Argentina

Vaca Muerta y minería, las dos cartas de Macri para atraer inversiones durante el G20

El presidente, Mauricio Macri, ya empezó a relucir sus dos grandes caballos de batalla para atraer inversiones extranjeras: durante la reunión bilateral que mantuvo esta mañana con el premier de Singapur, Lee Hsien Loong, habló sobre el potencial del yacimiento Vaca Muerta y de las reservas locales de litio.

El Jefe de Estado recibió a Loong en la Quinta de Olivos y abrió así una intensa agenda de encuentros que mantendrá con al menos 17 líderes internacionales en el marco del foro del Grupo de los 20, que comenzará formalmente mañana en la Capital Federal y se extenderá hasta el sábado.

Fuentes oficiales confirmaron a este diario durante el desayuno de trabajo, Macri invitó a su par de Singapur a explorar oportunidades de inversión en el país y destacó, entre otras, las posibilidades que ofrece tanto el yacimiento de Vaca Muerta y como la explotación minera, especialmente el litio.

“Queremos aumentar el nivel de cooperación, no solo entre la Argentina y Singapur, sino entre el Mercosur y Asia”, destacó el presidente tras el cónclave.

Además, Macri le propuso que compañías singapurenses se presenten a la licitación para construir infraestructura en el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires y se sumen en el objetivo de incrementar la conectividad aérea entre Asia y Sudamérica.

Por su parte, Loong invitó a Macri a visitar Singapur el año próximo y le expresó su interés en aumentar la importación de carne de la Argentina, así como la de vinos y de diferentes servicios que se generan en el país.

En diciembre del año pasado, Singapur autorizó el ingreso de carne fresca o congelada y menudencias de bovinos, ovinos y caprinos.

Asimismo, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de concluir las negociaciones vinculadas con un tratado bilateral para la protección de inversiones, cuya negociación se encuentra avanzada, que conducirá al aumento de inversión extranjera en la Argentina.

Acompañaron a Macri el canciller Jorge Faurie; el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro; y los secretarios de Modernización, Andrés Ibarra, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.

Por parte de la delegación de Singapur participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan, y de Finanzas, Heng Swee Keat, y el embajador en la Argentina, Sydney Michael Hwang, entre otros funcionarios.

Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=vaca-muerta-y-mineria-las-dos-cartas-de-macri-para-atraer-inversiones-durante-el-g20

 

Chile

Protección del medio ambiente y minería

El concepto medio ambiente definido legalmente desde 1994, corresponde a una definición de carácter amplia, comprensiva no sólo de sus componentes más generales como son, el suelo, el agua y el aire, sino que también el patrimonio cultural. En consecuencia, la evaluación ambiental de proyectos iniciada a contar de abril de 1997 a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental incrementó el hallazgo monumentos nacionales, entre los que se encuentran los restos arqueológicos y su correspondiente protección.

Entre las actividades sensibles en estos temas encontramos, los proyectos mineros, de infraestructura vial, en incluso la construcción de puertos, obligando al rescate vestigios de pueblos ancestrales. Sin embargo, por primera vez se originaría un conflicto en entre la explotación propia de la industria minera y la conservación del patrimonio cultural para el caso de que una sustancia concesible es a la vez sustancia fósil, por tanto de carácter paleontológico, de valor cultural y por tanto afecto a conservación. En este sentido, durante la década de los años 80, se otorgaron concesiones mineral sobre mantos de fosforita, sustancia minera que procesada es de mucha utilidad como fertilizante agrícola, proyecto ejecutado por una empresa de la III Región. Este proyecto había sido evaluado y aprobado por la Autoridad Ambiental de la época (Corema III Región).

Sin embargo, a mediados del año 2001, un informe paleontológico difundido en un Congreso Mundial de Paleontología realizado en la República Argentina, consideró a la Zona de los Dedos, localizada en la cercanía costera de Caldera, como un sitio único por su riqueza a nivel mundial. Consecuentemente, el descubrimiento de restos fósiles puso en conflicto intereses de producción y conservación.

Esto motivó una demanda por Daño ambiental del Consejo de Defensa del Estado, como garante de la protección ambiental y en juicio breve llego a una Transacción o acuerdo que hizo posible la conservación de restos fósiles – con más de 10.000 años de antigüedad-y la explotación resguardadas de otras áreas menos rica en restos paleontológicos compuestos, entre otros por dientes de megalodondes o Tiburones Gigantes que existieron petrificados en esta zona hace miles de años, entre otros.

Lo anterior da sentido a la gestión sustentable de actividades que perecerían contrapuestas

 

Fuente:http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159908884

Mexico

La consulta previa ha sido avalada por la justicia mexicana como instrumento del despojo a pueblos indígenas

Corte niega amparo a indígenas zapotecos de Oaxaca contra proyecto eólico. En México, el ministro Cossío presentó ante la SCJN un análisis superficial en el que niega el amparo y avala la consulta realizada para un proyecto eólico de 132 aerogeneradores, bajo el supuesto que dicho ejercicio se había dado previo a la instalación de la infraestructura, ignorando la firma previa de contratos, la entrega de permisos gubernamentales y la crítica situación de violencia vivida durante el proceso de consulta. La corte falló a favor, sentando un precedente de legitimación del despojo y la imposición de proyectos con consultas a modo, como un trámite más al alcance de las empresas y el gobierno.

Coincidió con una de las principales celebraciones para los pueblos de México,  a los fieles difuntos o el Xandú como le llamamos en nuestra lengua zapoteca. Fueron los pasados 30 y 31 de octubre, cuando un grupo de 50 mujeres y hombres zapotecas del Istmo de Tehuantepec salieron de sus comunidades y viajaron por 12 horas para plantarse durante 48 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el centro de la ciudad de México. En esa ocasión se discutiría la presentación del ministro José Ramón Cossío sobre el proyecto de ponencia del amparo 213/2018, interpuesto por 1166 indígenas zapotecos del Istmo contra la llamada “Consulta” implementada en Juchitán de Zaragoza. El ministro presentó un análisis superficial en el que niega el amparo y avala la consulta realizada para un proyecto eólico de 132 aerogeneradores, bajo el supuesto que dicho ejercicio se había dado previo a la instalación de la infraestructura, ignorando la firma previa de contratos, la entrega de permisos gubernamentales y la crítica situación de violencia vivida durante el proceso de consulta.

Los ejercicios de derechos a la Consulta Previa, Libre e Informada en México se han distinguido por estar plagados de actos de violencia, irregularidades, pactos previos y constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. En un país en el que en los últimos diez años han sido asesinados 108 defensores del ambiente, la tierra y el territorio (66% indígenas) y donde la territorialidad de los pueblos indígenas se entrama con las áreas de  gran diversidad ecológica, no es casual que estas zonas se encuentren en abierta disputa entre dos visiones de manejo, una que busca la reproducción de la vida y otra enfocada en la acumulación de capital. La posición que adopta el Estado mexicano con la implementación de consultas a modo, deja en claro que su interés es salvaguardar los derechos de las empresas y garantizar el despojo del territorio de los pueblos indígenas.

La sesión de los magistrados no alcanzó a discutir la ponencia en la primera ocasión, se pospuso para el siguiente 15 de noviembre cuando la sala 9 de la SCJN determinaría la sentencia. Por segunda vez un grupo de 40 personas, pertenecientes a distintos pueblos de la región del Istmo de Tehuantepec, nos plantamos y manifestamos durante 48 horas frente a las oficinas del tribunal. Una avalancha de solidaridad volvió a llenar las horas de vigilia, compañeras y compañeros de distintas luchas asentadas en la ciudad de México procuraron acompañar el frío y la lluvia. Mario Luna vocero de la Tribu Yaqui y Russell Peba Ocampo de la Asamblea Maya Múuch Xíinbal, hicieron presencia para denunciar como desde el norte en Sonora hasta el sur en la península de Yucatán, los pueblos de México nos encontramos enfrentando la violación sistemática de uno de nuestros derechos fundamentales: el de la autodeterminación. Es decir, el reconocimiento pleno a decidir sobre lo que ocurre con el territorio desde los modos de vida y cosmovisión propias.

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cualquier proyecto de infraestructura o medida administrativa que afecte directamente a pueblos y comunidades indígenas y tribales, debe ser consultado mediante un procedimiento apropiado de manera previa, libre, informada y de buena fe. En México, en ningún caso se ha cumplido con estos elementos, en repetidas ocasiones las autoridades mexicanas llegan incluso a solicitar a las comunidades que “certifiquen” su identidad indígena en intentos por deslegitimar sus demandas o en situaciones más graves, como contra la Tribu Yaqui, se ha llegado a encarcelar a defensores del territorio.

En su reciente visita al país, la relatora sobre pueblos indígenas de la ONU Victoria Tauli Corpuz, hizo énfasis en que los proyectos de infraestructura en México están siendo asociados a procesos de consulta realizados una vez que las autorizaciones institucionales ya están otorgadas, incumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos. La nueva tendencia del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador de anunciar implementación de consultas como la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o la proyectada para el Tren Maya, sólo contribuye a banalizar estos ejercicios, donde los pueblos afectados directamente no son siquiera los principales consultados, simplificando todo el proceso a la emisión de un voto en una urna.

El amparo contra el proyecto “Eólica del Sur” presentado por organizaciones del Istmo de Tehuantepec en septiembre de 2015, se fundamentó en que dicho proceso no fue realizado de forma previa pues ya existían permisos administrativos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), contratos firmados con posesionarios de la tierra y con sindicatos de transportistas y construcción. Por estas mismas condiciones no se trató de un proceso libre, pues los asistentes estaban ya coaccionados por pactos previos; se trató de sesiones con presencia de representantes de las empresas custodiados por personas armadas y constantes agresiones verbales a quienes se mostraban críticos al proyecto.

De los magistrados que discutieron el amparo sólo la magistrada Norma Lucía Hernández Piña, única mujer de la sala, aceptó escuchar a representantes de las comunidades que viajaron a manifestarse a la ciudad de México, con un particular interés en conocer la perspectiva de las mujeres respecto a la problemática. La lucha de las mujeres por la defensa del territorio es una lucha por la vida, desde las compañeras del Istmo que se reunieron con la magistrada para hablar de cómo estos proyectos las atraviesan, del aumento la prostitución por la migración de obreros y trabajadores varones y las lesiones a la soberanía alimentaria por el cambio en el tipo de usufructo de la tierra; hasta la defensa del agua de Berta Cáceres en Honduras o la de los bosques de Guadalupe Campanur de Cherán, luchas por las que ambas perdieron la vida.

Pasadas las dos de la tarde las compañeras que estaban presenciando el fallo salieron de la SCJN. Arropados aún por la solidaridad proveniente de distintos rincones de la ciudad escuchamos la confirmación de lo que ya se sospechaba. El voto de la magistrada Piña fue uno de los dos emitidos en contra de la presentación del Ministro Cossío y a favor de los pueblos, los otros tres votos del resto de los magistrados terminaron por definir el rumbo con el que continuará la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, sentando un precedente de legitimación del despojo y la imposición de proyectos con consultas a modo, como un trámite más al alcance de las empresas y el gobierno. Después de esta batalla perdida, doce horas de viaje nos separaban aún de nuestra región de viento  y mar pero, como dijo la compañera Bettina Cruz: “la lucha no queda acá, esto no es lo último, los estamos esperando en la región, tenemos que plantar cara por el futuro de nuestro territorio, de nuestro hijos y de nuestra región”. El viaje no se nos hizo tan largo cargados como estábamos de lucha y solidaridad.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/la-consulta-previa-ha-sido-avalada-por-la-justicia-mexicana-como-instrumento-del-despojo-a-pueblos-indigenas/

Perú

Sin un marco regulatorio para la exploración y explotación de uranio y litio – minera Macusani Yellowcake viene operando en Puno

El pasado jueves 22 de noviembre, en el marco del Foro: “Minería de Litio en America Latina y sus perspectivas en Puno” realizado por la Red Muqui Sur, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM Puno), presentó sus perspectivas respecto de la explotación de Litio y Uranio en la región de Puno, a través del Ing. Jesús Dalens Campos, entre otros expositores de Argentina, Chile y Bolivia, que expusieron sobre las experiencias de explotación de litio en sus países.

Al respecto, es de conocimiento público que la empresa minera Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy, halló en una perforación que realizaba para encontrar uranio, en el segundo semestre de 2017, un yacimiento de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de litio y unyacimiento de uranio de 34,000 toneladas de uranio en la región de Puno. Los yacimientos están situados a 4.500 metros de altitud en una zona fronteriza con Bolivia, unos 150 kilómetros al norte.

Según la exposición del Ing. Jesús Dalens, el representante de la minera Macusani estimó que la etapa de producción de litio se iniciaría en el segundo o tercer trimestre del 2021, considerando que el estudio de factibilidad se realizaría en el 2019 así como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación y el comienzo de la construcción de la planta se llevaría a cabo en el 2020.

Es importante señalar que en declaraciones vertidas en un video de CENTRUM PUCP, y en una nota del diario Gestión sobre el evento “Minería de litio en el Perú” realizado en agosto del presente año, el gerente general de la minera, Ulises Solís, destacó que se viene perforando en Macusani, Puno, en búsqueda de uranio desde el 2007, señalando: “recién en el 2017 logramos (Macusani Yellowcake) el permiso de la comunidad de Chacaconiza, y empezamos a perforar, en julio de ese año, en un acuerdo de seis meses, grande fue nuestra sorpresa cuando vimos los resultados”. “Buscando uranio, encontramos litio”.

Según declaraciones de Jesús Dalens Campos de la DREM de Puno, el Estado peruano había entregado una concesión de 30.000 hectáreas para la explotación de uranio a la empresa minera canadiense.

Desde Red Muqui mostramos nuestra preocupación ante la autorización de la exploración de litio y uranio en nuestro país, sin que exista un marco legal regulatorio sobre minerales radioactivos y tierras raras.

Asimismo, nos preocupa cómo la empresa habría logrado el “permiso” de la Comunidad Campesina de Chacaconiza sin haberse realizado un proceso de consulta previa por parte del Estado, debidamente informado, respecto del proyecto de uranio y litio. Una consulta en el que esté presente la información sobre la magnitud del impacto ambiental y social, para que las comunidades en las áreas de influencia puedan decidir si están de acuerdo o no con la operación de una mina de éste tipo en su territorio, más aún cuando no existe aún un marco regulatorio para la exploración y explotación del uranio radioactivo y del litio.

 


Riesgos y peligros de la explotación de uranio y litio

Al respecto existen varios riesgos que implicaría la explotación de uranio y litio para el medio ambiente y la salud de las comunidades y poblaciones locales en áreas de influencia de la mina.

 

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Litio en su estado físico

El litio es un metal usado en baterías recargables, pilas alcalinas, baterías de aerosoles, energías renovables, alumbrado público, luces de neón y también como medicamento en la psicofarmacología.

Dalens Campos indicó en el evento de Red Muqui Sur que los efectos de la exposición directa al litio son graves para la salud, y el litio puede llegar a ser un peligro significativo para la calidad del agua y para los organismos acuáticos al reaccionar con el oxígeno.

 

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Uranio

El uranio es un mineral radiactivo que es usado principalmente como combustible para los reactores nucleares y para la fabricación de armas nucleares como la bomba atómica. Las personas que están expuestas al uranio consumiendo el agua o alimentos altamente contaminados con el mineral o a través de la inhalación de radón, un gas de descomposición de uranio, pueden desarrollar cáncer y otros graves problemas de salud con mayor probabilidad. Extraído de las minas, en plantas industriales que procesan uranio o viviendo cerca de minas de uranio, también es considerado como grave riesgo para la salud.

 

Dato

El presidente Vizcarra anunció el 10 de agosto a la agencia Reuters que en los próximos seis meses el gobierno peruano aprobará leyes para poder explotar los recientes hallazgos de uranio y litio, ya que actualmente no existe un marco legal regulatorio. El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló en septiembre que el MINEM viene preparando un proyecto de ley sobre el particular para ser presentado a fin de año. Al respecto, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, todavía no ha llegado la propuesta del gobierno. El Congresista Marco Arana Zegarra se dirigió en agosto al presidente de la República en una carta abierta expresando su preocupación sobre una posible explotación del uranio.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/819-sin-un-marco-regulatorio-para-la-exploracion-y-explotacion-de-uranio-y-litio-minera-macusani-yellowcake-viene-operando-en-puno

Perú

Crónica de un desastre ambiental anunciado

Hace más de un año, el 21 de julio de 2017, CooperAcción publicó un informe[1] en el que escribí sobre el alto riesgo ambiental en 09 departamentos del país debido al posible colapso de 17 relaves mineros. A través de un análisis espacial cualitativo con imágenes satelitales se determinó las principales fuentes de agua (ríos y quebradas) y centros poblados que serían impactados. Entre la lista de los 17 se encuentra el depósito de relaves Santa Catalina de la unidad minera Queruvilca ubicada en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Santiago de Chuco del departamento de La Libertad. Sobre este caso, el informe predice que un probable colapso y/o desborde afectaría seriamente al río Shorey, afluente del río Moche, e impactaría severamente en los centros poblados Shorey (Grande), Shorey Chico, entre otros. Este análisis cobra vigencia ahora más que nunca, pues los centros poblados mencionados se encuentran en Estado de Emergencia desde el pasado 28 de julio, justamente debido al peligro inminente generado por el posible desborde y/o potencial ruptura de las relaveras de la Unidad Minera Queruvilca (D.S. N° 077-2018-PCM).

¿Y cómo así se ha configurado esta situación de crisis previamente advertida?

Todas las respuestas decantan hacia la minería formal irresponsable. La unidad minera Quiruvilca es un proyecto de mediana minería subterránea polimetálica, cuyo inicio de explotación data desde la época del incanato[1] y según su historia reciente, la mina fue explotada durante 17 años por la empresa minera canadiense Pan American Silver Corporation, desde 1995 hasta el 2012 (Chiguala, 2016, p. 30), año en que fue vendida en su totalidad a Southern Peaks Mining L.P (Gestión, 27.06.2012). Esta última estuvo operando hasta el 17 de diciembre de 2017, fecha en que se declaró en quiebra, cargando consigo una deuda impaga de 10 millones de dólares a 428 trabajadores (La República, 15.07.2018) y abandonando sus operaciones sin ejecutar el plan de cierre de minas (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA).

Según la guía para la elaboración de planes de cierre de minas (DGAAM-MINEM, 2006, p 5), el “cierre de minas normalmente incluye el diseño e implementación de diferentes medidas como desmantelamiento, estabilización física y química, tratamiento de drenaje ácido de mina y lixiviación de metales, recuperación o rehabilitación de terrenos, revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos, etc. El cierre de minas incluye también programas sociales dirigidos a los trabajadores de la mina y la población circundante”. Southern Peaks Mining L.P con su Compañía Minera Quiruvilca S.A. ha incumplido con el plan de cierre de minas (según la Resolución Directoral Nº 0066-2018-MEM/DGM, de fecha 05.03.2018), tal como lo ha sustentado la Autoridad Nacional del Agua a través de la Administración Local de Agua Moche Virú Chao en un informe[1], en el que concluye la compañía “abandonó la Unidad Minera Quiruvilca, quedando sin tratamiento las aguas ácidas provenientes de las relaveras: Santa Catalina y San Felipe, así como las aguas de bocamina Armivilca, desmontera Codiciada y del laboratorio químico-metalúrgico que eran dispuestas en la poza POND y conducidas hasta la planta de neutralización de aguas acidas, lo cual viene afectando la calidad del agua de la cuenca Moche desde su naciente”.

Por otro lado, el impacto social y económico que deja la compañía minera en la población no debería pasar desapercibido, pues es un aspecto medular para la gestión del territorio impactado a mediano plazo; la cifra millonaria adeudada a los trabajadores es solo un apéndice del problema mayor, el cuál radica en la dependencia gravitante de la actividad minera, y ante el quiebre e incumplimiento del plan de cierre de minas por parte de la empresa, muchos han pasado a engrosar la lista de mineros informales en el lugar (La República, 15.07.2018), agravando la situación que se vive actualmente.

El agua, elemento central de la emergencia

La situación de la unidad minera es, por decir lo menos, crítica. Su impacto negativo al territorio (naturaleza y sociedad) ha configurado un escenario de emergencia. Analizar el lugar que ocupa la explotación minera dentro de la cuenca del río Moche es fundamental para entender la gravedad de la contaminación ambiental, teniendo como elemento esencial y estructurador de la cuenca, al agua.La mina Quiruvilca se localiza en la cabecera de cuenca del río Moche, a unos escasos tres kilómetros de la línea que divide las aguas de las cuencas hidrográficas Virú, Santa y Moche, a 3 900 metros sobre el nivel del mar. Las relaveras de la mina drenan directamente hacia las quebradas La Merced, Santa Catalina y al curso mismo del río Shorey, afluentes de primer y segundo orden del río Moche (ver el esquema de la cuenca del río Moche). El nivel de impacto negativo al recurso hídrico ha sido tal, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 06 de julio de este año declaró por sesenta días el Estado de Emergencia[2] de recursos hídricos por inminente riesgo de afectación de la calidad del agua del río Moche. Entre las consideraciones para la Declaratoria de Emergencia se cita un informe técnico[3] de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, que señala “se han realizado siete (07) monitoreos participativos de

la calidad del agua del río Moche, durante el periodo 2017 al 2018, en los puntos de  muestreo  ubicados  en  el  ámbito  de  influencia  de  la Compañía Minera Quiruvilca S.A., cuyos resultados indican concentraciones de aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y sulfatos que superan los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA para agua) para la Categoría 3[1]”. Se añade además que, “según las supervisiones especiales realizadas por la ANA se verificó vertimientos de aguas no tratadas provenientes de la unidad minera Quiruvilca, el estado de abandono de las operaciones y el deterioro de los diques de las relaveras, generando un alto riesgo de afectación al río Moche por desborde y/o ruptura de los diques”.

Este caso debería reabrir el debate de la importancia de la protección y conservación de las zonas de cabecera de cuenca, que como se muestra en el caso particular, los cuerpos de agua que la comprenden se han visto seriamente degradados por la práctica de una minería irresponsable. Degradación que además, no solo se circunscribe al “área oficial disturbada” por la operación minera, tal como lo ha calculado[1] de forma reduccionista el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), sino que impacta negativamente varios miles de kilómetros aguas abajo, solo tomando en cuenta los recursos hídricos disturbados, pues los impactos negativos al ambiente y al territorio son sistémicos.

Gestión de las emergencias declaradas

Para la población de 1 713 habitantes (INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017) de los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande, ubicados a menos de dos kilómetros de las dos principales relaveras de la unidad miera Quiruvilca, el pasado 28 de Julio coincidió con su declaratoria en Estado de Emergencia, que posteriormente, el 22 de setiembre, fue prorrogado por 60 días más, a través del Decreto Supremo N° 098-2018-PCM. Dichos centros poblados además, desde el 06 de julio (2018), ya vivían la declaratoria de Estado de Emergencia de recursos hídricos por 60 días, pues el río Shorey es contiguo a ambos.

Las declaratorias de Estado de Emergencia de la ANA y de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tienen un mismo factor desencadenante, el peligro inminente generado por el posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la unidad minera Quiruvilca. La primera culminó el 06 de setiembre y la segunda que fue prorrogada sigue vigente hasta el día 28 del presente mes. Desde CooperAcción, en este apartado nos preguntamos sobre la gestión de la crisis. Las normas de declaratoria en su artículo segundo, hablan sobre las acciones a ejecutar, la implementación de medidas y los organismos encargados. En el caso de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos, la Administración Local de Agua Moche-Virú-Chao debía realizar la “supervisión y monitoreo continuo de la calidad del agua, para evaluar la evolución de la afectación a la calidad de agua de la cuenca del río Moche” (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de 2018); con el objeto de averiguar sobre la gestión de la emergencia hídrica, se cursó comunicaciones a la ANA y la ALA Moche-Virú-Chao, sin lograr respuesta alguna .

En el caso del Estado de Emergencia declarado por PCM, según el artículo 2 de los Decretos Supremos N° 077 y 098, “el Gobierno Regional de la Libertad, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente y demás entidades competentes en cuánto corresponda, debían ejecutar las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente”. Con la finalidad de conocer sobre el manejo de la crisis, se hicieron llamadas y remitieron correos a la Dirección de Respuesta de INDECI, al Organismo de Evaluación y Fiscalización

[1] En enero de este año el Ingemmet, publicó un informe titulado “Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2017)” en el que deja entrever que el área impactada por la minería formal se reduce a la cifra ínfima de 0.046 % de la superficie continental del Perú, que equivale a 59, 474 hectáreas. Por ejemplo para el caso de la unidad minera Quiruvilca señala que solo se estaría impactando 334.04 hectáreas, sin embargo la evidencia nos muestra que dicha área está infra valorada.

Ambiental (OEFA), la Gerencia Regional de Energía Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Distrital de Quiruvilca; se obtuvo respuesta de las tres instituciones últimas.

Sobre las acciones ejecutadas en el marco del Estado de Emergencia, OEFA manifestó que, entre el 22 y 24 de agosto realizaron una supervisión especial a la unidad minera Quiruvilca y el 10 de setiembre (a más de dos meses de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos y a un mes y medio de la otra declaratoria) emitieron recién, una Resolución Directoral[1] ordenando a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (actual responsable de ejecutar el cierre de minas de la unidad fiscalizable Quiruvilca) la realización de “medidas preventivas” relacionadas en su mayoría a la mitigación de la contaminación ambiental generada desde la cancha de relaves Santa Catalina.

El Gobierno Regional de la Libertad, a través del Gerente Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, en referencia a las acciones dirigidas a reducir el muy alto riesgo en la zona declarada en emergencia, manifestó que han desarrollado acciones y gestiones al respecto, sin especificar ninguna en concreto, además agregó que el año pasado advirtieron desde el Gobierno Regional sobre la situación problemática de la unidad minera Quiruvilca al Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, como podemos evidenciar, no se adoptaron las medidas necesarias para solucionar el problema, que ahora se encuentra en un estado de emergencia.

El Gobierno Municipal Distrital de Quiruvilca, por medio de su Gerente Municipal, manifestó[2] que la municipalidad se había visto desbordada por dicha situación y que las demás instituciones encargadas de gestionar las acciones del Estado de Emergencia no habían ejecutado ninguna medida concreta, salvo la de ofrecer a la población afectada la continuidad de los programa sociales. En el día de la entrevista el Gerente Municipal se encontraba lidiando con la escasez de combustible para el bombeo de agua para los lugares afectados, incluso preguntó por ayuda externa no gubernamental para realizar dicha actividad, que a todas luces parecía insostenible.

Hay una situación crítica, que se ha configurado como un muy alto riesgo ambiental, que se ha transmitido y manifiesta en los demás elementos del territorio (incluido lo socioeconómico), que necesita ser gestionada como una crisis, tal como lo sustentan los decretos supremos de declaratorias y prorroga de Estados de Emergencia; sin embargo, pareciera que la adopción de dichas medidas queda solo en lo declarativo, pues no existe un trabajo real articulado que demuestre una verdadera gobernanza de los riesgos. No esperemos a que tengamos un desastre ambiental para recién desplegar acciones de reacción tardía y buscar responsables, que solo nos mostrarán la ausencia de acciones dirigidas a la prevención de riesgos y la falta de planificación en el territorio. Finalmente no olvidemos que se viene un fenómeno de El Niño[3] de magnitud débil (ENFEN, 2018) lo que hace prever la ocurrencia de lluvias de normal a ligeramente superior a ésta, que pueden exacerbar las condiciones de riesgo y convertirse en desastre.

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[1] Martínez, D. (21/07/2017) CooperAcción Informa. Alto riesgo ambiental en 09 departamentos por 17 relaves mineros. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/alto-riesgo-ambiental-en-9-departamentos-por-17-relaves-mineros/.

[2] Rosario, R. (09/07/2014). Quiruvilca: Apuntes Histórico-Sociales y Económicos {Blog post}. Recuperado de http://minesmuki.blogspot.com/2014/07/quiruvilca-apuntes-historico-sociales-y.html.

[3] Informe Nº 130-2018-ANAA.A.A.-H-CH/ALA MOCHE VIRÚ-CHAO/AT/CAJM-PERH, del 26 de junio de 2018.

[4] Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de 2018.

[5] Informe Técnico Nº 231-2018-ANA-DCE-AESFRH.

[6] La categoría 3, corresponde a los ECA agua para el riego de vegetales y bebida de animales ((D.S. N° 004-2017-MINAM).

[7] En enero de este año el Ingemmet, publicó un informe titulado “Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2017)” en el que deja entrever que el área impactada por la minería formal se reduce a la cifra ínfima de 0.046 % de la superficie continental del Perú, que equivale a 59, 474 hectáreas. Por ejemplo para el caso de la unidad minera Quiruvilca señala que solo se estaría impactando 334.04 hectáreas, sin embargo la evidencia nos muestra que dicha área está infra valorada.

[8] Resolución Directoral Nº 050-2018-OEFA/DSEM, de fecha 10 de setiembre de 2018.

[9] La entrevista telefónica al Gerente Municipal fue realizada el pasado 10 de octubre, para ese entonces ya había pasado el Estado de Emergencia de recursos hídricos y se encontraba vigente (en su día número 73) el Estado de Emergencia declarado por PCM.

[10] Comunicado Oficial ENFEN N°10-2018, del 20 de setiembre de 2018.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cronica-de-un-desastre-ambiental-anunciado/

Internacional

Ecologistas pide al parque que se pronuncie sobre la minería

Ecologistas en Acción solicitó ayer durante la celebración del patronato del Parque Nacional de Cabañeros que este órgano se pronuncie sobre la expansión de proyectos mineros que amenazan la conservación del propio espacio protegido y de la Red Natura 2000.
El informe ha propuesto al patronato que en una próxima reunión extraordinaria se someta a votación de sus miembros dos propuestas de la organización: si el patronato acepta el desarrollo de proyectos mineros de metales, fosfatos o tierras raras en las proximidades de Cabañeros y si ve necesario crear una zona periférica de protección y conectividad alrededor del parque.
Se trataría de amortiguar o disminuir el riesgo de los impactos ambientales y crear o reforzar corredores ecológicos que mejoren su conectividad con otros espacios naturales.
Francisco José Sarrión, miembro de Ecologistas en Acción, ha explicado a Efe que estas propuestas las han puesto hoy sobre la mesa en la reunión del patronato y han apelado al Plan Director de la Red de Parques Nacionales, cuyo objetivo es asegurar que cada parque tiene un plan de autoprotección frente a los riesgos de actividades potencialmente negativas desarrolladas en el exterior.
Aseguró que han planteado al patronato la problemática de la minería de metales, fosfatos y tierras raras que se está implantando alrededor del parque y que parece que en los próximos años puede ir en aumento, lo que supone una grave amenaza para la población, para el parque y para la integridad y funciones de la Red Natura 2000.
Ecologista en Acción dio a conocer a los miembros del patronato un informe sobre esta situación y ha propuesto crear un grupo de trabajo que elabore una propuesta técnica para mejorar la conectividad con los diferentes espacios de la Red Natura 2000 y de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha.
Los ecologistas quieren que se estudie crear una zona periférica de protección y conectividad, tanto en la provincia de Ciudad Real como en la de Toledo, en la que se integren zonas de alto valor natural de su periferia como dehesas y zonas pseudo esteparias o que esta zona periférica se extienda a través de corredores ecológicos como sierras, valles y arroyos hasta conectar con otras zonas protegidas próximas. Criticaron que la minería realiza una «destrucción total del terreno en que se implanta» y transforma el paisaje y los procesos ecológicos con una intensidad superior a ninguna otra actividad humana.

Fuente:http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z63109595-AA26-82B4-F69B90F6320F3F17/Ecologistas-pide-al-parque-que-se-pronuncie-sobre-la-mineria

Mexico

COMUNICADO DE PRENSA MORENA ADEREZA LA LEY MINERA

Anda muy activa la bancada de MORENA realizando iniciativas de ley. Lamentablemente es muy visible el alineamiento de estas para optimizar el proceso para el saqueo de los bienes naturales de los pueblos por parte de las insaciables empresas privadas. Se alinea el hecho que será a través de la implementación de consultas manipuladas, como continuará la venta del “progreso y desarrollo de la Cuarta Transformación”, al mismo tiempo que aceleran el paso para la incorporación de Evaluaciones de Impacto Social (EIS), como un complemento a otras similares que, por cierto, llevan años demostrando su ineficiencia, como sucede con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Por otra parte, consideramos lamentable el contenido mostrando, tanto en las iniciativas para la Ley de Desarrollo Agrario, como en la Ley Minera, ambas recientemente presentadas y en las que rápidamente se observa tienen un claro perfil de regulación administrativa. Por lo tanto, carentes de procedimientos para la rendición de cuentas. Tampoco dan espacio para la atención de las problemáticas de fondo, así como revelan el poco conocimiento que tienen los legisladores sobre la temática, además de mostrar una notoria falta de información respecto al proceder violatorio y sistemático de las empresas y de las dependencias gubernamentales, ignorando el despojo y el desplazamiento forzado como centro de la problemática. No sobra señalar que la iniciativa de reforma a la ley minera es la afirmación de lo determinado por el presidente electo en su Plan de Nación 2018-2024.

La iniciativa de la senadora Angélica García Arrieta, adiciona 8 artículos a la Ley Minera (http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-20-1/assets/documentos/Inic_MORENA_Ley_Minera_201118.pdf), y en ninguno hace énfasis a la urgente necesidad de asumir medidas que resuelvan la política de despojo, destrucción e impunidad ocasionada por el modelo extractivo depredador en todo país. Refrenda la continuidad de la misma política permisiva y promocional que tenemos actualmente, y sólo plantea actos administrativos de regulación que, para el poder actual de los capitales privados no serán ningún problema atender, porque mucho de lo propuesto ya se ha venido legislando en otras partes del mundo.

En REMA consideramos un despropósito pretender que el Servicio Geológico Mexicano realice “Estudios de Impacto Social” y que la Secretaría de Economía declare “zonas inviables de explotación o en conflicto social negativo”, cuando está plenamente documentado que los impactos de la mega minería tóxica son múltiples, estructurales e irreversibles; terribles impactos ambientales, sanitarios, económicos, productivos, culturales, entre otros, que han sido ocultos por instancias gubernamentales fieles e incondicionales operadores de los intereses empresariales. El “conflicto social negativo” a que se alude en la iniciativa, constituye en sí mismo un elemento determinante de tipo estructural del extractivismo y, en ese contexto, todo México es una “zona inviable de explotación” en los términos del extractivismo minero actual.

La iniciativa también plantea “atender los principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones que se pretendan desarrollar”, y aquí radica uno de sus puntos críticos, porque es a través del mito del “progreso y desarrollo” que ofertan, con lo cual nuevamente se traza una política gubernamental de corte colonialista, por lo tanto, es previsible que el nuevo gobierno no desarticulará la política de despojo y destrucción que, a través del Modelo Extractivo, está impuesta en México y en todo el mundo.  En contrasentido, sería deseable que la premisa del desarrollo que nos ofertan, deba interiorizar en todas sus letras que; “los pueblos y las comunidades no somos recursos ni depósitos de recursos”, somos sujetos sociales en emancipación, no semi-ciudadanos sumisos, ignorantes, carentes de criterio y requeridos siempre de recetas ajenas e impuestas. Los pueblos y comunidades no estamos esperando a funcionarios y dependencias o incluso a empresas para que “nos desarrollen”. Los pueblos y comunidades tenemos referentes propios de cómo vivir, referentes que, por cierto, además de haber sido negados e invisibilizados, porque desde hace siglos se nos ve como inferiores e incapaces de dirimir y definir nuestras propias vías de vida, tampoco están inscritos en los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos, porque tampoco ahí se nos ha considerado.

La Ley Minera actual es la más retrógrada de todas las leyes mexicanas que tenemos, y por ello en REMA nos parece inconcebible que para lograr “la cuarta transformación del país”, la iniciativa refrende la política que prioriza el pago de los daños obligando “a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano sustentable”, y no aborde con toda la fuerza que se requiere, la atención de los daños a la salud y al ambiente, muchos de ellos irreversibles. Es totalmente errónea la praxis que con dinero se puede resolver la depredación y muerte que genera el extractivismo minero actual. Invisibilizar un referente básico como el principio precautorio o el del bien común, aun presentes en nuestra Constitución, es una señal preocupante.

Si quienes dicen promueven la Cuarta Transformación de México, en verdad quieren hacerlo a través de la participación de los pueblos, que les parece si a todas las resistencias que vivimos las desgracias mineras, nos envían un guiño que nos anime a creer que este gobierno será diferente en fondo y forma y, para empezar, antes de hacer más y más alineamientos a favor de las empresas, mejor “CANCELAN TODAS LAS CONCESIONES QUE HAN SIDO ENTREGADAS DE FORMA ILEGAL E IRRESPONSABLE”…MÁS O MENOS SON 26 MIL.

En REMA discutimos arduamente que el tamaño de la problemática que enfrentamos no puede continuar siendo soslayada, menos aún por este nuevo gobierno que tiene condiciones históricas para reencontramos con lo que somos como nación, y no con lo que quieren que seamos.

NO MÁS INICIATIVAS AJENAS E IMPUESTAS

NUESTRA PATRIA Y NUESTRA DIGNIDAD NO ESTÁN EN VENTA

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

 

RED MEXICANA DE [email protected] POR LA MINERÍA

Fuente:http://www.remamx.org/2018/11/35493/

Colombia

San Lorenzo: el pueblo que sin ayuda de la Registraduría desafió al Estado colombiano saliendo a votar

En este municipio situado en Nariño se adelantó este domingo una consulta popular contra la minería y la explotación de hidrocarburos. Con 6.660 votos el No se impuso. Se registraron además, 18 tarjetas no marcadas y 33 votos nulos. Este resultado representa el 52,84% del censo electoral. Se trató de una protesta simbólica contra el fallo que limitó este mecanismo de participación.

A pie, lomo de mula, en buses, motos y carros particulares comenzaron a llegar desde las veredas al casco urbano los habitantes de San Lorenzo.

Antes de que se abrieran los ocho puestos de votación para la consulta popular minera a las 8:00 de la mañana, por las calles de este municipio nariñense, ubicado a 104 kilómetros de Pasto, se podría observar una gran correría de personas, algo inusual en un domingo tradicional.

Sin embargo, este no fue un día común y corriente para muchos de los casi 20.000 habitantes que tiene esa localidad, pues tuvieron la posibilidad de definir el futuro de la vocación económica de su población, pese a que se trató de una jornada simbólica. 

«La gente decidió si quería minería o no, pero para nosotros el agua es más importante que el oro, la plata y el zinc, que son los principales metales que se pueden extraer de nuestras montañas«, indicó Amanda Martínez, integrante de Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio que venía promoviendo la consulta.

Aunque ella, al igual que las cerca de 12.800 personas que estaban habilitadas para votar en esa población, eran conscientes de que los resutados de estos comicios no tendrán validez jurídica por cuenta del fallo de la Corte Constitucional que señaló que ese mecanismo de participación ciudadana no tiene efectos, en vista de que el subsuelo pertenece a la Nación y no a los municipios. Sin embargo, en San Lorenzo aseguran que estas votaciones son un mandato de las comunidades que tendrán que acatar los alcaldes y un mensaje al gobierno para que respete la democracia y les permita participar de las decisiones que les atañen directamente con su territorio.

Además, el alto tribunal determinó que las consultas no eran el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos de minería o hidrocarburos.

«El resutado determinará también las futuras políticas del municipio. Los alcaldes y gobernadores tendrán que respetar ese mandato que ha tenido el pueblo. Adicionalmente hay un comité jurídico nacional y la idea es que este empiece a trabajar para que este proceso sea considerado legal, pues nosotros hacemos parte del Estado y también tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio», apuntó.

Martínez agregó que con el triunfo del No se harán las respectivas gestiones para que el Concejo municipal presente un proyecto de acuerdo que deje en firme la consulta.

«Con estos resultados tendremos herramientas para poder seguir defendiendo el territorio frente a otros entes. Nosotros buscamos siempre que este proceso sea legal y que se nos respete la decisición, pero de lo contrario, si el gobierno y las multinacionales siguen necios en querer dañar nuestro territorio, pues la movilización será la herramienta que utilizaremos para hacerle frente a esta situación», dijo.

Para esta consulta, que no contó con el respaldo de la Registraduría Nacional del Estado Civil por falta de recursos, fueron designados jurados de votación, testigos electorales y delegados. Además, el conteo de los votos fue vigilado por la Misión de Observación Electoral (MOE), la Personería, la Defensoría del Pueblo y las universidades de Nariño, Javeriana y Nacional.

«Lo hicimos lo más parecido a las elecciones que realiza la Registraduría. Las unas se cerraron a las 4:00 de la tarde», recalcó.

A su turno, Jader Gaviria Armero, alcalde de San Lorenzo, calificó esta jornada como un hecho histórico para su municipio y Colombia, pues -según él- no hay antecedentes de una consulta popular legítima como la que se presentó en esa localidad.

«Agotamos todas las intancias jurídicas para que el Estado, a través de la Registraduría, nos reconociera y realizara este proceso. Desde el 2017 el Concejo municipal aprobó convocar al pueblo a una consulta popular para el 17 de diciembre del año pasado y el Tribunal Administrativo de Nariño la aprobó, por lo que tenemos el aval jurídico, pero lastimosamente la Resgitraduría, argumentando que el Ministerio de Hacienda no le transfirió los recursos, nos la negó», expresó.

El mandatario aseveró que le oficiaron a la Registraduría argumentando que el municipio estaba dispuesto a financiar la consulta o buscar su financiación por otros medios, pero esa entidad les respondió que no había claridad jurídica sobre ese tema.  

«Realmente lo que encontramos fue un bloqueo, no había voluntad política para que estas consultas se llevaran a cabo. Colocamos tutelas y otros recursos, pero fue imposible. Ante toda esta negativa jurídica del Estado, todas las comunidades organizadas del municipio decidimos adelantar esta consulta legítima, por lo que la gente votó libremente», recalcó.

Gaviria afirmó que acatarán la decisión del pueblo, promoviendo un acuerdo municipal, ajustes al Esquema de Ordenamiento Territorial y buscando otras instancias jurídicas que propendan por proteger las áreas estratégicas ambientales del municipio.

«Nosotros no estamos en contra de algo, sino a favor de la vida; estamos protegiendo nuestra naturaleza porque creemos que este es un pulmón de Colombia, ya que aquí se produce aire, agua, vida y alimento para toda la región, además sabemos los nocivos efectos sociales y ambientales que trae consigo de la gran minería», mencionó.

Según información de la Agencia Nacional de Minería existen, desde el 2008, un total de 28 concesiones mineras y cuatro títulos en esa población.

«Según la normatividad vigente con un 30 por ciento del potencial electoral cobrará vida jurídca la consulta. El pueblo de San Lorenzo escogió sabiamente el modelo de desarrollo que quiere, basado en la agricultura», añadió el burgomaestre.

Al igual que en San Lorenzo, en el municipio de Mercaderes (Cauca) también se debía adelantar una consulta popular para que sus habitantes decidierán si estaban de acuerdo o no con la explotación minera y de hidrocarburos, pero la falta de financiación la frenó.

Por esa razón en esa localidad, de más de 18.000 habitantes, el próximo 2 de diciembre se realizará la primera caravana por el agua y se votarán 10 mandatos populares que, de ser aprobados, escalarán hasta el Concejo municipal para que la Alcaldía los incluya como una política pública.

 

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/san-lorenzo-el-pueblo-que-sin-ayuda-de-la-registraduria-desafio-al-estado-colombiano-saliendo-a-votar/42125

Perú

Perú impide a mineras explorar zona de Montaña Arcoíris

Los conflictos entre el turismo y la minería no son extraños en Perú, país lleno de sitios históricos y turísticos que también es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Pero en el caso de la Montaña Arcoíris, los partidarios de la conservación parecen haber ganado.

El viernes por la noche, el gobierno peruano bloqueó todas las licencias de exploración minera en la Montaña Arcoíris, un destino turístico en alza en Sudamérica. Ubicadas en el sureste de Perú, cerca de Cuzco, la otrora capital del imperio inca, y de las ruinas de Machu Picchu, las coloridas laderas de la zona atraen a alrededor de mil turistas al día a Winikunka, que significa Montaña de los Siete Colores en el idioma local quechua.

Los colores también llamaron la atención de las empresas mineras. Donde los turistas ven una mezcla fascinante de rojos, amarillos y verdes, las mineras vieron rastros de mineral de cobre, de hierro y otros minerales.

Una unidad de Camino Minerals Corp., con sede en Canadá, se adjudicó en marzo una concesión minera, lo que generó protestas de las comunidades locales. Aunque la compañía informó en junio que renunciaría a los derechos mineros en el área, la incertidumbre en torno al futuro del área se mantuvo hasta muy tarde el viernes, cuando un decreto presidencial prohibió la actividad minera en el área durante 12 meses. La agencia estatal de noticias, Andina, informó que el gobierno regional había señalado que el Ministerio de Energía y Minas ahora tendrá que procesar los documentos para declarar la zona un área de conservación regional.

Entre las grandes operaciones mineras ubicadas alrededor de Cuzco figuran la mina de cobre Las Bambas, de MMG Ltd.; Antapaccay, de Glencore Plc; y Constancia, de Hudbay Minerals Inc.

Fuente:https://es.finance.yahoo.com/noticias/per%C3%BA-impide-mineras-explorar-zona-172120701.html?guccounter=1