Argentina

SOMOS MÁS DE 30.000 ESPERANDO UNA LEY

23/10/2020
En un escenario complejo, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH), decidió volver a presentar un Proyecto de Ley generado por el pueblo mediante el mecanismo de Iniciativa Popular. Así fue, que el 22 de junio del corriente año nos echamos a andar. Nuestra férrea voluntad de proteger el territorio que habitamos, hizo que no nos detenga la pandemia, ni las inclemencias climáticas, ni la criminalización de la protesta, ni la profunda crisis provincial. Y en 100 días lo logramos, en menos de la mitad del tiempo que la Primera Iniciativa Popular, más del doble de firmas de chubutenses acompañando el proyecto. En ella, participamos 48 comunidades y obtuvimos 30.916 firmas que hoy se encuentran en el Tribunal Electoral comenzando un proceso cuyo resultado está en manos de los legisladores y las legisladoras. Nosotros sabemos que, o nos representan o nos traicionan.

Documento de la UACCH para la presentación de la

SEGUNDA INICIATIVA POPULAR

Hoy, 16 de octubre del 2020, las asambleas que conformamos la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses nos presentamos aquí, en el Tribunal Electoral, a poco más de cien días de su lanzamiento, a presentar las 30.000 firmas de ciudadanxs chubutenses que acompañan y apoyan la presentación de nuestra Segunda Iniciativa Popular.

Desde su lanzamiento, y sin ceder la convicción que desde hace 18 años sostenemos, sumamos voluntades a lo largo y ancho de Chubut y nos echamos a andar. Hemos transitado un camino con innumerables dificultades, en el peor escenario posible: en el contexto de la pandemia por COVID -19 que trajo aparejado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO); que nos obligó a elaborar protocolos de cuidado comunitario para la recolección de firmas, ocasionando demoras en el proceso; que nos impidió encontrarnos en asambleas provinciales y levantó el fantasma de la criminalización sobre nuestra práctica asamblearia. En plena pandemia, mientras buscábamos las formas de cuidarnos como comunidades en lucha, las diferentes formas de extractivismo fueron habilitadas como “actividades esenciales” y tuvimos que soportar el tránsito por nuestros territorios de maquinarias y contingentes mineros hacia el sur y una nueva estocada lobbysta en instituciones vaciadas de participación por el ASPO.

Al mismo tiempo, mientras algunas localidades eran, y aún hoy son azotadas por la enfermedad, otras, del espacio rural, atravesaban emergencias climáticas que sepultaban sus animales bajo la nieve, aislándolas del resto de la provincia, siendo los pueblos vecinos quienes se aprestaron a extender su mano, como tantas veces, como siempre. En ese contexto también hemos realizado este trabajo.

La provincia de Chubut está sumida en una profunda y prolongada crisis, con un gobierno que adeuda salarios y medio aguinaldo, que intenta negociar derechos al tiempo que reprime las justas demandas del pueblo. No nos cansaremos de señalarlo y cada vez más sectores se suman en esta dirección: Esta crisis ha sido diseñada por las clases gobernantes con el fin de imponer la megaminería bajo discursos de “sustentabilidad” y “ampliación de la matriz económica”.

A pesar de Arcioni, Sastre y todo el gabinete provincial; a pesar de la criminalización de nuestrxs compañerxs por luchar; a pesar del COVID y de la reconfiguración del escenario público en contexto de pandemia; a pesar de las operaciones mediáticas cómplices de la prensa hegemónica; a pesar del gobierno nacional y sus espaldarazos al extractivismo minero, hemos realizado este trabajo con enorme alegría y participación.

Este pueblo digno y consciente logró juntar mucho más del doble de firmas, en menos de la mitad de tiempo, de las que se juntaron para la primera Iniciativa Popular, aquella que fuera bastardeada en la Legislatura en el año 2014. Desde su lanzamiento, la rueda de la decisión comunitaria se puso en marcha y nada la pudo frenar. Se tejieron y fortalecieron redes en los más diversos puntos y se recolectaron firmas por todo el territorio: Camarones, Telsen, Facundo, Villa Futalufquen, Lago Rosario, Sierra Colorada, Lago Puelo, Cushamen, Esquel, Trevelin, Corcovado, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, El Escorial, Dique Ameghino, Alto Río Senguer, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, José de San Martín, Paso de Indios, Las Plumas, Paso del Sapo, Gualjaina, Los Altares, Tecka, Vuelta del Río, Cerro Cóndor, Chacay Oeste, Yala Laubat, Gan Gan, Gastre, Gobernador Costa, Ricardo Rojas, Facundo, Gaiman, Dolavon, Trelew, Rawson- Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Río Pico, Puerto Pirámides y Puerto Madryn.

Ahora es el turno de lxs legisladorxs, quienes deberán elegir entre escuchar al pueblo o volver a traicionarlo. Es su oportunidad para dejar de ser cómplices silenciosos desde la omisión cobarde o la acción inescrupulosa. Sabemos que el lobby minero se ha hecho presente en todas las escalas del Estado y que luchamos contra un poder transnacional que compra voluntades en todo el planeta. La ya debilitada democracia de la provincia está en riesgo. La crisis de diseño seguirá estallando en sus rostros si no empiezan a escuchar al pueblo. Con esta herramienta legislativa, están en sus manos la vida y el futuro de todas las personas que habitamos Chubut.

Una vez más, nuestra labor como pueblo está hecha. Seguiremos en las calles y convocamos a todo el Chubut a seguir sumándose a la defensa de esta herramienta participativa y democrática, y a acercarse a las asambleas para seguir tejiendo resistencias frente al lobby minero que seguirá expandiéndose por nuestras vidas hasta que le pongamos un freno, de una vez y por todas.

Volvimos a tomar la iniciativa, retomando nuestro cauce – como el agua -, porque «nos deben una ley».

Foto: Aníbal Aguaisol

Enlace video:

Argentina, Litio

Los mitos del oro blanco

Vanina Lombardi – 26/10/2020
La explotación del mineral, postulado como una promesa para el desarrollo de Argentina, Bolivia y Chile, conlleva riesgos socioambientales. ¿Es posible su explotación mediante una práctica sustentable? ¿Vale le pena el sacrificio ambiental? Especialistas e investigadores analizaron el dilema en el marco de una jornada organizada por el Conicet.

Existe una ventana de oportunidad relativamente corta para el litio frente a los cambios tecnológicos, la transición energética y la movilidad eléctrica; pero también hay un contexto de conflictividad socioambiental en los territorios que no se puede soslayar”, afirmó Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, durante el seminario “ABC del litio sudamericano, ¿commodity minero o recurso energético estratégico?”.

En la jornada que organizaron el Conicet y la Fundación InnovaT, y de la que participaron referentes de los tres países que componen “el triángulo del litio”, Sánchez advirtió que la pandemia intensificó los problemas estructurales que registra la región: “Se necesitan agudizar las políticas económicas y sectoriales para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación que sea estructural e incorpore mayor valor, tecnología y ciencia”.

Nueve de cada diez países del mundo decrecieron en el contexto de la pandemia. Sin embargo, el problema es más agudo en América latina. Hacia fin de año, la caída del PBI per cápita se traducirá en un retroceso de diez años. Unas 2 millones 700 mil empresas formales cerraron, el desempleo alcanzaría este año a 44 millones de personas en la región, la pobreza se ubicará en un nivel similar al que registraba hace quince años y la indigencia volverá a los niveles que exhibía tres décadas atrás. En el mejor escenario, la recuperación recién llegará en 2023, aunque los panoramas más desalentadores extienden el plazo por diez años, o incluso más.

La crisis global puede estancar la demanda de litio, que durante la última década aumentó a un tasa promedio del 11 por ciento traccionada principalmente por el uso para la producción de baterías, particularmente en vehículos eléctricos. A esto se suma que los países de la región no ingresan en la cadena de valor agregado del litio. Solo lo extraen y lo exportan como carbonato de litio a los países desarrollados, en especial a China y Japón, donde se realiza el refinamiento electroquímico, se producen las celdas y se fabrican las baterías, además de otras fases más avanzadas de la cadena.
Las baterías son ajenas

Según la Cepal, la Argentina explica el 14 por ciento de la extracción mundial y Chile el 29 por ciento. Australia representa el 50 por ciento. La etapa siguiente de la cadena de valor – la del refinamiento – se hace en un 90 por ciento en China, y el resto en Chile. Los datos agregan que el gigante asiático concentra el 50 por ciento de la producción de celdas, Japón el 20 por ciento y Corea del Sur otro tanto. Por último, la mitad del ensamblado de baterías se concreta en Japón, un 14 por ciento en Corea del Sur y un 20 por ciento en China.

La relevancia del valor agregado es notoria. El carbonato de litio tiene un precio casi tres veces menor al hidróxido de litio, que se logra mediante su procesamiento. “Con subsidios del gobierno japonés, Orocobre y Toyota están construyendo en Japón una planta para obtener hidróxido de litio con el carbonato impuro que extraen en Jujuy a un costo de 3 mil dólares la tonelada, que se eleva a 28 mil dólares una vez procesado”, destacó Ernesto Calvo, director del del Instituto de Química Física de Materiales, Medio Ambiente y Energía (UBA-Conicet).

La conclusión es obvia: la actividad no genera empleos de calidad, ni valor agregado en la región. Tampoco regalías importantes. “Las instituciones de ciencia y tecnología deberían estar conectadas, pensando en cómo trabajar las otras fases de la cadena y también en cómo coordinar con los otros países que tienen reservas para ver cómo se reparten de manera más complementaria y funcional las oportunidades de desarrollo de las diferentes fases de la cadena del litio. Todo esto teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales y ambientales”, agregó Sánchez.

Fuente: Cepal sobre la base estadística de Australian Mining Equipment, Technology and Services.
Química y mercado

Solo dos de los veinte proyectos de extracción que se distribuyen en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta se encuentran operativos. El Salar de Olaroz, en Jujuy, es operado por la australiana Orocobre, la automotriz Toyota y la nacional Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, lo explota la norteamericana Livent Corp. ¿Por qué no se avanza con otros proyectos? Según Calvo, se debe al tiempo necesario para poner a punto el proceso extractivo. No menos de siete años.

“Hace falta mucha hidrogeología para entender el recurso, la cuenca y la química de cada salar. A veces, se dice que la producción en el país se multiplicará por cinco o diez veces, pero eso es imposible”, dijo el especialista. Una razón: el proceso de evaporación, que es muy lento. Las salmueras son sistemas químicos complejos que dependen de factores ambientales, como la cantidad de lluvia o la relación entre el magnesio y el litio.

Los procesos se deben ajustar a cada salar y cambian totalmente entre uno y otro. “El método evaporítico actual, de cal sodada, lleva casi un año, pierde muchísima agua y tiene baja eficiencia de extracción. No importa el país ni el régimen político, es algo que determina la química”, explicó Calvo. El especialista actualmente trabaja en el desarrollo de un método electroquímico para la extracción sostenible de litio a partir de salmueras. Un desarrollo por el que fue premiado.

“Las leyes del mercado no pueden superar a las de la química. Deben tenerse en cuenta los enormes volúmenes de salmuera involucrados y la baja concentración de litio. Muchas empresas canadienses y australianas desarrollan procesos y los venden a las compañías que quieran operar en nuestra región, pero esos procesos fueron desarrollados a nivel del mar, sin cambios bruscos de temperatura como los que hay en la Puna”, precisó el especialista.

Ingrid Garcés Millas integra el Centro Regional de Educación Ambiental del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos de Chile. Durante su intervención explicó que por cada tonelada de litio que se obtiene se pierden dos millones de litros de agua evaporada. “El consumo de agua fresca en la zona de Atacama es de 764 millones de litros por día, mientras que en una ciudad alemana de 200 mil habitantes es de 27 millones diarios”, comparó Garcés Millas. La especialista investiga sobre minerales industriales y depósitos salinos desde hace más de tres décadas.

Su lectura advierte que en el Salar de Atacama existe “un desequilibrio total” debido al efecto de la extracción de salmuera. “Se ha comprobado la afectación de la diversidad biológica, una situación que impacta en la vida de las comunidades. Los sistemas lagunales, por ejemplo, están prácticamente muertos, sobre todo al sur, y hay una reducción muy grande de flamencos, que mantienen un equilibrio con las cianobacterias, lo que ocasiona una reducción en la cantidad de oxígeno en el agua”, puntualizó.
El bombeo y la evaporación vacían el salar. A su vez, el procesamiento impacta por el consumo de agua dulce necesario para el mismo procesamiento y la disposición final de los precipitados. “El impacto más importante es en el agua. Hay dos indicadores. Uno relacionado con el agua fósil y otro con el ciclo del agua, que es el agua dulce que usan las comunidades”, coincidió Vera Mignaqui, del equipo de vinculación y transferencia tecnológica del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Según las estimaciones del instituto, el consumo de agua para la producción de litio oscilaría entre los 5 y los 10 millones de metros cúbicos por año a partir de 2022. El contraste es notable. Las poblaciones de las cuencas del Salar del Hombre Muerto requerirían entre 6 mil y 70 mil metros cúbicos por año, y las de las cuencas de Cauchari Olaroz entre 23 mil y 240 mil metros cúbicos.

Fuente: Cepal sobre la base estadística de U. S. Geological Survey Mineral Commodity Sumaries.
Minería sin desarrollo

“El discurso hegemónico habla del litio como una gran oportunidad para el desarrollo local, pero la realidad es que en términos de producto e ingresos a nivel país no es tan relevante”, cuestionó Mignaqui. Su mirada destaca el volumen del beneficio neto que se quedan los accionistas que realizan la inversión para desarrollar el emprendimiento extractivo. “Otra parte importante, un treinta por ciento aproximadamente, se explica por impuestos nacionales y coparticipables. Lo que queda para los programas de responsabilidad social corporativa con las comunidades originarias es despreciable”, explicó Mignaqui. Para peor, las regalías provinciales también son muy pequeñas.

La especialista, además, advirtió que muchos informes de las empresas se refieren al desarrollo de proveedores locales, pero que los insumos más importantes – como los reactivos, por ejemplo – son provistos por empresas multinacionales. Si bien la mano de obra que requiere la industria extractiva es relevante, genera pocos puestos de trabajo en región. La mayor parte de los ocupados proviene de otras provincias, o de las grandes ciudades.

Hay otros problemas. La legislación minera promueve el ingreso de las inversiones extranjeras, pero son muy escasas las políticas de vinculación y desarrollo que impliquen un agregado de valor local y la integración con el sistema nacional de innovaciones científicas. “Además, si bien existe un marco regulatorio ambiental, hay poca implementación en cuanto a un manejo integral de las cuencas hídricas. La mayor parte de los datos sobre gestión del agua, monitoreos e indicadores ambientales proviene de las propias empresas”, señaló Mignaqui. En cuanto a las políticas sociales, aunque también existe un marco normativo, su aplicación es dudosa. “Muchas comunidades de la zona están en conflicto por cómo se implementa la consulta previa, libre e informada”, sintetizó Mignaqui.

La investigadora dejó planteadas varias preguntas. “Si la extracción del litio aporta muy poco al desarrollo regional: ¿por qué hacer un sacrificio ambiental si la legislación permitiría controlar correctamente las operaciones?; ¿por qué no garantizar condiciones para el desarrollo regional con planes monitoreados, transparentes y con objetivos claros?; ¿por qué no mejorar la vinculación con el sistema científico nacional?”.
(Agencia TSS-Unsam)

Los mitos del oro blanco

Chile

Quiebre entre senadores de oposición y Gobierno acelera trámite de proyecto de glaciares

Duro intercambio de posturas entre los senadores Guido Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC) y ministro de Minería Baldo Prokurica, alejó la opción de acuerdo en la fase inicial de tramitación de la iniciativa que preocupa a firmas mineras.
30/10/2020
(El Mercurio) Un fuerte intercambio de posiciones hubo ayer entre partidarios de oposición de la comisión de Minería y Energía del Senado y el Ministro Baldo Prokurica, lo que alejó la posibilidad de un acuerdo en torno al proyecto de protección de glaciares que preocupa a la industria de la minería y al Ejecutivo.

El proyecto original de iniciativa parlamentaria -Boletín N°11.876-12 que se tramita desde julio de 2018- apunta en síntesis a proteger los glaciares el ambiente periglaciar y permafrost-suelo congelado-, para conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos.

Los detalles actualizados de estos puntos fueron expuestos ayer en sesión telemática por Matías Ortiz, asesor del Senador Guido Girardi, uno de los promotores del proyecto. Tras esa presentación surgió la pugna que aceleró la votación de la iniciativa para la próxima semana. Esto fue solicitado por Girardi tras expresar su molestia por los argumentos señalados por el ministro de Minería. Prokurica advirtió que de aprobarse como está el proyecto, generará la pérdida de 46 mil puestos de trabajo de cinco faenas mineras.
Continúe leyendo esta noticia en: [https://digital.elmercurio.com/2020/10/30/B/PG3SEVID]

Quiebre entre senadores de oposición y Gobierno acelera trámite de proyecto de glaciares

Internacional

La pesadilla viviente de los activistas ambientales que protestan contra la expansión de la mina

Khaya Koko
Oupa Nkosi
29/10/2020
Fikile Ntshangase, de 65 años, era un miembro destacado de la Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de Mfolozi (MCEJO) y fue asesinado el jueves pasado. Se opuso abiertamente a los planes de ampliar la mina de carbón de Somkhele, una de las minas de carbón abiertas más grandes de Sudáfrica, situada en la frontera de iMfolozi-Hluhluwe Game Park en el norte de KwaZulu-Natal. (Foto: Oupa Nkosi)

Mujeres y niños aterrorizados huyen de sus hogares todas las noches mientras el temor de ser asesinados se apodera de Somkhele en KwaZulu-Natal.

Este terror sigue al asesinato a tiros el jueves pasado de Fikile Ntshangase , de 63 años, quien recibió seis disparos y murió dentro de su casa en la aldea de Ophondweni, mientras su nieto de 13 años jugaba afuera con dos de sus amigos, a metros de la espantosa muerte.

Lugar de duelo: La casa donde el activista ambiental Fikile Ntshangase fue asesinado la semana pasada mientras los niños jugaban afuera. (Oupa Nkosi / M & G)
También hay una supuesta lista de blancos, con los nombres de acérrimos activistas contra la minería.

Ntshangase era el vicepresidente de la Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de Mfolozi (Mcejo) y fue descrito como un feroz oponente a la expansión de las operaciones de Tendele Coal Mining, el dueño de la mina Somkhele en el área.

The living nightmare of environmental activists who protest mine expansion

Perú

EN AREQUIPA, OTRA VEZ CON TÍA MARÍA

Luis Gárate – 29/10/2020
Imagen: HBA Noticias
En medio de la pandemia del COVID-19 que ha llevado a que el gobierno peruano decrete un estado de emergencia nacional desde la quincena de marzo, algunas empresas como Southern Copper han insistido con presionar para que proyectos mineros socialmente inviables puedan iniciarse.

La empresa ha insistido recientemente en que mantiene vigente su objetivo de sacar adelante el proyecto minero Tía María, pues recibió los resultados de una revisión del entorno social del proyecto minero la cual mostraría mejoras en las relaciones con las comunidades.

Southern Copper presentó el martes 27 de octubre los resultados financieros del tercer trimestre del año y nueve meses del 2020. El informe señala que la empresa recibió los resultados de una revisión del entorno social del proyecto Tía María, que fue realizado por una empresa líder mundial en evaluaciones de medio ambiente, sociales y de gobernanza.

Dicha evaluación concluyó que la compañía habría mejorado las relaciones con las comunidades y el plan para el sistema de gestión del agua en el lugar, para el proyecto Tía María, estaría alineado con los estándares internacionales. Además, concluye que la compañía habría alineado sus prácticas corporativas con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, una iniciativa de múltiples partes interesadas que promueve principios para guiar a empresas extractivas en el proceso de proveer seguridad para sus operaciones, en una manera en la que respeten los derechos humanos.

“Estamos complacidos y animados con estos resultados, que reflejan el impacto positivo de nuestra Compañía en programas sociales para Tía María y la región de Arequipa. Reiteramos nuestra visión que el inicio de las actividades de construcción de Tía María generará oportunidades económicas significativas para la provincia de Islay y la Región de Arequipa”, señala el informe según un diario nacional.[1]

El documento también dice que dada la actual situación económica peruana, la empresa minera considera que es crucial seguir adelante con proyectos que estimularán un ciclo de crecimiento sostenible. Así, precisa que durante la fase de construcción y operación, la prioridad será contratar mano de obra local para cubrir los 9,000 puestos de trabajo (3,600 directos y 5,400 indirectos) que esperan se puedan generar durante la fase de construcción de Tía María. En la fase de operación, se espera que se emplee directamente a 600 trabajos e indirectamente provea trabajo para otros 4,200.

Southern señaló que “ha venido trabajando consistentemente para promover el bienestar de la población de la provincia de Islay y como parte de estos esfuerzos, se han implementado exitosos programas sociales en educación, cuidado de la salud y desarrollo productivo para mejorar la calidad de vida de la región. También se ha promovido actividades agrícolas y ganaderas en el Valle de Tambo y se ha apoyado el crecimiento en manufactura, pesca y turismo en Islay.”

Recordemos que hace unos meses y en pleno estado de emergencia, la empresa ya había expresado que el proyecto Tía María debía iniciarse, pues sería una forma de aplacar la crisis económica y social provocada por la pandemia. Esto generó el rechazo de las autoridades locales y de diversos sectores de la población, que organizaron hasta 2 cacerolazos nocturnos para expresar su oposición a estos anuncios.

Resulta llamativo que Southern vuelva a las andadas señalando que, según sus nuevos estudios, ya habría ganado legitimidad y aceptación entre la población de Islay y el Valle de Tambo. Como sabemos, este proyecto, cuyo primer EIA fue presentado el 2009, generó una serie de cuestionamientos mayoritarios de la población del valle que se dedica a la actividad agrícola. Asimismo se dieron varios momentos de conflicto, que produjeron desde entonces 7 fallecidos y varios heridos, así como una consulta ciudadana en Islay donde el 95% de la población expresó su oposición al proyecto.

La población encargó estudios técnicos independientes que mostraron que el EIA y los estudios de la empresa no desmintieron el posible impacto a la sostenibilidad de las actividades agrícolas de la zona. Es por eso que se mantiene un rechazo generalizado al proyecto hasta el momento. Seguramente las organizaciones sociales anunciarán medidas de protesta en los próximos días, de persistir la empresa en estos anuncios unilaterales. Esperemos que el ministro de energía y minas Luis Miguel Inchaústegui, intervenga pronto en este asunto con el espíritu de diálogo y concertación que ha expresado es la marca de su gestión, escuchando a todas las partes, lo que por supuesto incluye a las autoridades regionales, locales y a las organizaciones sociales.

[1]https://gestion.pe/economia/tia-maria-southern-copper-mantiene-objetivo-de-sacar-adelante-tia-maria-noticia/?ref=gesr

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Argentina

No digas megaminería…No digas megaminería…

28/10/2020
Funcionarios y profesionales que «defienden» la «minería» en Chubut. Se suman otras voces para un mismo discurso que miente y enmascara.

En anteriores oportunidades señalamos que:

a) Hablar de “minería sustentable” es un oxímoron, es decir una contradicción de términos que enmascara otras contradicciones.

b) La sustentabilidad de cualquier actividad económica debe valorarse por el cuidado de los bienes que en ella intervienen y por la estabilidad ambiental que les brinda a las próximas generaciones

Hace un par de días, el presidente del Colegio de Geólogos del Chubut, Fernando Locci, afirmó en una entrevista radial que la minería “es una actividad insustituible y esencial para la vida moderna”, y ratificó lo expresado por la institución la semana pasada a través de un documento en el que dejó en claro que la industria metalífera es “técnicamente viable” en la provincia. Agregó que la Ley 5.001 “no solo perjudica a la provincia, sino a nuestro colectivo profesional”, ya que “una buena parte de nuestros profesionales están dedicados o abocados a la minería”. Recomendamos leer la nota que recoge sus declaraciones aquí.

No vamos a cuestionar la defensa que Locci hace de los intereses laborales de su sector, los profesionales de la Geología, porque es entendible. Nos interesa, sin embargo, un elemento en sus dichos, del que se desprenden otros, que vale la pena revisar.

Resulta interesante su preocupación por lo “insustituible y esencial para la vida moderna”. Aunque no define qué entiende por vida moderna, suponemos –por otros párrafos de la nota- que se refiere al acceso y disponibilidad de bienes tecnológicos. Pues bien, queremos señalar que hay un gran número de chubutenses que aún no tienen acceso al agua potable o a servicios de electricidad, y que en gran medida son los pobladores de los territorios en los que se pretenden instalar los megaproyectos de uranio y de plomo, plata y cobre en la meseta de la provincia.

Ya hemos abordado el tema en otras ocasiones, solo recordaremos que los megaproyectos extractivos compiten por los bienes y servicios con las comunidades de los territorios en los que se instalan y, dadas estas condiciones, la vida moderna termina estando cada vez más lejos de los pobladores.

Ello sin profundizar en el hecho de intentar enmascarar como «industria» a una actividad exclusivamente extractiva que no incluye transformación de los metales extraídos.

En otro pasaje de nota dice Locci: “Una de nuestras funciones es la divulgación de nuestra profesión y de la geología” sin embargo, apuesta por “divulgar” a través del ocultamiento y esconde las reales dimensiones de la megaminería que se propone en Chubut.

Y entonces, nos asalta la siguiente pregunta: ¿Por qué las corporaciones y sus voceros hablan de minería en lugar de “megaminería”?

Al igual que los empresarios y los funcionarios, los profesionales prefieren denominar “minería” a la actividad que promueven, desentendiéndose de su escala de explotación y de las “técnicas” utilizadas.

¿Acaso es lo mismo una cantera de roca o áridos que la explotación de metales con uso de explosivos, tóxicos y enormes volúmenes de agua? ¿Acaso es lo mismo la minería artesanal por colado o veta que la megaminería que proponen y ni siquiera se atreven a llamar por su nombre? Porque son justamente las dimensiones y los procesos lo q estamos cuestionando, las tecnologías que se aplican. Lo “mega” es la enorme escala de estas explotaciones y sus mega efectos contaminantes. El mega saqueo que se nos pretende imponer.

Eso sí, el Geólogo reconoce los impactos de la actividad –que no divulga- aunque aclara que están incluidos en los informes de impacto ambiental. Se esfuerza entonces por ser didáctico acerca de cuestiones archiconocidas por las comunidades gracias a la tarea de difusión de las asambleas. Habla entonces sobre cielo abierto/galerías, cierre de mina y restauración ambiental y todo el bla bla al que nos tienen acostumbrados.

Al hacer uso de su turno para “comunicar”, Locci aprovecha la oportunidad para descalificar la presión social que ejercen las asambleas de toda la provincia y a la Ley 5.001. Y, claro está, reclamar de paso la vencida posibilidad de zonificación.

Por otro lado, hace referencia a la demanda de energía. Vamos a reconocer la lógica de su demanda: obviamente, se incrementaría la demanda en el volumen de energía para abastecer ni más ni menos que a los propios emprendimientos megamineros.

Una mención aparte merece su confianza en la legislación provincial sobre el uso de agua y en los organismos de control. Locci parece no haberse enterado de la enorme e inexplicable deuda provincial, de los juicios por corrupción a funcionarios y de los planteos de oposición al uso de agua recientemente presentados en el IPA.

En síntesis, nuevas voces para un viejo discurso que ni siquiera se atreve a llamar a las cosas por su nombre.
Asamblea de Vecinos por el NO A LA MINA – Esquel

No digas megaminería…No digas megaminería…

Argentina, Chile

Reacción Chile- Argentina tras declaraciones Director de Barrick Gold por Pascua Lama

Tras las recientes declaraciones de Mark Bristow, Director Ejecutivo de Barrick Gold, respecto del proyecto Pascua Lama –en el marco del Simposio de Oro y Plata de la Expo “San Juan factor de desarrollo de la minería argentina”– como comunidades organizadas que logramos clausurar dicho proyecto, declaramos lo siguiente a la empresa, a las autoridades y a la opinión pública de ambos países:
1- De manera engañosa, las palabras de Bristow intentan restarle importancia a lo sucedido en Chile, específicamente al fallo que determinó la Clausura definitiva del proyecto Pascua Lama por una serie de impactos gravísimos, entre ellos afectación a glaciares, destrucción irreparable de ecosistemas frágiles, contaminación del río con metales pesados y daño a la salud de la población. Según este personero, tras conversaciones de pasillo con las autoridades chilenas la misma empresa decidió no seguir peleando pues llegó a la conclusión de que “el permiso antiguo no es relevante y es mejor empezar de cero”. Sin embargo, Bristow olvida mencionar que ese permiso ya no sirve porque finalmente se demostró lo que las comunidades dijimos desde un principio: Pascua Lama es inviable. Sin esta comunidad empoderada, fiscalizadora y movilizada que luchó hasta el final, Barrick estaría extrayendo oro desde 2013, con el permiso antiguo y sin ningún problema.
2- Es tremendamente preocupante que tan solo un mes después de que un Tribunal Ambiental chileno haya clausurado definitivamente este nefasto proyecto –y que dicho cierre aún esté a la espera de materializarse- este personaje declare públicamente y con total desfachatez que “Pascua Lama sigue siendo un proyecto importante y estamos listos para reevaluar este potencial como proyecto independiente en el lado argentino, solo como proyecto independiente en Chile y también una combinación de ambos”.
3. Con la soberbia que caracteriza a estas empresas, afirma: “Si podemos probar que estos proyectos son económicos, vamos a tener que empezar nuevos permisos de manera apropiada y más responsable a futuro”. Ante la insistencia de seguir presentando iniciativas inviables en nuestro territorio transfronterizo –zona sagrada de los Andes con glaciares que alimentan las aguas que dan vida–reiteramos a esta empresa y a sus inversionistas que todos esos proyectos son inviables. Esto ha sido demostrado por el proyecto Veladero con más de tres derrames consecutivos de cianuro y mercurio que contaminaron cinco ríos (Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal), flora y fauna y a sus habitantes, y el ejemplo más reciente: Pascua Lama. Que quede claro: no permitiremos megaminería en la zona y es más, seguiremos exigiendo la derogación del Tratado Binacional Minero y la protección total de la cordillera.
4. Otra frase que nos llama la atención es aquella de que: “cuando va acompañada del Gobierno la minería puede hacer una diferencia y Barrick está comprometida para a hacer justo eso”, Las comunidades conocemos bien lo que ha significado ese “acompañamiento” de parte de nuestros Gobiernos: corrupción, leyes hechas a la medida de la trasnacional y viabilización de los proyectos a pesar de que estos pongan en jaque la vida de las comunidades y sus territorios. Sin embargo, es importante dejarle en claro a estos personajes que Chile despertó y que actualmente se encuentra en un profundo proceso refundacional que pone precisamente en tela de juicio este modelo económico extractivista y explotador que solo ve en la naturaleza bienes que aprovechar, sin consideración alguna por la naturaleza y por las comunidades que la habitan, y según el cual deben ser los propios habitantes quienes decidan respecto de su futuro.
5. Reiteramos nuestro total rechazo a declaraciones de este tipo que siguen demostrando la irresponsabilidad, el desprecio y la total falta de respeto de estas empresas, no solo con las comunidades que habitan un territorio, sino con la naturaleza que sustenta la vida y hacia el propio Estado de Chile. Desde ambos lados de la cordillera que nos une, seguimos gritando fuerte y claro: NO A LA MEGAMINERÍA, LA VIDA Y EL AGUA VALEN MÁS QUE EL ORO.
Asamblea por el Agua del Guasco Alto, Alto del Carmen, Chile
Asamblea Jáchal No se Toca, Jáchal, Argentina
Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza), Argentina
Asamblea Lujanina por el Agua y los Bienes Comunes, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina
Asamblea Socioambiental de la Zona Este de Mendoza, Argentina
Asamblea Vecinos Autoconvocados de San Carlos Mendoza, Argentina
Asamblea Maipucina por el Agua, Maipú, Mendoza, Argentina
Asamblea de Las Heras Por el Agua Pura –Mendoza, Argentina
Asamblea de Famatina, Argentina
Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, Mendoza, Argentina
Asamblea Balcón de Punilla -Área Natural Protegida- Córdoba, Argentina
Asamblea por el agua San Rafael, Argentina
Colectivo Entrelazando en Abya Yala, Argentina
Asamblea por el Agua de Godoy Cruz de Mendoza, Argentina
Asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, Argentina
Asamblea el Algarrobo, Andalgalá, Catamarca, Argentina
Asamblea provincial Pucará, Catamarca, Argentina
Radio el Algarrobo, Andalgalá, Catamarca, Argentina
Asamblea No a la Mina, Buenos Aires, Argentina
Asamblea Socioambiental Cuenca de los Pozuelos. Jujuy, Argentina
Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina, Argentina
Asamblea vecinal de Puerto Pirámides, Chubut, Argentina
Asamblea Parque Pereyra, Buenos Aires, Argentina
Asamblea no a la entrega de la costa, Quilmes, Buenos Aires Argentina
Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut UACCH, Argentina
Movimiento Antinuclear del Chubut MACH, Argentina
Foro Regional en Defensa del río de La Plata, la salud y el medio ambiente, Buenos Aires Argentina
Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola, Buenos Aires, Argentina
Asamblea Conciencia Ecológica, San Pedro Buenos Aires, Argentina
Agrupación Rojinegra, El Bolsón, Río Negro, Argentina
Movimiento Socioambiental, Valle del Huasco, Chile
Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, Chile
Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT, Chile
Contacto: Constanza San Juan/ +56 9 62413008/[email protected]

Chile

Tribunal Ambiental de Chile rechaza reclamo contra proyecto Pampa Hermosa de SQM

28/10/2020
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El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de la comunidad indígena Aymara de Quillagua y Quechua de Huatacondo que buscaba revertir la aprobación del tercer Programa de Cumplimiento (PdC) del proyecto Pampa Hermosa de SQM, ubicado en la comuna de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá (Chile).

El proyecto Pampa Hermosa busca aumentar la producción de yodo del área industrial Nueva Victoria en 6.500 toneladas por año para lograr una capacidad de 11.000 toneladas por año de yodo. Además, considera la construcción de una nueva planta de nitrato de potasio en el área industrial de Sur Viejo.

Asimismo, considera el bombeo de agua subterránea desde el acuífero Salar de Llamara, que aflora en diversos puntos, formando cuerpos de agua superficiales de características particulares denominados puquios.

La sentencia da respuesta a diversas controversias presentadas por las comunidades indígenas relacionadas con las nuevas correcciones o mejoras al PdC aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

El ministro redactor Fabrizio Queirolo Pellerano explicó que “como se trató de un tercer programa de cumplimiento, el fallo se refiere a si las nuevas acciones o mejoras adicionadas e incorporadas a la versión corregida aprobada por el organismo fiscalizador cumplen con los criterios de integridad, eficacia y verificabilidad que la ley exige para los PdC”.

En un comunicado, el Primer Tribunal Ambiental enfatizó que, anteriormente, la SMA rechazó el segundo programa de cumplimiento de la empresa, lo que llevó a la minera no metálica a presentar una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental para revertir esa medida. Dicha reclamación fue acogida por ese tribunal y posteriormente confirmada por la Corte Suprema. De ahí que este tercer programa de cumplimiento -que esta vez fue aprobado por la SMA- fuese reclamado ante el Primer Tribunal Ambiental.

“Este tribunal estima que el plan de acciones y metas aprobadas por la SMA se fundan en antecedentes técnicos variados y robustos que constan en el proceso sancionatorio, tal como fue posible advertir por estos sentenciadores para la totalidad de los cargos reclamados”, explicó el ministro redactor y ahondó en que “es el propio órgano reclamado (SMA) quien reconoce que las acciones propuestas y aprobadas, además de contribuir a un mejor conocimiento del sistema que habita en los puquios del Salar de Llamara, aseguran un menor riesgo para el objeto de protección”.

Es así como este fallo estipula que el tercer PdC se hace cargo de las infracciones, busca el acatamiento de la normativa infringida y contempla mecanismos que permiten acreditar el cumplimiento.
Fuente: En Estrado

Tribunal Ambiental de Chile rechaza reclamo contra proyecto Pampa Hermosa de SQM

Colombia

Senado aprueba reforma que prohíbe minería en páramos

28/10/2020
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La iniciativa que busca modificar la Constitución y prohibir expresamente la explotación minera de cualquier tipo (metales o de hidrocarburos), en 37 páramos de Colombia, logró pasar el segundo debate en el Senado y ahora será discutido en la Cámara de Representantes.

La senadora ponente, Paloma Valencia, indicó que “es evidente que Colombia necesita proteger el agua y el artículo que estamos modificando, que se refiere al medio ambiente, incluye primero la prioridad de la defensa del agua por parte del Estado y posteriormente hace la prohibición sobre la explotación minera y de hidrocarburos en los páramos”.

Por su parte, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano señaló que en el acto legislativo faltó incluir las zonas de bosque alto andino, pues, según la parlamentaria, “así hacemos una protección integral y real que le dará mayor sentido al proyecto de ley”.

El senador Miguel Ángel Pinto, otro de los ponentes, indicó que este proyecto de reforma constitucional tiene el respaldo de todos los sectores, incluyendo del Gobierno nacional.

“Este acto legislativo no solo tiene que ver con el páramo de Santurbán, es toda la cadena, son los 37 páramos de Colombia y todos los partidos se han expresado a favor, al igual que el mismo presidente Iván Duque, que ante Naciones Unidas hizo el compromiso de la protección de esta cadena de páramos”, sostuvo Pinto.

Por su parte, el Comité por Santurbán consideró la proposición como histórica y aseguró que envía un mensaje de rechazo al proyecto que se pretende adelantar por parte Minesa en el páramo.
El Dato

Por tratarse de un acto legislativo que pretende una reforma constitucional, la iniciativa debe pasar por cuatro debates, dos en el Senado y dos en la Cámara. Estos, deben ser antes del 16 de diciembre, fecha en la que se clausura el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
Fuente: RCN Radio

Colombia: Senado aprueba reforma que prohíbe minería en páramos

Perú

Hay que proteger a nuestros defensores ambientales

Boletin Electrónico Actualidad Minera del Perú
Cooperacción – Editorial
28/10/2020
En medio de la pandemia y la emergencia sanitaria, algunos temas tienden a pasar desapercibidos. Uno de esos temas es el de los defensores ambientales y la difícil situación que enfrentan en varios países de la región, incluido el Perú.

Veamos; los últimos informes de la institución Global Witness, reportan que un número creciente de activistas ambi entales son asesinados a nivel mundial y de ellos un porcentaje importante han ocurrido en América Latina: en el último informe de este organismo (2020), se señala que el número de ataques letales contra los defensores ambientales continúa en aumento: “Una vez más, nos vemos obligados a escribir que este es el año con la mayor cantidad de asesinatos registrados: 212 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2019”. “Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina”. “La minería fue el sector más asociado a la mayoría de los asesinatos, con 50 personas defensoras asesinadas en 2019”.

Las cifras son contundentes. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, posicionada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. “En 2019, solo en la región amazónica tuvieron lugar 33 asesinatos”, vinculados, sobre todo a actividades ilegales como la tala, la minería aluvial y el narcotráfico.

En el Perú, las cifras de los últimos años muestran tendencias fluctuantes. Ha habido años en los que el Perú se ha ubicado en el grupo de los diez países con el mayor número de asesinatos documentados (por ejemplo en 2016) y otros en los que el número ha bajado (en 2019 se registró un asesinato). La base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de cuenta que en el período 2001-2020, 159 defensores ambientales murieron y 2,326 fueron heridos en medio de conflictos sociales.

En lo que va del 2020 y en medio de la pandemia y la emergencia sanitara, ya se ha documentado el asesinato de 5 defensores ambientales en nuestro país. Uno de los defensores asesinados ha sido Roberto Carlos Pacheco Villanueva (34), que junto con su padre Demetrio (vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata), desde hace un tiempo se enfrentaban a las mafias de mineros ilegales que permanentemente trataban de invadir los bosques de una concesión de 800 hectáreas que administraban. Este terrible crimen se produjo el pasado 11 de septiembre.

Este hecho no puede seguir pasando desapercibido. Personas y colectivos que se enfrentan a actividades ilegales, como la tala, la minería, el narcotráfico y otras mafias más; los que defienden los bosques, sus fuentes de agua y la Amazonía en general; pueblos indígenas andinos y amazónicos que defienden sus territorios frente a la amenaza extractivista de todo tamaño, son algunos ejemplos de defensores que, lamentablemente, realizan heroicos esfuerzos por proteger diferentes bienes naturales a lo largo y ancho de nuestro territorio y que no tienen ningún tipo de respaldo del Estado.
28/10/2020