Mining, que está realizando perforaciones para encontrar oro y plata, situación que tiene en alerta a las comunidades locales.

El proyecto de la minera, llamado Los Domos, ha dividido al pueblo de Chile Chico y ha generado un clima social “insoportable”, según describen algunos activistas que incluso acusan que han recibido amenazas. Una de las personas que se ha atrevido a sacar la voz en ese sentido es Corina Ainol, líder de la Agrupación Antukulef, colectivo que ha venido informando sobre los impactos de la minera en la localidad.

Ainol explica que el proyecto de la firma australiana llegó en medio de un momento de incertidumbre en Chile Chico, ante los niveles de desempleo. Así, el plan contemplaba abrir una nueva mina dentro de los límites del Parque Nacional Patagonia, los que fueron aprobados en enero de 2018, en los últimos meses del Gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de un territorio salvaje que supera las 300 mil hectáreas, dentro de las que están los terrenos donados al Estado por la fundación Tompkins Conservation.

Ante las limitaciones, comenzó una dura campaña del alcalde de Chile Chico contra el Parque Nacional, argumentando que atacaba a los modos de vida tradicionales e impedía «el desarrollo del pueblo». En ese entonces, se realizó una votación en la que participó solo el 20% del Censo, y que terminó con un 80% contra el Parque.

En paralelo, el gobierno de Sebastián Piñera redibujó los límites del área protegida, asegurando que hubo errores en el decreto firmado por Bachelet. De esta forma, se sacó un polígono de 2.309 hectáreas de tierras del Estado donde la minera pretende obtener el oro.

Esta decisión fue admitida por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en enero de este año, destacando que se sumaron dos mil hectáreas para compensar. Así el Parque Nacional quedó con un tamaño similar al original, pero quedando al lado de una eventual mega operación minera que se establecería entre los cerros y los afluentes del río, según detalla El País.

Gloria Becerra, agricultora y líder campesina, ha manifestado su preocupación por el futuro de Chile Chico con el proyecto minero, y fue hasta el Senado para denunciar el hecho: “Me preocupa la contaminación de nuestras aguas y del lago”, dice la mujer que se dedica a la venta de verduras y hortalizas en el pueblo.

“Hay campesinos arriba que beben agua del río, los animales también, regamos con ella y no vamos a poder cultivar sano, natural. Y el río va a parar al lago, que es el principal reservorio de agua dulce de Chile“, agrega Becerra.

Pero este no es el único proyecto que complica al lago General Carrera. Equus Mining está también desarrollando proyectos de exploración en Puerto Ibáñez, en la costa norte del lago, al igual que la empresa australiana Laguna Gold.

“La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro“, advierte el periodista Patricio Segura, integrante de la red y director de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

De acuerdo a los últimos informes entregados a sus accionistas, Equus Mining ya comenzó la fase tres de su proyecto de exploración en Los Domos. Ante esto, Codesa presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que la firma debería presentar una evaluación de impacto ambiental. A la vez, el Servicio Nacional de Geología y Minería informó en febrero al SMA sobre una posible infracción, debido a que la empresa habría fragmentado el proyecto de exploración para eludir la evaluación de impacto.

Fuente: https://www.elciudadano.com/chile/preocupacion-en-la-patagonia-por-perforaciones-mineras-en-el-entorno-del-lago-general-carrera/05/08/?fbclid=IwAR3FReKDnwVGxlgGe3vRXLJqm52ix8dHdKWf0V7Fsa_tDLDsVv7HwY5YFXw

Chile

Megaproyecto Dominga ya fue rechazado y Corte Suprema deberá ratificarlo: Peligros, oportunidades y desafíos

En este artículo quiero proponer una breve reflexión de cómo enfrentar un conflicto que sigue abierto, que no ha cerrado y que está esperando ser gatillado para causar la alegría de algunos o la indignación de otros.

A fines de este año seremos sede de la próxima reunión de Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas, más conocida como COP25, la cual busca impulsar políticas activas para cuidar y proteger el planeta. El Gobierno de Piñera ha puesto algunos temas como el cuidado de los océanos y la Antártica (y otros) sumado a un Consejo Presidencial COP25, más bien técnico-político, porque no está la ciudadanía o dirigentes socioambientales. Pero en cualquier caso, se realizará y buscará tomar acuerdos planetarios sobre temas fundamentales para la sobrevivencia global. En contraposición, movimientos socioambientales están levantando la Cumbre de los Pueblos 2019. Ella propone una agenda antineoliberal y de justicia climática. Pero por qué menciono esto, bueno, porque en Chile parecemos funcionar fuera de la regla: ¿qué sucederá si la sentencia de la Corte Suprema no acoge los alegatos de la oposición al proyecto? Las autoridades actuales deberán aprobarlo o no en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Y bueno, solo recordemos las declaraciones de la Intendenta Lucía Pinto al momento de aprobar el Plan Regulador Intercomunal Elqui (PRI), contando con el apoyo de la Cámara Chile de la Construcción, los alcaldes de la conurbación y diputados de la derecha de la región (y sin la participación ciudadana, esa es la regla en Chile): la Intendenta señalaba que Dominga podía ser aprobada con mayor facilidad con este PRI. Y bueno sumando más antecedentes, todos los miembros de su coalición se han mostrado a favor porque necesitan de este proyecto para seguir sustentando su discurso de “trabajo” (precarizado y sin mejores sueldos), “desarrollo” (para los ricos) y “seguridad” (para ellos).

¿Qué sucedería? Nuevamente Chile perdería credibilidad internacional (como pareciera ser la tendencia en este Gobierno): pierde la comuna de La Higuera y sus comunidades, el trabajo sustentable realizado durante todos estos años por los pescadores artesanales, el turismo, pierden los animales, la flora, las aguas. Este es el gran peligro.

Pero, ¿las oportunidades? Las hay y las conocemos. La zona lleva más de 11 años en constante conflicto (en 2010 lo fueron las tres termoeléctricas “Barrancones” y hoy lo son Cruz Grande y Dominga), erosionando la convivencia del territorio y polarizando a las familias. Sin embargo, si observamos la evolución del conflicto, nos encontramos con varios hitos importantes durante este 2019:

(1) La creación de Alianza Humboldt es un giro estratégico fundamental: Con el objetivo de proteger el Archipiélago de Humboldt a corto y largo plazo, organizaciones (ONG’s, movimientos sociales) de la región y todo Chile, se han unido en red para generar una política de conservación definitiva para uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad. (2) El aumento de la organización y acciones públicas: durante este año, hemos sido testigos de diferentes acciones colectivas del movimiento socioambiental para concientizar y hacer presión a las autoridades que los proyectos no se deben aprobar: tales como, campañas en redes sociales, representantes en radios durante febrero y marzo; dos velatones; en marzo reunieron a más de 300 personas en el Faro de La Serena para hacer con los cuerpos un gran #NoADominga; y recientemente en abril, realizaron una Marcha del Pingüino.

Todas estas acciones, desarrollan la creatividad de un movimiento que vive a pulso, pero que posiciona estratégicamente (sin develar sus pasos) a nivel local y nacional, un proyecto mayor: éste proyecto mayor cuestiona cómo nos estamos relacionando como humanidad con la naturaleza, y necesitamos cambios estructurales e individuales en el hoy. Allí radican los desafíos. Los desafíos entonces, son sin duda llegar acuerdos internacionales en la COP25 (y que cada país los cumplan) pero también debemos poner atención a los planteamientos de los activistas y movimientos sociales que lo dicen con cansancio una y otra vez, hay una agenda “contra el cambio climático que se agotó y que no es suficiente”. La Cumbre de los Pueblos, Alianza Humboldt y todas las acciones anteriormente mencionas, nos entregan luces claras de un futuro más próspero pero eso significa poner sobre la mesa los intereses colectivos y comunes por sobre los económicos (del mercado internacional): sin la ciudadanía y organizaciones sociales, es imposible que estos intereses sean defendidos y promovidos. Necesitamos a estos actores en primera línea, necesitamos que estos actores sean escuchados por las autoridades, allí radican también nuestros desafíos y oportunidades.

El futuro del megaproyecto Dominga aún es incierto. Día a día estamos esperando el fallo oficial de la Corte Suprema porque sabemos que ahí se juega el futuro de la humanidad también. Estamos atento y conscientes, y también estamos dispuestas y dispuestos a colaborar y concretar que esas oportunidades sean viables para la región de Coquimbo y Chile.

Chile, Litio

Litio: Informe establece «evidente negligencia estatal» en firma de acuerdo Corfo-Soquimich

Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe recaído en la investigación realizada respecto de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución.

La investigación, aprobada en sesión celebrada el 6 de junio de 2018, tras la solicitud formulada por sesenta y ocho diputadas y diputados, arrojó entre sus conclusiones que la celebración del contrato entre Corfo y SQM, en 1993, generó las condiciones para que esta última pudiera explotar, sin mayores límites, el litio chileno hasta el año 2030.

En el documento, rendido ante la Sala por el diputado Esteban Velásquez (FRVS), se sentencia que la decisión de firmar el citado contrato fue perjudicial para los intereses del Estado, dado que se otorgaron amplias facultades de exploración, explotación y comercialización de pertenencias mineras de litio, que eran de propiedad estatal, a una empresa privatizada, sin que hubiera información suficiente para justificarlo en su origen, en especial respecto del plazo que se pactó originalmente.

El informe también acusa «evidente negligencia estatal» en la fiscalización y control de las cláusulas del contrato, así como carencia de políticas públicas y de fiscalización administrativa respecto de la situación ambiental del Salar, el impacto que producía la explotación a las comunidades aledañas e incluso sobre la naturaleza de los productos que exportaba SQM al extranjero.

Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, se estima que hubo inexistente control y trazabilidad del litio por parte de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, así como falta de fiscalización de la extracción de salmuera.

El informe valora positivamente la decisión de Corfo de demandar a SQM en 2014, con el objeto de cobrar la renta de arrendamiento no pagada por SQM (ascendente a cerca de 8 millones de dólares, más intereses y daño moral), como asimismo, la terminación del contrato en sí mismo (que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado).

Según se plantea, es producto de esta decisión que se pudo constatar los graves incumplimientos en que había incurrido la empresa, aún sin tener conocimiento de los hechos de corrupción en que se vería involucrada con posterioridad.

Se resalta, en todo caso, que las decisiones adoptadas por Corfo durante la tramitación del arbitraje, requerían de un proceso de análisis jurídico y político mayor, que aseguraran coherencia con la política nacional del litio y mayor publicidad sobre las condiciones que se estaban negociando.

El texto indica que en este proceso se percibió «un vertiginoso actuar de los organismos estatales para cerrar el contrato antes del cambio de gobierno” y se reprocha a Corfo «haber llegado a acuerdo con SQM en lugar de perseverar en el juicio, agotando todas las instancias jurisdiccionales que disponía en el marco del arbitraje».

Se concluyó también que pese a que Corfo logró terminar con el control que ejercía Julio Ponce Lerou en SQM, a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa.

«En este sentido, la Comisión valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM S.A. y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno», se remarca en el informe.

Se criticó, del mismo modo, que la negociación se ampliara a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo, el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM, las cuales debieron ser objeto de un nuevo contrato a fin de que se evaluaran sus impactos ambientales y sociales.

Entre otras variados planteamientos, se sostiene que existen cláusulas del contrato que aún generan incertidumbre y que la conciliación suscrita dejó importantes problemas de interpretación contractual, que todavía impiden ejecutarlo plenamente.

Entre las propuestas, se pide a Corfo que informe trimestralmente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de SQM, indicando a su vez, las rentas de arrendamiento pagadas por dicha empresa en el período respectivo.

Asimismo, se solicita que comunique cuáles medidas se adoptarán para acelerar la puesta en marcha de las cláusulas contractuales sobre valor agregado del litio producido por SQM y sobre las acciones para poner en ejecución todas las cláusulas referidas a las comunidades indígenas.

Luego, se llama al Presidente de la República a crear una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores sectoriales, que sirva de instancia coordinadora para el debido cumplimiento de la normativa legal; y requerir de los organismos fiscalizadores sectoriales correspondientes que informen trimestralmente sobre los procedimientos realizados a SQM, estado de tramitación y su resultado.

También se pide al Ejecutivo que restituya el Comité de Minería No Metálica al interior de la Corfo; crear en la ley de presupuesto un fondo especial cuya finalidad sea asegurar el financiamiento de una empresa pública que explote el litio, una vez finalizado el acuerdo con SQM el año 2030.

Por último, entre otras propuestas, se plantea al Gobierno fortalecer el rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes; y apoyar diversas mociones relacionadas con la explotación estatal del litio, para establecer un marco legal que garantice la gobernanza sustentable de los salares del país y para sancionar de forma específica la extracción ilegal de salmuera y de aguas en salares.

Fuente: https://www.elciudadano.com/chile/litio-informe-establece-evidente-negligencia-estatal-en-firma-de-acuerdo-corfo-soquimich/05/07/

Chile

Alertan sobre la llegada de la gran minería a Penco y Tomé

 Desde hace varios años se vienen desarrollando prospecciones mineras en la cordillera de la costa de la región del Biobío, las cuales buscaban evaluar la factibilidad económica de extracción minera en la zona. Esto ha desembocado en la construcción de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, en donde posteriormente se pretende instalar una minera a tajo abierto que explote las denominadas Tierras Raras en la zona.

La explotación de estos elementos constituye una novedad dentro del panorama minero del país, ya que ésta sería la primera minera de estas características en todo el territorio nacional. Lo que no sería una novedad son los altos costos socioambientales asociados a la actividad extractiva del mineral, los cuales se han dejado ver en distintas partes del mundo, en especial en territorio chino, país que produce la mayor cantidad de estos elementos a nivel global.

Las tierras raras se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. Resultando unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial.

En el tercer piso del edificio Crisol, frente a la Plaza de Armas de Tomé, se realizó el conversatorio “Minería en la provincia de Concepción” durante la tarde del día viernes 26 de abril de 2019 organizado por la Coordinadora Tomecina contra los Terminales de Gas. En dicha actividad se presentaron diferentes ponencias que abordaron el panorama global de la minería en Chile, así como la amenaza local que supondría la instalación de una minera de Tierras Raras en la región del Biobío. La actividad contó con la presentación de Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Edison Neira de la Coordinadora Penco-Lirquén, Damaso Saavedra de la Fundación Keule y Lucia Molina experta en toxicología.

La primera ponencia a cargo de Edison Neira intentó explicar en términos generales qué son las tierras raras y qué características tiene este controvertido proyecto en el Gran Concepción. Basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto el expositor planteó que “el proyecto es propiedad del grupo financiero Larrain Vial a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO (REE UNO en sus siglas en ingles)”. Por su parte el proyecto, que también es conocido como Biolantanidos, consiste en “la construcción y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento para la producción de oxidos de lantanidos, más conocidos como tierras raras, los cuales se encuentran absorbidos en el maicillo granítico de la cordillera de la costa. El proyecto contará con una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral, para producir aproximadamente 1700 toneladas anuales de óxidos de tierras raras”.

El expositor además recordó que desde el 2014 existe una planta piloto ubicada en los cerros colindantes a la ciudad de Penco, en donde la empresa montó sus instalaciones con la ayuda del financiamiento estatal derivado de un proyecto CORFO denominado programa Fenix, el cual le otorgó 4.828.401 dolares.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 3 veces; siendo 2 veces desistido por la empresa, y una vez rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

Neira además planteó, basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto que la minera emitiría cada año a nuestro aire 37,7 toneladas de material particulado fino (PM 2,5) 182 toneladas de PM 10, 40 toneladas de monóxido de carbono, 222 toneladas de óxidos de nitrógeno y 6 toneladas de óxidos de azufre.

Respecto a la superficie afectada, el expositor dijo que “el proyecto minero Biolantanidos pretende intervenir 270 hectáreas, de las cuales 13,23 corresponden a bosque nativo donde habita el Queule, Pitao, Naranjillo, Hualle y Boldo, entre otros”.

Otro punto que fue destacado en la exposición fue la afectación a los esteros y cauces de agua de Penco, los cuales se verían seriamente dañados por la instalación de la minera. En ese sentido y siguiendo el Estudio de Impacto Ambiental la empresa declaró que “usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora” lo cual dañaría aún más el cauce de agua y deja entrever que utilizarán más agua de la que declaran en su estudio de impacto ambiental. Neira además planteo que hay que considerar que “Las aguas del Estero Penco están clasificadas con calidad de agua excepcional, según la dirección de general de aguas, es decir son de extraordinaria pureza y escasez”. Esta fuente de agua de gran calidad y apta para el consumo humano y otros usos se vería gravemente mermada y contaminada por este proyecto.

Otro dato interesante fue el relativo a la cantidad de trabajo que entregará la empresa. Según el expositor este punto es bastante débil al constatar que para su construcción necesitará de un máximo de 90 trabajadores, mientras que para su funcionamiento requerirá un máximo de 140 trabajadores, lo cual, según el expositor, es un numero muy reducido considerando el gran impacto de la minera. Hay que recordar, además, que la mina tiene proyectado 15 años de funcionamiento, lo cual implica más de una década con faenas mineras a escasos kilómetros de la ciudad de Penco.

Posteriormente fue el turno de Lucio Cuenca del OLCA, el cual realizó una presentación de cerca de una hora sobre la minería en Chile. Para esto hizo una radiografía general, en donde recordó que la minería en Chile es una actividad altamente beneficiada por las leyes del país, al ponerla por encima de muchas otras actividades económicas. En ese mismo sentido remarcó que estas leyes fueron instaladas en plena dictadura civico-militar a través de la imposición del marco constitucional, la ley de concesiones mineras y el código minero aprobados en la década de 1980. Este marco, para el expositor, implicó tres características principales que son la privatización de la minería nacionalizada durante la Unidad Popular; la privatización del agua como un bien de consumo, y la facilitación que se le entrega a las empresas extranjeras en la inversión en minería.

Respecto a la privatización Lucio Cuenca apuntó al concepto clave de Concesión Plena que definió como “un conjunto de medidas que permiten que la concesión adquiera protecciones excepcionales, por ejemplo que las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles, por lo tanto se pueden transar, se pueden arrendar y se pueden dejar en propiedad privada”. A esta propiedad se le otorgan una cantidad de protecciones que hacen que luego de que el Estado se las entregue a una empresa minera, es prácticamente imposible que el Estado pueda recuperar ese derecho de concesión, porque tendría que no solo compensar a la empresa por las inversiones que ha realizado, sino también por las ganancias que aún no han sido obtenidas por la empresa.

Además el expositor planteó que la concesión Minera se sobrepone al dominio del suelo, inclusive en el caso de territorios indígenas, además se entrega de manera gratuita y a perpetuidad y no se respeta la preexistencia de comunidades y culturas. Destacó, además, que se entregan sin Evaluación Ambiental previa, lo cual dejá en plena libertad a las empresas, sin marcos que las regulen. Por último, planteó que cerca del 41% del territorio nacional según SERNAGEOMIN se encuentra bajo el concepto de Concesión Minera con datos de 2013.

El expositor planteó una serie de puntos entre los que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas. Respecto a esto recordó que la minería genera residuos que pueden llegar a ser altamente contaminantes como los relaves, señalando que se producen diariamente en Chile más de 1,4 millones de toneladas de relaves.

Posteriormente vino el turno de Damaso Saavedra de la fundación Keule, el cual expuso acerca de la alta diversidad de flora que existe en el lugar a intervenir por la minera, en especial un parche de arboles de Queule, una especie en peligro de extinción. El profesional, tras un completo estudio de la zona y una presentación detallada sobre las deficiencias de la propuesta de mitigación y reparación ambiental de la empresa minera, determinó que este parche de Queules es uno de los pocos que existen en la costa del Biobío y se encuentra en peligro frente al proyecto minero. El investigador recalcó que se debe tener sumo cuidado en su conservación, estudio y cuidado

Para finalizar las exposiciones fue el turno de Lucia Molina experta en toxicología, la cual recalcó los impactos de la minería en el país, haciendo especial énfasis en los residuos contaminantes, no solo químicos, sino radioactivos de la minería de tierras raras. La profesional, con amplia experiencia en temas ligados a la contaminación ambiental vivida en diversos puntos del país por la minería, como lo que ocurre en Chañaral, remarcó la necesidad de mayores regulaciones en el ámbito socioambiental que sean capaces de medir realmente los niveles de contaminación de estas industrias y proteger a los ecosistemas y comunidades a su alrededor.

La actividad terminó con la intervención de los y las asistentes, las cuales hicieron comentarios y preguntas a los y las expositoras, agradeciendo y felicitando por la iniciativa que informó a la comunidad de Tomé y sus alrededores sobre los grandes impactos socioambientales que tendrá este polémico proyecto minero en el caso de su instalación. La empresa ya ingresó un Estudio de Impacto Ambiental al sistema de evaluación del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la comunidad se encuentra a la espera e informándose frente a lo que acontecerá próximamente con este proyecto minero que amenaza la vida, el agua y los ecosistemas en la provincia de Concepción, y en especial a las comunas de Penco y Tomé.

Fuente: https://resumen.cl/articulos/alertan-sobre-la-llegada-de-la-gran-mineria-a-penco-y-tome?fbclid=IwAR3ZlC__hZN2_Of7yM5-nuKqN6VdPIQK7GfZrpIJ7eqQqqpRBLhSU2IPBDc

Chile

Advierten sobre sondajes de proyecto Nueva Unión en valle del Huasco

 El Movimiento Del Río Huasco que tiene por lema ¡De Cordillera a Mar El Río Huasco hay que Salvar!, dio a conocer que el proyecto minero NuevaUnión realizará sondajes en el sector de Maitencillo, hacia el interior del Valle del Huasco.

Según esa carta se realizarán una serie de trabajos para estudiar el subsuelo y proyectar la construcción de un concentraducto y tubería de aguas que estarán 24 metros por debajo del lecho del río. “Cabe señalar que en esta etapa estos trabajos no son una construcción, o una alteración permanente del área de interés”, indica la misiva.

Los sondajes tendrán un diámetro de 8 cm y una profundidad de 40 metros y según la empresa se realizarán tres de estas obras, donde se instalarán casetas con sistemas para monitorear el nivel de agua, “las cuales posteriormente serán selladas con una placa de bronce o aluminio con un monolito de centro de 60 cm de alto y 50 de ancho.

En el sector también se dispondrás de tres calicatas de mecánicas de suelo, las que tendrán cinco metros de profundidad.

La empresa enfatiza en la carta que “una vez terminado el trabajo, el lugar será rehabilitado, restaurando las condiciones originales, dejándolo limpio y libre de accidentes”.

El movimiento indica que “no permitiremos dicho mineroducto de ninguna forma pasar por nuestra cuenca. Tampoco permitiremos afectaciones de este proyecto en la cuenca alta, en la cordillera, naciente de nuestras aguas, a consecuencia de botaderos de estériles, mina, tranque de relaves, correa transportadora y afectación de humedales altoandinos y glaciares, entre otros”.

“Reafirmamos con aún mayor fuerza y unidad provincial del Valle del Huasco, última frontera verde del Norte de Chile, que no permitiremos los sondajes en el Río Huasco, ni otra afectación más en nuestra cuenca por parte de Nueva Unión. Estamos en riesgo inminente y nuestros derechos básicos se están vulnerando: A la vida, a vivir en un medio ambiente libre y sano de contaminación y al trabajo. Exigimos que estos trabajos no se lleven a cabo”, agrega el comunicado.

Según el movimiento, no van e dejar que se realicen dichos trabajos más aun cuando allí se genera el agua que consume el resto de la provincia, recalcaron.

Fuente: http://atacamanoticias.cl/2019/05/02/advierten-sobre-sondajes-de-proyecto-nueva-union-en-valle-del-huasco/?fbclid=IwAR3Wb_PdzOvNdNaHoLsXnKPn4joEdOByjy4IVJmTJP_LkHEN4eTH41r-tQg

Chile

Las 8 mentiras de la minería en Putaendo

Especial mentiras de la Asociación Minera de Putaendo y de los Andes Copper.

  • La Minera argumenta que las juventudes migran a la Región Metropolitana o a Valparaíso a buscar mejores condiciones de trabajo. Si esto es cierto, claramente las juventudes no van a buscar trabajo en la minería porque en esas ciudades no hay. Sin embargo, sabemos que cada vez más jóvenes que se han ido a estudiar a otras ciudades, ahora regresan a sus pueblos, Putaendo entre ellos, para hacer su vida en un entorno apacible, con condiciones geográficas y atmosféricas envidiables.
  • La Minera dice que trae el desarrollo que la región necesita. ¿Existe desarrollo en el norte de Chile? ¿Migra la gente hacia esos lados por la buena calidad de vida? No y no. Solo van trabajadores por turnos a cumplir su relevo en las minas, gente que ha estudiado minería, pero que luego se enferman jóvenes de cáncer y tantas otras enfermedades relacionadas con la actividad minera. Nadie va a vivir al norte de Chile buscando calidad de vida porque lo han desertificado, pelado todo.
  • La Minera dice que es limpia y sustentable, que para eso se siguen los procedimientos adecuados en cumplimiento con las legislaciones vigentes. Sin embargo, en Chile tenemos un sistema legal obsoleto: desde la misma Constitución Nacional que necesita su buena reforma ya que data de la última dictadura militar; hasta el Código de Agua, también de la última dictadura, que permiten tener más derechos de agua a aquellos que las puedan pagar. La minería pretende utilizar ese sistema de leyes a su favor, sistema que desde su génesis es corrupto y que necesita una revisión y cambios urgentes en épocas de democracia.
  • La Minera dice que trae el desarrollo sustentable, entonces ¿por qué no se ha desarrollado África? ¿Por qué mueren niños de hambre allí? Por la fiebre extractivista, que ha saqueado los recursos naturales del continente africano durante siglos. Nada de lo que sea extractivista, esto es: sacar desmedidamente los recursos de la tierra por beneficio económico, ha producido jamás riqueza alguna para la región donde se encuentra la mina. El dinero siempre es transferido a sus casas matrices, a los centros de poder, donde residen sus dueños y accionistas. Solo quedan migajas y contaminación en las zonas de explotación minera.
  • La Minera dice que trae desarrollo económico. Sin embargo, el desarrollo por definición tiene que ser sostenible en el tiempo, a nivel social y ambiental. Las mineras tienen una proyección de explotar las minas durante un período de 30 años (para el caso de Vizcachitas Holding, según su plan de negocios). Una actividad económica que dura solo 30 años y luego deja daños ambientales tremendos no puede ser nunca desarrollo. A lo sumo será crecimiento económico en términos de aumento del PIB durante algunos años, nada más. Crecimiento NO es sinónimo de desarrollo, éste último es sostenible y sustentable en el tiempo.
  • La Minera dice que puede convivir con la agricultura, el turismo y otras actividades económicas. Sin embargo, nadie se va de vacaciones a un lugar de explotación minera, a nadie le gusta enfermarse. Todos buscan la calidad de vida y la salud, son los bienes más preciados. Además, la minería no puede convivir con la agricultura, por algo en Chile el norte es minero y el sur es agropecuario. No coexisten en las mismas regiones por obvias razones: el agua. La minera sí o sí contamina las napas subterráneas o los ríos cuando hay derrames, entonces es imposible que con aguas contaminadas se puedan regar los cultivos. La huella del agua en el mundo mide eso, la trazabilidad y el seguimiento de los recursos utilizados en la producción.
  • La minera dice que es mentira que la gente se enferma en ciudades mineras. Sostienen que se vive en abundancia y que ellos instalan nuevos hospitales y centros de atención. Sin embargo, numerosos estudios sostienen claramente cómo la minería causa decenas de enfermedades por el polvo y material particulado que genera en el aire y en el agua. Además de las numerosas muertes por “accidentes” que se dan en las minas. Es una actividad de alto riesgo que se paga con la vida misma solo para llenar el bolsillo de unos pocos.
  • La minería no contempla los costos ambientales, sino no sería rentable. Sólo consideran costos económicos y técnicos, pero si sumaran los costos ambientales y sociales de los impactos negativos (externalidades negativas) que generan, deberían cerrar sus puertas y dejar de funcionar. Se gastan millones de dólares en multas, reparaciones de daños, etc.
Chile

100 toneladas de mercurio llegarán en camiones al puerto de San Antonio

Se estima que la caravana con el mercurio líquido dará una vuelta de más de 2.400 kilómetros para llegar al puerto local, que está a unos 775 kilómetros de distancia de la mina.

Cien toneladas de mercurio fueron despachadas desde una mina argentina con rumbo al puerto de San Antonio. Los residuos de este químico son trasladados en camiones desde la mina Veladero, en San Juan, y serán llevados al puerto chileno para ser embarcados a Alemania, según informó Mdz.El trayecto que seguirá el cargamento se hará por el norte argentino en lugar de cruzar por el trayecto más corto que es el paso fronterizo de Mendoza.»Los residuos del químico, que es altamente contaminante, estaban depositados desde el año 2012 y ahora las operadoras de la mina resolvieron enviarlo a Alemania para su depósito final.

Una empresa suiza especializada en este tipo de operaciones es la encargada de llevar adelante el operativo, que implicará un recorrido por seis provincias argentinas hasta el paso de Jama, por donde los camiones cruzarán la cordillera hacia Chile», señaló dicho medio.»Es la primera vez que vamos a exportar mercurio para la disposición final», declaró al diario Clarín el director ejecutivo de la Minera Andina del Sol, Marcelo Álvarez, sobre la alianza comercial de la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que opera la mina Veladero.

El operativo para enviar los tanques con mercurio a Alemania costará 1,5 millón de dólares. «Serán varios camiones (se calcula que entre tres y cuatro) para transportar las 100 toneladas de mercurio, de un total de 440 toneladas que tenemos almacenadas», detalló Álvarez.

Se estima que la caravana con el mercurio líquido dará una vuelta de más de 2.400 kilómetros para llegar al puerto de San Antonio, que está a unos 775 kilómetros de distancia de la mina.Según los medios trasandinos, la carga partió en la madrugada del miércoles desde San Juan para atravesar La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Debiera cruzar a Chile por el paso de Jama (4.200 metros sobre el nivel del mar), hasta el puerto chileno que se encuentra a solo 108 kilómetros de la capital, Santiago. «La empresa nos ha comunicado que han optado por esa ruta porque es la más segura y menos riesgosa», dijo el director general de la mina Veladero.Desde Chile el barco zarpará rumbo a Perú, Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia y Suiza, donde el mercurio será sometido a un proceso de estabilización y pasará de líquido a sólido. Finalmente será trasladado a una mina de sal en Alemania, donde lo sepultarán

Fuente: – https://www.soychile.cl/San-Antonio/Nuestro-Mar/2019/04/25/592557/100-toneladas-de-mercurio-llegaran-en-camiones-al-puerto-de-San-Antonio.aspx?utm_source=Interna+Arriba&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Botones+Sociales&fbclid=IwAR3BviwkaiSou2I0xSIzGS-Tp6NJyp41QF3m-NopsoLZ8MosQx2VV3y1HG8

Chile

Relaves Mineros, una amenaza durmiente

Comunidades de Santiago y sus alrededores temen el potencial derrumbe de relaves mineros, mientras la empresa Anglo American quiere agrandar los suyos en El Soldado y Los Bronces, a pesar de cuestionamientos de vecinos y la advertencia de servicios públicos.

El 28 de marzo recién pasado se cumplieron 54 años desde que ocurriera, a 132 kilómetros al norte de Santiago, uno de los peores desastres mineros en la historia de Chile. Ese día, tras el terremoto grado 7.4, con epicentro en La Ligua, un relave de desechos tóxicos de la mina El Soldado arrasó con el campamento minero El Cobre, sepultando el poblado con barro tóxico. Murieron entre 200 y 800 personas -dependiendo de a quién se pregunte- cuyos cuerpos en su gran mayoría nunca pudieron ser rescatados. Como todos los años, la semana pasada los vecinos conmemoraron el evento, con una preocupación más actual que histórica: otro tranque de relaves, El Torito, parte de la misma mina, está a punto de ser autorizado a aumentar significativamente el volumen de sus operaciones, a pesar de la tragedia de 1965 y a pesar de graves irregularidades detectadas en 2013 por Sernageomin.

En la capital, en el Cajón del Arrayán y el Camino a Farellones, en la comuna de Lo Barnechea, los habitantes más antiguos recuerdan que en 1987, tras fuertes lluvias, numerosas casas tuvieron que ser evacuadas por el inminente colapso del relave Pérez Caldera ubicado aguas arriba y operado por la minera Disputada de Las Condes (actualmente conocida como Los Bronces), en ese entonces propiedad de Exxon y hoy en manos de Anglo-American, la misma empresa que controla El Soldado (legalmente, llamada Anglo-American Sur).

Uno de los preocupados por la amenaza aún vigente es Armando Aldunate Herrera, vocero de la Asamblea Ciudadana Salvemos Camino a Farellones, quien, curiosamente, a los 17 años, cuando era estudiante del Liceo Manuel de Salas, hizo trabajos voluntarios en la zona del desastre de El Cobre. “No quedó nada”, relata y afirma que tampoco el caso de los relaves de Pérez Caldera, que se ubicaban arriba de su casa, en el camino a Farellones.

MÚLTIPLES ACCIDENTES

Los relaves corresponden al residuo -mineral molido, agua y otros compuestos- que resulta después de la extracción del mineral del material sólido. Se estima que por una tonelada de mineral, sobran 30 toneladas de residuos, que normalmente son transportados por canaletas o cañerías hasta los “tranques”. El manejo de las aguas que se depositan en los relaves (y que pueden contaminar, por ejemplo, las napas subterráneas) y de sus barros, que pueden derramarse, son cruciales para proteger a la población.

El desastre de El Cobre no es único en la historia de Chile. Hay registros de entre 10 a 20 incidentes graves con relaves mineros, entre los que destacan el derrumbe del Tranque Barahona, del mineral El Teniente, que el 1 de diciembre de 1928 cedió arrojando 314.000 metros cúbicos de agua y cuatro millones de toneladas de material sólido sobre la localidad Estación Barahona, que provocaron la muerte de 55 personas. Todo esto antes de los cinco incidentes con relaves ocurridos en el terremoto de 2010, uno de los cuales mató a cuatro personas en Pencahue. Este relave se encontraba inactivo, pero no adecuadamente protegido.

Es más, ni siquiera se conoce cuántos relaves existen en realidad en Chile, la mayoría inactivos o abandonados (como el de Pencahue) y muchos peligrosamente cerca de casas habitadas, centros urbanos y cauces fluviales. Ciertamente ha habido avances, como la creación del Departamento de Depósitos de Relaves que se creó en 2014 en Sernageomin y que sigue catastrándolos (de 450, el 2010 la cifra aumentó a 651 en 2015, y a 740 en marzo de 2018). Registrar los relaves abandonados es vital. De hecho, muchos de los relaves peligrosos -entre ellos el causante de las cuatro muertes en Pencahue para el terremoto de 2010- son antiguos o están abandonados, y no están regulados por la Ley de Cierre de Faenas Mineras, que entró en vigencia el 11 de noviembre del 2014, pero que sólo se aplica a las operaciones mineras posteriores a esa fecha.

Pero aún aún aquellos activos y de operaciones mineras recientes pueden sufrir inesperadas y peligrosas fallas. Así sucedió nada menos que en El Torito, de la mina El Soldado, unos 37 años después de la tragedia del 65.

EL TORITO QUE ACECHA

Jorge Ramírez nació en El Melón hace 43 años. Hasta los doce años corría y jugaba entre el campos y la Carretera aledaña, la 5 Norte. En su adolescencia comenzó a alzarse frente a su casa un enorme muro en que hoy se depositan 181 millones de toneladas métricas de desechos tóxicos de El Soldado. Técnico en electricidad y electrónica, Jorge trabaja en la industria lechera Sopraval y es dirigente del Grupo Ambientalista El Melón, que por años ha intentado evitar que se siga ampliando la operación de El Soldado y El Torito.

Si pudiera, Ramírez se cambiaría de casa, pero el bolsillo no da y no puede vender la suya, porque nadie compra una casa a los pies de un relave. Ramírez y su grupo por años han dicho que El Torito es peligroso y que las operaciones afectan al frágil ecosistema cordillerano de Nogales. Han hecho ver su parecer en múltiples instancias administrativas y legales (una historia detallada de esa lucha se reproduce en carta enviada al Diputado Giorgio Jackson, el pasado 14 de Marzo de 2017).

Una confirmaron de que sus temores son fundados la recibieron Jorge y su grupo nada menos que del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin): “Ese informe me costó como un año conseguirlo”, relata Ramírez. “La empresa llegó a la justicia para impedir que me entregaran el informe técnico de inspección”.

Pero los tribunales le dieron la razón al vecino de Nogales y así pudo tener constancia de las graves irregularidades sucedidas en el embalse El Torito el 3 de Junio del 2013:

“No le avisaron a nadie (de lo sucedido). Estaban todos desesperados”, cuenta. “Por ejemplo, empezaron a sacar relave de la pata del muro para echarlo arriba de lo que se llama coronamiento; o sea, para subirle el nivel al muro de contención y que el agua no fuera a rebalsar”, (como muestra la fotografía).

En lenguaje, técnico el informe reafirma lo señalado por el dirigente ambiental:

“Entre otras, se apreciaron las siguientes desviaciones o deficiencias con respecto a las características del proyecto: “4.1 La geometría del coronamiento del muro no está acorde al diseño aprobado y se evidencia falta de arena en éste. “4.2 La altura de la revancha en algunos sectores del tranque es menor al mínimo de 3 metros, como lo establece la Resolución Aprobatoria. “4.3 Construcción de un pretil o montículo de contención del material de la cubeta de 0,8 metros de ancho, sobre el coronamiento del tranque, no contemplado en la Resolución Aprobatoria. “4.4 Diferencias de cotas en nuevo muro de coronamiento y un desnivel con fuerte pendiente de hasta 41 grados en algunos puntos del espaldón del muro (continuación de la línea del coronamiento). “Además, se aprecia una remoción de material en el pie del muro exterior del tranque, modificando el ángulo del talud externo de diseño del depósito de relaves. “4.5 Un evidente depresión en el talud del muro, en el sector ‘nudo N 10’”.

El informe detectó otra falla, incluso más grave:

“Se observó la presencia de agua cerca del muro interior del tranque a la altura del sector ‘nudo N72, con lo cual se infringe lo dispuesto en el artículo 49 del decreto supremo 248, dado que las aguas siempre deben mantenerse lo más alejado posible del muro de contención. Esta circunstancia constituye una falta gravísima”.

Tras conseguir este informe, los vecinos siguieron peleando contra los nuevos intentos de ampliación de la mina, y de El Torito, por supuesto, aunque en procesos separados. Pero no les ha resultado. La posición del propio Sernageomin ha sido errática: el 30 de enero de 2017, ese servicio emitió la resolución exenta n° 0234/2017 que rechazaba el proyecto “Actualización Explotación rajo abierto” de la faena minera El Soldado, que se había presentado a evaluación en 2014. La resolución acusaba graves problemas de seguridad, entre ellos el “ desprendimiento de 7.250 toneladas de material, ocurrido el día 13 de diciembre de 2016 (que), dejó en evidencia la fragilidad del sistema de monitoreo y reacción, debido a que el centinela desestimó la existencia de riesgo inminente de fallamiento de bancos”. Esa vez, el Sernageomin concluyó que “el proyecto ‘Actualización Proyecto Explotación Rajo Abierto El Soldado’ no da cumplimiento al artículo N° 237 del Reglamento de Seguridad Minera”.

Sin embargo, un par de semanas después, Anglo-American reaccionó a este rechazo paralizando las operaciones de esa mina. Poco después, los planes de la empresa fueron aprobados. Testimonios de empleados de ese servicio acusan de “presiones indebidas” a la multinacional, según se revela en un reportaje de Radio Biobío.

En cuanto a la ampliación de El Torito, el proceso de cuestionamiento, que avanza por un carril separado, todavía no culmina. Como parte de ese proceso y gracias a insistentes peticiones de la comunidad se llevaron a cabo estudios sobre los impactos que produciría el derrumbe del relave (ver gráfico ) y se elaboró un plan de emergencia que se ha dado a conocer en reuniones informativas con la comunidad, con quienes a fines de noviembre se haría un simulacro del colapso del relave.

MIEDO EN EL ARRAYÁN

En el Arrayán la tragedia estuvo a centímetros de desatarse el 14 de Diciembre de 1987, cuando, tras unas fuertes lluvias y una falla geológica provocada por el terremoto de 1985, los tranques de relave Pérez Caldera 1 y 2 estuvieron a punto de colapsar: “Se llegó a estar a 50 cm. de la cota superior de los tranques, lo que habría significado su colapso total”, afirma Armando Aldunate, en un escrito de Agosto del 2013.

El casi colapso de los relaves obligó al desalojo apresurado de decenas de personas, muchas de las cuales subieron a los cerros. “Las familias de pequeños agricultores y obreros de caminos estaban en los cerros desde tempranas horas, alertados por la policía uniformada mediante altavoces”, relataba El Mercurio, el 15 de diciembre de 1987.

De haberse visto sobrepasados los relaves, según Aldunate, habría afectado a amplios sectores de Santiago.

“Los estudios realizados posteriormente, destacaron que el alud de relave habría tenido una altura de 14 m. en la entrada del camino a Farellones, afectado gravemente a las comunas de Las Condes, Vitacura y Ñuñoa”, afirma el escrito del denunciante. “Las autoridades de la época exigieron a Exxon el año 1989, el retiro total de los tranques de relave de la cuenca del Río San Francisco, dado el grave riesgo que significan, indicando que se había dado ‘un plazo de 25 años para ésto, que vence el año 2015’”.

Pero el traslado de la totalidad de los relaves, aún no se completa. Se habría paralizado producto de los escasez de agua de los últimos años pero, según Aldunate, también debido “a los programas de expansión de la mina Los Bronces, que utiliza cantidades mayores de este recurso”. Además, dice Anglo-American habría “llegado a un acuerdo con la exjunta de vecinos del Arrayán, para prorrogar el plazo de evacuación del Tranque Pérez Caldera 2, por 20 años más”, acuerdo que Aldunate estima es improcedente y que se habría mantenido oculto.

La empresa sólo reconoce haber firmado un “avenimiento judicial con Junta de Vecinos El Arrayán” en 1989, cuyo plazo de remoción fue “de aproximadamente 20 años”, sin mencionar las condiciones en que se acordó esta prórroga.

“Sernageomin jamás consultó a las comunidades el parecer respecto a esta prórroga, que no está contenida en el Estudio de Impacto ambiental presentado el año 2006 por esta minera”, escribió Aldunate. “Se supone que los compromisos se cumplen, más aún cuando la vida de muchas personas está en peligro.”

Aldunate, así como otros miembros del grupo Salvemos el Camino a Farellones, conoce al dedillo la RCA 3.519/2007 que autorizó diversas obras de ampliación de la minera, evaluadas en 2006. De hecho, el 30 de marzo de 2015 solicitó a las autoridades ambientales que se revisara la autorización ambiental debido a “la presencia de grandes cantidades de vehículos asociados al Proyecto; buses de transporte de personal, tales como camiones de gran tamaño que impiden subir y bajar simultáneamente por la ruta; ruidos molestos, emisiones de polvo y accidentes en la ruta”.

Uno de estos vehículos, que transportaba cal a la mina Los Bronces, se volcó el lunes 4 de julio de 2012 dando muerte al joven Eduardo Frazier, miembro de Salvemos Camino a Farellones. Una semana después, unas 60 personas se tomaron durante cuatro horas el camino en señal de protesta. “A pesar de lo abrupto y trágico que fue el accidente, se esconde un misterio, una belleza y una fuerza que hoy la familia Frazer Aguilar toma para salvar camino Farellones”, dijeron sus familiares en esa ocasión.

El 11 de Febrero recién pasado, tras casi cinco años de ajetreo administrativo y judicial, el Segundo Tribunal Ambiental falló a favor de Aldunate y sus amigos del camino, y exigió a las autoridades ambientales revisar la RCA otorgada en 2007.

Respecto a los relaves que acechan en los valles cordilleranos, aún no se completa el proceso de traslado.

“La compañía ha trabajado intensamente en los últimos años y ya hemos logrado remover un porcentaje relevante de material”, respondió Anglo-American, ante consultas de este medio, y agrega que estarían “evaluando varias alternativas para acelerar la remoción del material y nos hemos reunido con la comunidad para informar sobre estas iniciativas, así como sobre los controles que se aplican al tranque para garantizar su seguridad.”

Por lo menos cuatro han sido las reuniones denominadas Diálogos de Sustentabilidad de Lo Barnechea. que ha organizado la empresa y la municipalidad con los vecinos, en que, entre otros temas, han mostrado un detallado Power Point con el avance en la remoción parcial de los relaves Copihue, Pérez Caldera 1 y Pérez Caldera 2.

Pero lejos de calmar los ánimos, y dado acontecimientos recientes tales como los desastres de los relaves mineros que colapsaron en Brasil, la persistente disminución del agua en el sector, las permanentes molestias y accidentes provocados por los camiones de la empresa, y la inminente expansión de la operación minera, la comunidad está enardecida.

LO QUE VIENE

Así como en El Soldado, Anglo-American también tiene planes de expandir sus operaciones en la alta cordillera sobre Santiago lo que, según informes de prensa, los llevaría a aumentar su producción desde los 365 mil toneladas de cobre fino hasta 500 mil toneladas en pleno funcionamiento. “No es un proyecto de expansión”, dice la empresa a la pregunta de The Clinic, respecto de cuándo ingresarán a evaluación ambiental la ampliación de sus operaciones. “Se trata de un proyecto de reemplazo, que utilizará la misma capacidad de plantas, de depósito de relaves y optimizará el uso de energía, agua e insumos y que no requerirá solicitar nuevos derechos de agua”.

Expansión o reemplazo, lo cierto es que los planes tienen en pie de guerra a los vecinos del Arrayán y en una fuerte campaña defensiva y de relaciones públicas -incluídos ofertas de viajes en helicóptero a sus detractores, que finalmente se desplazaron en buses- por parte tanto de la empresa, como de Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea, quien está en la mira de sus votantes, por los miles de millones de pesos que ha recibido su comuna y el municipio de parte de la empresa.

Los cálculos de los montos donados por Anglo-American para “aportar activamente al desarrollo de las comunidades cercanas” se calculan en entre los 3 mil a 4 mil millones de pesos. La compañía aclara a The Clinic que los “aportes son fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos y por los controles internos que aplica la compañía para asegurar que los recursos sean utilizados en los proyectos definido.”. La empresa, aunque en principio se rehusó a precisar los montos, ante la insistencia reconoció un aporte aporte promedio, entre 2014 al 2018, de U$1,125 millones anuales a diversos proyectos en la comuna.

La desconfianza que provoca la historia de las relaciones entre la administración de Felipe Guevara se hace evidente en la reunión entre unos 50 vecinos de una de cinco juntas de vecinos afectadas y el alcalde Guevara, que tuvo lugar el pasado lunes 1 de Abril, en las dependencias de la una iglesia en la calle El Cajón de Barnechea.

“El tema del relave es algo para nosotros realmente preocupante. No nos sentimos protegidos ni cuidados por la alcaldía respecto a los perjuicios gravísimos que esa extracción minera puede producir en El Arrayán”, planteó en ese encuentro, con fuerza, pero mucha clama, un joven abogado. “Lo que nos interesa saber cual es la postura de fondo (de la alcaldía). El tema de fondo es: ¿La favorezco, la apoyo, la rechazo, me uno a los vecinos para rechazarla?¿Qué debemos hacer para que esa actividad minera no prospere?”.

El Alcalde insistió en que su posición “va a ser siempre de defensa de la naturaleza, como hicimos con los Cerros Islas, como lo hicimos con los glaciares”, recordando también su oposición pública al proyecto Andina 244 de Codelco. “En segundo lugar nuestra posición va a ser siempre técnica. Se habla mucho, pero dónde están los papelitos”, pregunta con dureza, agregando, enojado, al ser presionado respecto a la necesidad de mayor fiscalización por parte del Municipio a la minera y sus impactos en los glaciares y el agua: “No estoy en contra de una actividad que es lícita ¡No soy partidario de lo que hizo la Unidad Popular de ir a estatizar la actividad minera, no estoy por eso!”, afirmó el edil, que ya cumple su tercer período al mando de una de las comunas más ricas del país. Hacia el final de la reunión el Alcalde y los vecinos acuerdan complementar sus esfuerzos para participar en la evaluación ambiental del proyecto de expansión que se decía se presentaría en marzo y que ahora se plantea para alguna fecha del primer semestre.

 

Fuente:https://www.relaves.org/post.php?id=60